DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO. NO DEBE TENERSE COMO CONSENTIDO TÁCITAMENTE CUANDO EL DEMANDADO OMITE REALIZAR MANIFESTACIÓN ALGUNA AL RESPECTO, DENTRO DEL PLAZO QUE EL JUZGADOR LE OTORGA PARA DESAHOGAR LA VISTA (CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y PARA EL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 66/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el siete de febrero de dos mil dos el amparo en revisión 421/2001, interpuesto por la quejosa Eugenia Castillo Castillo, sustentó en la parte que interesa lo siguiente:
"QUINTO. El acto reclamado deriva del expediente 303/2000, relativo al juicio de otorgamiento de contrato de compraventa que promovió la ahora recurrente en contra de Lauro Castillo Melchor y Felícitas Castillo Gómez, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tecali de Herrera, Puebla, consistente en la resolución de trece de julio de dos mil uno, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de catorce de junio del indicado año. Es pertinente precisar que Eugenia Castillo Castillo, en el juicio de donde deriva el acto reclamado, presentó el escrito de veintiocho de mayo del dos mil uno, en el que solicitó se le tuviera por desistida de la demanda, mas no de la acción. A tal escrito le recayó el acuerdo de veintinueve del mismo mes, en el que se ordenó dar vista a la parte contraria para que manifestara lo que a su interés conviniera (fojas 135 y 137). El doce de junio del dos mil uno, Eugenia Castillo Castillo presentó un escrito en el que solicitó se le tuviera por desistida de la demanda, pero no de la acción. A esa promoción recayó el acuerdo del día catorce de junio del citado año, en el que la Juez del conocimiento consideró que para acordar el desistimiento de la instancia, después de que ha sido llamado a juicio el demandado, requería el consentimiento de este último, por lo que ordenó la prosecución del juicio (fojas 135, 139 y 141). En contra de este último auto, de catorce de junio del año en curso, la aquí recurrente interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el trece de julio de dos mil uno, en el que se negó la revocación del auto recurrido (fojas 144 a 149). Tal resolución constituye el acto reclamado en el juicio de garantías, de donde deriva la sentencia recurrida. Pues bien, contrariamente a lo que pretende la peticionaria de garantías el consentimiento del demandado, como requisito para que el actor desista de la demanda, después de hecho el emplazamiento, pero no de la acción, debe manifestarse de manera expresa, según se infiere de la interpretación del artículo 261 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. En efecto, la indicada disposición establece: ‘Artículo 261. En el desistimiento de la demanda o de la acción se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones: I. El desistimiento de la demanda, hecho antes de que se emplace al demandado, no extingue la acción; no obliga al que lo hizo a pagar costas, y produce el efecto de que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la incoación del juicio; II. El desistimiento de la acción extingue ésta; no requiere el consentimiento del demandado, pero después de hecho el emplazamiento, el que se desista, debe pagar los gastos y costas judiciales, y además, los daños y perjuicios que haya causado al demandado, salvo convenio en contrario; III. El desistimiento de la demanda hecho después del emplazamiento, extingue la instancia, pero no la acción, requiere el consentimiento del demandado y produce el efecto de que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de su presentación; y IV. El desistimiento de la demanda o de la acción por haberse alcanzado el objeto perseguido en el juicio, produce el efecto de dar fin a éste, y de extinguir la acción.’. De la disposición legal transcrita se observa que el legislador distinguió dos tipos de desistimiento: el relativo al desistimiento de la demanda y el desistimiento de la acción. Respecto del primero (sic) consideró que no era necesario el consentimiento del demandado, ya que este desistimiento tiene como efecto extinguir la acción; sin embargo, distinguió dos casos, a saber, cuando el desistimiento se formula antes o después del emplazamiento del demandado. En este segundo supuesto obliga al actor a pagar los gastos y costas judiciales, así como el pago de daños y perjuicios, salvo convenio en contrario. En relación con el desistimiento de la demanda distinguió dos hipótesis, según que se proponga antes o después del emplazamiento. En la primera hipótesis no requiere el consentimiento del demandado y en la segunda sí lo requiere. Lo anterior obedece a que en el procedimiento civil, antes del emplazamiento el demandado no puede sufrir ningún perjuicio con la conclusión de la instancia sin el pronunciamiento judicial sobre las pretensiones del actor, dado que la relación procesal no se ha establecido aún con dicho demandado, lo que determina que éste no se encuentre vinculado a las consecuencias de los actos que en esa fase del proceso se efectúen por no haber recibido molestia en su persona o patrimonio, ni se le hayan fijado cargas de ninguna especie ni hayan surgido derechos, prerrogativas o ventajas a su favor que pudieran verse afectadas por su falta de intervención para la declaración del desistimiento; en cambio, como a partir del emplazamiento el demandado queda vinculado al proceso y adquiere cargas, derechos y obligaciones, esta situación jurídico-procesal sólo puede verse afectada con el consentimiento de dicha parte. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 177, Tomo V, Segunda Parte-1, enero a junio de 1990, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que este Tribunal Colegiado comparte, con el sumario siguiente: ‘DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. ELEMENTOS QUE DETERMINAN SU UNILATERALIDAD O BILATERALIDAD.’ (se transcribe). En este orden de ideas, resulta infundado el argumento de que cuando el demandado no manifiesta de modo expreso su consentimiento para que el actor desista de la demanda en el plazo que se le dio, debe entenderse que existe un consentimiento tácito, ya que la disposición legal transcrita sólo establece como requisito para que proceda el desistimiento de la demanda, pero no de la acción, el consentimiento del demandado, sin que indique expresamente que éste puede ser tácito, en cuya medida, como esta consecuencia procesal denota la conclusión anormal del procedimiento, no es factible considerar que sea válido el consentimiento tácito del demandado, salvo que el propio legislador así lo hubiera dispuesto de modo expreso. Es decir, si el legislador no estableció que ese consentimiento pueda ser tácito, atendiendo a la naturaleza y trascendencia de la consecuencia procesal relativa, la interpretación de la norma procesal que se examina debe ser restrictiva, de tal modo que sólo se limite a reconocer la aceptación de un consentimiento expreso que revele con nitidez la voluntad manifiesta del demandado de conformarse con el desistimiento de la demanda. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que en algunos casos el silencio del demandado genera efectos jurídicos, como sucede cuando no comparece a absolver posiciones, también es cierto que esto se debe a que la propia ley establece tales consecuencias. En efecto, tratándose de la prueba confesional el artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla dispone que si el absolvente no comparece al desahogo de la prueba será declarado confeso, sin embargo, no existe precepto legal alguno que establezca que cuando el demandado no manifiesta su rechazo al desistimiento de la demanda deba tener el efecto de un consentimiento tácito, como lo pretende la quejosa. Al respecto, debe decirse que al resolver en ese sentido el Juez responsable no implica que asuma responsabilidades que sólo correspondan al demandado, sino que es indicativo de una aplicación correcta del artículo 261, fracción III, del citado código, cuya observancia puntual es a su cargo; de esto se sigue que la actuación de dicho juzgador fue apegada a lo ordenado en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, ya que su decisión la fundó y motivó adecuadamente. Con base en lo anterior, como los conceptos de violación resultaron infundados, lo procedente es negar el amparo solicitado."
QUINTO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver con fecha veintinueve de marzo de mil novecientos noventa el amparo en revisión 79/90, interpuesto por los quejosos Javier Gonzalo del Real Oñate y Grupo Industrial Panamericano, S.A. de C.V., sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. Son inatendibles los anteriores motivos de inconformidad, como se verá enseguida. La cuestión medular a dilucidar en el primer agravio, consiste en determinar si la parte actora en el juicio natural podía desistir unilateralmente de la demanda instaurada contra Grupo Industrial Panamericano, S.A. de C.V., cuando en el proceso natural no se había emplazado a dicha demandada, pero ésta ocurrió espontáneamente a juicio a contestar la demanda, aunque el a quo emitió un auto que tuvo por no aceptada esa contestación, auto que quedó firme. Para una mejor comprensión del asunto se estima necesario dejar asentado lo siguiente: 1. Bancomer, S.N.C., promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Grupo Industrial Panamericano, S.A. de C.V. y Javier Gonzalo del Real Oñate, entre otros, demandándoles el pago de cincuenta y dos millones de pesos y algunas otras prestaciones. 2. El nueve de mayo de mil novecientos y ochenta y nueve se requirió de pago, embargó y emplazó a Javier Gonzalo del Real Oñate en lo personal, quien el día doce del mismo mes compareció a juicio por su propio derecho y como representante legal de Grupo Industrial Panamericano, S.A. de C.V., contestando la demanda y oponiendo excepciones. 3. El día dieciséis siguiente el Juez del conocimiento tuvo por contestada la demanda exclusivamente respecto de la persona física, no así de la moral, porque ésta no había sido emplazada aún, y condicionó la suerte futura de tal contestación, por una parte, a la definición de la situación jurídica de los demás codemandados y, por otra, al resultado de la vista que ordenó dar a Bancomer, S.N.C., para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de esa contestación, apercibiéndolo que en caso de silencio se le tendría como no aceptado el emplazamiento oficioso de esa codemandada. 4. Al desahogar la vista Bancomer, S.N.C. se opuso a que se tuviera como emplazado a Grupo Industrial Panamericano y se desistió unilateralmente de la instancia respecto de dicha persona moral. 5. El veinticinco de mayo del año pasado el Juez del conocimiento dictó un auto en el que acordó de conformidad el desistimiento aludido de manera lisa y llana. 6. Inconformes con este último pronunciamiento, Javier Gonzalo del Real Oñate y Grupo Industrial Panamericano, S.A. de C.V., interpusieron el recurso de apelación, el cual se sustanció ante la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la que por resolución de veinticinco de octubre confirmó dicho proveído. Las razones torales que esgrimió para ello las hizo consistir en que no se actualizó la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a las normas procesales mercantiles, en virtud de que Grupo Industrial Panamericano, S.A. de C.V. no fue emplazado a juicio y, además, en que no constituía ningún obstáculo el hecho de que ese litigante hubiere contestado la demanda, dado que no se aceptó dicha contestación y, por ende, no se integró la relación jurídico-procesal. Conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el desistimiento de la demanda puede ser unilateral mientras no se lleve a cabo el emplazamiento a la parte demandada, y debe ser bilateral después de practicada dicha diligencia. La razón de ser de este sistema legal radica en que, de acuerdo a como está diseñado en la ley el procedimiento civil, al seguir la secuela normal por sus distintas fases, antes del emplazamiento el demandado no puede sufrir ningún perjuicio con la conclusión de la instancia sin el pronunciamiento sobre las pretensiones del actor, dado que la relación procesal no se ha establecido aún con dicho demandado, lo que determina que éste no se encuentre vinculado a las consecuencias de los actos que en el proceso se efectúen, no haya recibido ninguna molestia en su persona o patrimonio, no se le hayan fijado cargas de ninguna especie, ni hayan surgido derechos o cualquier clase de prerrogativas o ventajas a su favor que se pudieran ver afectadas por su falta de intervención para la admisión del desistimiento; en cambio, como a partir del emplazamiento el demandado queda vinculado al proceso y adquiere cargas, derechos y obligaciones en el mismo, esta situación jurídico-procesal sólo puede verse afectada con el consentimiento de dicha parte. No obstante, la regla apuntada con antelación llega a sufrir excepciones en los procedimientos en que surge alguna alteración en su secuencia normal que trae como consecuencia la vinculación anticipada, total o parcial del demandado a la relación procesal por un medio diferente al acto del emplazamiento, y el nacimiento de ciertas cargas, derechos y obligaciones en su acervo jurídico, como puede ocurrir, por ejemplo, en un juicio ejecutivo en que se hiciera el requerimiento de pago y se embargaran bienes al demandado pero se omitiera el emplazamiento, o en cualquier otro juicio en que el demandado se entera que se ha admitido una demanda en su contra y sin esperar a que lo emplacen ocurre al tribunal a conocer el contenido del libelo o lo conoce en otra forma y produce su contestación, con lo que torna innecesario el emplazamiento, fijado en la ley sólo en garantía al demandado. La diferencia apuntada en estos casos de excepción resulta determinante para arribar a la conclusión de que el desistimiento de la instancia sólo se puede dar válidamente en ellos si media el consentimiento del demandado, ya que por más que aquí no se haya hecho el emplazamiento, no existe la situación que sirve de fundamento real al desistimiento unilateral y, en cambio, sí está presente el valor que se tiende a proteger con el desistimiento bilateral. En el caso de nuestra atención, los recurrentes han reconocido en todo tiempo que no se ha llevado a cabo el emplazamiento de Grupo Industrial Panamericano, S.A. de C.V., lo que sostienen es que basta con que esta codemandada se haya manifestado sabedora del juicio y haya comparecido a contestar la demanda oponiendo excepciones, para que el desistimiento de la instancia sólo pueda operar si dicha sociedad otorga su consentimiento para ese efecto. También sostienen que el solo hecho de comparecer a juicio a responder la demanda hace que se integre la relación jurídico-procesal, independientemente del acuerdo desestimatorio del Juez del conocimiento. Los hechos resumidos y las consideraciones expuestas permiten establecer que los recurrentes tienen razón en su planteamiento general de que existen casos en que, aunque no se haya practicado el emplazamiento a la parte demandada, el desistimiento debe ser de carácter bilateral por existir ya vinculación del demandado a la relación jurídico-procesal e intereses de éste que no se pueden afectar sin su consentimiento, y que uno de esos casos se da cuando el demandado contesta la demanda sin haber sido emplazado; pero dichos recurrentes no tienen razón en particular respecto al caso que plantean, porque si bien es cierto que la persona moral quejosa presentó contestación a la demanda, lo que la pudo y debió vincular al juicio con todas sus consecuencias y sin necesidad de un previo emplazamiento o de que se dieran otras situaciones con los otros codemandados o con la parte actora, también es verdad que tal vinculación no se dio en el caso concreto porque el Juez del proceso rechazó expresamente la contestación y condicionó su aceptación o rechazo posterior a la realización o no de hechos futuros de las otras partes del juicio, habiendo quedado firme esa determinación por no haberse recurrido, de modo que si al prevalecer este estado del proceso se produjo el desistimiento respecto a la persona moral codemandada, esto ocurrió cuando la misma no estaba vinculada al juicio en virtud del auto que rechazó la contestación, ante lo cual estaban presentes los supuestos del desistimiento unilateral. El segundo agravio es infundado porque no es cierto que el auto de dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta y nueve sólo haya pospuesto el acuerdo sobre la contestación a la demanda que presentó Grupo Industrial Panamericano, S.A. de C.V., o la haya rechazado provisionalmente, sino que de su contenido se lee que rechazó la contestación porque tal demandada no había sido emplazada aún, y sólo condicionó su posible admisión posterior a otros eventos ajenos a la voluntad y actuación de esa persona moral, como fue la situación que surgiera a los otros codemandados o el consentimiento de la parte actora para que se recibiera la contestación; de manera que el auto sí causaba un gravamen irreparable si la susodicha codemandada considera que no se requería el emplazamiento para que se contestara la demanda y se aceptara esa contestación sin condicionamiento alguno. Finalmente, en el tercer punto de los agravios sólo se aclara que no se considera necesario combatir lo que estimó la Juez de Distrito respecto de los demás conceptos de violación, y se combate la desestimación del juicio de amparo respecto de los actos de ejecución por considerar que su ilegalidad es una consecuencia de ser atendibles los agravios expuestos contra los actos de las ordenadoras, pero es el caso que tales agravios precedentes no prosperaron, por lo que éstos deben seguir igual suerte. Consecuentemente, al no ser fundados los agravios ni encontrar una situación que conduzca a suplir la queja, debe confirmarse la sentencia recurrida."
La anterior ejecutoria dio origen a la siguiente tesis:
"Octava Época
"Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: V, Segunda Parte-1, enero a junio de 1990
"Página: 177
"DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. ELEMENTOS QUE DETERMINAN SU UNILATERALIDAD O BILATERALIDAD. Conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el desistimiento de la demanda puede ser unilateral, mientras no se lleve a cabo el emplazamiento a la parte demandada, y debe ser bilateral después de practicada dicha diligencia. La razón de ser de este sistema radica en que, de acuerdo a como está diseñado en la ley el procedimiento civil, al seguir la secuela normal por sus distintas fases, antes del emplazamiento del demandado no puede sufrir ningún perjuicio con la conclusión de la instancia sin el pronunciamiento sobre las pretensiones del actor, dado que la relación procesal no se ha establecido aún con dicho demandado, lo que determina que éste no se encuentre vinculado a las consecuencias de los actos que en el proceso se efectúen, no haya recibido ninguna molestia en su persona o patrimonio, no se le hayan fijado cargas de ninguna especie ni hayan surgido derechos o cualquier clase de prerrogativas o ventajas a su favor, que se pudieran ver afectadas por su falta de intervención para la admisión del desistimiento; en cambio, como a partir del emplazamiento el demandado queda vinculado al proceso y adquiere cargas, derechos y obligaciones en el mismo, esta situación jurídica procesal sólo puede verse afectada con el consentimiento de dicha parte. No obstante, la regla apuntada con antelación llega a sufrir excepciones en los procedimientos en que surge alguna alteración en su secuencia normal, que trae como consecuencia la vinculación anticipada, total o parcial, del demandado a la relación procesal, por un medio diferente al acto del emplazamiento, y el nacimiento de ciertas cargas, derechos y obligaciones de su acervo jurídico, como puede ocurrir, por ejemplo, en el juicio ejecutivo en que se hiciera el requerimiento de pago y se embargaran bienes del demandado, pero se omitiera el emplazamiento, o en cualquier otro juicio en que el demandado se enterara de la admisión de una demanda en su contra y sin esperar a que lo emplacen, ocurre al tribunal a conocer el contenido del libelo o lo conoce en otra forma, y produce su contestación, con lo que torna innecesario el emplazamiento, fijado en la ley sólo en garantía al demandado. La diferencia apuntada en estos casos de excepción, resulta determinante para arribar a la conclusión de que el desistimiento de la instancia sólo se puede dar válidamente en ellos si media el consentimiento del demandado, ya que, por más que aquí no se haya hecho el emplazamiento, no existe la situación que sirve de fundamento real al desistimiento unilateral, y en cambio, si ésta presenta el valor que se tiende a proteger con el desistimiento bilateral.
"Amparo en revisión 79/90. Javier Gonzalo del Real Oñate y otro. 29 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez."
SEXTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número 5114/91, promovido por la sucesión de Donaciano Garín Camacho, el día treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno, sustentó lo siguiente:
"IV. Son infundados los conceptos de violación aducidos por la sucesión quejosa. De autos consta que después de haber sido emplazada la misma, por escrito de diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y uno la actora se desistió en su perjuicio de la instancia, y por acuerdo de veintisiete de ese mismo mes y año, se ordenó darle vista a la parte demandada y ahora quejosa del desistimiento respectivo, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera (foja 73 del expediente de primera instancia). Por auto de catorce de marzo del año de referencia se tuvo por acusada la rebeldía de dicha quejosa por no haber desahogado en tiempo la vista de que se trata y por perdido su derecho para hacerlo en su oportunidad procesal, con la consecuencia de que se tuvo a la propia actora por desistida a su entero perjuicio de la instancia, con apoyo en el artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles. En el caso a estudio debe afirmarse que, si bien es cierto que el señalado precepto establece que el desistimiento de la demanda que se realice con posterioridad al emplazamiento requerirá del consentimiento del demandado, también lo es que, como lo sostuvo la Sala en la sentencia reclamada, correctamente se tuvo por desistida a la actora de la instancia que intentó, en virtud de que debe estimarse que operó el consentimiento de la hoy peticionaria de garantías en forma tácita, porque no desahogó la vista que se le dio con el escrito de desistimiento, y con apoyo en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles perdió el derecho que debió ejercitar dentro del término que se le concedió para que manifestara lo conducente frente al desistimiento de la instancia, es decir, si hubiera desahogado la vista correspondiente en la promoción que al respecto hubiera presentado, alegaría en su caso que no debía tenerse a la actora por desistida de aquella instancia, pero como no desahogó la vista, como ya se asentó, se entiende que consintió el desistimiento, con el resultado de que legalmente se aplicó en su perjuicio lo dispuesto en el párrafo segundo del aludido artículo 34; siendo así las cosas, este último precepto se cumplió bien por la Sala y no en forma inexacta, así como que no se violan garantías en perjuicio de la quejosa, ni se está frente a la hipótesis de la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo; consiguientemente, debe negarse la protección federal solicitada."
Del criterio anterior surgió la siguiente tesis:
"Octava Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: IX, marzo de 1992
"Página: 180
"DESISTIMIENTO TÁCITO DE LA INSTANCIA. Para que proceda el desistimiento de la instancia con posterioridad al emplazamiento, el segundo párrafo del artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, estatuye que debe realizarse con el consentimiento del demandado, lo que no impide tener por desistida a la actora de la instancia, porque operó el consentimiento tácito de dicho demandado, en atención a que no desahogó la vista que se le dio con el escrito de desistimiento y con apoyo en el artículo 133 del código de referencia, perdió el derecho que debió hacer valer dentro del término que se le otorgó para que manifestara lo conducente, respecto al propio desistimiento, es decir, que precluyó su derecho para oponerse al mismo, por lo cual se entiende que tácitamente lo consintió.
"Amparo directo 5114/91. Sucesión a bienes de Donaciano Garín Camacho. 30 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Antonio Ríos. Secretaria: Martha Alicia Velázquez Jiménez."
SÉPTIMO. Como cuestión previa a cualquier otra, debe establecerse si en el caso efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ha estimado que para que exista materia sobre la cual pronunciarse, esto es, para que se pueda dilucidar cuál tesis debe prevalecer en un caso determinado de contradicción, debe existir cuando menos formalmente una oposición de criterios jurídicos respecto de una misma situación jurídica; asimismo, que para que se surta la procedencia de la contradicción la oposición debe suscitarse entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.
En otros términos, se da la contradicción cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Lo anterior ha sido establecido en la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.
"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."
Conforme a lo anterior debe establecerse si en el caso existe oposición entre los criterios denunciados.
A. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 421/2001, estimó que el consentimiento del demandado, como requisito para que el actor desista de la demanda después de hecho el emplazamie
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17525-c3c16d8a/desistimiento-de-la-instancia-con-posterioridad-al-emplazamiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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