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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DE PAGOS. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS EN LA SEGUNDA INSTANCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 145/2004-PS. · Registro digital (IUS): 19576
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, , Pág. 226.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 145/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito que versan sobre la materia civil, que es una de las materias de especialización de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por la parte quejosa en algunos de los juicios de amparo en los que se sustentaron criterios en posible contradicción, por conducto de su apoderado legal, de modo que se cumple con lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo que, en su parte conducente, establece lo siguiente:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia la que decidirá cuál tesis debe prevalecer."

TERCERO. Ahora bien, la denuncia relatada se refiere a los criterios contenidos en las ejecutorias dictadas en los amparos directos 9/2003, 47/2003, 72/2003, 84/2003, 88/2003, 149/2003, 150/2003, 151/2003, 152/2003, 191/2003, 265/2003, 266/2003 y 1375/2003, pronunciadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito; sin embargo, debe precisarse que por ocurso de seis de octubre de dos mil cuatro, el denunciante aclaró que por un error mecanográfico hizo mención a las ejecutorias dictadas en los expedientes 151/2003 y 152/2003, cuando en realidad debió referirse a las sentencias dictadas dentro de los amparos directos 233/2003 y 258/2003. De igual forma, desde su inicial denuncia señaló que la ejecutoria dictada en el amparo en revisión civil 240/2001, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, contenía criterios contradictorios con los anteriormente enunciados.

No obstante lo anterior, debe considerarse que el procedimiento de contradicción de tesis queda integrado también con el criterio sustentado en las ejecutorias dictadas por el primer tribunal colegiado mencionado, al resolver los amparos directos civiles 123/2004, 266/2004, 417/2004, 1370/2004, 1408/2004, 1456/2004, 1527/2004 y 1546/2004, pues así quedó determinado en proveídos de la presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de seis de enero y treinta y uno de marzo de dos mil cinco.

Lo anterior, en términos del artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, resultando aplicable la tesis de la Segunda Sala, 2a. LXXVIII/2002, que esta Primera Sala comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 447, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL EXPEDIENTE RELATIVO DEBE QUEDAR INTEGRADO TANTO POR LOS CRITERIOS CONTRADICTORIOS MENCIONADOS EN LA DENUNCIA ORIGINAL COMO POR LOS SEÑALADOS POR EL PRESIDENTE DE ALGUNA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINÓ LA COMPETENCIA DE AQUÉLLA PARA CONOCER DEL ASUNTO. Aun cuando en el oficio de denuncia de una posible contradicción de tesis aparezca que ésta deriva de los criterios sustentados por determinados Tribunales Colegiados de Circuito, si del contenido del acuerdo emitido por el presidente de una de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determinó la competencia de aquélla para conocer del asunto, se aprecia que éste consideró también la posible contradicción con los criterios sustentados por otros tribunales no mencionados en la denuncia original, es indudable que, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, debe tenerse por hecha la denuncia respectiva en ese sentido, ya que los Ministros del Máximo Tribunal de la República están facultados para denunciar la contradicción de tesis que estimen existe, por lo que el expediente de contradicción de tesis debe quedar integrado con todos los criterios considerados como contradictorios."

CUARTO. La agente del Ministerio Público de la Federación designada por el procurador general de la República para intervenir en el presente asunto, formuló pedimento en el oficio DGC/DCC/467/2005, de once de mayo de dos mil cinco, presentado el mismo día en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra a fojas 371 a 383 del tomo III del expediente, en el que expresa su opinión en el sentido de que no existe la contradicción de criterios denunciada.

QUINTO. Sentado lo anterior, procede analizar la posible contradicción de criterios entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

Por cuestión de técnica y dada la cantidad y variedad de asuntos resueltos por el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en torno a los temas en posible contradicción con respecto al único criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a efectos de facilitar la identificación de tales temas, procede referirse, en primer término, a la postura que sostuvo el último tribunal citado al resolver, en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil uno, el amparo en revisión 240/2001, el que tiene los siguientes antecedentes:

1. El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, dictó sentencia, el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en el expediente 1/99-1, declarando la suspensión de pagos de Harinas y Alimentos Industriales, S.A. de C.V.

2. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, interpuso recurso de apelación, el que quedó registrado con el número de toca civil 478/99, y fue resuelto de manera favorable para el apelante, por el Tribunal Unitario del Sexto Circuito, el once de septiembre de dos mil.

3. En contra de la anterior resolución, la empresa Harinas y Alimentos Industriales, S.A. de C.V., interpuso demanda de amparo indirecto, señalando como autoridad responsable y como actos reclamados los siguientes:

I. Del Tribunal Unitario del Sexto Circuito:

A. Las violaciones cometidas en el procedimiento de apelación tramitado en el toca civil 478/99, consistentes en:

La resolución de veintidós de octubre de mil novecientos noventa y nueve, que declaró que el recurso fue interpuesto en tiempo no obstante que fue presentado en forma extemporánea.

La resolución de dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que admitió diversas pruebas, siendo que el ofrecimiento y la admisión fueron ilegales.

B. La sentencia de segunda instancia pronunciada el once de septiembre de dos mil, en el toca civil relativo al recurso de apelación interpuesto por Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, en contra de la sentencia que declaró en suspensión de pagos a la empresa Harinas y Alimentos Industriales, S.A. de C.V.

II. Del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla:

La ejecución o cumplimiento de los actos reclamados al Tribunal Unitario del Sexto Circuito.

El dictado de la sentencia que declarara el estado de quiebra de Harinas y Alimentos Industriales, S.A. de C.V.

4. Seguido el juicio en todos sus trámites, el veinte de agosto de dos mil uno, el Tercer Tribunal Unitario del Segundo Circuito pronunció sentencia en la que negó el amparo solicitado.

5. En contra de lo anterior, la persona moral quejosa interpuso recurso de revisión, el que fue admitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, registrándolo con el número de amparo en revisión civil 240/2001, y seguidos los trámites de ley, en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil uno, dictó resolución en la que resolvió confirmar la sentencia que negó la protección de la Justicia Federal, en los siguientes términos:

"El artículo 20, párrafo tercero, de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos dispone: ‘En los escritos de expresión de agravios y contestación, las partes deben ofrecer pruebas, especificando los puntos sobre los que deben versar, que nunca serán extraños a la cuestión debatida.’. En el particular, de las constancias procesales remitidas se advierte que mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, el representante de Bancomer, Sociedad Anónima, hizo valer los agravios correspondientes, y ahí ofreció como pruebas: la confesional a cargo de Harinas y Alimentos Industriales, aduciendo que tenía por efecto acreditar los hechos en que fundó los agravios primero y segundo, y la relacionó con todos los hechos expresados con los mismos; la documental consistente en cada una de las constancias que integraban el testimonio de apelación para el efecto de acreditar que el Juez a quo dictó una resolución sin considerar las actuaciones y documentos exhibidos por la suspensa y que se abstuvo de aplicar los preceptos invocados en sus agravios, ello para demostrar los hechos narrados en su inconformidad exhibió la suspensa al solicitar el beneficio de suspensión de pagos, en especial los documentos a que se refirió dicha suspensión en el hecho 10 diez de su demanda, relacionándola con cada uno de los hechos establecidos en sus agravios; la pericial a fin de que los especialistas designados por las partes revisaran y analizaran todos y cada uno de los documentos exhibidos por la empresa suspensa según su demanda de suspensión de pagos y aquellos que integraban la contabilidad de la misma, ofreciéndose a efecto de acreditar que la última omitió exhibir los libros y registros contables que conforme a la ley debía llevar toda sociedad anónima, y que los que la solicitante presentó tenían múltiples irregularidades conforme a la ley y principios de contabilidad, también dijo que la pericial se ofreció para acreditar que la suspensa incurrió en cesación de pagos desde mil novecientos noventa y cuatro, y que persistió ese estado por los años de mil novecientos noventa y cinco, mil novecientos noventa y seis, mil novecientos noventa y siete, mil novecientos noventa y ocho, y parte de mil novecientos noventa y nueve, perdiendo la empresa más de dos terceras partes de su capital social y que no tenía viabilidad económica ni financiera, sobre endeudándose en perjuicio de sus acreedores, dicha prueba la relacionó con los agravios primero y segundo; también se ofreció la instrumental de actuaciones consistente en todo lo actuado en el toca y en el expediente 1/99-1, para acreditar los hechos contenidos en el primero y segundo agravios de la apelación, y la presuncional en su doble aspecto, a efecto de acreditar los extremos de las afirmaciones formuladas en sus agravios (fojas 547 a 570 del toca 478/99). Atento a lo precedente, como con acierto lo estimó el tribunal de amparo, la ley especial en consulta expresamente permite que en el escrito de agravios las partes ofrezcan pruebas, especificándose los puntos sobre los que deben versar y nunca serán extraños a la cuestión debatida; por lo que si en el caso, precisamente con el escrito de agravios correspondiente, la institución apelante ofreció las pruebas citadas anteriormente, es incontrovertible que no se advierte la alegada violación a las garantías de la ahora recurrente, ya que existe disposición expresa en la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos que faculta a quien interpone la apelación para ofrecer pruebas en esa instancia. Además, tales medios de convicción se relacionaron sin duda con la cuestión materia de la litis de la suspensión en entredicho, y se especificaron los puntos sobre los que deberían versar. En otro aspecto, adujo la inconforme que la apelación contra la sentencia de suspensión de pagos no tenía por finalidad desvirtuar tal determinación con elementos de prueba distintos a los requeridos por la ley, puesto que si bien podría acreditarse que un comerciante no se encuentra en estado de suspensión de pagos, ello sería en un distinto procedimiento, como el incidente de conversión de quiebra, pero no a través de la apelación, pues ésta sólo se ocupa de cuestiones de legalidad de la resolución inicial en orden con los elementos de prueba aportados ante el Juez, y si los razonamientos de éste se ajustan a las normas legales. No tienen fundamento los anteriores argumentos; ello es así, en virtud de que contra lo sostenido por la ahora inconforme, la materia de la apelación interpuesta en contra de la sentencia que concedió el estado de suspensión de pagos a la empresa solicitante, no sólo versa sobre cuestiones de legalidad y de aspectos o pruebas que exhibió la suspensa, sino que atento a la naturaleza de esta materia, precisamente la inconformidad en cuestión tiene por fin determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud del estado de suspensión de pagos, tan es así que precisamente por ello el artículo 20 de la ley en comento permite el ofrecimiento de pruebas, a fin de confirmar que la empresa recurrente se encontraba en un estado diverso al de suspensión de pagos declarado en la sentencia de primer grado. También es infundado que el tribunal de amparo incorrectamente estimara que del escrito de expresión de agravios se desprendieron los puntos que se quisieron probar por el apelante, en razón a que, como anteriormente fue señalado, en el ocurso correspondiente el oferente de las pruebas precisó no sólo los aspectos sobre los que versaba, sino que también los vínculos con la cuestión debatida, que fue precisamente demostrar que la empresa ahora inconforme no se encontró realmente en la fase (sic) estado de suspensión de pagos decretado en la primera instancia. Por lo cual resulta incuestionable a la vez que en el ofrecimiento aludido se observó lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos y, por ende, según lo estimó el tribunal a quo la responsable en la alzada admitió y desahogó de modo acertado los aludidos elementos de prueba pues, precisamente, la única condición para su admisión fue que los aspectos sobre los que versaran no resultaran extraños a la cuestión litigiosa y, en el caso, se insiste, el apelante vinculó sus pruebas con lo que fue materia de la apelación, es decir, tuvieron como objetivo justificar que la solicitante de la suspensión de pagos no se encontraba en ese estado o fase económica negativa."

En tal tenor, en opinión del tribunal del que se habla, del artículo 20, tercer párrafo, de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, deriva que la ley de la materia expresamente permite que en la apelación, en tratándose de procedimientos de suspensión de pagos, en el escrito de agravios las partes ofrezcan pruebas siempre que se especifiquen los puntos sobre los que deben versar y que éstos no resulten extraños a la cuestión debatida.

El criterio sostenido en la ejecutoria de referencia, originó la tesis II.2o.C.326 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, marzo de 2002, página 1437, de rubro y texto siguientes:

"QUIEBRA Y SUSPENSIÓN DE PAGOS. EL APELANTE PUEDE OFRECER PRUEBAS EN LA SEGUNDA INSTANCIA. De lo que ordena expresamente el artículo 466 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, se advierte que quien interponga el recurso de apelación está facultado para ofrecer pruebas en la segunda instancia, debiendo especificar los puntos sobre los que deberán versar dichos elementos convictivos, que no deberán ser extraños a la cuestión debatida. Atento lo precedente, si en la apelación contra la sentencia que decretó la suspensión de pagos, precisamente con el escrito de agravios correspondiente, la institución acreedora apelante ofrece pruebas que satisfacen lo antes indicado, resulta incontrovertible que con tal actitud no se transgrede la garantía de debido proceso, por existir disposición expresa que permite a quien intente la apelación ofrecer en la alzada las pruebas pertinentes relacionadas con la materia de la litis."

SEXTO. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, ha sostenido los criterios que a continuación se narran.

Amparo directo en revisión 9/2003, resuelto el seis de marzo de dos mil tres, promovido por la empresa quejosa Altos Hornos de México, Sociedad Anónima de Capital Variable.

El objeto de estudio en este amparo fue el desechamiento que el Juez de la causa -en primera instancia- hizo de las pruebas ofrecidas por la quejosa al momento de contestar la demanda de reconocimiento de crédito entablada en su contra, en razón de que en opinión del juzgador las pruebas ofrecidas no eran pertinentes ni útiles, lo que a juicio del Tribunal Colegiado resultó ser violatorio de la garantía de legalidad en perjuicio de la quejosa, ya que en términos del artículo 248 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, para la admisión de pruebas no hay más limitante que aquellas contrarias a la moral y al derecho, máxime si se justifica su pertinencia y ello se señala al momento de su ofrecimiento.

En la parte que interesa, la sentencia de mérito dice lo siguiente:

"En otro orden de ideas, de las constancias se desprende que en la especie se trata de un procedimiento relativo al reconocimiento de crédito y que en la sentencia que se dicte en el mismo, no sólo se va a reconocer el crédito respectivo, pues se trata también de dilucidar el monto de éste. ... debe decirse que el artículo 248 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, no establece más limitante para la admisión de pruebas que aquellas contrarias a la moral y al derecho; máxime que como ha quedado establecido, si se justifica su pertinencia y se señala por su oferente esta característica al momento de su ofrecimiento, deviene en incorrecto que se introduzcan limitantes contempladas por un diverso ordenamiento legal, que al respecto, dada la amplitud del ordinal 248 de la Ley de Quiebras, no admite con respecto a esto supletoriedad. Así las cosas, debe decirse que el proceder del Juez de primera instancia, al desechar las pruebas periciales y de inspección judicial, resultó violatorio de la garantía de legalidad en perjuicio de la quejosa. En efecto, la sentencia de reconocimiento de créditos en el procedimiento de suspensión de pagos tiene efectos trascendentes, pues lo resuelto adquiere autoridad de cosa juzgada en cuanto al reconocimiento mismo y el monto de éste, de ahí que deban dilucidarse las cuestiones planteadas al respecto por las partes."

Tal criterio fue reiterado con consideraciones prácticamente idénticas por el Tribunal Colegiado de mérito, en las resoluciones pronunciadas en los amparos directos en revisión 47/2003 (seis de marzo de dos mil tres), 72/2003 (trece de marzo de dos mil tres), 84/2003 (trece de marzo de dos mil tres), 88/2003 (seis de marzo de dos mil tres), 149/2003 (trece de marzo de dos mil tres) y 150/2003 (tres de abril de dos mil tres).

A su vez, al resolver el amparo en revisión 233/2003 (cinco de junio de dos mil tres), el tribunal de referencia sostuvo lo siguiente:

"Sin prejuzgar sobre la concurrencia o no de los diversos requisitos externos y/o internos, necesarios para la admisión de las pruebas, debe destacarse que la pertinencia o relevancia de la prueba consiste en la relación directa o indirecta, que el hecho objeto de la prueba pueda tener con los fundamentos fácticos materia de la controversia, de suerte que pueda influir de alguna manera en la decisión judicial, en tanto que la utilidad de la prueba implica que el medio de convicción sea necesario o pueda servir, por sí solo o en concurrencia con otros para apreciar o aclarar cualquier hecho relacionado con la acción y/o excepción planteadas; consecuentemente, en aras de los principios de carga y libertad probatoria establecidos por los artículos 287, 281, 283, 285 y 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria al procedimiento para concursal, motivo del acto reclamado, en términos del artículo 429, en relación con el 6o. transitorio de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos derogada, toda probanza, por regla general, es pertinente y útil para acreditar cualquier extremo fáctico controvertido, salvo que su impertinencia o inutilidad sea manifiesta, indudable o evidente, pero cuando exista alguna posibilidad de que pueda reunir esos requisitos por sí sola o en concurrencia con otras, el juzgador debe admitirla y practicarla ... por tanto, debe considerarse fundado el concepto de violación y otorgarse la protección federal solicitada, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y ordene reponer el proceso de reconocimiento de créditos derivado de la suspensión de pagos, hasta el momento de las violaciones procedimentales reclamadas, para que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Monclova, subsanando los vicios formales con antelación, con libertad de jurisdicción, provea fundada y motivadamente sobre la admisión o inadmisión de las pruebas pericial contable y de inspección ofrecidas por el quejoso."

De igual forma, en el amparo en revisión 258/2003 (diez de abril de dos mil tres), resolvió lo que, en la parte que interesa, a continuación se transcribe:

"... en la especie se plantea el indebido desechamiento que se hizo por el Juez de origen de la prueba pericial contable ofrecida por la quejosa, cuestión ésta que a la luz de lo dispuesto por el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, constituye una violación procesal ... En esas condiciones es que la responsable debe resolver en primer término, fundada y motivadamente, si en el caso se justifica la pertinencia de la prueba, para posteriormente, precisamente con base en dichos razonamientos, declarar si procede o no su admisión, desde luego, apreciando si hay las demás exigencias legales para el debido anuncio de una prueba pericial contable ... Por lo anterior, resulta incuestionable que la autoridad responsable contravino las reglas del proceso a que se refiere el artículo 159, fracción III, de la ley de la materia, de ahí que proceda otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, para el efecto de que la Sala deje insubsistente la resolución combatida y ordene reponer el procedimiento, a fin de que el Juez natural, con libertad de jurisdicción, se pronuncie fundada y motivadamente respecto de la pertinencia de la prueba pericial y decida si la admite o la desecha."

Al resolver, el seis de enero de dos mil cinco, el amparo directo civil número 1408/2004, el mismo Tribunal Colegiado sostuvo lo siguiente:

"... el Juez del conocimiento estimó innecesario el desahogo de la prueba pericial contable e inspección judicial, pero dicho desechamiento lo realizó sin una correcta fundamentación, así como con una deficiente motivación ... Es oportuno acotar que el artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que es el aplicable supletoriamente a la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos ... Del precepto legal transcrito se advierte que establece como requisitos formales (por ende, extrínseco, diversos a los intrínsecos de conducencia, pertinencia, utilidad y ausencia de prohibición legal), los siguientes: a) La expresión clara del hecho que se traten de demostrar con las pruebas ofrecidas, y b) La expresión de las razones por las que el oferente considera que demostrará sus afirmaciones. Por otra parte, específicamente el ofrecimiento de las pruebas pericial y de inspección judicial, tiene ciertos requisitos particulares que se contienen en los artículos 293, 297, 347, fracciones I y II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ... Así pues, este órgano de control constitucional considera que para cumplir con la exigencia de la debida motivación, el Juez responsable al dictar los autos desechatorios de la prueba pericial contable e inspección judicial ofrecidas por la suspensa, debió analizar, primero, si dichas probanzas cumplían con los requisitos intrínsecos y extrínsecos necesarios para su admisión y desahogo, es decir, si las mismas eran conducentes, pertinentes, útiles, legalmente posibles, si se ofrecieron oportunamente y con la formalidad adecuada, y segundo, las exigencias particulares establecidas en la ley para las probanzas mencionadas. No es óbice para concluir lo expuesto, que el Juez de primera instancia haya expresado en los autos desechatorios analizados que, dado los hechos sometidos por las partes en los escritos de demanda y contestación, las pruebas ofrecidas por la suspensa eran impertinentes e inútiles, pues tal razonamiento del juzgador natural deviene en insuficiente para cumplir con su obligación de motivar debidamente su resolución, por el contrario, para ello era indispensable que expusiera las razones, motivos particulares o circunstancias especiales, que tuvo en cuenta para no admitir las probanzas aludidas, lo que en el caso no ocurrió, pues lo argumentado por el Juez civil de primera instancia constituye un razonamiento abstracto, por tanto, subjetivo, al omitir exponer por qué en el asunto particular, las pruebas mencionadas no cumplían con los requisitos de pertinencia y utilidad, esto es, debió precisar cuáles fueron los hechos específicos que las partes establecieron como puntos controvertidos o sujetos a debate y, con base en ello, concluir si las pruebas pericial contable e inspección judicial ofrecidas por la empresa quejosa resultan o no pertinentes y útiles. Lo expuesto no implica que el Juez natural deba admitir, de manera inexorable, las probanzas ofrecidas, pues es menester que satisfagan las demás vigencias inherentes a su debido ofrecimiento, de lo cual no se ocupó al considerar suficientes los motivos que expresó (falta de pertinencia y utilidad) para desechar las pruebas, esto es, las propuestas de las probanzas pudieran carecer de cualquiera de los requisitos necesarios para su admisión y desahogo, tema que indudablemente debe ser analizado exclusivamente por el Juez de la causa a efecto de respetar el principio de legalidad que rige en todo proceso judicial ... Por otro lado, resulta innecesario el estudio del concepto de violación dirigido a combatir los argumentos de la Sala responsable, consistentes en el desechamiento efectuado de las pruebas ofrecidas en segunda instancia, situación que si bien implicaría una violación al procedimiento de apelación, lo cierto es que de analizarse y resultar fundado, tal decisión no reviste carácter vinculante en la especie, pues dado el sentido de la presente resolución, el procedimiento será repuesto desde la primera instancia y, por consiguiente, se desconoce, primero, si de nueva cuenta la quejosa interpondrá el recurso de apelación contra la sentencia de reconocimiento de créditos, y segundo, si en su escrito de expresión de agravios ofrecerá diversos medios de convicción ..."

El anterior criterio también fue sostenido por el referido tribunal al resolver, de la misma forma y en la misma fecha, los amparos directos civiles 1370/2004, 1456/2004, 1527/2004 y 1546/2004.

Por otro lado, al resolver en sesión de tres de abril de dos mil tres, el amparo directo 191/2003, donde la materia fue el desechamiento de diversas probanzas ofrecidas en el trámite del recurso de apelación, pues a juicio de la Sala responsable ello sólo es posible cuando se refieran a hechos supervenientes, debiendo especificar los puntos sobre los que deben versar, los que no deben ser extraños a la cuestión debatida, fundándose en el artículo 706 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, el Tribunal Colegiado sostuvo que el artículo 466 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos prevé la forma y requisitos que debe contener el ofrecimiento de pruebas en el trámite de dicho recurso, y que de su contenido no puede sostenerse que se encuentre deficientemente reglamentado, pues de manera clara dispone que para el ofrecimiento de pruebas en la apelación basta que el oferente exprese los puntos sobre los que deban versar y que éstos no sean extraños a la cuestión debatida; dicho en otras palabras, regula de manera clara lo relativo a la admisión de pruebas en segunda instancia en los procedimientos de suspensión de pagos, lo que impide la aplicación del Código de Procedimientos Civiles en forma supletoria.

Textualmente, la resolución de mérito dice lo siguiente:

"... en el artículo 466 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, se dispone: ‘Artículo. 466. En los escritos de expresión y contestación de los agravios, las partes deben ofrecer pruebas, expresando los puntos sobre los que deban versar; y que no sean extraños a la cuestión debatida. Dentro del tercer día, el tribunal resolverá sobre la admisión de las pruebas, abriendo en su caso, un término que nunca excederá de quince días.’. Del artículo antes transcrito, se advierte que en el presente caso, respecto al ofrecimiento y admisión de pruebas en la apelación no es necesaria la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues en el mismo se prevé la forma y requisitos que debe contener el ofrecimiento de pruebas

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19576-566b9263/suspension-de-pagos-ofrecimiento-de-pruebas-en-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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