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Modo: Corpus Pro

BIENES HEREDITARIOS. PARA LA ENTREGA DE LA POSESIÓN MATERIAL DE LOS MISMOS AL ALBACEA, CUANDO LA DETENTAN LOS HEREDEROS, ES NECESARIA LA PROMOCIÓN DE UN INCIDENTE EN EL JUICIO SUCESORIO (LEGISLACIONES DE NUEVO LEÓN Y DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 163/2006-PS. · Registro digital (IUS): 20510
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Noviembre de 2007, , Pág. 88.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 163/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza civil, esto es, de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con apoyo en la facultad que les confiere el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

A) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver con fecha cinco de octubre de dos mil seis, el juicio de amparo en revisión número 117/2006, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"SÉPTIMO. Son jurídicamente ineficaces los conceptos de violación que con anterioridad se transcribieron. Para arribar a la calificativa anticipada, se abordarán los señalados motivos de disenso sin seguirse necesariamente el orden de numeración que propone la quejosa, pero indicándose al inicio de cada análisis a cuál de ellos esté refiriéndose este tribunal, resolviéndolos todos. ... Después de advertir la naturaleza, funciones y obligaciones de un albacea, así como los derechos que sobre la masa hereditaria adquieren quienes heredan, habrá de resolverse el punto toral de la queja que eleva la peticionaria de amparo, para lo cual este órgano colegiado parte de lo establecido en el artículo 1601 del Código Civil vigente en Nuevo León, que nuevamente se transcribe: ‘Artículo 1601. El derecho a la posesión de los bienes hereditarios se transmite, por ministerio de ley, a los herederos y a los ejecutores universales, desde el momento de la muerte del autor de la herencia, salvo lo dispuesto en el artículo 205.’. Se considera por este tribunal que la referencia hecha sobre el derecho a la posesión de los bienes hereditarios, dentro de aquel artículo 1601 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, solamente constituye una presunción que en favor de los herederos y albaceas, indistinta y conjuntamente, quiso el legislador fuera tenida en cuenta desde el momento de la muerte del autor de la herencia, con el fin de no dejar en posibilidad de pérdida aquellos bienes. En efecto, resalta de la norma jurídica señalada que el creador de la ley en todo momento partió del ‘derecho a la posesión’, no así del hecho físico mismo de la detentación material de las cosas, en la forma en que, en el plano de los hechos, habrá de estarse verificando para cada caso en particular, al momento de la muerte del autor de la herencia. Es decir, como el deceso de una persona, por su misma naturaleza, se constituye por un acontecimiento que no es dable fijar el momento en que acontecerá, pero sí se sabe que sucederá; es por lo que la ley parte de que, para cuando ello acontezca, estén o no actualmente los herederos o albaceas instituidos con la detentación material de los bienes del finado, de todas formas les otorga el derecho a esa posesión, lo que habrá de ser entendido en la forma y términos que la misma ley regula las obligaciones y derechos de aquellas personas a que alude el numeral 1601, como son los herederos y ejecutores universales, pero siempre con la fijación de conservar la masa hereditaria. Sobre esta imprecisión -de la norma jurídica- del estatus material en que hayan de estar ubicados los bienes que conforman la herencia, debe recordarse que, en otros casos y en gran número de ocasiones, lejos de que la ley quiera llegar a contemplar las hipótesis normativas como una definición exacta de las situaciones materiales que se presenten en el mundo fáctico, lo que hace el creador de la legislación es aludir a aspectos genéricos que puedan conducir al bien común perseguido mediante la expedición de la norma, desde una óptica ideal del ‘deber ser’. De forma que, si en un caso y conforme a lo dispuesto por el antes transcrito artículo 787 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, se llegan a dictar -con audiencia del Ministerio Público- providencias necesarias para asegurar los bienes de la herencia, en tanto no se presenten los interesados; es claro que la hipótesis ahí contemplada por el legislador se debió a que, en el plano de los hechos, existe la posibilidad de que al morir el autor de la sucesión los bienes no se estén detentando físicamente por los herederos o quien se llegara a designar albacea, no obstante que tengan derecho a poseerlos, en la forma en que lo dice aquel artículo 1601 del Código Civil, y de ahí que se insista en que la previsión hecha en este último artículo citado, solamente contempla quiénes tendrán aquel derecho a poseer, para que, partiendo de ahí, puedan realizarse por los interesados actividades que eviten que llegue a menoscabarse el haber hereditario. Tan es así, que designado el interventor a que se refiere el supuesto contenido en el artículo 787, y entrado que sea en su cargo el albacea que luego se designe, aquel interventor habrá de entregar a dicho albacea los bienes hereditarios. Es decir, de manera a priori, el legislador (ministerio de ley) no hizo otra cosa más que -con miras a poder regular el status jurídico en que lleguen a encontrarse las cosas a la muerte del propietario de esos bienes (cosas o derechos)-, establecer a rango de ‘deber ser’ el que, con relación a la posesión de los bienes de la masa hereditaria, serán los ejecutores universales y herederos quienes contarán a su favor con ese derecho a la posesión. Deriva de lo antedicho, se insiste, que una cosa es el derecho a la posesión de aquellos bienes, y otra muy distinta la detentación material que de los mismos se esté efectuando en el plano fáctico, pues podrán suceder casos en que no tengan a su favor los herederos o albaceas aquella posesión en razón a que el mismo autor de la sucesión, en vida, previamente había arrendado el bien mueble o inmueble, o había dado en comodato, o algún otro título legal; inclusive podría darse el caso de que terceros no interesados en la herencia estuvieren ocupando bienes que se digan pertenecieron al finado. Concomitantemente a lo explicado y, claro está, en pro de dilucidar el punto a análisis, debe decirse que cuando el legislador alude a la labor de administración que desempeñe el albacea, ya en el juicio sucesorio, parte implícitamente de la detentación material que para permitírsele el cumplimiento de ese encargo debe efectuar aquél, sobre la masa hereditaria. Ejemplo de esa premisa que emplea el legislador, lo es el artículo 791 del código procesal civil de la entidad, en donde se impone que el interventor que cesará en su encargo, entregará al albacea nombrado los bienes de la herencia sin que por ningún motivo pueda retenerlos. Detentación que se estima participa de una elemental lógica si, ya se vio líneas atrás, la labor del albacea también es de conservación del relicto hereditario. Inclusive, el Código Civil del Estado de Nuevo León contempla la posibilidad de que el albacea dé en arrendamiento los bienes de la herencia; de donde se sigue que si ese acto jurídico es de la naturaleza de los traslativos de uso, no podría celebrarlo el albacea si previamente no cuenta con la detentación física del bien, para así luego otorgarla a quien acuerde con él ser su arrendatario. Pero al lado de esas labores de administración del albacea, el legislador en ningún modo deja de considerar el derecho que en mancomún surge a favor de los herederos, sobre los bienes de la herencia, desde el momento mismo de la muerte del de cujus. No obstante, bien valdría estimar para efectos jurídicos que ese derecho -que naturalmente conllevaría el detentar la cosa cuya titularidad se tiene proindiviso- se atenúa, mientras en el sucesorio no se llegue a la partición de la herencia, en la medida en que sea el albacea quien esté en posesión material de los bienes de la herencia. Así, coincidiendo en el trámite sucesorio tanto las obligaciones propias de la labor del albacea con los derechos que adquieren los que heredan, debe entonces partirse de la debida armonía de esos dos institutos jurídicos -albaceas y herederos-, con el fin de resolver las vicisitudes o desacuerdos que lleguen a presentarse entre dichas personas. De manera que si en el juicio natural se adujo por la albacea ahora quejosa que existían pasivos ‘que debían cubrirse de la herencia’ (adeudos de catastro), así como que debían efectuarse gastos por avalúos, lo que no podría sufragar de su peculio dado que, a parte de no ser su obligación, ello resultaba a cargo de la herencia; es claro que si para cubrir esos gastos la albacea pedía la entrega de uno de los inmuebles ocupado por los herederos con el fin de administrarlo para obtener recursos, esa situación resultaba una cuestión que surgía de modo secundario al trámite natural del juicio sucesorio, en sí mismo considerado, de ahí que debió ventilarse el incidente correspondiente para que justificados los extremos que aducía la albacea y tomando en cuenta la defensa que los herederos poseedores desplegaran en ese incidente, el Juez de lo Familiar resolviera lo propio. Efectivamente, ya se estableció dentro de la presente sentencia que aquel artículo 1601 del Código Civil contempla el derecho a la posesión de los bienes de la herencia, indistintamente, a favor de ejecutores universales y herederos; lo que conceptuó el creador de la ley desde el plano del ‘deber ser’ que implica la ley, independientemente de lo que en realidad sucediera, en el mundo fáctico, al momento de la muerte del autor de la herencia. Sin embargo, ni la legislación civil sustantiva ni la ley de enjuiciamiento procesal civil reguló o contempló expresamente qué hacer cuando, en el plano de los hechos, dentro del juicio sucesorio aparece que es uno o varios herederos los que poseen materialmente los bienes, no así el albacea. No obstante, como aun ante el silencio o insuficiencia de la ley no puede dejarse de resolver un litigio, según lo dispuesto en el artículo 18 del Código Civil de la entidad; se estima que una controversia en tal sentido debe ser resuelta en pro de agotar el procedimiento sucesorio, con el fin de no hacerlo eterno, cumpliendo el albacea con las obligaciones a su cargo (administrar) y con la naturaleza de su representación, pero sin dejar de lado el derecho pro-indiviso que a esos bienes tienen a su favor los herederos que ya se encuentran detentando físicamente los bienes, y partiendo además de que, efectivamente, los gastos que se ocasionen de avalúos y otras cosas, no pueden obligadamente ser cubiertos del peculio del albacea. Robusteciéndose lo anterior con la circunstancia de que, si precisamente la ley otorga un derecho a poseer los bienes de la herencia, a los herederos, todo hace sugerir que la lógica del creador de la ley en ningún momento partió de que fueran a dañarse, perderse o dilapidarse los bienes, por los actos que realizan las personas que tienen derecho a su posesión. Dicho en otros términos, si los hechos que imperan durante el trámite del sucesorio, como en la forma en que sucedió dentro del juicio natural, revelan que son los coherederos quienes detentan físicamente un inmueble objeto de la herencia, en aquel trámite incidental que se promueva es que podrá la albacea aquí quejosa justificar que necesariamente habrá de entregársele esa posesión, debido a que realizará actos que, como lo adujo en el caso concreto, son tendientes a obtener recursos en pro de efectuar los gastos cuya revisión también señaló caen dentro de su esfera de acción; pero respetándose el derecho de audiencia de los herederos poseedores, de conformidad con lo estatuido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente dentro de ese mismo trámite incidental instado en el juicio sucesorio pues, dadas las especiales características de esta clase de juicios, es que deviene indudable que la audiencia que debe respetarse a los herederos, en lo que atañe a los derechos que adquieren con la herencia, precisamente se cumple con la debida sustanciación del juicio sucesorio. Debiendo así el Juez resolver la litis incidental, en ánimo de lograr un debido equilibrio entre las obligaciones del albacea y el derecho de los herederos, sin perder de vista la continuación que debe obtenerse en el trámite del juicio, donde el sucesorio habrá de llegar hasta la partición. Lo anterior porque, si como se dijo al inicio, la naturaleza especial del instituto jurídico del albacea le implica una representación tanto en favor del autor de la herencia como de los derechos de los herederos (determinados o indeterminados), entonces, no podría válidamente aceptarse que si el albacea no justifica la necesidad de tener la posesión material del inmueble, deba ineludiblemente entregársele el inmueble, en total detrimento de intereses que también está obligado a salvaguardar y representar en el procedimiento sucesorio, como lo es el de la detentación física que ya viene realizando, derivado de su derecho proindiviso que sobre el mismo adquirieron los herederos desde el momento de la muerte del autor de la herencia; pues de lo contrario se descontextualizaría la representación que también a favor de los derechos viene realizando el albacea, acorde con su naturaleza sui géneris. Sin perjuicio de que será el juzgador, en su caso, al resolver la incidencia que se le plantee, quien previa calificación que haga a la luz de las finalidades del sucesorio citadas, el que podrá o no aceptar las soluciones que para obtener aquellos objetivos lleguen a proponer los herederos poseedores, según se ha puntualizado que en el caso concreto el motivo de la queja que eleva la albacea, sobre la necesidad de administrar la posesión del inmueble, se origina porque asegura no existen recursos en la herencia que le permitan cubrir ciertos gastos. Esto último se determina así por resultar, a la postre, una conclusión que presenta analogía con la hipótesis contenida en el numeral 1667 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, pues dicha norma alude a la existencia de testamento; imponiéndose transcribir el numeral: ‘Artículo 1667. Si el autor de la herencia dispone en su testamento que a algún heredero o legatario se le entreguen determinados bienes, el albacea, aprobado el inventario, les entregará esos bienes, siempre que garanticen suficientemente responder por los gastos y cargas generales de la herencia, en la proporción que les corresponda.’. Además, si para cuando el albacea pretende dar en arrendamiento algún bien de la herencia por un término mayor a un año, habrá de necesitarse la voluntad de los herederos; se estima que, acorde con ese sentido del legislador reflejado en el artículo correspondiente, en el caso concreto sucede algo sumamente parecido porque, siendo los coherederos quienes poseen materialmente el inmueble, el albacea no puede motu proprio y sin mayor trámite requerir la entrega del bien, dejando de considerar lo que sobre el particular puedan hacer valer esos poseedores, pues no debe olvidarse que estos últimos bien pueden estar en detentación de la cosa precisamente por el derecho en mancomún que les devino desde la muerte del autor de la herencia. Asumir posición contraria a lo resuelto con las explicaciones anteriores, sería tanto como desconocer precisamente esos derechos que adquieren los herederos, so pretexto de que el albacea simplemente deba tener la posesión de los bienes, siendo que el trámite sucesorio persigue, en relación directa con los derechos heredados, precisamente la adjudicación que culmine la voluntad del testador y/o de la ley en que se agote la transmisión de los bienes de quien muere. No se deja de lado lo que sobre la administración del fondo social, para el caso de existir sociedad conyugal, se contempla en el artículo 205 del Código Civil del Estado; en el sentido de que será el cónyuge supérstite quien lleve esa administración, en tanto que el albacea solamente vigilará la misma, según lo que se indica en el diverso artículo 842 del código procesal civil. Sin embargo, se estima que, al lado de que esa hipótesis no se actualiza en la especie, lo ahí contemplado solamente presenta analogía con el caso concreto, en la medida en que fueron algunos coherederos quienes detentan la posesión física (sic) un inmueble, debiendo entregarlo al albacea sólo para el supuesto de que, conforme a la tramitación incidental antes señalada, justifique la necesidad de administrarlo con la finalidad de obtener recursos. Todo lo explicado hace entonces considerar, ahora, que devienen infundadas las premisas de la quejosa, al hacerlas derivar inexactamente de lo dispuesto en los artículos 205 y 1601 del Código Civil de Nuevo León. No escapó al análisis emprendido por esta autoridad la cita que realizó la quejosa dentro de su segundo concepto violatorio, de los precedentes emitidos por la extinta Tercera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo los siguientes: Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIII. Página: 1710. ‘ALBACEAS, FUNCIONES DE LOS. Los artículos 1288 y 1704 del Código Civil del Distrito Federal, reconocen los derechos de propiedad y posesión de los herederos, como copartícipes en la masa común; pero en tanto que ésta no sea aplicada en la parte que le corresponda a cada uno de ellos, el ejercicio de los derechos de la sucesión, al igual que la posesión y administración de los bienes, se ejercen por el albacea de la misma y no por los herederos, individualmente considerados.’ (se transcriben datos del precedente). Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIII. Página: 1133. ‘HEREDEROS, POSESIÓN DE LOS. Cuando una persona posee los bienes sucesorios con su carácter de heredero, sin tener otro título en que fundar su posesión, está obligado a hacer la entrega de ellos, al albacea nombrado, porque con arreglo a la ley, es a dicho albacea a quien corresponde la posesión de los bienes hereditarios, desde el momento de la muerte del autor de la herencia; de manera que la orden que da un Juez, a quien se dice heredero, para que entregue al albacea los bienes que posee a título de herencia, no viola derecho alguno del heredero, o presunto heredero, y, por tanto, no infringe el artículo 14 constitucional.’ (se transcriben datos de los precedentes). Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXXV. Página: 100. ‘HEREDEROS, POSESIÓN DE LOS. Cuando una persona posee los bienes sucesibles, con su carácter de herederos, sin tener otro título en que fundar su posesión está obligado a hacer la entrega de ellos, al albacea nombrado, porque con arreglo a la ley (artículo 3726 del Código Civil de Tamaulipas) es a dicho albacea a quien corresponde la posesión de los bienes hereditarios, desde el momento de la muerte del autor de la herencia; de manera que la orden que da un Juez, a quien se dice heredero, para que entregue al albacea los bienes que posee a título de herencia, no viola ningún derecho del heredero, o presunto heredero, y, por tanto, no infringe el artículo 14 constitucional.’ (se transcriben datos del precedente). Empero, las tesis transcritas, en primer lugar, no devienen de observancia obligatoria a este Tribunal Colegiado, pues se tratan todos de criterios aislados que no integran jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. En segundo lugar, no reflejan un análisis exhaustivo sobre los tópicos que concurren en torno al tema a dilucidar y, además, en la segunda y tercera tesis que cita la quejosa, sólo se llega a mencionar que será al albacea a quien corresponde la posesión de los bienes, mientras que en la legislación civil sustantiva de Nuevo León, ya se ha visto con anterior (sic), se alude en igualdad de condiciones a los herederos y ejecutores universales, en términos del artículo 1601 del Código Civil. Sin que valgan en beneficio de la quejosa las argumentaciones que propone, parafraseando una tesis aislada del Tercero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sustentada al resolver el amparo en revisión 290/88, del rubro: ‘SUCESIONES, POSESIÓN DE LOS BIENES DE LAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’; pues además de que se trata de un criterio aislado, que por cierto no obliga a este tribunal por tratarse de un órgano jurisdiccional de igual jerarquía, la solución jurídica ahí contenida se limita a señalar la calidad de poseedor derivado del albacea, sin emitir un análisis jurídico de todo lo que gira alrededor de las obligaciones del albacea, como el realizado en líneas atrás por este Pleno. Por lo mismo, es decir, debido a que aquel precedente se trató de un criterio aislado, es que tampoco podría reprochársele a la autoridad responsable el que no lo hubiese atendido necesariamente. Es verdad que el Juez de lo Familiar responsable no realizó el estudio jurídico que en la presente sentencia se ha vertido; sin embargo, tampoco es el caso de otorgar a favor de la quejosa la reparación constitucional si, aunque de distinta forma, el Juez responsable, mediante el auto que confirmó en su resolución de revocación, no obsequió la pretensión del albacea. Es decir, a la postre no violó garantías en perjuicio de la quejosa aquella decisión de la autoridad, si de todas formas, según lo explicado líneas anteriores, no hubiera estado en aptitud y oportunidad de ordenar en un auto de trámite la entrega del inmueble al albacea, acorde con la necesaria tramitación incidental de que aquí se ha hablado. De forma que, solamente en esa cuestión incidental, es que el albacea podrá instar lo conducente, otorgando el juzgador la garantía de audiencia a los coherederos poseedores. Por otro lado, siguiendo con las explicaciones jurídicas anteriormente vertidas aquí, resulta verdad que no debió válidamente sostenerse por la responsable que sólo de estarse dilapidando los bienes era que procedía requerir la entrega del inmueble a las coherederas que lo poseen; sin embargo, ya se explicó también que, si lo que plantea la albacea debió tramitarse en vía incidental, no se impone entonces otorgar la protección federal para que la responsable se abstenga de aquella opinión, si de todas formas no será en un proveído donde haga la calificación de la cuestión secundaria que ocurrió aduciendo la albacea. En consecuencia, estén o no justificadas en el trámite sucesorio las imputaciones que hace a dichas coherederas, esas citaciones deberá plantearlas, en la vía apuntada, al juzgador del sucesorio. Por último, ninguna trascendencia trae al caso la referencia que se hace sobre la indivisión de los bienes, si el planteamiento del caso concreto no alude a ese tema, en sí mismo considerado. El tercer concepto de violación, deviene inoperante en una parte e infundado en otra. Es cierto que la tesis que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, de rubro: ‘ALBACEAS. NO ES NECESARIA LA POSESIÓN MATERIAL DE LOS BIENES HEREDITARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).’, no se trata de una jurisprudencia, sino de una tesis aislada, pues no aparece que presente cinco precedentes o ejecutorias la fuente de donde derivó esa sinopsis. Sin embargo, deviene inoperante el cuestionamiento que en ese sentido se vierte, si se considera que, aplicada o no por la responsable aquella tesis aislada, de todas formas no hubiera podido obsequiar la pretensión de la quejosa, en la forma en que se ha explicado en esta ejecutoria. Por lo mismo es que irrelevante resulte entonces el que sí hubiera la quejosa combatido debidamente las consideraciones del auto recurrido en revocación, si ya se sabe a qué resultado se llegaría. El resto de los planteamientos que propone la peticionaria devienen infundados, en la medida en que prácticamente se circunscribe a proponer el porqué debió otorgársele la razón por parte de la responsable, en cuanto a entregársele la posesión del inmueble que ocupan físicamente las coherederas; sin embargo, ocioso se torna efectuar un específico y reiterativo pronunciamiento a cada una de las argumentaciones que así se elevan, si ya en un estudio jurídico anterior (no meramente lingüístico como lo dice la quejosa), este Tribunal Colegiado determinó la vía incidental, finalidades del juicio sucesorio, instituciones jurídicas que por estar en juego deben considerarse conjuntamente, y la calificación que del caso concreto habrá de realizar el Juez responsable, en su caso, para resolver lo que corresponda. Inclusive, ya se dijo lo propio sobre lo erróneo de la premisa sobre el por qué solamente procedería la entrega del bien, de estarse dilapidando los bienes. Quedando solamente agregar que la tesis aislada que sustentó el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 165/96, de rubro: ‘ALBACEA. A ÉL LE CORRESPONDE LA POSESIÓN DE LOS BIENES DE LA HERENCIA.’; tampoco beneficia a la quejosa, en la medida en que, además de tratarse de un criterio aislado de un tribunal de la misma jerarquía que el que resuelve, las razones y fundamentos que revela el texto de la tesis no presentan una solución jurídica sustentada en un análisis como el vertido por este Pleno, líneas anteriores. No obstante lo cual, se considera que la solución jurídica que de manera conclusiva se vierte en esa tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, diverge por completo del criterio que sobre el tema se sustenta en la presente resolución; por lo tanto, con fundamento en el último párrafo del artículo 196, en relación con el diverso numeral 197-A, ambos de la Ley de Amparo, por conducto de la presidencia de este tribunal, denúnciese ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios de referencia, a fin de que se resuelva lo que en derecho proceda respecto a la denuncia que se ordena."

B) Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver con fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis, el juicio de amparo directo número 165/96, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Los conceptos de violación que expresa la sucesión de ... son parcialmente fundados, supliendo su deficiencia como lo solicita su albacea en la parte final de su demanda de amparo. Lo anterior es así, ya que la imputación que realiza la quejosa a la Sala responsable en el sentido de que indebidamente resolvió sobre la reivindicación del inmueble que constituye el acervo hereditario, sin que ella hubiere ejercitado tal acción, carece de sustento jurídico, al observarse de la sentencia que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías, que en ninguno de sus considerandos sustenta tal aserto; y sí, por el contrario, en contestación al segundo agravio que plantearon los enjuiciados les manifestó que era infundado, porque la actora no promovió la acción reivindicatoria, precisando concretamente sobre este punto de la litis lo siguiente: ‘III. El segundo agravio es infundado toda vez que de las constancias procesales, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 327, fracción VIII, y 403 del ordenamiento adjetivo en cita, no se desprende que la acción intentada por el albacea de la sucesión actora sea la reivindicatoria, sino una acción personal que, como lo sostuvo el sentenciador en el tercer considerando, no tiene un procedimiento especial, y que, por lo tanto, se intentó en la vía adecuada, que es la ordinaria, en atención a lo dispuesto en los artículos 2o. y 25 del multicitado código; y ante tal evento es inconcuso que la demandante no tenía obligación de señalar la superficie, linderos y colindancias del inmueble litigioso como lo ordena la jurisprudencia que la apelante transcribe en el agravio en análisis, pues ello únicamente hubiera sido necesario en el caso de que se hubiere ejercitado la acción real de reivindicación.’; por lo que, si de acuerdo con lo transcrito queda de manifiesto que no es verdad lo que le atribuye la inconforme a la ad quem responsable, debe calificarse el concepto de violación que se estudia como infundado. Tampoco le asiste la razón a la amparista por lo que se refiere a la reclamación que formula en torno al pago de una renta a cargo de los terceros perjudicados por la detentación del bien que constituye la masa hereditaria, porque aun cuando es indiscutible que los enjuiciados se encuentran en posesión de ese bien y no así el resto de los herederos, eso no genera la obligación a su cargo de pagar una prestación de tal naturaleza, porque no puede desconocerse que al ser coherederos de la sucesión a bienes de ... y haberles sido adjudicado dicho bien en la proporción que les corresponde, lo que se constata de la sentencia de dieciocho de junio de mil novecientos noventa y dos (fojas 11 a 14 del expediente de primera instancia), con excepción de ... no puede exigírseles el pago de esa prestación a quienes son titulares del derecho de propiedad junto con el resto de los coherederos, tal como

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20510-94a7a0db/bienes-hereditarios-para-la-entrega-de-la-posesion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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