HONORARIOS DE ABOGADOS. CUANDO UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE DECLARA IMPROCEDENTE, SE RESERVAN DERECHOS DEL ACTOR Y SE CONDENA EN COSTAS, AL RESOLVER EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN RELATIVO, LA CUANTÍA DEL NEGOCIO SERÁ INDETERMINADA (ARANCEL DE ABOGADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 168/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios de Tribunales Colegiados de Circuito relacionada con la materia civil que corresponde a la especialidad de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues, en el caso la contradicción de tesis fue denunciada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.
En este sentido, tiene aplicación la tesis jurisprudencial cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los que a continuación se indican:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, enero de 2005
"Tesis: 1a./J. 129/2004
"Página: 93
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA. Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, para que la denuncia de contradicción de tesis sea procedente, no se requiere que los criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito."
CUARTO. Para mejor comprensión del asunto es necesario considerar los antecedentes del caso.
I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver en sesión de veinticinco de octubre de dos mil seis, el recurso de revisión 63/2006/3, dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 591/2005-3, en contra de los actos reclamados de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia en el mismo Estado de Nuevo León, en lo que interesa al presente estudio dicho tribunal precisó:
"QUINTO. Los agravios vertidos por la recurrente principal ... son inoperantes en parte, fundados pero inoperantes en otra, infundados en una más y fundados el resto, como se demuestra a continuación ... De manera que para los efectos de la cuantificación de las costas, debe previamente existir una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, estimar si se trata de cosa juzgada formal (procesal) o material (sustancial), y de ella desprender lo obtenido a que alude el numeral 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León, y si no es posible cuantificar este dato de ‘lo obtenido’, como sucede con la cosa juzgada formal o procesal, entonces es aplicable el diverso dispositivo legal 12 de la propia legislación ... Establecidas dichas premisas, se estima que resultan fundados los agravios que se analizan, toda vez que contrario a lo establecido por el Juez de Distrito en la resolución impugnada, la forma de cuantificar las costas en el presente caso, es acorde a lo previsto en el artículo 12 de la Ley del Arancel de Abogados en el Estado (sic), es decir, como de cuantía indeterminada y no como de cuantía determinada. ... Por lo anterior, resulta irrefutable que tal como lo sostuvo la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de garantías, el incidente de liquidación de gastos y costas propuesto por la parte quejosa resultó improcedente al pretender cuantificar las costas como si efectivamente hubiera una cuantía determinada tomando como base las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda y no lo resuelto en la cosa juzgada, toda vez que al haberse declarado improcedente la acción principal ejercida, dejándose a salvo los derechos del actor, el fallo resultó ser eminentemente formal, al emerger la cosa juzgada formal o procesal, que si bien es inimpugnable, no es inmutable, esto es, no es una sentencia material que traiga como consecuencia la cosa juzgada material o sustancial (inimpugnable e inmutable), porque no se dilucidó si el actor tiene razón en cuanto a que el demandado le adeuda, o bien, que éste haya quedado libre del adeudo que se le reclama, pues tan es así, que se dejaron a salvo los derechos del actor, que como se precisó con anterioridad solamente da lugar a la cosa juzgada formal o procesal, por lo que el incidente de mérito debió ser tramitado en términos de lo dispuesto por el artículo 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León, que establece la liquidación de honorarios en los casos de cuantía no determinable, toda vez que la liquidación de referencia, en esta entidad federativa, debe hacerse con base en lo obtenido en el juicio y no necesariamente en lo reclamado en la demanda, pues así se advierte de una interpretación sistemática de los numerales que regulan la liquidación de los gastos y costas. En consecuencia, y toda vez que en el juicio natural no existió condena alguna, dado que se dejaron a salvo los derechos para que la parte actora los ejercite como legalmente corresponda, resulta inconcuso que, al haberse declarado improcedente el juicio, dejándose a salvo los derechos del actor y resultar la sentencia definitiva un fallo eminentemente formal al constituir cosa juzgada formal o procesal; el incidente de liquidación de honorarios debió tramitarse en términos de lo dispuesto por el artículo 12 del Arancel de Abogados y no en términos de lo dispuesto por el numeral 6o. del propio cuerpo normativo; motivo por el cual resultan sustancialmente fundados los motivos de agravio de la institución bancaria recurrente. ... Debe considerarse que la interpretación que se hace del numeral 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León, es la sistemática, y con base en ello, lleva a estimar que la liquidación de las costas depende de lo obtenido, y si en el caso que nos ocupa se dejó a salvo los derechos del actor, es evidente que el demandado sólo obtuvo la no continuación del juicio al emitirse una sentencia eminentemente formal y no material, siendo que la cosa juzgada es de naturaleza formal o procesal. Así las cosas, la interpretación del numeral debe ser en el sentido de que la circunstancia de que en la sentencia que puso fin al juicio, no contiene cantidad líquida, por haberse dejado a salvo los derechos, remitiendo al supuesto contemplado en el artículo 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León, puesto que este establece: ‘En los juicios contenciosos cuya cuantía no pueda ser determinada, se cobrará por concepto de honorarios ...’. Sin que obste a la anterior determinación, el que el a quo haya invocado en su resolución las tesis de los rubros que enseguida se mencionan, puesto que tiene razón el recurrente en que las mismas resultan inaplicables. ... Ahora bien, es de considerarse que el Primer Tribunal Colegiado de este circuito, aduce en esencia que deberá atenderse al sentido teleológico de la norma y al gramatical del término ‘obtenido’, contenido en el artículo 6o. del arancel en comento, teniéndose como empleada dicha palabra en el entendido de que la cuantía de que habla la norma legal en su inicio, habrá de comprenderse en relación a las prestaciones exigidas en la demanda, lo que considera es acorde con la reglamentación del arancel, toda vez que los abogados adquieren responsabilidad sobre la totalidad del asunto, no sólo frente a la suerte principal, por lo que no puede sostenerse que para poder hablar de que un juicio sea de cuantía determinada, deba previamente existir una sentencia que defina la suerte de los conceptos exigidos por la demandante. Además, que una sentencia absolutoria -que resuelva el fondo del asunto a favor del demandado-, o bien, de obtener una sentencia que, sin absolver, deje a salvo los derechos del demandante, no constituye una cortapisa para advertir los alcances del término ‘obtenido’, según el sentido del legislador, pues en ambos casos el reo habrá logrado o alcanzado el que no se le condenara a las prestaciones que se le exigieron en esa específica demanda que diera inicio al litigio, con total independencia de si con posterioridad, su contraria instaura diverso procedimiento. El criterio anterior no se comparte, en razón de que como quedó asentado con antelación, de la interpretación sistemática y armónica de los artículos 6o. 9o. y 12 del Arancel de Abogados del Estado de Nuevo León (sic), mismos que son los que regulan la liquidación de honorarios, se advierte que lo que hace procedente la liquidación en cuantía determinada o indeterminada, es la determinación de la cuantía del negocio, fijada en la sentencia que define el juicio o la resolución que le pone fin, en donde se puede obtener si se trata de cosa juzgada formal (procesal) o material (sustancial), dado que es sobre la base de ésta en la que se han de liquidar; siendo así, que de no existir cuantía determinada en los juicios contenciosos cuando concluyen con cosa juzgada formal o procesal, su liquidación debe hacerse por exclusión en términos de lo dispuesto por el artículo 12 del Arancel de Abogados(sic), pues lo que se interpreta no es el artículo 6o. de dicho cuerpo de leyes, en forma independiente, sino la totalidad del derecho, lo cual significa que se debe contemplar armónicamente el precepto discutido bajo todos los puntos de vista y en relación con el conjunto de disposiciones que regulan la institución de la cuantificación de las costas. ... Esto es así, porque cada disposición legal tiene que ser considerada en relación con las demás normas, como la parte de un todo, para con ello evitar contradicciones entre las normas de una misma legislación, pues se insiste, lo que se interpreta no es el artículo 6o. de dicho cuerpo de leyes, en forma independiente, sino la totalidad del derecho, lo cual significa que se debe contemplar armónicamente el precepto discutido bajo todos los puntos de vista y en relación con el conjunto de disposiciones que regulan la institución de la cuantificación de las costas. ... De manera que para los efectos de la cuantificación de las costas, deba previamente existir una resolución que ponga fin al juicio y de ella desprender lo obtenido (cosa juzgada formal [procesal] o cosa juzgada material [sustancial]), a que alude el numeral 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León, y si no es posible cuantificar este dato de ‘lo obtenido’, porque se trata de cosa juzgada formal o procesal, entonces es aplicable el diverso dispositivo legal 12 de la propia legislación que dice: ‘En los juicios contenciosos cuya cuantía no pueda ser determinada ...’. Así pues, en el caso del demandado, podrá acontecer que éste ‘obtenga’, no ser condenado con relación a las prestaciones de la demanda inicial, empero bajo dos supuestos: a. Bajo el supuesto relativo a la absolución total del juicio, esto es, que se llegue a dirimir que no adeuda nada porque se emitió una sentencia de carácter material que se traduce en cosa juzgada material o sustancial. b. Bajo el supuesto relativo a que es improcedente el juicio ante la falta de personalidad del actor y se dejan a salvo los derechos de este, emitiéndose una sentencia de carácter formal y como consecuencia, solamente existe cosa juzgada formal o procesal, porque si bien sería una sentencia inimpugnable, no es inmutable y, como consecuencia de esto último, tendrá entonces la posibilidad de cobrar a su demandante los honorarios del abogado que la hubiere asesorado, calculándolos sobre lo que realmente obtuvo, esto es, se insiste, la no continuación y tramitación de un juicio, por quien no tiene personalidad para ello, dejando a salvo sus derechos (no ha adquirido la característica de inmutable). Esto último revela, al lado del sentido del legislador que se ha puesto de relieve (interpretación teleológica), que aun la interpretación gramatical del término ‘obtenido’ conduce a estimar actualizada la hipótesis de la norma, tanto en el caso de la actora, como en el supuesto de que sea el demandado quien pretenda cobrar a su contraria los honorarios erogados, pues obvio es que se trata de lo obtenido en la parte final del juicio, o sea en la resolución que lo da por concluido, atendiendo a si se trata de cosa juzgada formal (procesal) o material (sustancial), y no en base a lo señalado en la parte inicial del procedimiento como lo sería la demanda. Ahora bien, no está sujeto a discusión el que si se llega a dictar una sentencia absolutoria lisa y llana (que libere al demandado de la acción ejercida en su contra) o una sentencia de carácter formal, que trae como consecuencia la cosa juzgada formal o procesal, con la característica de no ser inmutable (que deje a salvo los derechos de la parte actora para que los ejerza con posterioridad), el reo obtendría lo que quiso, es decir, que no se le condene a las prestaciones reclamadas, sin embargo, la temática en este punto, es que mientras no se fije una cuantía en la sentencia que ponga fin al juicio, esto es que exista cosa juzgada material o sustancial (inmutable), no habrá una base o un punto de partida para la cuantificación de las costas. Esto es, no se discute que si hay una sentencia absolutoria que libere al demandado de las prestaciones reclamadas, la cuantificación sí tendrá que hacerse conforme a lo demandado, puesto que en este caso se trataría de cosa juzgada material o sustancial, esto es inimpugnable e inmutable, porque en este caso, ya no podría en diverso juicio analizarse sobre las prestaciones reclamadas, por ende, aquí sí se habría definido en sentencia material una cuantía (aunque se haya absuelto respecto de la misma) y para efectos de la cuantificación de las costas, la parte demandada sí habría obtenido una absolución respecto de la cuantía reclamada y resultaría aplicable el artículo 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León, se insiste, dada la cosa juzgada material o sustancial, que incluye la inmutabilidad de la resolución que pone fin al juicio. Debiendo puntualizarse que la circunstancia de obtener una sentencia absolutoria -que da lugar a la cosa juzgada material o sustancial-, dirimiendo que el demandado no adeuda nada, el reo habrá logrado o alcanzado el que no se le condenara de las prestaciones que se le exigieron en esa específica demanda que diera inicio al litigio. Empero, cuando lo que obtuvo es que no se continúe un juicio ante la falta de personalidad del actor, si bien estuvo en juego durante el procedimiento el monto inicial reclamado, es en la sentencia o resolución que pone fin al juicio donde el demandado obtiene la no continuación del procedimiento, a través de la cosa juzgada formal o procesal, esto es, la que es inimpugnable, pero no inmutable, porque se dejaron a salvo los derechos, pero no por demostrar que no debe, sino porque el actor no acreditó su personalidad, obteniendo, se insiste, la conclusión del juicio, pero el juicio puede volver a iniciarse dado que se dejaron a salvo los derechos del accionante, de ahí que no obtuvo el demandado liberarse de lo que se le reclamaba, dado que estaría latente dicho cobro en un diverso juicio, dada la forma en que se resolvió el juicio natural, esto es, a través de una sentencia de carácter formal, al existir solamente cosa juzgada formal o procesal, y no material o sustancial, lo que trae como consecuencia, como se dejó anotado con anterioridad, solamente la absolución de la instancia. ... Entonces, es indudable que la cuantía del negocio deberá tenerse como de índole indeterminada, en la forma en que se indica en el artículo 12 del Arancel de Abogados para el Estado de Nuevo León (sic), en virtud de que, según quedó visto, no puede en el caso concreto aplicarse el diverso 6o., al no poder cuantificarse pecuniariamente lo obtenido, dada la cosa juzgada formal o procesal que caracteriza a la sentencia que condenó en costas. ... De lo hasta aquí expuesto, se deduce sin lugar a dudas, que tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden esencialmente en establecer que la cuantía de los juicios la determina el contenido de la demanda, sobresaliendo en particular el concepto del aludido Máximo Tribunal del País, en cuanto destaca que la cuantía del negocio obviamente incluye la suerte principal, prestación que por regla general se define en el propio texto de la demanda; lo cual significa que independientemente del sentido de la sentencia, condenatoria o absolutoria, la regla para establecer la cuantía y su naturaleza, determinada o indeterminable, es única y obedece a las prestaciones que se reclaman en la petición inicial, y nunca atiende al resultado del fallo, el cual, si bien, eventualmente, puede tener alguna influencia sobre tal concepto, no puede ser otra más que la referente a fijar el monto de la cuantía, ya sea que prevalezca el que se desprenda de los conceptos de la demanda, o bien, que lo reduzca, según proceda. En otras palabras, si la pretensión inicial involucra prestaciones económicas, serán éstas las que sirvan para determinar el valor del juicio y no las posibles acciones declarativas que también se propongan, como la de vencimiento anticipado del contrato base de la acción que fue solicitada, e igualmente, tampoco sirve para ello la circunstancia de que la sentencia pueda resultar absolutoria y, por ende, no se condene a las prestaciones reclamadas, pues admitir que atendiendo a este sentido del fallo, la cuantía se vuelva indeterminada, sería sostener que la absolución hace desaparecer el valor de la contienda, lo cual es inadmisible. ... Sin que pase inadvertido el texto del artículo 6o. de la Ley del Arancel para la Abogacía del Estado de Nuevo León (sic), cuyo texto, en lo que interesa, es el siguiente: (se transcribe) ... Ahora bien, de la resolución del órgano jurisdiccional aludido se advierte que considera incorrecto sostener que sea de cuantía indeterminada un juicio en el que se reclaman ciertas prestaciones económicas, sólo porque la sentencia que se dicte resulte absolutoria y, por ende, de carácter meramente declarativo, pues ello implicaría invertir la regla existente para definir el valor de los juicios, que atiende al contenido de la demanda y no al sentido de la sentencia y para sustentar su criterio acude a la doctrina y a la tesis por contradicción número 35/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156, del Tomo VIII, agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: ‘CUANTÍA DEL NEGOCIO. INCLUYE LA SUERTE PRINCIPAL Y LOS INTERESES DEMANDADOS PARA EL EFECTO DE REGULAR LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS (DISTRITO FEDERAL).’. En el fallo de referencia, sostiene el órgano aludido que tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden esencialmente en establecer que la cuantía de los juicios la determina el contenido de la demanda y que la cuantía del negocio obviamente incluye la suerte principal, prestación que se define del texto de la demanda ... Ello permite concluir que no hay razón para estimar como monto del juicio, lo reclamado en la demanda, puesto que al ponerse fin al juicio, no se puso en juego la cantidad que se reclamó a la demandada porque solamente hay cosa juzgada formal o procesal, dado que ni siquiera tenía personalidad la parte actora, y no hay ninguna base para fijar un porcentaje de lo ‘obtenido’, ya que no se analizaron las prestaciones reclamadas, al analizarse solamente un presupuesto procesal que trajo como consecuencia la emisión de una sentencia de carácter meramente formal. Entonces, si como quedó precisado con antelación, la condena en costas es de naturaleza meramente procesal y surgen una vez que se han declarado procedentes por el órgano jurisdiccional y si en la sentencia que se dictó en el caso concreto, no existe cosa juzgada material o sustancial, por no ser inmutable, es decir, en la sentencia que se dictó no hubo un pronunciamiento referente a las prestaciones reclamadas por la actora, entonces, si el cobro de honorarios de abogados, conforme a nuestro arancel, será respecto de una cuota fija consistente en un porcentaje de lo obtenido y si en la sentencia que puso fin al juicio no se estableció ni precisó cantidad alguna al absolverse solamente de la instancia ante la falta de un requisito de carácter procesal, como lo es la personalidad del actor, es de estimarse que a pesar de que el juicio fue sobre cobro de pesos, sin embargo, no hay base, atendiendo a lo obtenido y en la sentencia de carácter formal, que hace emerger solamente la cosa juzgada formal o procesal, para hacer de cuantía determinada el asunto, en razón de que si el actor obtuvo una sentencia que declaró improcedente el juicio y que se dejaron a salvo los derechos del actor, ello no es cuantificable económicamente, precisamente por no ser inmutable el fallo que condenó a costas, en consecuencia, no puede hablarse de que haya una cuantía determinada para efectos de la cuantificación de las costas y mucho menos para la aplicación del artículo 6o. del arancel citado. De lo anterior se obtiene que de manera alguna se aplican reglas diferentes a las partes, según pierdan o ganen, cuando deben ser tratadas en igualdad de circunstancias en el proceso, puesto que atender a lo obtenido en sentencias que definan el asunto o resoluciones que lo den por terminado, en base a la cosa juzgada, lleva a estimar que cuando la cosa juzgada es formal o procesal, el fallo que adquiere esta característica, es inimpugnable, pero no inmutable (cuantía indeterminada), cuando que la cosa juzgada material o sustancial si cuenta con estos dos principios (cuantía determinada). De forma tal que cuando se condene al demandado, debe estarse a que se trata de cosa juzgada material o sustancial, esto es, inimpugnable e inmutable, para considerar que el cuantum del asunto se encuentra contenido en la resolución final del juicio. Aun y cuando se absuelva al demandado, de la totalidad de las prestaciones reclamadas, debe atenderse a la cosa juzgada material o sustancial, esto es a la inimpugnabilidad y a la inmutabilidad que caracterizan a este tipo de cosa juzgada, por lo que debe estarse a lo obtenido en la sentencia que declara absuelto al demandado. Si se trata de una resolución que condena solamente en parte de lo reclamado, al actualizarse la cosa juzgada material o sustancial, se debe estar a la cantidad a la que se condenó. Pero, si por el contrario, se dejan a salvo los derechos del actor, no se trata de cosa juzgada material o sustancial, sino formal o procesal, en la que si bien es cierto es inimpugnable, no adquiere la característica de inmutable, por lo que atendiendo a lo obtenido en este tipo de resoluciones que ponen fin al juicio, no existe un cuantum determinado, por lo que se debe estar a lo contemplado en el numeral 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León."
Para una mejor comprensión del asunto, deben señalarse los antecedentes de los que partió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, para resolver el amparo en revisión 63/2006/3:
Se trata de un asunto derivado de un juicio ejecutivo mercantil, en el que se demandó el cobro de pesos, con motivo del incumplimiento de obligaciones contraídas en el acuerdo de voluntades, en cuya demanda se exigió el pago de una suma determinada por concepto de suerte principal, más intereses moratorios, así como la ejecución judicial de la garantía prendaria.
Al resolver en definitiva el juzgado de primera instancia, entre otras cuestiones, declaró la procedencia parcial del juicio ejecutivo mercantil, condenó a las codemandadas al pago de gastos y costas judiciales erogados con motivo del juicio.
Inconformes con dicha resolución la actora y las demandadas, interpusieron sendos recursos de apelación; en los que al dictar sentencia se declaró la falta de personalidad de quien se ostentó como representante legal de la actora, por lo que se revocó la sentencia declarando la improcedencia del juicio ejecutivo mercantil, dejando a salvo los derechos de la parte actora para que los ejercitara como legalmente procediera; y condenó a ésta al pago de gastos y costas originados con motivo de la tramitación del juicio, determinando que cada parte debía soportar los gastos erogados en la segunda instancia.
En desacuerdo con lo anterior las partes acudieron al juicio de amparo, mismo que en revisión se declararon infundados los conceptos de violación planteados y, por ende, se determinó improcedente el juicio de origen intentado, por lo que se negó el amparo solicitado; en lo que hace a las demandadas en el juicio natural (quejosas en el amparo). Al formular la parte demandada en el juicio natural, el incidente de liquidación de costas, fundó su pretensión en el artículo 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León, seguido que fue el trámite correspondiente se resolvió en el sentido de determinar la procedencia de la acción incidental y se condenó al actor al pago de las respectivas cantidades en concepto de costas e intereses.
En tal virtud, el actor en el juicio natural interpuso recurso de apelación, mismo que al resolverse se determinó revocar la sentencia interlocutoria basada en que la parte incidentista no justificó los elementos constitutivos de su acción, por lo que se declaró improcedente y se dejó a salvo los derechos del incidentista a fin de que los ejerciera como legalmente conviniera a sus intereses.
En contra de tal determinación, las codemandadas incidentistas, promovieron juicio de amparo indirecto, mismo que les fue concedido, por lo que la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil promovió recurso de revisión, y las codemandadas en el juicio natural hicieron lo propio en revisión adhesiva.
Al conocer y resolver sendos recursos el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, actuando en el juicio de amparo en revisión 63/2006/3, consideró esencialmente lo siguiente:
Que eran fundados los agravios vertidos por la recurrente principal, relativos a los artículos 6o. y 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León, al haberse aplicado incorrectamente el numeral 6o. de la citada legislación arancelaria, argumentando esencialmente:
Precisó que al no determinarse legalmente cuál era la cuantía del negocio, no había motivo para que la tasación de las costas se realizará como si hubiera una cuantía determinada, por lo que en esa tesitura dicha regulación debía hacerse por exclusión en términos del artículo 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León, que hace referencia a los asuntos de cuantía indeterminada.
Que de conformidad con el artículo 1054 del Código de Comercio, para determinar el monto de las costas en los juicios mercantiles, se debe acudir de manera supletoria a la legislación local respectiva que regule mecanismos legales para tal cuantificación, en el entendido de que sólo a falta de éstos, particularmente en la legislación local, el Juez o tribunal deben fallar discrecionalmente, tomando en cuenta entre otros aspectos, los previstos en dicha norma.
Que lo anterior se corrobora si se atiende al contenido del artículo 1089 del Código de Comercio, en el cual se advierte que la intención del legislador es, por regla general, que las costas se regulen con base en aranceles, y sólo en su defecto se recurra a mecanismos de valoración diferentes; razón por la cual la litis en este asunto versa sobre la aplicación de los dispositivos 6o. y 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León.
Arguyó el tribunal, que si bien existe el principio de igualdad consistente en que la base para regular las costas debe ser la misma para ambas partes, independientemente de que la sentencia sea condenatoria o absolutoria, ello rige solamente tratándose de la cosa juzgada material o sustancial, mas no de las que absuelven la instancia, sino que determinen que el demandado no adeuda nada de lo reclamado, sin embargo, no opera este principio, cuando se trata de la cosa juzgada formal, como cuando se emite una sentencia formal que declara la improcedencia del juicio y deja a salvo los derechos del actor.
Que en virtud del contenido de los artículos 6o. y 9o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León, que regulan la liquidación de honorarios, dicho numeral confirma lo señalado por el artículo 6o. citado, respecto a la procedencia del cobro de honorarios con base en lo que se obtuvo en el juicio, es decir, cosa juzgada forma
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20749-cb45386e/honorarios-de-abogados-cuando-un-juicio-ejecutivo-mercantil · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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