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Modo: Corpus Pro

REPARACIÓN DEL DAÑO. COMPRENDE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS DE MANERA DIRECTA POR LA COMISIÓN DEL DELITO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2002-PS. · Registro digital (IUS): 17304
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, , Pág. 162.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. La sentencia de fecha dos de octubre de dos mil uno, pronunciada en el amparo directo número 552/2001-I, quejoso ... por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en su parte medular establece lo siguiente:

"QUINTO. Son parcialmente fundados los conceptos de violación expresados por el quejoso. En efecto, por lo que hace a sus inconformidades relativas a su responsabilidad penal en la comisión del delito de lesiones dolosas y daño en propiedad ajena dolosa, así como en la relativa a la reparación del daño respecto al delito de daño en propiedad ajena, éstas son inoperantes, toda vez que estos conceptos de violación ya fueron analizados en el diverso juicio de amparo número 222/2001, en donde este Tribunal Colegiado, en ejecutoria de fecha veinticuatro de mayo de dos mil uno, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, analizando las probanzas existentes en autos, con plenitud de jurisdicción, emitiera otra en la que dejara intocado lo relativo al cuerpo del delito, plena responsabilidad, individualización de sanciones y condena en la reparación de daños respecto al delito de daño en propiedad ajena, y se pronunciara únicamente por lo que concierne a la reparación del daño del delito de lesiones dolosas, de ahí que sus inconformidades planteadas respecto a los puntos que se ordenó dejar intocados sean inoperantes. Por otra parte, en relación con su inconformidad relativa al pago de la reparación del daño respecto a las lesiones dolosas a que fue condenado, y que asciende a la cantidad de mil doscientos sesenta y ocho pesos moneda nacional, por concepto de incapacidad laboral que sufrió el ofendido, debe decirse que no le asiste la razón cuando señala que tratándose de delitos de lesiones la reparación consiste únicamente en la indemnización del daño material causado a la víctima, como lo son los gastos y erogaciones que se originen con motivo de curaciones, aun cuando para fundar su alegación se haya apoyado en una tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, cuyo rubro es: ‘REPARACIÓN DEL DAÑO. TRATÁNDOSE DE LESIONES, COMPRENDE ÚNICAMENTE LOS GASTOS MÉDICOS Y NO EL SALARIO QUE DEJÓ DE PERCIBIR EL OFENDIDO.’. Se afirma lo anterior, toda vez que este Tribunal Colegiado no comparte el criterio aislado emitido por el Tribunal Colegiado antes mencionado, en donde se menciona, además de lo alegado por el quejoso, que la reparación del daño no puede comprender los perjuicios, como lo sería el salario que dejó de percibir el ofendido, pues se establece en dicha tesis que ese concepto reviste un derecho de naturaleza civil, sólo reparable en esa vía; sin embargo, el Código Penal para el Estado de Baja California, tratándose de la reparación del daño, señala en su artículo 33 lo siguiente: ‘... La reparación del daño comprende: ... II. La reparación del daño material y la indemnización de los perjuicios derivados directa y racionalmente del delito.’; de lo que se observa que, contrario a la tesis aislada antes invocada, la reparación del daño, conforme al texto de la norma sustantiva estatal, comprende la indemnización de los perjuicios derivados directa y racionalmente del delito, como entonces lo puede ser el pago de la incapacidad laboral que por seis semanas sufrió el ofendido, ello a razón de treinta pesos con veinte centavos por día, que era el salario mínimo que regía en nuestra entidad el día de los hechos, y que dio un total de mil doscientos sesenta y ocho pesos moneda nacional. Finalmente, resulta fundado el concepto de violación que hace valer el quejoso en relación con la condena que sufrió por concepto de reparación del daño, por la cantidad de diecisiete mil pesos, por la (sic) lesiones dolosas que sufrió el ofendido, pues como lo señala el quejoso, la responsable como único elemento de prueba para cuantificar la reparación de esa lesión, tomó como base el presupuesto elaborado por el doctor Jaime Segura Blanco, el cual obra a fojas 92 de autos, en el que se observa que después de valorar clínicamente al ofendido, refiere que tal persona requiere de un procedimiento quirúrgico que consiste en rinoseptumplastia, el cual se debe llevar a cabo en un centro hospitalario bajo anestesia general y que tiene un costo aproximado de diecisiete mil pesos. En efecto, tal documental privada debió estimarse insuficiente para acreditar el monto de la condena al pago de la reparación del daño, pues no se describen de manera detallada en dicho documento los costos que por ese procedimiento quirúrgico se tienen que solventar, como lo son el costo por hospitalización, el costo por anestesia, el costo por cirugía, asistentes, etc., sino que únicamente y de manera incierta señala una aproximación de diecisiete mil pesos, y por las mismas razones tampoco puede otorgársele el valor de un dictamen pericial, pues no reúne los requisitos a que se refiere el artículo 179 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, en especial la fracción III, la cual dice que los dictámenes periciales contendrán una relación detallada y explicativa de las operaciones o experimentos realizados para resolver las cuestiones periciales; por ende, dicha probanza carece de valor probatorio y es insuficiente para soportar la condena de la reparación del daño que por el pago de la cantidad de diecisiete mil pesos moneda nacional fue sentenciado el impetrante de garantías. En las relacionadas condiciones, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso ... para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar dicte otra en la que dejando intocado lo relativo al cuerpo del delito, plena responsabilidad, individualización de sanciones, condena en la reparación de daños respecto al delito de daño en propiedad ajena y condena en la reparación de daños del delito de lesiones por concepto de incapacidad laboral, se pronuncie únicamente por lo que concierne a la reparación del daño del delito de lesiones dolosas, ello sin tomar en cuenta el presupuesto elaborado por el doctor Jaime Segura Blanco, el cual deberá desestimar su valor probatorio. Toda vez que el criterio adoptado en esta resolución se contradice con el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, en la tesis que bajo el rubro: ‘REPARACIÓN DEL DAÑO. TRATÁNDOSE DE LESIONES, COMPRENDE ÚNICAMENTE LOS GASTOS MÉDICOS Y NO EL SALARIO QUE DEJÓ DE PERCIBIR EL OFENDIDO.’, aparece publicada en la página 600 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, en consecuencia, procédase a la denuncia de contradicción de tesis en términos de lo dispuesto por el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, y remítanse los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre la contradicción." (fojas 12 v. a 14 v. del expediente de contradicción de tesis).

QUINTO. Por su parte, en ejecutoria de tres de mayo de mil novecientos noventa y seis, dictada en el amparo directo número 134/96, quejoso ... el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito consideró, en la parte esencial, lo que a continuación se transcribe:

"QUINTO. Son parcialmente fundados los conceptos de violación que propone el defensor del quejoso en la petición de garantías, aunque en cierto modo sea necesario suplir la deficiencia de la queja, lo cual es permisible en este caso dada la naturaleza penal del mismo, esto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción II, de la ley reglamentaria del juicio de garantías. En efecto, en principio debe destacarse que en la referida demanda de amparo no se cuestionan los aspectos que conciernen propiamente al fondo del negocio, esto es, lo que atañe a los elementos constitutivos de los tipos penales que sustentan la condena y la plena responsabilidad penal del quejoso en la comisión de los injustos de carácter imprudencial que se le imputan, sino que en esa tesitura los motivos de queja que se hacen valer al respecto inciden fundamentalmente en aspectos o circunstancias que corresponden al beneficio de la condena condicional y a la sanción relativa a la reparación del daño, lo que se puede corroborar ampliamente con la sola lectura de la solicitud de amparo. Sin embargo, a pesar de que no existe impugnación concreta sobre tan importantes extremos, este Tribunal Colegiado realizará a continuación un examen oficioso de los referidos renglones, a fin de determinar la legalidad de la condena. Se reclama en este caso una sentencia definitiva de segundo grado que declaró al inconforme plenamente responsable de los delitos de lesiones y homicidio cometidos por imprudencia, de conformidad con lo estatuido en los artículos 253, 254, segunda parte y 258, todos en relación con el 57 del Código Penal para el Estado de Campeche, y con apoyo además en los diversos numerales 267, en relación con el 268, también del mencionado código punitivo. Según el cuadro procesal que se tiene a la vista, los hechos imprudenciales que produjeron el resultado muerte en la persona de Gabino Cajún Pech y el de lesiones en el cuerpo de Luciano Pech Kú, tuvieron lugar cuando el quejoso al conducir la camioneta Pick-up, de la marca Chevrolet, modelo 1973, y estando a bordo de dicho vehículo Gabino Cajún, Luciano Pech Kú y Benjamín Cajún Pech, derrapó en la carretera en que transitaba, debido a la velocidad inmoderada con que conducía, lo cual motivó a que se impacte (sic) en contra de un talud de tierra fija y por la violencia del choque se abrió la puerta de la cabina del lado derecho, razón por la cual se salieron de la camioneta los acompañantes del quejoso, proyectándose contra el pavimento, hechos que provocaron el resultado letal ya señalado, así como lesiones en las personas de los otros pasajeros. Es importante recalcar que este lamentable accidente de tránsito tuvo razón de ser y, por consiguiente, se originó por la evidente imprudencia del conductor ... ahora quejoso, ya que de las constancias de autos se desprende que las causas que motivaron el siniestro consisten, principalmente, en que el guiador de la camioneta transitaba con exceso de velocidad sobre un tramo lluvioso y resbaloso de una carretera nacional, específicamente la que va de Campeche hacia Hopelchén; y no obstante las condiciones climatológicas adversas que imperaban en esos momentos, el peticionario de garantías no tuvo el cuidado de conducir con precaución, a sabiendas de que lo acompañaban en esa travesía tres personas, situación que denota en forma clara e indubitable la falta a un deber de cuidado que le impone la ley y el sentido común, por lo cual su plena responsabilidad penal, a título de imprudencia, emerge con toda claridad y, por ello, la sentencia que lo condena por tales hechos no es violatoria de garantías. Importa mencionar que esos extremos se demuestran en la causa de manera fundamental, con los elementos de prueba que relaciona el ad quem en la sentencia controvertida, elementos que se tienen aquí por reproducidos por razones de economía procesal, y de los cuales destacan obviamente las propias declaraciones del acusado, a través de las cuales admite haber conducido el vehículo que impactó en el talud de tierra fija, señalando incluso que antes del accidente habían comprado seis cervezas para tomar en su domicilio, declaraciones que adminiculadas con las informaciones proporcionadas por los pasivos del delito de lesiones, los certificados médicos legales que corren agregados en autos, el certificado de defunción correspondiente y los dictámenes que en materia de tránsito se emitieron al respecto, acreditan sin duda alguna los elementos constitutivos de los tipos penales ya mencionados y, por supuesto, la plena responsabilidad del sujeto activo en la comisión de esos delitos. En cuanto a la pena privativa de libertad impuesta al reo, este tribunal observa que en ese aspecto tampoco existe irregularidad alguna, puesto que dicha sanción es congruente al grado de peligrosidad social fijado (mínima) e, incluso, hay que mencionar que esa pena, consistente en dos meses de prisión, resulta sumamente benévola, lo que se estima adecuado precisar, en virtud de que el resultado que tuvo la conducta imprudente del quejoso se tradujo en la muerte de un ser humano y en serias lesiones de otros. Ahora bien, entrando en materia, este cuerpo colegiado advierte que el primer motivo de inconformidad que se plantea en la demanda de garantías, implica una cuestión vinculada al monto de la garantía que impone el tribunal de apelación al reo, como condición para que opere a su favor el beneficio de la condena condicional, alegando en ese extremo el hoy quejoso, que la decisión de la Sala responsable no es jurídica, por ser excesivo dicho monto (mil quinientos pesos moneda nacional) sin que se tomen en cuenta los ingresos del sentenciado, ni su condición de campesino. Es infundada esta argumentación, habida cuenta que el otorgamiento de la condena condicional, como beneficio procesal, implica una facultad discrecional que la ley penal establece para el juzgador, o sea, se trata de una atribución potestativa, sujeta a la concurrencia de determinados requisitos que la misma ley plasma, encontrándose entre ellos el de otorgar la garantía correspondiente; por consiguiente, si en el caso a estudio la Sala de apelación, aplicando este criterio discrecional, fijó como monto de la garantía la cantidad de mil quinientos pesos moneda nacional (en la fecha de la sentencia eran nuevos pesos) reduciendo, inclusive, la cantidad que en ese mismo aspecto había fijado la Juez de primer grado (cinco mil nuevos pesos) no puede decirse, sin riesgo de caer en equívocos, que esa determinación sea ilegal, sino al contrario, se apega al esquema normativo correspondiente, ya que con ese proceder no se vulnera ningún dispositivo sustantivo o adjetivo, y sí distintamente le beneficia al sentenciado en todo sentido, aun en el económico. En cuanto a las peculiaridades o condiciones personales del reo, cabe señalar que no es factor ni exigencia que la ley prevea para establecer el monto de la garantía en ese rubro, toda vez que en ese contexto el artículo 82, fracción II, inciso a), del referido código represivo, textualmente dispone que para que el sentenciado goce de dicho beneficio deberá otorgar la garantía que asegure su presentación ante la autoridad, siempre que fuere requerido, y de ningún modo se previene en tal dispositivo que se tomen en cuenta las peculiaridades o condiciones personales del sentenciado, de ahí que resulte infundado este argumento. Es aplicable en este aspecto, la tesis de jurisprudencia número 88, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 51 del Tomo II, correspondiente a la Materia Penal, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, la cual dice lo siguiente: ‘CONDENA CONDICIONAL. ARBITRIO JUDICIAL.’ (se transcribe). A lo antes dicho, cabe añadir que el principio de derecho imperante en materia penal, condensado en el aforismo latino in dubio pro reo, sólo opera y es aplicable en cuestiones propias de culpabilidad y no para la cuestión que corresponde al beneficio de la condena condicional. El otro motivo de inconformidad a que se contrae la demanda de garantías encuadra en el tema referente a la reparación del daño; y sobre tal situación este Tribunal Colegiado estima que los argumentos que se formulan en esa tesitura son fundados, empero, debe decirse que esta afirmación se hace en suplencia de la queja deficiente, y no por las argumentaciones que ahí mismo se hacen valer. En efecto, en principio debe señalarse que la cantidad que en concepto de reparación del daño se fija en este caso, sólo atañe a las lesiones sufridas por Luciano Pech Kú, ya que en lo que respecta al deceso de Gabino Cajún Pech y a las lesiones de su hermano, la Sala responsable exoneró al reo de dicha sanción, por considerar que respecto de dichas personas se otorgó ‘formal desistimiento a favor del acusado’ y, por tanto, se debió sobreseer en la causa. Delimitada esta circunstancia, es de mencionarse que el tribunal ad quem, al dilucidar lo concerniente a la pena pública, modificó lo que había establecido la Juez inferior, razón por la que precisa que la cantidad correspondiente al daño causado, específicamente en lo que ve a las lesiones sufridas por el pasivo Pech Kú, la suma correcta asciende a la cantidad de dos mil quinientos treinta y tres nuevos pesos con nueve centavos, y no a la cantidad establecida en la primera instancia, resultado que se obtiene con base en el cálculo y cómputo de los diversos documentos públicos y privados allegados al sumario; agregando que respecto al monto de tres mil seiscientos nuevos pesos que se señaló para condenar al sentenciado, como parte del salario que devenga el pasivo Pech Kú y que había dejado de percibir por el estado de incapacidad en que se encontraba, también resulta incorrecta, por no haberse ratificado el escrito correspondiente donde se especificaba el salario y, por ello, debía tomarse en cuenta el salario vigente al momento de la comisión del hecho criminoso, que era de once nuevos pesos con diez centavos, lo que arrojaba la suma de mil novecientos noventa y nueve nuevos pesos con ochenta centavos. En esas condiciones, la Sala responsable, al establecer el monto referente a la reparación del daño, sumó la cantidad de dos mil quinientos treinta y tres nuevos pesos, con la diversa de mil novecientos noventa y nueve nuevos pesos con ochenta centavos, por lo que se obtuvo el resultado de cuatro mil quinientos treinta y dos nuevos pesos con ochenta centavos. Ahora bien, es evidente que en este rubro la decisión del tribunal de alzada es violatoria de garantías, dado que para establecer el monto correspondiente a la reparación del daño por las lesiones, atiende no sólo al daño causado en la persona del pasivo Pech Kú, por las lesiones que sufrió en el hecho de tránsito, sino también toma en cuenta el salario que dejó de ganar dicho lesionado. Esto es incorrecto en mérito de que la reparación del daño, en términos del código sustantivo de la materia, tiene el carácter de pena pública y, por ello, tal reparación consiste meramente en la indemnización del daño material causado en la víctima, esto es, los gastos y erogaciones que se hicieron con fines de terapia y curación, pero de ningún modo y bajo ningún aspecto, dicha reparación llega hasta el grado de alcanzar las ganancias o utilidades que haya dejado de percibir la propia víctima, pues de aceptar tal posibilidad, se estaría admitiendo que la reparación del daño comprende también los perjuicios que se originen por el daño causado. Esto es inadmisible, debido a que la ley penal no contempla esa factibilidad, por tratarse de un derecho de naturaleza civil y, en consecuencia, reparable en esa vía, por lo que sobre tan singular aspecto debe concederse la protección constitucional que se insta, a fin de que se enmiende dicho yerro. Por último, cabe señalar que el motivo de inconformidad que se vierte en relación con la inhabilitación de seis meses de manejo al reo, este tribunal considera que es infundado tal desacuerdo, puesto que los juzgadores penales tienen esa facultad, ya que la ley sustantiva de la materia les permite establecer dicha medida, sin que sea óbice a esta determinación el hecho de que el artículo 57 del código punitivo de que se trata haya sido objeto de reforma últimamente, debido a que la modificación legislativa que se suscitó en ese contexto, no altera ni suprime dicha facultad, de donde resulta infundada esa inconformidad. En ese orden de ideas, y atento las consideraciones ya esgrimidas, lo que procede en este caso es conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita por conducto de su defensor, para el efecto de que deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita una nueva, en donde prevaleciendo la declarativa de plena responsabilidad penal del sentenciado en la comisión de los delitos imprudenciales correspondientes, deje sin efecto únicamente la parte considerativa que atañe al tema de la reparación del daño y, hecho que sea, fije y determine la cantidad que corresponda a ese rubro, sin tomar en consideración la diversa cantidad que refiere a los salarios que dejó de percibir la víctima del delito de lesiones." (fojas 37 a 41 del cuaderno de contradicción de tesis).

Los razonamientos antes transcritos dieron origen a la siguiente tesis aislada:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: IV, octubre de 1996

"Tesis: XIV.2o.30 P

"Página: 600

"REPARACIÓN DEL DAÑO. TRATÁNDOSE DE LESIONES, COMPRENDE ÚNICAMENTE LOS GASTOS MÉDICOS Y NO EL SALARIO QUE DEJÓ DE PERCIBIR EL OFENDIDO. La reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ello, tal reparación consiste meramente en la indemnización del daño material causado en la víctima que, tratándose de lesiones, comprende únicamente los gastos y erogaciones que se originen con motivo de curaciones, sin que deba estimarse que en dicho concepto puedan incluirse las ganancias o utilidades que con motivo del daño haya dejado de percibir la víctima, pues no debe soslayarse que la reparación del daño no comprende los perjuicios, cuyo concepto reviste un derecho de naturaleza civil y, en consecuencia, reparable en esa vía.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

"Amparo directo 134/96. 3 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando A. Yates Valdez. Secretario: Luis A. Cortés Escalante.

"Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción número 2/2002, pendiente de resolver en la Primera Sala."

SEXTO. Previamente al estudio de las cuestiones que se plantean en las ejecutorias transcritas, las cuales motivan la denuncia de contradicción, es conveniente establecer cuáles son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados.

Al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, este Alto Tribunal, resolviendo en Sala, ha estimado que para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta una misma cuestión legal, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas que son las que originaron, precisamente, las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.

En otros términos, se da la contradicción anterior cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

La tesis de jurisprudencia se identifica con los siguientes datos y su texto es el que se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 26/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno."

Conforme a las anteriores precisiones, debe establecerse que los criterios cuya aparente contradicción se denuncia, se ajustan a los requisitos que se contemplan en la jurisprudencia transcrita y, para ello, es de señalarse que de las resoluciones parcialmente transcritas, se advierte lo siguiente:

I. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, para resolver el amparo directo número 552/2001-I, quejoso ... tomó en cuenta los siguientes antecedentes:

A) Mediante escrito de fecha once de julio de dos mil uno ... solicitó la protección de la Justicia Federal por violación a las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, contra actos de los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California y Juez Primero de lo Penal del mismo Estado, con residencia en Ensenada, que hizo consistir en la sentencia definitiva dictada el siete de junio de dos mil uno, dentro del toca penal número 28/2001 y su ejecución.

En la ejecutoria en análisis, el Tribunal Colegiado resolutor concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, para tal efecto, consideró que tratándose del delito de lesiones, la reparación del daño comprende la indemnización de los perjuicios derivados directa y racionalmente del delito, como puede ser el pago de la incapacidad laboral.

II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo número 134/96, quejoso ... tomó en cuenta los siguientes antecedentes:

A) En escrito presentado el veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche ... promovió juicio de amparo contra actos de la Sala Penal de dicho tribunal y Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del mismo Estado, consistentes en la resolución de veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, dictada en el toca número 724/95.

En la ejecutoria en análisis, el Tribunal Colegiado resolutor concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal y, para tal efecto, consideró que tratándose del delito de lesiones, la reparación del daño comprende únicamente los gastos médicos y no el salario que dejó de percibir el sujeto pasivo del delito con motivo de la comisión de éste, porque la ley penal no contempla esa factibilidad, por tratarse de un derecho de naturaleza civil reparable en esa vía.

De lo anterior se obtiene que se dan los elementos que puntualiza la jurisprudencia preinserta, dado que:

a) Al resolver los negocios que se confrontan, ambos Tribunales Colegiados examinaron igual cuestión jurídica, esto es, si la reparación del daño, tratándose del delito de lesiones, comprende o no la indemnización por los ingresos laborales que la víctima del delito haya dejado de percibir con motivo de su comisión.

b) La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados al resolver los am

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17304-7d85218f/reparacion-del-dano-comprende-los-perjuicios-ocasionados-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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