FIRMA INDUBITABLE EN MATERIA MERCANTIL. SE CONSIDERA COMO TAL, PARA EFECTOS DEL COTEJO DE UNA DOCUMENTAL PRIVADA O PÚBLICA CARENTE DE MATRIZ CUYA AUTENTICIDAD SE CUESTIONA, LA PLASMADA EN DOCUMENTOS ANTERIORES O LA POSTERIOR ESTAMPADA EN ACTUACIONES JUDICIALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 166/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, y que a continuación, en la parte que interesa, se transcriben:
a) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el veinticinco de octubre de dos mil cuatro el juicio de amparo directo número D-371/2004, promovido por Juan Francisco Sánchez Marcial, sostuvo lo siguiente:
"CUARTO. Son inatendibles en una parte, inoperantes por otra, infundados otros y sustancialmente fundado el restante de los conceptos de violación hechos valer por Juan Francisco Sánchez Marcial. En efecto, el disconforme por una parte aduce, que la sentencia de trece de julio de dos mil cuatro, dictada por la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca de apelación 986/2004, resulta ilegal, dado que viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, así como los diversos 1247, fracción V, 1255 y 1301 del Código de Comercio, pues señala que la resolución de mérito no está fundada ni motivada. En primer lugar, debe decirse que por una parte resulta inatendible el concepto de violación antes sintetizado, en razón de que el quejoso no refiere el porqué a su juicio la sentencia reclamada viola en su perjuicio los artículos 1247, fracción V, 1255 y 1301 del Código de Comercio; de ahí que tal manifestación genérica y dogmática deba desestimarse por inatendible, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 61, Tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.’ (se transcribe). Asimismo, cabe señalar que el mismo argumento deviene infundado, habida cuenta que de la lectura integral del fallo reclamado, se advierte que el tribunal de apelación expresó las razones y consideraciones del porqué estimó inoperantes los agravios esgrimidos por el apelante, aunado a que para efecto de sustentar dicha resolución, invocó los artículos 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 1084, fracción IV, del Código de Comercio, así como las tesis de los rubros: ‘FIRMA INDUBITABLE. PARA EFECTOS DE SU COTEJO AL PRACTICARSE LA PERICIAL EN CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA, DEBE SER AUTÓGRAFA Y HABERSE ESTAMPADO CON ANTERIORIDAD A LA CONTROVERSIA EN ALGÚN DOCUMENTO OFICIAL.’ y ‘AGRAVIOS INSUFICIENTES EN LA APELACIÓN, SON AQUELLOS QUE NO ATACAN TODAS LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTA EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.’; de ahí que contrario a lo que afirma el impetrante de garantías, la sentencia reclamada se encuentra fundada y motivada conforme a derecho. Por otro lado, el promovente del amparo manifiesta, lo siguiente: a) Que el criterio sustentado tanto por el Juez como por el tribunal de alzada, resulta ilegal puesto que no toman en cuenta que la forma idónea para acreditar la falsificación de una firma, es a través de la prueba pericial, circunstancia que alegó al momento en que dio contestación a la demanda incoada en su contra, ello, en virtud de que dicho hecho no es susceptible de justificarse por medio de otra probanza, razón por la cual ambas autoridades tienen la obligación de valorar las pruebas periciales en grafoscopía ofrecidas por las partes. b) Que el Juez a quo nombró perito tercero en discordia para poder ilustrar su criterio, por lo que debió valorar el material de dicho especialista, dictamen que estableció que la firma atribuida al hoy quejoso no fue puesta de su puño y letra, razón por la cual tal peritaje no carece de eficacia jurídica, sino por el contrario surte sus efectos legales de acuerdo al texto de las tesis de los rubros: ‘PERICIAL EN MATERIA CALIGRÁFICA O GRAFOSCÓPICA, ALCANCE DE LA.’ y ‘PRUEBA PERICIAL EN MATERIA MERCANTIL. ES IDÓNEA PARA ACREDITAR LA FALSEDAD DE LAS FIRMAS.’. Ahora bien, en primer lugar debe decirse que por una parte resultan inoperantes los motivos de inconformidad antes sintetizados, en la medida en que tienden a impugnar las consideraciones que tuvo en cuenta el Juez a quo para pronunciar la sentencia de primera instancia, la que por cierto cesó en sus efectos, por haber sido apelada y sustituida por el fallo de segundo grado. Cobra cabal aplicación en el caso, la jurisprudencia I.6o.C. J/4, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este órgano colegiado comparte, visible en la página 121, Tomo III, enero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO.’ (se transcribe). Por otro lado, el concepto de violación marcado con el inciso a), en donde se cuestiona el actuar de la Sala responsable, resulta infundado, debido a que no fue el tribunal ad quem quien analizó el escrito de contestación de la demanda, así como tampoco realizó la valoración de los medios de convicción que se ofertaron en el procedimiento natural, de ahí que ésta no pudo violar las garantías constitucionales a que alude el disconforme, máxime que el tribunal de alzada sólo está obligado a estudiar los agravios que ante éste se expresen de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. En otro orden de ideas, el inconforme refiere que la firma dubitada o cuestionada que se encuentra estampada en el título de crédito fundatorio de la acción, en su especie pagaré, de nueve de julio de dos mil dos, documento ampliamente descrito en el objeto de la prueba, se encontraron cuatro similitudes estructurales, frente a veinte diferencias, y seis similitudes morfológicas frente a quince diferencias, se determina que dicha firma dubitada no corresponde al puño y letra de Juan Francisco Sánchez Marcial. Mismo calificativo de inoperante se atribuye al restante motivo de inconformidad, puesto que el agraviado, lejos de combatir las razones y consideraciones dadas por el tribunal de apelación para resolver en la forma que lo hizo, sólo se limita a señalar cuestiones que versan sobre el contenido del dictamen pericial. Por tanto, si el disconforme mediante el concepto de violación que se examina, nada dice con respecto a las consideraciones y fundamentos en las que el ad quem se apoyó para confirmar la resolución apelada, y en la especie, no se surte ninguna de las hipótesis de suplencia de la queja, previstas por el artículo 76 bis de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es incuestionable que este Tribunal Colegiado no se encuentra en aptitud legal de realizar un estudio oficioso del presente asunto, conforme con lo dispuesto por la jurisprudencia 173, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 116 y 117 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.’ (se transcribe). Finalmente, el impetrante de garantías manifiesta que la prueba pericial en grafoscopía que ofertó, así como el dictamen del perito tercero en discordia, tienen eficacia probatoria, ya que el de este último constituye el medio para ilustrar el criterio del juzgador, por lo que la sola manifestación de que las firmas estampadas ante la presencia judicial no son aptas para servir de cotejo porque pudieron ser manipuladas, resulta insuficiente para desestimar el dictamen pericial emitido por el profesionista nombrado por el Juez a quo, puesto que en dichos dictámenes descansa la opinión y datos que producen plena convicción, aportando elementos técnicos sobre el punto a dilucidar basadas en la experiencia del referido especialista, tomando como base comparativa la firma plasmada ante la presencia judicial, que la propia ley considera útil como indubitable para el cotejo ante la falta de documentos públicos de fecha anterior a la expedición del pagaré base de la acción. Como ya se dijo, resulta sustancialmente fundado el motivo de inconformidad antes precisado por las razones que a continuación se expondrán. En efecto, el artículo 1247 del Código de Comercio, textualmente establece: (se transcribe). Del precepto legal transcrito, particularmente respecto de la fracción V, se desprende que la persona que solicite el cotejo de firmas cuando se niegue o se ponga en duda la autenticidad de un documento ya sea privado o público, que carezca de matriz, se consideran indubitables para el cotejo las firmas estampadas en actuaciones judiciales en presencia del secretario del tribunal por la parte cuya firma o letra se trata de comprobar. De lo anterior, es evidente que contrario a lo sostenido por la Sala responsable, resulta eficaz la firma que como indubitable se plasme ante la presencia judicial, habida cuenta que la propia legislación lo permite, por así establecerlo en el arábigo transcrito, circunstancia que pasa por alto la referida autoridad. Luego, el criterio apuntado por el tribunal de alzada, en el sentido de que no debe tenerse como indubitable la firma que se estampe ante la presencia judicial, ya que según su apreciación la misma puede ser manipulada o deformada intencionalmente, con el objeto de beneficiar el resultado de la prueba pericial en grafoscopía, a menos de que sea corroborada con otras que obren en documentos públicos expedidos con anterioridad a la controversia, resulta incorrecto, pues ninguna disposición contenida en el Código de Comercio, establece tal consideración, es decir, la citada legislación no condiciona que a fin de que se atribuya el carácter de indubitable la multicitada rúbrica plasmada ante la presencia judicial, ésta deba estar acompañada con diversos documentos preexistentes en los que se contenga dicha signatura; máxime que el actor en el procedimiento natural no objetó el ofrecimiento de la multicitada probanza en los términos que refiere la responsable. Aunado a lo anterior, es conveniente precisar que los peritos al emitir sus dictámenes pueden válidamente considerar como firma indubitable para su cotejo la que el oferente estampe ante la presencia judicial, aun cuando se trate de fecha posterior a la que obra asentada en el documento cuestionado, ya que por ese solo hecho adquiere relevancia jurídica, porque a través de la aludida actuación se tiene certeza no sólo de la autenticidad, sino también del consentimiento de quien la puso, además de que el experto en la materia, al efectuar el análisis de las firmas, puede establecer claramente si pertenecen o no a una determinada persona, aunque haya firmado de manera diferente, debido a que ciertos elementos característicos de la escritura siempre serán los mismos; máxime que a través de la prueba pericial en grafoscopía es posible determinar si la firma cuestionada proviene o no del puño y letra de la persona que plasmó la que fue base del cotejo, aun cuando se trate de fecha posterior y el suscriptor haya intentado disimular su grafismo habitual. Por todo lo anterior, se llega a la conclusión de que el dictamen pericial que emita el especialista en la materia, debe tener como firma indubitable la que fue estampada por el demandado ante la presencia judicial de conformidad con el mencionado artículo 1247, fracción V, del Código de Comercio, ello, con el fin de que el juzgador se encuentre en aptitud de decidir sobre la autenticidad o falsedad de la firma impugnada. Consiguientemente, por las consideraciones dadas en esta ejecutoria, este órgano colegiado no comparte el criterio que el tribunal de alzada invocó en la sentencia combatida, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1377, Tomo XVIII, septiembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: ‘FIRMA INDUBITABLE. PARA EFECTOS DE SU COTEJO AL PRACTICARSE LA PERICIAL EN CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA, DEBE SER AUTÓGRAFA Y HABERSE ESTAMPADO CON ANTERIORIDAD A LA CONTROVERSIA EN ALGÚN DOCUMENTO OFICIAL.’, por lo que en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, se denuncia la respectiva contradicción de tesis. En tales condiciones, procede otorgar la protección federal solicitada, para el efecto de que la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, deje insubsistente la sentencia definitiva de trece de julio de dos mil cuatro, dictada en el toca de apelación 986/2004, y en su lugar dicte otra, en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, tome como firma indubitable para su cotejo, la estampada ante la presencia judicial y con plenitud de jurisdicción, reasumiendo jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda. Concesión que se debe hacer extensiva a los actos de ejecución que el impetrante de garantías reclamó de la Juez Noveno de lo Civil de esta capital, en los términos de lo establecido en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 67 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyos rubro y texto mencionan: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS.’ (se transcribe)."
La ejecutoria anterior originó la tesis aislada número VI.1o.C.68 C, que es del tenor siguiente:
"FIRMA INDUBITABLE EN MATERIA MERCANTIL. SE CONSIDERA CON TAL CARÁCTER PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA, LA ESTAMPADA EN ACTUACIONES JUDICIALES EN PRESENCIA DEL SECRETARIO DEL TRIBUNAL. Del contenido del artículo 1247, fracción V, del Código de Comercio se desprende que al solicitar el cotejo de firmas cuando se niegue o se ponga en duda la autenticidad de un documento ya sea privado o público que carezca de matriz, se considerarán como indubitables para el cotejo las firmas estampadas en actuaciones judiciales en presencia del secretario del tribunal, por la parte cuya firma o letra se trata de comprobar, sin que sea necesario que deba estar acompañada de diversos documentos preexistentes en los que se contenga dicha signatura, toda vez que ninguna disposición del citado Código de Comercio lo establece. En consecuencia, es conveniente que los peritos, al emitir sus dictámenes, pueden válidamente considerar como firma indubitable la estampada por el demandado ante la presencia judicial, aun cuando se trate de fecha posterior a la que obre asentada en el documento cuestionado, ya que por ese solo hecho adquiere relevancia jurídica, porque a través de la aludida actuación se tiene certeza no sólo de la autenticidad, sino también del consentimiento de quien la puso, además de que el experto en la materia, al efectuar el análisis de las firmas, puede establecer claramente si pertenecen o no a una determinada persona, aunque haya firmado de manera diferente, debido a que ciertos elementos característicos de la escritura siempre serán los mismos; máxime que a través de la prueba pericial en grafoscopía es posible determinar si la firma cuestionada proviene o no del puño y letra de la persona que plasmó la que fue base del cotejo, aun cuando se trate de fecha posterior y el suscriptor haya intentado disimular su grafismo habitual." (Novena Época. Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, enero de 2005, tesis VI.1o.C.68 C, página 1772).
b) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el diecisiete de junio de dos mil tres, el juicio de amparo directo civil número D-376/2003, promovido por Blanca Ocotlán Romero Núñez, determinó lo siguiente:
"QUINTO. Antes de examinar y decidir respecto de la controversia constitucional planteada, este órgano colegiado federal estima pertinente elaborar una breve relación de los antecedentes procesales más relevantes que la informan, según las actuaciones judiciales y constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil número 591/2002 y el toca de apelación 205/2003 que fueran remitidas por la autoridad responsable y de las cuales proviene el acto reclamado. 1. Ante el Juzgado Décimo de lo Civil de Primera Instancia con residencia en Atizapán de Zaragoza, México, Omar Oliveros Rojas demandó de Blanca Ocotlán Romero Núñez las prestaciones siguientes: El pago de doscientos ochenta y nueve mil setecientos ochenta y dos pesos, moneda nacional, por concepto de suerte principal amparada por los seis pagarés que se exhibieron con la demanda; el pago de los intereses moratorios pactados a razón del 4% mensual, a partir de la fecha en que la demandada incurrió en mora y hasta la total liquidación del adeudo; y el pago de daños y perjuicios así como el de los gastos y costas. Las supracitadas reclamaciones se sustentaron básicamente en que el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, la enjuiciada aceptó y firmó los títulos de crédito base de la acción, obligándose incondicionalmente a pagar la suma que ampara cada uno de esos documentos, cuestión que, señaló el actor, incumplió la demandada, razón por la cual se le reclamó lo conducente en la vía judicial. 2. A través del escrito que consta en las fojas de la doce a la veintidós del expediente número 591/2002, Blanca Ocotlán Romero Núñez contestó la demanda instaurada en su contra; adujo que resultaban improcedentes las prestaciones reclamadas, pues si bien ella firmó los pagarés cuyo pago se le demandaba, lo cierto es que tales documentos fueron firmados en blanco con la finalidad de garantizar el pago de los honorarios de Omar Oliveros Rojas, quien acotó la enjuiciada, figuró como su abogado en diversos juicios civiles promovidos contra ella; por lo que, reiteró que no procedía el pago de lo reclamado, ya que no adeudaba cantidad alguna; incluso aseveró que existía de su parte el temor fundado de que las firmas que calzan los títulos de crédito base de la acción, no correspondieran a ella y que hubiesen sido alteradas por el propio enjuiciante. Opuso las defensas y excepciones que a su interés convino. 3. Sustanciado el juicio, el trece de enero de dos mil tres el Juez instructor dictó sentencia en cuyos resolutivos concluyó que la parte actora justificó los elementos de la acción cambiaria directa que en la vía ejecutiva dedujo contra Blanca Ocotlán Romero Núñez, a quien se condenó al pago de la suerte principal reclamada, así como al de los intereses moratorios a razón del 4% mensual, lo que se cuantificaría en ejecución de sentencia; no se condenó al pago de daños y perjuicios ni al de los gastos y costas en esa primera instancia. 4. Inconforme con dicha resolución del Juez a quo, Blanca Ocotlán Romero Núñez interpuso apelación sustanciándose ese medio de impugnación ante la Primera Sala Civil Regional de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con el toca número 205/2003 donde el diecinueve de marzo de dos mil tres se dictó sentencia confirmatoria de la de primer grado y se condenó a dicha recurrente al pago de las costas judiciales que su contraparte hubiere erogado en ambas instancias del juicio. 5. Contra la precitada sentencia de la indicada Sala, Blanca Ocotlán Romero Núñez promovió la demanda de garantías de que se trata. Inicialmente, esto es, en el capítulo relativo al acto reclamado, la quejosa señaló que se le ha dejado en estado de indefensión porque al dictarse la sentencia reclamada, no se cumplieron los requisitos esenciales del procedimiento y que se vulneraron en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como que se faltó a los principios de congruencia, claridad y precisión que toda sentencia debe reunir, principalmente porque no fueron valoradas las pruebas desahogadas en el juicio, por lo que en la opinión de la gestionante del amparo, se infringieron las disposiciones contenidas en los artículos 1287 y 1306 del Código de Comercio, pues en su criterio, el examen de las pruebas debe realizarse conjuntamente y entrelazándolas, y no en forma aislada como lo hizo la autoridad responsable, lo cual, reiteró la inconforme, le generó perjuicios, en tanto que la decisión del tribunal en la alzada se sustentó únicamente en la consideración de que los títulos de crédito son autónomos y que constituyen una prueba preconstituida y por tanto, desestimó las excepciones personales que la ahora inconforme hizo valer y que, a su juicio, fueron debidamente acreditadas, sólo que la resolutora ad quem no llevó a cabo un estudio de tales excepciones, especialmente la derivada de la fracción XI del artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, reiterándose que tampoco se valoraron las pruebas allegadas al juicio, con las cuales, esgrimió la inconforme, se destruyó la eficacia original sobre la autonomía de los títulos de crédito base de la acción. Los anteriores planteamientos devienen ineficaces, pues como se observa, se trata de argumentaciones ambiguas a través de las cuales no se pone de manifiesto por qué se dejaría en estado de indefensión a la promovente, y menos se precisaron las pruebas y las excepciones que supuestamente se omitió examinar por parte de la responsable; amén de que lo relativo a la falta de estudio de pruebas no es exacto, pues como se verá enseguida, la resolutora ad quem se ocupó del análisis y valoración de los elementos demostrativos allegados al juicio; y por cuanto hace a las excepciones, dado que éstas fueron debidamente estudiadas y desestimadas en la primera instancia, ante ello, el tribunal ad quem ya no estaba obligada a abordar ese estudio, pues de conformidad con el artículo 1336 del Código de Comercio, en correlación con el numeral 423 del anterior Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, de aplicación supletoria a la legislación inicialmente indicada, el recurso de apelación tiene por objeto que la Sala Civil del Tribunal Superior, confirme, revoque o modifique la sentencia inicial, solamente en los puntos relativos a los agravios expresados; consecuentemente, se insiste en que si las excepciones opuestas por la ahora quejosa fueron debidamente estudiadas y declaradas improcedentes por el juzgador de primer grado, ello es bastante para desestimar lo alegado por la quejosa en el sentido de que se le provocó indefensión por deficiencias en la sustanciación del juicio o porque la sentencia se basara únicamente en la autonomía de los títulos de crédito, lo cual no corresponde a la realidad y, además, como a continuación se esclarecerá al decidir respecto de las demás inconformidades planteadas, la sentencia reclamada es clara, precisa y congruente en cuanto se ocupó y decidió únicamente respecto de la controversia sometida a su jurisdicción, según los agravios aducidos y las pruebas rendidas en el juicio. Por otra parte, en sus conceptos de violación primero, segundo y cuarto, la promovente argumentó esencialmente que se vulneró en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, en cuanto establece que todo acto privativo debe provenir de un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; que tal disposición fue inobservada por la autoridad responsable, porque si bien la sentencia reclamada fue dictada por una autoridad judicial competente, también resulta cierto que al pronunciarse el fallo reclamado, se incurrió en transgresión de las garantías de legalidad y seguridad jurídica en tanto se desatendió que con las pruebas rendidas en el juicio se demostró plenamente la existencia de una relación profesional o de prestación de servicios por parte del actor y aquí tercero perjudicado Omar Oliveros Rojas con la demandada y actual quejosa Blanca Ocotlán Romero Núñez, y que por virtud de esta relación profesional fue que se firmaron en blanco los pagarés, pues existía la confianza de que el citado Omar Oliveros Rojas, en su carácter de entonces abogado de la ahora quejosa, defendería los intereses de ésta, que incluso, la existencia de esa relación profesional o de prestación de servicios entre las partes, quedó debidamente demostrada con las actuaciones judiciales relativas a los expedientes números 517/98 y 727/99, así como con la testimonial ofrecida por la enjuiciada y que corrió a cargo de Joel Vega García y Salvador García Robles; sin embargo, tales probanzas no fueron debidamente analizadas y valoradas, a pesar de que con ellas se demostró que Blanca Ocotlán Romero Núñez le firmó una serie de documentos en blanco a Omar Oliveros Rojas, con lo cual, en el criterio de la inconforme, quedó demostrada la excepción personal que hizo valer en el juicio. Los precedentes argumentos carecen de sustento; ello es así, primeramente, porque no es exacto que la Sala haya rehusado pronunciarse respecto de la excepción aludida, pues al tener a la vista la sentencia reclamada, este tribunal federal observa que en el párrafo segundo del considerativo I, la resolutora ad quem razonó que el agravio relativo resultó inoperante porque como bien lo había apreciado el Juez del conocimiento, con las copias certificadas de los diversos expedientes que se ofrecieron como prueba, así como de las posiciones que fueron absueltas por el actor, e incluso, con la testimonial rendida, no se demostró que Omar Oliveros Rojas haya intervenido con el carácter de abogado patrono en los juicios ejecutivos invocados por la inconforme, sino que de éstos sólo se desprende que el citado actor fue autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones, lo cual en el criterio de la Sala, de ninguna forma implicó que dicho demandante se haya ostentado como abogado o representante legal de la recurrente, ahora quejosa; denotándose por parte de la Sala, que en su caso, esa relación profesional debió ser demostrada con el respectivo contrato de prestación de servicios. Pero además, en segundo término, acotó la Sala, con independencia de que no fue demostrada la relación contractual aludida por la inconforme, y de la cual supuestamente se derivó la suscripción de los títulos de crédito base de la acción; debía destacarse que aquellos títulos de crédito como los que son materia de la controversia, que reúnen los requisitos establecidos por la Ley General de Títulos para su suscripción, adquieren por ese solo hecho, autonomía respecto del negocio que les dio origen, de modo que, aun y cuando éstos sean otorgados en garantía, tal circunstancia no les priva de la citada característica, esto es, de tener autonomía respecto de la operación de la que derivaron, pues esto ocurrirá solamente cuando tales títulos no hayan circulado, caso en el cual, la parte obligada puede oponer la excepción personal correspondiente, pero para ello debe demostrarse con precisión la obligación que se haya garantizado con el título, y, sobre todo, que tal obligación se hubiere cumplido previamente o que se resolvió de alguna forma; sin embargo, reiteró la Sala, en este caso en particular, lo alegado por la inconforme sobre la existencia de una relación personal de carácter profesional, de modo alguno priva al tenedor de los títulos, de la acción ejecutiva que de ellos deriva; en apoyo de lo anterior se citó la jurisprudencia que lleva por título: ‘PAGARÉ. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE EMITA EN GARANTÍA DE CRÉDITO NO HACE QUE PIERDA SU NATURALEZA EJECUTIVA.’. De acuerdo con lo supradicho, es patente que carece de apoyo lógico y jurídico lo que la inconforme alegó sobre la transgresión a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues como se puede constatar, la precedente determinación de la Sala se encuentra debidamente fundada y motivada, esto es, que tal decisión se justificó en el hecho fundamental de que con independencia de que con las pruebas rendidas no fue demostrada eficientemente la relación contractual alegada por Blanca Ocotlán Romero Núñez, prevalecía el hecho de que al haberse reconocido expresamente la suscripción de los documentos en los que se sustentaron las reclamaciones del actor, ante ello, la enjuiciada estuvo obligada a demostrar que tales documentos carecían de autonomía porque garantizaban solamente una obligación derivada de un vínculo contractual, o bien que tal obligación se haya cumplido previamente, circunstancias que no fueron demostradas. Consecuentemente, si como lo destacó la Sala, los pagarés en los que se sustentaron las reclamaciones formuladas por el ahora tercero perjudicado, satisfacen los requisitos previstos por el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y por tanto, conforme a lo previsto por la fracción IV del numeral 1391 del Código de Comercio, son documentos que traen aparejada ejecución, aunque se haya alegado que se firmaron en blanco y con motivo de la relación profesional de prestación de servicios aducida, ello no es bastante para considerar que esos títulos perdieron su naturaleza ejecutiva, razón por la cual, la autoridad responsable estuvo en lo correcto al desestimar la excepción personal relativa a que los títulos de crédito básicos de la acción, fueron suscritos a favor de Omar Oliveros Rojas, por virtud de dicha relación personal de carácter profesional, pues con independencia de que ello no fue satisfactoriamente demostrado, esa sola circunstancia no tiene e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19030-d7371596/firma-indubitable-en-materia-mercantil-se-considera-como · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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