REMATE. REAVALÚO POR VARIACIÓN DEL PRECIO FIJADO A LOS BIENES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
AMPARO EN REVISIÓN 93/2002. BANPAÍS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
CONSIDERANDO:
III.-Son infundados los agravios expresados.
A manera de antecedentes, debe destacarse que de las copias certificadas que del juicio natural obran en el expediente de amparo, mismas que tienen valor probatorio pleno acorde con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se desprende que por acuerdo de uno de junio de dos mil (foja 73 del cuaderno de amparo), causó estado la sentencia dictada en ese juicio, en la que se declaró vencido en forma anticipada el contrato de apertura de crédito hipotecario celebrado entre las partes y se condenó al demandado, ahora quejoso, al pago de las prestaciones reclamadas, con excepción de la relativa al pago de primas de seguro; que mediante auto de ocho de agosto de dos mil (foja 77), se inició el procedimiento de ejecución de sentencia y el Juez de origen nombró perito auxiliar para que practicara el avalúo sobre el bien embargado, además, se tuvo a la parte actora nombrando perito de su parte; que con fecha dieciocho de septiembre de dos mil (foja 82), el perito designado por la actora presentó el dictamen respectivo, y por escrito de cinco de octubre del mismo año (foja 89) el perito auxiliar hizo lo propio; que por proveídos de diez de octubre de dos mil y veintinueve de enero de dos mil uno (fojas 87 y 93), el Juez natural tuvo a los mencionados peritos rindiendo su dictamen valorativo; que el cuatro de septiembre de dos mil uno se llevó a cabo la audiencia de remate (foja 111); que el cuatro de octubre del mismo año se aprobó el procedimiento de ejecución (foja 113); y que el once de diciembre de dos mil uno (foja 138), la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco confirmó la resolución que aprobó el remate, siendo esta determinación la que constituye el acto reclamado en este juicio de garantías.
Ahora bien, el Juez de Distrito concedió la protección federal solicitada porque consideró que la recepción de los avalúos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia se realizó sin acatar los lineamientos establecidos por los artículos 353 y 355, en concordancia con el numeral 555 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en tanto que el Juez de origen recibió los dictámenes correspondientes sin que previamente hubiese señalado fecha para la audiencia a que se refieren los preceptos invocados, con lo cual las partes no estuvieron en posibilidad de formular a los peritos las cuestiones que juzgaran pertinentes. Además, determinó que en virtud de que había transcurrido un tiempo considerable entre la fecha en que se realizó el avalúo y la fecha en que se verificó el remate, era necesario que se emitiera un nuevo avalúo, en términos de lo dispuesto por la parte final del artículo 486 del enjuiciamiento civil del Estado de Jalisco.
Pues bien, contrario a lo aseverado en los motivos de inconformidad, esa determinación es objetivamente correcta en la medida de lo siguiente.
El artículo 555 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco dispone: "Artículo 555. El avalúo se practicará observando las reglas establecidas para la prueba pericial por este código.".
En tanto que los numerales 353 y 355 del cuerpo de leyes en consulta, que prevén las reglas para el desahogo de la prueba pericial señalan: "Artículo 353. La parte que promueva la prueba pericial podrá nombrar al perito en el mismo escrito que la proponga; la contraria del oferente podrá anunciar la designación de su perito; ambas partes deberán informar los nombres de sus respectivos peritos, a más tardar cinco días hábiles antes de su desahogo. El perito designado por el Juez debe tener aceptado el cargo en forma previa al desahogo de la pericial.-Promovida la prueba pericial, el juzgador calificará el cuestionario y aprobará sólo las cuestiones que se ajusten a lo dispuesto respecto de los mismos en este capítulo.-Admitida la prueba pericial el Juez señalará día y hora para el desahogo de la misma y nombrará el o los peritos que estime convenientes para que lo auxilien y orienten con sus opiniones de técnicos en alguna especialidad, en la apreciación de las circunstancias de los hechos, o de los hechos mismos señalados por el oferente de la prueba.-Una vez aceptado el cargo por el perito designado por el Juez, se dictará auto en el que se le discernirá el mismo y se requerirá al oferente de la prueba para que dentro de los tres días siguientes, deposite los honorarios de dicho perito, salvo el caso previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, mismos que se fijarán de acuerdo con la ley que establece la remuneración para los auxiliares de administración de justicia, o en su defecto, atendiendo a las reglas que para su tasación fijen las leyes. En todo caso, el importe de los honorarios se entregará al perito hasta después de que rinda su dictamen.-El solo incumplimiento de la parte oferente de la prueba pericial, de la obligación establecida en el párrafo anterior, será motivo suficiente para que se le tenga por perdido su derecho para desahogar dicha prueba, con o sin petición de la contraria.".
"Artículo 355. En la celebración de la audiencia señalada para el desahogo de la prueba pericial, se observarán las siguientes reglas: I. Si el perito designado por el Juez, no asiste a la misma se le removerá de plano, y designará otro perito del que se ordenará recabar su aceptación y protesta, y se impondrá al incumplido una multa igual al importe de los honorarios fijados, sin perjuicio, de responder a las partes, de los daños y perjuicios que les ocasione por su culpa. En este caso el depósito de los honorarios fijados se entregará al nuevo perito. II. El perito oficial y los peritos nombrados por las partes, rendirán su dictamen por escrito que deben exhibir en el momento de la audiencia y ésta se celebrará con o sin la asistencia de las partes y de los peritos que hayan propuesto.-Si los peritos nombrados por las partes no asisten en la fecha señalada para el desahogo de la prueba o no rindieren dictamen, la parte oferente perderá su derecho de que su perito emita el que le corresponde. III. El Juez podrá solicitar todas las aclaraciones que estime pertinentes respecto de los mismos y hecho lo anterior los tendrá por emitidos. IV. Las partes podrán cuestionar a los peritos sobre la materia de sus dictámenes, pudiendo formular hasta cinco preguntas por cada cuestión, y V. De todo lo anterior se asentará razón en el acta respectiva, que deberá de ser firmada inmediatamente por el Juez, su secretario, y las partes o peritos que asistieron y si éstos no quisieran o se negasen a hacerlo se asentará igualmente tal circunstancia."
Como puede advertirse, el artículo 555 del enjuiciamiento civil del Estado de Jalisco es categórico al establecer que el avalúo que se practique sobre los bienes que serán objeto del remate se ajustará a las reglas previstas para la prueba pericial, es por ello que de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 353 y 355 del mismo ordenamiento legal, el Juez debe señalar día y hora para que tanto los peritos nombrados por las partes como el designado por el juzgado rindan sus dictámenes, esto es, los dictámenes periciales que contengan el avalúo del inmueble en cuestión invariablemente deben recabarse en el momento de la celebración de la audiencia que para tal efecto haya señalado el Juez de los autos, pues sólo de esa forma el Juez podrá solicitar todas las aclaraciones que estime pertinentes respecto de los mismos y las partes podrán cuestionar a los peritos sobre la materia de sus dictámenes, en términos de lo establecido por el último de los preceptos citados.
Por consiguiente, si en el caso el Juez natural no señaló día y hora para la celebración de la audiencia en la que los peritos emitirían sus dictámenes, sino que únicamente los tuvo por recibidos en diversas fechas, es claro que se dejó de observar lo que ordena el artículo 555 del enjuiciamiento civil del Estado de Jalisco, pues tales avalúos se practicaron sin sujetarse a las formalidades que para el desahogo de la prueba pericial contempla la ley; de ahí que resulte acertada la determinación del a quo en el sentido de conceder el amparo impetrado para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada y dicte otra en su lugar en la que ordene la reposición del procedimiento de ejecución de sentencia para que el avalúo se practique conforme a las formalidades establecidas en los artículos 355 y 555 del código adjetivo civil del Estado de Jalisco.
Por otro lado, no asiste razón al recurrente al sostener que resulta innecesario que los dictámenes se reciban en una audiencia, ya que ello no le garantiza al quejoso que se modificará el contenido del avalúo, pues debe advertirse que el propósito fundamental de la norma que establece que los dictámenes deberán rendirse en una audiencia señalada previamente por el juzgador, consiste en brindar a las partes la oportunidad de imponerse de los dictámenes emitidos por el perito nombrado por su contraparte y por el designado por el Juez para que, si lo estiman necesario, cuestionen al perito sobre la materia de su dictamen, por lo que aun cuando no se pudiere variar el sentido del avalúo, es evidente que con tales cuestionamientos el afectado con el contenido de un dictamen puede evidenciar los posibles errores u omisiones que éste presente, para que sea finalmente el juzgador quien determine si son o no de tomarse en cuenta y, derivado de ello, esté en aptitud de decidir cuál dictamen se encuentra más apegado a la realidad, que por cierto, no necesariamente debe ser el rendido por el perito auxiliar, pues la ley no obliga al juzgador a adoptar en todos los casos esa opinión y, por ende, la manifestación del recurrente de que carece de sentido otorgar al quejoso la oportunidad de formular cuestionamientos a los peritos, dado que "normalmente o en condiciones generales" el Juez apoya su determinación en el dictamen emitido por el perito auxiliar; resulta, en todo caso, una apreciación subjetiva carente de sustento legal.
En razón de lo anterior, resulta irrelevante que el quejoso no haya designado perito de su parte para emitir el avalúo correspondiente, pues lo que interesa es que, como se dijo, se respete su derecho para formular a los peritos designados por su contraparte y por el Juez, las cuestiones que estime pertinentes, así como realizar las observaciones y aclaraciones necesarias, lo cual únicamente podrá hacerse al momento de la celebración de la audiencia a que se ha hecho referencia.
Tiene aplicación al respecto, por las razones que la sustentan, la tesis publicada en la página quinientos ochenta y siete del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y dos, que a la letra dice: "PRUEBA PERICIAL. OBSERVACIONES, PREGUNTAS Y ACLARACIONES, SÓLO PUEDEN HACERSE DURANTE LA AUDIENCIA EN LA QUE SE RINDA DICHO MEDIO DE CONVICCIÓN.-No le asiste razón a la quejosa, en virtud que el artículo 299 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal previene que la recepción de las pruebas se hará en audiencia a la que se citará a las partes desde el auto de admisión, y el numeral 391 del ordenamiento citado dispone que, tanto las partes como el tercero en discordia y el Juez pueden formular observaciones y hacer preguntas pertinentes con respecto a los dictámenes de los peritos durante la audiencia, en la cual se rendirá la prueba pericial, y el tercero dirá su parecer; por tanto, es incuestionable que las preguntas y observaciones citadas se harán hasta el momento en que la referida prueba se encuentre debidamente rendida, como acertadamente lo señaló el tribunal de segundo grado, dada su especial naturaleza, y no se podrá tener por desahogada hasta en tanto todos los peritos hayan emitido su dictamen.".
Asimismo, resulta correcta la determinación del Juez Federal relativa a que el avalúo del inmueble no se encontraba actualizado, puesto que entre la fecha de su realización y aquella en la que se verificó el remate, transcurrió aproximadamente un año.
En efecto, al momento de resolver el recurso de apelación que se interpuso en contra del auto que aprobó el procedimiento de remate, la autoridad responsable debió tomar en consideración que de la fecha en que se practicó el avalúo que se tomó como base para el remate (cinco de octubre de dos mil) a aquella en que éste se realizó (cuatro de septiembre de dos mil uno) había transcurrido casi un año, por lo que no era posible tomar en cuenta el citado avalúo, en razón de que en la actualidad la inflación económica produce el incremento persistente del valor de los inmuebles y, en esas condiciones, es obvio que el dictamen que fijó el precio del inmueble ya no era el idóneo para ese efecto.
Lo anterior encuentra sustento legal en lo dispuesto por el artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que establece: "Si los bienes embargados no estuvieren valuados con anterioridad, se pasará al avalúo y venta en almoneda pública en los términos que previene este código.-No se requiere avalúo cuando el precio consta en instrumento público o se ha fijado por el consentimiento de los interesados o se determine por otros medios, según las estipulaciones del contrato, a menos que en el transcurso del tiempo o por mejoras, variare el precio.".
En consecuencia, es indudable que al tenor de lo establecido por el numeral en comento, existe obligación de realizar un reavalúo previo al remate judicial de bienes cuando, como en la especie, por el transcurso del tiempo haya variado el precio de los mismos, por lo que, si como ya se dejó asentado, el remate se practicó después de que transcurrió casi un año de la fecha del avalúo, es evidente que el mismo es ilegal, pues resulta ilógico pensar que el valor del inmueble permaneciera sin variación alguna después de ese lapso; de ahí que el Juez de Distrito haya actuado legalmente al tomar en cuenta tal circunstancia y considerar que el acto reclamado es violatorio de la garantía de legalidad del quejoso y, en consecuencia, resulten infundados los agravios propuestos al respecto.
En iguales términos se pronunció este órgano colegiado al resolver el amparo en revisión número 231/2000, promovido por Luis Robles Guerrero, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil, del cual emanó la tesis consultable en la página ochocientos cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de dos mil, cuyo sumario a la letra dice: "-Una recta interpretación del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco permite concluir que existe la obligación de realizar un reavalúo, previo al remate judicial de bienes, cuando por el transcurso del tiempo o por mejoras haya variado el precio fijado a los mismos, con independencia del momento o la forma en que se le hubiese señalado precio, pues lo que se pretende con el avalúo, dentro del procedimiento de remate, es que el bien se venda con base en un valor real, vigente a ese momento; por tanto, se requiere de un avalúo cierto y actual del bien embargado, a fin de que se remate a un precio vigente, como garantía, para el ejecutante, respecto de su crédito, y para el ejecutado, respecto de su derecho de propiedad sobre el bien embargado, y su consecuente derecho a liberarse de la deuda, con el producto de la venta judicial, así como recibir el remanente del precio obtenido en la enajenación, evitando que el remate resulte un acto injusto o una fuente de enriquecimiento fundada en la necesidad de quienes no tienen dinero en efectivo para cumplir sus obligaciones.".
Por consiguiente, no advertida ni demostrada la ilegalidad de la sentencia recurrida, lo procedente es confirmarla en sus términos.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Se confirma la sentencia dictada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco el veintiuno de febrero de dos mil dos, en el juicio de amparo número 67/2002, cuyo único punto resolutivo textualmente dice: "ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Federico Ignacio Vizcaíno Vollebrechtshausen, respecto del acto reclamado a la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así como del Juez y del secretario ejecutor, adscritos al Juzgado Séptimo de lo Civil de esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución.".
Notifíquese; anótese en el registro con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como concluido.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de sus integrantes, Magistrados Héctor Soto Gallardo en funciones de presidente y ponente, Carlos Arturo González Zárate y Francisco José Domínguez Ramírez.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17303-fec20d3b/remate-reavaluo-por-variacion-del-precio-fijado-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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