QUIEBRA Y SUSPENSIÓN DE PAGOS. LAS RESOLUCIONES QUE APRUEBEN O DESAPRUEBEN LAS CUENTAS RENDIDAS POR LA SINDICATURA O RESUELVAN CUALQUIER CUESTIÓN CONCERNIENTE A SUS INFORMES, SÓLO PUEDEN SER RECLAMADAS EN AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.
AMPARO EN REVISIÓN 4902/2002. BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
CONSIDERANDO:
III.-Dado el sentido en que se resolverá el presente asunto, resulta innecesario transcribir tanto las consideraciones de la sentencia recurrida como los agravios expresados por la recurrente.
Del análisis integral de la demanda de garantías, cuyo conocimiento correspondió a la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, se advierte que la quejosa Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, reclamó lo siguiente:
"La sentencia interlocutoria de fecha 13 de diciembre de 2001, dictada en los autos del juicio de quiebra de Transportes Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., toca 1268/2000-21, específicamente en el cuaderno de apelación del síndico en contra de la sentencia dictada por el Juez Primero de lo Concursal con fecha 21 de agosto de 2001.
"En la anterior resolución se confirmó la no aprobación del informe y cuenta trimestral presentado por la sindicatura."
Del análisis del acto reclamado se concluye que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 114, fracción IV, a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que establecen:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley."
"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:
"...
"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación."
Ello es así, toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que deban ser materia de amparo indirecto, pues no constituye una resolución de imposible reparación, sino, en todo caso, una violación al procedimiento que podrá ser impugnada en vía de amparo directo, en caso de que la sentencia definitiva resulte contraria a sus intereses.
En efecto, la violación procesal alegada efectivamente no es de ejecución irreparable, porque de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la ley, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en juicio, por haberse consumado irreversiblemente tal violación.
En el caso concreto, el acto reclamado no es de imposible reparación, pues para ello se requeriría, en primer término, de la afectación de un derecho sustantivo legítimamente tutelado cuyo beneficiario fuera la quejosa, y no meramente procesal; en segundo lugar, que dicha garantía se viera vulnerada por el acto de autoridad y, finalmente, que dicho acto no fuera susceptible de corregirse por una resolución posterior de la propia autoridad o del juzgador federal al momento de resolver el amparo directo que contra la resolución definitiva se promoviera, pues sólo en tal caso se consideraría un acto de imposible reparación.
Aunado a lo anterior, debe decirse que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación sobre los derechos sustantivos, como son la vida, la libertad, el patrimonio, las posesiones, etcétera, y sobre los que hacen procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, no se actualizan en el presente caso, pues el acto reclamado sólo tiene efectos de carácter formal o intraprocesal y es susceptible de repararse al momento del dictado de la resolución sobre reconocimiento, graduación y prelación de los créditos, o bien, podrá reclamarse como violación procesal en el amparo directo que, en su caso, se promueva al ser dictada la citada resolución.
A mayor abundamiento, durante el lapso intermedio entre la sentencia que declara la quiebra de una persona moral y aquella en que se resuelve sobre el reconocimiento, graduación y prelación de los créditos de los acreedores de la fallida, la sindicatura tiene el deber de verificar una serie de informes y rendición de cuentas, mismas que pueden se aprobadas o desaprobadas por las autoridades responsables.
Si cada cuenta, en el momento en que se aprobara o desaprobara, fuera materia de amparo, estaríamos en presencia de una serie interminable de juicios de garantías que entorpecería la pronta administración de justicia e impediría el dictado oportuno de una sentencia definitiva en el juicio natural.
Así las cosas, tenemos que las resoluciones en comento pueden ser o no legales, pero el estudio de su legalidad no es susceptible de valorarse en amparo indirecto, en cada ocasión en que se rindan las cuentas, porque durante el lapso del juicio no originan una afectación directa e inmediata a los derechos sustanciales de quien las rinde, a saber, en el caso, no se afecta en forma cierta e inmediata su patrimonio; esto es, dicha afectación, en caso de producirse, se actualizaría materialmente con posterioridad al dictado de la resolución definitiva, que para efectos de la materia sería la de reconocimiento, graduación y prelación de los créditos, pues sólo en ese momento la no aprobación o aprobación indebida de cuentas traería efectos materiales.
En estas circunstancias, la afectación materia de nuestro estudio, al ser exclusivamente procesal y no sustancial, hace innecesario que el juicio de origen se interrumpa constantemente, pues aun en el caso de producirse y no poder ser subsanada durante el juicio natural, tal situación no es irreversible, ya que se podrá estudiar y, en su caso, revertir, al promover el amparo directo en contra de la resolución definitiva, cuyos conceptos de violación, de resultar fundados, implicarían el resarcimiento de las garantías violadas respecto de las irregularidades procesales que reclamadas resultaran fundadas.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 24/92 de la Octava Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 56, agosto de 1992, que literalmente establece:
"EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.-El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ‘ejecución irreparable’ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio."
También resulta aplicable, en la especie, la tesis de la Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo criterio comparte este órgano colegiado, que puede ser consultada en la página 417 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, octubre de 1992, que literalmente establece:
"QUIEBRA Y SUSPENSIÓN DE PAGOS. LAS VIOLACIONES PROCESALES CAUSADAS DENTRO DEL JUICIO DE, SÓLO PUEDEN SER RECLAMADAS EN AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.-Las violaciones procesales cometidas en la secuela de un juicio de suspensión de pagos, deben reclamarse al interponerse el juicio de amparo directo en contra de la sentencia de reconocimiento de créditos que se llegara a pronunciar dentro de ese juicio, ya que en el procedimiento de suspensión de pagos se dirimen pretensiones que deberán desembocar en el pronunciamiento de sentencia que decide la cuestión contenciosa en lo principal, como lo es la relativa a la pretensión de reconocimientos de créditos, la cual tiene por finalidad el que se reconozca el adeudo que se le atribuye a la suspensa frente a la reclamante del crédito; esta clase de procedimientos debe concluir necesariamente en una sentencia que defina esa etapa y que dilucide pretensiones principales, ya que el fallo que se dicte decidirá en definitiva si se reconoce o no el crédito presentado por el presunto acreedor, siendo tal sentencia constitutiva de un derecho en el evento de que se estimara válida la pretensión que se deduce por el acreedor, pudiendo, a partir de esa declaración, reclamar el derecho que tiene a la porción que corresponda de la masa patrimonial de la suspensa. Se trata en sí de un acto solemne que pone fin a la contienda judicial, resolviéndose por tanto cuestiones principales y no meramente accesorias del juicio de suspensión de pagos y la circunstancia de que el procedimiento continúe a pesar de haberse dictado resolución de reconocimiento de créditos, no es causa suficiente para desconocer el hecho tangible de que las sentencias de reconocimiento de adeudo deciden un juicio en lo principal, ya que se está constituyendo un derecho del acreedor frente a la suspensa y ello ya no podrá ser modificado con posterioridad; como consecuencia de lo anterior al desembocar el conflicto de reconocimiento de créditos en una sentencia definitiva para los efectos del amparo directo, podrá en su caso reclamarse la violación procesal en el momento en que se actualice el fallo definitivo; debiendo hacer notar que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el precedente de que las resoluciones que se dicten en el procedimiento de quiebra y que deciden acerca del reconocimiento de créditos, conforme a lo dispuesto por el artículo 260 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos constituyen un fallo definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo civil, como se observa de la vigésimo quinta tesis, relacionada con la jurisprudencia número 246, publicada aquélla en la página 705 de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año de 1985, con el rubro: ‘QUIEBRAS, SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO EN LAS, COMPETENCIA.’."
En consecuencia, al advertirse una causal de improcedencia que impide estudiar el fondo del asunto planteado ante la Juez de Distrito y en el presente recurso de revisión, lo procedente es revocar la sentencia que se revisa y decretar, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de garantías.
Por lo expuesto y fundado, además, en los artículos 73, fracción XVIII, 74, fracción III, 76, 77, 78, 79, 90 y 114, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la resolución de once de abril de dos mil dos, engrosada el treinta y uno de mayo del mismo año, por la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto 66/2002-V, promovido por la quejosa Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, síndico en la quiebra de Transportes Aéreos Ejecutivos, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
SEGUNDO.-Se sobresee el presente juicio de garantías promovido por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, síndico en la quiebra de Transportes Aéreos Ejecutivos, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos al Juzgado de Distrito y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Daniel Patiño Pereznegrón, José Joaquín Herrera Zamora y Luz Delfina Abitia Gutiérrez, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17302-7e2d9ca7/quiebra-y-suspension-de-pagos-las-resoluciones-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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