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Modo: Corpus Pro

DEMANDA. LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN, SE CUMPLE CUANDO EL ACTOR HACE REMISIÓN EXPRESA Y DETALLADA A SITUACIONES, DATOS O A LOS CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ELLA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SONORA Y PUEBLA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2002-PS. · Registro digital (IUS): 17955
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, , Pág. 11.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito al resolver el amparo antes citado, el trece de noviembre de dos mil uno, en la parte que interesa, consideró:

"QUINTO. Por cuestión de método, los argumentos que sustentan el primer concepto de violación serán analizados en un orden diverso al en que fueron formulados. Sostiene la quejosa que no asiste razón a la autoridad responsable cuando en su sentencia señala que no existe oscuridad en la demanda inicial; que resulta jurídicamente inaceptable que la omisión de narrar en la demanda los hechos base de la acción pueda subsanarse por la remisión que en aquélla se haga a los documentos base de la acción. Señala que del contenido de los artículos 250 y 340, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, se colige que la litis se integra con los escritos de demanda y contestación, mas no con los documentos que se acompañen a aquéllos, y que sólo podrán ser tomados en consideración al momento de pronunciar el fallo respectivo cuando se refieran a hechos que forman parte del debate. Agrega, que el artículo 1197 del Código de Comercio dispone que ‘Sólo los hechos están sujetos a prueba ...’, y el numeral 257 del código local de procedimientos civiles establece que ‘Serán objeto de prueba los hechos controvertidos.’; dispositivos legales que fueron infringidos por falta de aplicación, pues con apoyo en una apreciación inusitada y arbitraria se está diciendo que las pruebas forman parte de los hechos controvertidos, ‘revolucionando’ el criterio que hasta ahora existe sobre el particular. Que la autoridad responsable, al estimar que los hechos base de la acción quedaron expuestos en los documentos que se acompañaron a la demanda (certificado de adeudo y contrato base de la acción, en su cláusula quinta, sin especificar a cuál contrato se refería) violentó los preceptos legales citados, dejándola en estado de indefensión, al determinar que hechos ajenos a los expuestos en la demanda forman parte de la litis, por lo que la reo no pudo combatirlos al desconocer ese criterio novedoso. Señala que la parte demandada quedó inaudita, porque no pudo probar cuestiones de hecho que no adujo, tendentes a desvirtuar las pretensiones de la actora, por el simple motivo de que esta última no especificó con claridad en su demanda, sino en los documentos que se anexaron al propio escrito inicial y que no integran la litis, ya que sólo puede otorgárseles eficacia probatoria en la medida que sean idóneos para acreditar lo expuesto en el capítulo de hechos de los ocursos de demanda y contestación. Aduce que la autoridad responsable también violentó el artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, ya que con su incorrecta interpretación del artículo 227, fracción VI, de la misma legislación, está liberando a la demandante de la carga de expresar una relación clara y sucinta de los hechos en que funda su demanda, de tal manera que el demandado pueda preparar y contestar su defensa, y que estableciera cuál era el título o la causa de la acción ejercitada, sin que tal deficiencia pudiera ser superada por la remisión que la demandante hizo en el punto número once de hechos de su demanda al ‘certificado de adeudo’, ya que la litis se integra con los escritos de demanda y contestación, como lo ordena el artículo 250 ya citado. Refiere que la tesis invocada por el tribunal no aplica en el caso, porque el juicio del que deriva el acto reclamado no es hipotecario y la legislación aquí aplicable no es la del Estado de Yucatán, porque en el caso que nos ocupa la demandada no fue omisa exclusivamente en indicar las mensualidades que dejaron de pagarse, y aun cuando fuera aplicable, es equivocada, en términos de los criterios jurisprudenciales de rubros: ‘ACCIÓN. SU DEFICIENCIA NO PUEDE SER SUBSANADA POR EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS APORTADAS EN EL JUICIO.’, ‘ACCIÓN. NECESIDAD DE PRECISAR LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA.’, ‘DEMANDA. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCIÓN QUE SE INTENTA DEBEN PRECISARSE Y NO INFERIRSE DE LAS PRUEBAS QUE SE ACOMPAÑEN.’, ‘PRUEBAS, INEFICACIA DE LAS, SI TIENEN COMO MATERIA HECHOS NO MENCIONADOS EN LA DEMANDA O EN LA CONTESTACIÓN.’, ‘DEMANDA CIVIL, REQUISITOS DE LA.’, ‘PRUEBAS. DEBEN RENDIRSE DE HECHOS MENCIONADOS EN LA DEMANDA.’ y ‘DEMANDA OBSCURA E IMPRECISA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).’. El concepto de violación reseñado es infundado. Los artículos 227, 228, 250 y 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, disponen lo siguiente: ‘Artículo 227. Salvo los casos en que la ley disponga otra cosa, toda demanda deberá formularse por escrito, en el que se expresará: I. El tribunal ante quien se promueve; II. El nombre y domicilio del actor; III. El nombre y domicilio del apoderado o representante legal y carácter con que promueve, en su caso; IV. El nombre y domicilio del demandado, o la expresión de que la persona es incierta o desconocida, o bien que el domicilio se ignora; V. Los fundamentos de derecho, procurando citar los preceptos legales, doctrinas o principios aplicables; VI. Una relación clara y sucinta de los hechos en que el actor funde su demanda, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa, y quede establecido cuál es el título o la causa de la acción que se ejercite, y VII. La enumeración precisa y concreta de las peticiones que se someten al fallo del tribunal.’. ‘Artículo 228. Con toda demanda deberá acompañarse: I. El poder que acredite la personalidad o representación del que comparece en nombre de otro; II. Los documentos en que la parte interesada funde su derecho. Si el demandante no tuviere en su poder los documentos aludidos, deberá indicar el lugar en que se encuentren, solicitando las medidas tendientes a su incorporación a los autos o a la expedición de testimonios de los mismos para ser agregados. Si los documentos obran en poder del demandado, el actor podrá pedir en la demanda que los exhiba, y el Juez lo apremiará por los medios legales, y si aún se resistiere a hacer la exhibición o destruyere, deteriorare u ocultare aquéllos, o con dolo o malicia dejare de poseerlos, satisfará todos los daños y perjuicios que se hayan seguido, quedando, además, sujeto a la correspondiente responsabilidad penal por desobediencia a un mandato de autoridad. Si alegare alguna causa para no hacer la exhibición, se le oirá incidentalmente, y III. Tantas copias simples del escrito de demanda y de los documentos que acompañe, cuantas fueren las personas demandadas. Si los documentos excedieren de veinticinco fojas, podrá el actor no presentar copias y en este caso quedarán en la Secretaría para que se instruyan las partes, ampliándose el plazo para contestar la demanda de un día más por cada cinco fojas de copias omitidas. Las copias de la demanda y de los documentos que acrediten la personalidad del promovente no podrán omitirse.’. ‘Artículo 250. Los escritos de demanda y contestación fijan normalmente el debate. En caso de rebeldía se entenderá fijado por el auto en que se haga la declaración correspondiente.’. ‘Artículo 528. Para que proceda el juicio hipotecario, deberán reunirse los siguientes requisitos: I. Que el crédito conste en escritura pública; II. Que sea de plazo cumplido; o que deba anticiparse conforme al contrato de hipoteca, o a la ley, y III. Que la escritura pública en que conste sea primer testimonio y esté debidamente registrada. Cuando el litigio sea entre los que contrataron la hipoteca, procederá el juicio hipotecario sin necesidad del requisito del registro, siendo condición indispensable para inscribir la cédula, que esté registrado el bien a nombre del demandado, y que no haya inscripción, embargo o gravamen en favor de tercero.’. El análisis integral de los preceptos legales transcritos deja de relieve que, contrario a lo afirmado por la quejosa, no existe prohibición alguna para remitirse a los documentos base de la acción, ello en relación con los hechos de la demanda y, aún más, el artículo 228 del Código de Procedimientos Civiles vincula a la demanda los documentos en que el actor funde sus derechos, de ahí que fue correcta la determinación de la autoridad responsable cuando estableció que el Juez de primera instancia había infringido en perjuicio de la actora el contenido del artículo 227 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, pues bastaba la simple lectura del punto número once de hechos de la demanda para advertir que el actor manifestó que el incumplimiento de las obligaciones pactadas se acreditaba plenamente con el estado de cuenta certificado y expedido por el contador facultado por el banco, de donde se desglosaba claramente el número de amortizaciones no pagadas, y del cual se evidenciaba claramente a partir de cuándo se dejaron de cubrir las amortizaciones, el tipo de interés que se aplicó a la tasa de mercado que se aplicó a cada erogación, el margen diferencial, la actualización del margen diferencial, acumulación al margen diferencial, la tasa actualizada del margen diferencial, el impuesto al valor agregado sobre cada uno de esos conceptos, el total por pagar, etc. Ahora bien, es cierto que de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Federal de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora la litis se establece con los escritos de demanda y contestación, empero, en el caso, la actora vinculó el contenido de los documentos base de la acción a la demanda, al remitirse expresamente a su contenido, en los siguientes términos: ‘11. Por todo lo anterior, en la octava cláusula se estableció que mi representado podría dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago del adeudo, además de los casos ordenados por la ley, por las cláusulas, entre otras, si el cliente no cubriera tres o más de los pagos mensuales a que se obligó, o si se dejaran de pagar los intereses moratorios en que se hubiere incurrido, o por el incumplimiento de las restantes obligaciones contraídas; todo lo cual se acredita plenamente con el estado de cuenta certificado y expedido por el contador facultado de mi representada que, junto con el contrato que al efecto se adjunta, acreditó que mi cliente ha cumplido con lo expresamente obligado.’. Por lo que resulta inconcuso que ello también formó parte de la demanda y, consecuentemente, de la litis en el juicio ..."

El Tribunal Colegiado de referencia al resolver el amparo directo 780/2000, promovido por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex Accival, S.A. de C.V., el veintiséis de abril de dos mil uno, en esencia, señaló:

"QUINTO. ... Son esencialmente fundados los restantes argumentos, pues tal como lo aduce la impetrante del amparo, lo resuelto por la Sala responsable en el sentido de que ‘... fue incorrecto el argumento utilizado por el juzgador para declarar la improcedencia de la excepción que nos ocupa.’. Esto es así porque el juzgador afirmó que de acuerdo a lo narrado en el hecho número dos del escrito de demanda el contrato se celebró el ocho de octubre de mil novecientos noventa y dos; sin embargo, ello no equivale a sostener que esa fue la fecha de firma del contrato, porque el actor no lo dijo así en su demanda ... no es acorde a lo que se desprende del examen de los autos, en tanto que, como lo refiere la quejosa, de los hechos que se hicieron constar en la demanda, en relación con los documentos anexos a la misma, se desprende cuál fue la fecha en la que se firmó el contrato base de la acción, ello tomando en consideración que en los hechos antecedentes de la demanda se puntualizó que: ‘2. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 8 de octubre de 1992, comparecieron ante el Lic. Carlos Cabrera Muñoz, notario público No. 11, suplente de esta ciudad, Banco Nacional de México, S.A., a quien en adelante nombraré como el banco y los CC. Javier Martín Trelles Monge y Betina Isabel Contreras Tapia, a quien adelante designaré como el cliente, con la finalidad de celebrar un contrato de apertura de crédito e hipoteca, el cual se llevó a cabo a través de la escritura pública 39588, volumen 929, mismo documento que se registró el día 16 de octubre de 1992 ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, bajo el número 133114, volumen 184 sección II, documental que anexo al presente escrito inicial de demanda.’ (fojas 3 y 4 del juicio), manifestación que no deja lugar a dudas que la firma del contrato base de la acción sucedió el ocho de octubre de mil novecientos noventa y dos. Además, del contenido de la escritura pública exhibida junto a la demanda no aparece que el notario público ante quien se celebró el contrato de crédito haya hecho anotación alguna en el sentido de que la contratación o firma se haya verificado en fecha distinta a aquélla en que se compareció ante él, y sí por el contrario, al finalizar el documento, apuntó que los comparecientes ratificaron y firmaron el documento en su presencia; atento a ello, debe concluirse que lo referido por la actora, relacionado con el contenido de las documentales exhibidas con la misma, específicamente con la escritura pública en la que consta el contrato, permite establecer cuál fue la fecha en que se firmó el pacto entre las partes; de ahí que lo expuesto por la responsable no es acorde con lo que se desprende de las constancias del juicio. También asiste razón a la impetrante del amparo al aseverar que es incorrecta la consideración de la juzgadora, en el sentido de que los demandados ignoraban la fecha en la que debían hacer sus pagos, y que tal dato no se había proporcionado en la demanda pues, como lo refiere la quejosa, si los demandados no negaron haber hecho pagos a su acreditante en las fechas que refirió la actora en su demanda, sino que sólo refirieron que en la demanda no se precisaron las fechas en las que se vencían los pagos, ni cuáles fueron las mensualidades que se dejaron de cubrir, pero en ningún momento negaron que se hubieran hechos pagos a la actora por el periodo que ésta indicó en su demanda y en la certificación contable, por ende, es claro que, como lo refiere la quejosa, los demandados tenían conocimiento de la fecha en que debían realizar sus erogaciones, pues esto quedó establecido desde el momento en que se formalizó el pacto ante notario público, precisándose que la primera erogación mensual se realizaría el día hábil anterior a la fecha en que se cumpliera un mes de haber sido firmado el contrato; y las restantes, en los mismos días durante los meses subsecuentes, de manera que sí se estableció la fecha en la que se tenía que realizar la erogación mensual, y aun cuando la fecha de corte mensual establecida en la certificación contable no coincide en calendario con los treinta días posteriores a la firma del contrato, en tanto en éste se establece como fecha de pago el día hábil anterior a la fecha en que se cumpliera un mes de haber sido firmado el contrato, tal diferencia sólo implica un plazo mayor para los deudores para realizar su primer pago, pero de ningún modo puede afirmarse que esa circunstancia impida a los demandados saber la fecha en la que deben hacer sus pagos mensuales, pues ésta quedó claramente establecida en el contrato. También, como lo refiere la quejosa, si en la demanda se señaló que los demandados sólo cubrieron sus obligaciones mensuales hasta el mes de enero de mil novecientos noventa y tres, y a partir de esa fecha y hasta el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, en que elaboró la certificación contable no hicieron ningún pago, es evidente que la actora está refiriendo un retraso en el pago de más de tres años y, en sana lógica, las tres mensualidades consecutivamente vencidas y no pagadas corresponden o deben computarse a partir de la fecha en que se dijo se hizo el último pago, esto es, el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y tres, siendo esto una obviedad que la juzgadora dejó de considerar al emitir su fallo. Luego, como lo antes razonado deja de manifiesto que, contra lo afirmado por la Sala responsable, la actora sí satisfizo los extremos señalados en el numeral 227, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ello conduce a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para el efecto de que se deje insubsistente el fallo combatido y en su lugar se emita otro en el que tomando en consideración lo expuesto en la presente ejecutoria, resuelva lo que en derecho corresponda ..."

El citado Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo 4/2001, interpuesto por Luis Velázquez Armenta y otra, el nueve de agosto de dos mil uno, señaló en el quinto considerando, después de resumir los conceptos de violación del quejoso, lo siguiente:

"QUINTO. ... Es infundada la parte del concepto de violación en que los quejosos aducen que el aspecto relativo a la disposición del crédito no puede ser materia de prueba, atendiendo a que no fue un hecho de la demanda y que, por tanto, no forma parte de la litis. En efecto, en primer término, contrario a lo que argumentan los quejosos, la disposición del crédito sí fue materia de la litis, pues aun cuando no lo haya manifestado expresamente la parte actora, lo cierto es que tal aspecto se desprende implícitamente, atendiendo precisamente a que la actora ejercitó la acción de pago de pesos derivada de un contrato de crédito simple con garantía hipotecaria, lo cual, necesariamente tiene como principio que el crédito cuyo pago reclaman haya sido ejercido y, para acreditar su acción, la actora exhibió el contrato de mérito en el que el notario público asentó que, por una parte, Luis Velázquez Armenta y María Mónica Esperanza Duarte Monge y, por otra, el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, comparecieron a celebrar un contrato de crédito con garantía hipotecaria para la adquisición de vivienda residencial; además, cabe señalar que con independencia de lo anterior, tal circunstancia forma parte de la litis, precisamente por haber sido negada por los aquí quejosos en su escrito de contestación a la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, que establece: ‘Artículo 250. Los escritos de demanda y contestación fijan normalmente el debate. En caso de rebeldía se entenderá fijado por el auto en que se haga la declaración correspondiente.’. Ahora bien, contrariamente a lo que manifiestan los quejosos y tal como lo sostuvo la responsable, la acción ejercitada por la actora deriva de un contrato de crédito simple con garantía hipotecaria y no de un contrato de crédito, ello en virtud de que tal circunstancia se advierte de la propia escritura pública, en la cual, si bien se estableció que se trata de un contrato de crédito con garantía hipotecaria hasta por quinientos treinta y seis mil pesos, lo cierto es que de su cláusula tercera se advierte que en el acto del otorgamiento del contrato ambas partes cumplieron con sus obligaciones, sin que por otra parte se desprenda de alguna de sus cláusulas que se hubiesen fijado plazos para la disposición del crédito, por lo que la institución bancaria actora no estaba obligada a acreditar la disposición del crédito, como lo pretenden los quejosos, a través de algún medio de prueba distinto al contrato base de la acción, en el que consta que en ese acto recibió el dinero puesto a su disposición, otorgando para ello el recibo más eficaz que en derecho corresponde, de tal manera que si negaron la disposición del crédito, luego, tenían a su cargo probar que lo asentado en la cláusula tercera del referido contrato es falso y al no haberlo hecho así, tal como lo expresa la responsable, hace prueba plena en su contra ..."

El referido Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo 85/2001, formulado por Banco Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inverlat, el veintisiete de septiembre de dos mil uno, en lo que interesa consideró:

"QUINTO. En el primer concepto de violación señala la parte quejosa, en síntesis, lo siguiente: ... Que no hubo la situación de indefensión pretextada por la Sala responsable, que de la transcripción que ella misma hizo de los puntos de hechos de la demanda apareció que se imputó a la demandada Ana Alicia Muñoz Cañez de Esquer el incumplimiento de la obligación de invertir el importe del crédito en la construcción de una casa habitación en el lote que quedó en garantía del préstamo, además de que en el mismo contrato había otorgado por la recepción del crédito el recibo más amplio y eficaz que en derecho corresponda. Que el Juez natural estimó que la parte demandada no había quedado en estado de indefensión, porque en la demanda se había realizado una relación sintetizada y clara de los hechos, lo que era suficiente al tenor del artículo 227 del Código de Procedimientos Civiles de Sonora, para que la parte demandada pudiera preparar su defensa. Que la determinación revocatoria que tomó la Sala responsable, sobre la base de que era imprecisa la demanda acerca de la disposición del crédito, no se encontró acorde con la tesis jurisprudencial obligatoria, mediante la cual se fijó la directriz en cuanto al defecto u oscuridad en la forma de plantear la demanda, que la tesis jurisprudencial que no observó la Sala responsable, con violación del artículo 193 de la Ley de Amparo, se consulta bajo la siguiente voz: ‘OBSCURIDAD EXCEPCIÓN DE. PROCEDENCIA.’. Que la responsable pasó por alto que las disposiciones del crédito inicial reclamado debían tenerse por admitidas, al tenor del artículo 237 del Código de Procedimientos Civiles de Sonora, violado por falta de observancia, porque el silencio y las evasivas hacen que se tengan por admitidos los hechos sobre los cuales no se suscitó controversia; que no advirtió que en los puntos 2 y 3 de la contestación de demanda, la demandada cantinfleó respecto del otorgamiento y disposición del crédito, recurriendo a meras evasivas como la supuesta falta de claridad de la demanda. Que la demandada nunca sostuvo en términos categóricos que no se le haya entregado el crédito, sino que se dedicó a argüir que la demanda carecía de claridad, que al haberse recurrido a meras evasivas en la contestación de demanda debía tenerse por admitida la disposición, al tenor del artículo 237 del código procesal civil de Sonora. Que esta circunstancia no fue aquilatada debidamente por la Sala responsable, a pesar de que el artículo 388, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles de Sonora, establece que no pueden abordarse en la alzada cuestiones no alegadas o consentidas por las partes en primera instancia, salvo la revisión forzosa cuya actualización no acontece en este caso. Que no desvirtúa lo anterior la circunstancia de que la demandada haya negado en términos genéricos los puntos 2 y 3 del escrito de demanda, en virtud de que el artículo 258, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles de Sonora, que dice la quejosa, tampoco fue cumplido por la Sala responsable, establece que cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho concreto susceptible de prueba o que se desconozca una presunción legal que tenga a su favor el colitigante se requiere de prueba a cargo de la parte respectiva. ... Que las supuestas omisiones de la demanda no pueden ser causa de una absolución de la instancia, por tratarse de cuestiones accesorias que no pueden afectar al crédito principal. Que ninguno de los preceptos aducidos en el fallo impide que en la demanda se hiciera remisión a los documentos acompañados con la misma. Que adversamente a lo resuelto por la Sala responsable, el artículo 266, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles de Sonora, violado por falta de observancia, ordena que los documentos y pruebas que se acompañen con la demanda y contestación y escritos adicionales, serán tomados como prueba, aunque la parte no los ofrezca. Que esto constituye un desmentido al afán de la Sala responsable de estimar que solamente la demanda es la que participa en la fijación del debate y no el contrato base de la acción y el estado de cuenta certificado que exhibió. Que el artículo 250 del mismo código dispone que los escritos de demanda y contestación fijan normalmente el debate, pero dicho precepto dice que eso es normalmente, pero si se relaciona este numeral armónicamente con el 228, fracción II y con el 266, fracción II, del propio código, se arriba a la conclusión de que también los documentos acompañados con la demanda participan en la integración del debate. Con apoyo a lo anterior se invoca la tesis: ‘JUICIO HIPOTECARIO POR VENCIMIENTO ANTICIPADO. EL HECHO DE QUE EN LA DEMANDA NO SE PRECISEN LAS MENSUALIDADES NO PAGADAS, SE CONVALIDA SI ESTAS APARECEN EN EL ESTADO DE CUENTA RESPECTIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN).’. Que sí es factible que el actor se remita a los documentos que exhibe con la demanda, y que el Juez tome en cuenta tales documentos en su sentencia, aunque en la demanda no queden explícitos datos o información contenida en tales documentos. Al no existir expresa prohibición de que el actor se remita en la demanda al texto de los documentos base de la acción cobra cabida el principio de economía procesal, por el cual, para evitar repeticiones innecesarias que abulten los expedientes o hagan más onerosa la formulación de una demanda, es admisible que el actor en la relación de hechos se remita a dichos documentos fundatorios, de modo que al no haberlo considerado así la Sala responsable violó las garantías consagradas por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Es fundado el anterior concepto de violación. En efecto, contrario a lo estimado por la Sala responsable, no se dejó en estado de indefensión a la parte demandada en el juicio natural, en virtud de que el escrito de demanda de fecha quince de enero de mil novecientos noventa y ocho sí satisface los requisitos que prevé el artículo 227 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aunado a que el banco actor acompañó debidamente los documentos fundatorios de la acción demandada, como lo fue el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria de fecha once de enero de mil novecientos noventa y tres que celebró con la demandada Ana Alicia Muñoz Cañez de Esquer, así como el estado de cuenta certificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. Ahora bien, del contenido de los preceptos legales citados y contrario a lo señalado por la responsable, no se advierte prohibición alguna que impidiera al banco actor remitirse a los documentos que acompañó a su demanda, particularmente a las cláusulas de la primera a la quinta, octava, novena y décima del contrato de hipoteca, así como al estado de cuenta certificado, pues si bien es cierto que la litis se obtiene de la demanda y su contestación, de acuerdo con el artículo 250 de la citada codificación, también lo es que la parte actora se remitió expresamente al clausulado del contrato de hipoteca, así como al estado de cuenta certificado, vinculando su contenido a los hechos de la demanda. Por otra parte y como lo aduce el banco quejoso, los requisitos de procedencia previstos en el artículo 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora se encuentran satisfechos, en el entendido de que las circunstancias de disposición del crédito principal y del adicional, así como la forma en que se generan los intereses, no están consideradas como elementos para dicha procedencia, como a continuación se demostrará. En el escrito de demanda de fecha quince de enero de mil novecientos noventa y ocho, el apoderado legal del banco actor expuso lo que a continuación se escanea: En las cláusulas primera a la quinta, octava, novena y décima del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria de fecha once de enero de mil novecientos noventa y tres, las partes convinieron en los siguientes términos: (se transcriben). Mientras que en el estado de cuenta certificado, que el banco actor agregó a la demanda, se obtiene lo que a continuación se escanea: Los artículos 227, 228, 250 y 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, preceptúan lo siguiente: (se transcriben). En el considerando séptimo de la sentencia reclamada, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil, en la parte que la responsable declaró fundado el quinto agravio hecho valer por la demandada, resolvió lo siguiente: (se transcribe). En razón de lo anterior y contrario a lo señalado por la autoridad responsable, del contenido del escrito de demanda de fecha quince de enero de mil novecientos noventa y ocho se advierte que el banco quejoso satisfizo los requisitos que para dicho ocurso señala el artículo 227 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, concretamente en lo que aquí interesa el nombre de la demandada y la acción intentada en su contra, siendo la señora Ana Alicia Muñoz Cañez de Esquer, frente a quien promovió la acción real hipotecaria, reclamándole el pago de las prestaciones que puntualizó en los incisos a), b), c), d), e), f) y g), derivadas de la celebración del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, de fecha once de enero de mil novecientos noventa y tres, según escritura pública número 25946, volumen 906, levantada ante la fe del notario público número treinta y seis, con residencia en esta ciudad; de igual forma, el banco actor, por conducto de su representante legal, relacionó en once puntos los hechos en que fundó su demanda agregando a ésta los documentos base de la acción, como lo fue el citado contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, así como el estado de cuenta certificado al día treinta y uno de diciembre de mil novecientos n

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17955-1201d403/demanda-la-obligacion-de-expresar-los-hechos-fundatorios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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