PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el diecisiete de octubre de dos mil dos el juicio de amparo directo número 459/2002 sostuvo, en lo que interesa conocer, lo siguiente:
"CUARTO. No será necesario transcribir ni analizar los reproducidos conceptos de violación, en virtud de que el presente juicio de amparo es improcedente por carecer de legitimación la autoridad quejosa para promoverlo, lo que ocasiona la actualización de una causal de improcedencia que es de estudio preferente y se invoca de oficio, conforme a la tesis jurisprudencial número 940, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años de 1917-1988, página número 1538, que dice: ‘IMPROCEDENCIA.’ (se omite la transcripción por innecesaria).
"A modo de antecedentes, conviene precisar que de las constancias derivadas del expediente No. 2/99-2000 S.A. del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, aparece que a través de oficio número J/062/2000, de fecha veintiocho de enero de dos mil, el titular de la Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado de Campeche, hizo saber al suboficial ... que ‘... en consideración a las notas desfavorables que ha acumulado en su expediente personal, principalmente la última reportada, por haber incurrido usted en los hechos siguientes: A las 4:00 horas del día 16 de noviembre del año próximo pasado, cuando desarrollaba sus labores de seguridad y vigilancia en compañía del suboficial ... a bordo de la unidad ... detuvieron al ... cuando viajaba a bordo de un vehículo de la marca ... el cual al bajarse del vehículo el ... y al revisarlo, de la bolsa de su pantalón el suboficial ... le sustrajo la cantidad de quinientos pesos y al chofer del vehículo, el ... le solicitó la cantidad de doscientos pesos para que no lo trasladara a esta coordinación, mientras que usted lo apoyaba para tratar de lograr su cometido, lo que originó que con fecha 18 de noviembre de ese año, el afectado presentara su querella ante el C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común ... Con base en lo anterior, y con fundamento en los artículos 2o., 3o., 10 y 19 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche, se le cesa en sus funciones de suboficial de esta Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado, causando baja de esta corporación a partir del treinta de enero del año en curso ...’ (foja 22).
"El citado ... demandó la nulidad del oficio acabado de transcribir, ante la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, solicitando se declarara nulo lisa y llanamente, porque el coordinador demandado carecía de facultades para cesarlo, a más de que no señaló de manera precisa en cuál de los preceptos que invocó se ubicaba la conducta que se le atribuyó; se le removió del cargo que ocupaba en forma discrecional sin causa que lo justificara y no fue escuchado a través de algún proceso que regularan las leyes propias de la Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado de Campeche.
"Al producir su contestación, la autoridad demandada solicitó a la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Campeche que se inhibiera de conocer del asunto y, a través de interlocutoria dictada el catorce de junio de dos mil, la autoridad responsable resolvió el incidente de incompetencia planteado en el sentido de declararlo improcedente, para lo cual razonó:
"a) Que por el efecto del cese ... ya era un particular, pues se le habían individualizado los efectos jurídicos del auto autoritario y se invadió notoriamente su esfera jurídica pero pese a ello, sus pretensiones derivaban de la relación jurídica que tenía como agente policiaco, motivo por el cual le correspondía el status de miembro del cuerpo de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado de Campeche.
"b) Que la relación establecida entre la multicitada coordinación y el actor era de carácter administrativa (Estado-empleado), porque su objeto se basaba en el desempeño y no tenía un fin económico como en los nexos laborales ‘... concluyéndose que la relación que guarda con la administración pública, sigue siendo de naturaleza administrativa y se rige por las normas administrativas del Estado que correspondan ...’ (foja 98).
"c) Que si bien era cierto que conforme al artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal, los Estados a través de sus legislaturas tienen facultades para expedir leyes que rijan sus relaciones laborales con los miembros de sus fuerzas de seguridad y haciendo uso de esta facultad el Estado de Campeche cuenta con la Ley de los Trabajadores al Servicio de su gobierno, así como que también era verdad que el decreto creador de ese ordenamiento establecía que las relaciones de los miembros de la Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte quedaban sujetos en sus relaciones laborales a dicha ley, no debía perderse de vista la supremacía de las disposiciones constitucionales en términos del artículo 133 de la misma Carta Magna, destacando que según su numeral 123, apartado B, fracción XIII, los miembros de los cuerpos de seguridad pública no podían ser sometidos a un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, sino que debían regirse por sus propias leyes.
"d) Que a continuación se reproduce la resolución de competencia de la Sala Administrativa que no tiene relevancia en la especie.
"El veintisiete de noviembre de dos mil uno, la Sala Administrativa del citado cuerpo colegiado dictó sentencia en el juicio principal, en la que razonó, en primer lugar, que el multinombrado coordinador general de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de Campeche sí tenía competencia legal para cesar al actor del cargo que ocupaba, pues tal facultad le fue conferida por el gobernador de ese Estado de conformidad con el oficio ofrecido para desvirtuar ese extremo. Y en segundo lugar, estimó que era fundada la causa de ilegalidad planteada en términos del artículo 8o., fracción II, del Código de Procedimientos Contencioso-Administrativos de Campeche, toda vez que la autoridad demandada se concretó a hacer saber al actor que en consideración a las notas desfavorables acumuladas en su expediente personal, principalmente la última reportada se le cesaba de sus funciones como suboficial de la coordinación, pero nunca le concedió el derecho de audiencia que tutela el artículo 14 constitucional, pues no existía documento en autos que así lo acreditara.
"En la sentencia de segunda instancia dictada con motivo del recurso de revisión interpuesto por ambas partes y que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Campeche confirmó el fallo recurrido, para lo cual razonó, en lo que aquí interesa, que eran inatendibles los agravios expuestos por el coordinador general de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado de Campeche, pues se trataba de cuestiones hechas valer en contra de la interlocutoria dictada anteriormente y que ya había decidido la cuestión competencial planteada, cuyas consideraciones eran cosa juzgada, al haberse resuelto ya sobre el recurso de revisión interpuesto en su contra. Asimismo, desestimó por infundado el agravio consistente en que la sentencia recurrida no cumplió los requisitos a que alude el artículo 62 del Código de Procedimientos Contencioso-Administrativos del Estado de Campeche (relativos a lo que deben contener los fallos administrativos); y, si bien era cierto que la Sala Administrativa no se ocupó de todas las cuestiones ante ella planteadas, ello se debió a que se declaró la nulidad por incumplimiento a la garantía de audiencia, lo que originó que no se analizaran las cuestiones de fondo. Concluyó que aun cuando el oficio impugnado se hubiera emitido en cumplimiento de disposiciones contenidas en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno de Campeche, ello no privaba al actor de su derecho a ser oído.
"Pues bien, como puede advertirse, el acto impugnado en el juicio natural declarado nulo en primera y segunda instancia fue emitido por el aquí solicitante de garantías en su carácter de autoridad, es decir, en uso de sus facultades de imperio, en la medida en que en él se determinó el cese de un servidor público, lo que a su vez evidencia que dicho quejoso ningún menoscabo económico sufrió en su patrimonio, ya que como se definió en la interlocutoria a que nos referimos, la relación con el ahora tercero perjudicado no tiene el carácter laboral, sino administrativa.
"Ahora, el artículo 9o. de la ley de la materia, que establece: ‘Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas. ...’.
"La razón de ser de tal disposición radica en que sólo en este último caso puede equipararse la autoridad, que normalmente emite sus actos con imperio dentro de su facultad soberana, a un particular, puesto que entonces el acto es susceptible de violar derechos fundamentales de la persona que ocupa el puesto de la autoridad respectiva, afectando su esfera jurídica.
"Orienta este criterio la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 3/2001, sustentada por la actual integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 110 del Tomo XIII, febrero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE.’ (se omite la transcripción por no ser necesaria).
"Y es que en la hipótesis de que se habla, cuando la autoridad es susceptible de equipararse a un particular, se actualiza la taxativa prevista por el artículo 107, fracción V, inciso b), de la Carta Magna, que textualmente establece: ‘Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes: ... b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal.’.
"Apoya esta consideración la tesis que se comparte, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, localizable en el Tomo VIII, septiembre de 1991, página 212, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo tenor es: ‘TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO. Es improcedente el juicio de amparo que promueve la autoridad demandada en el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Jalisco, contra la resolución adversa, porque la promovente no puede prescindir de la calidad autoritaria que a su parte ha correspondido en la controversia y adoptar la de un particular afectado en sus garantías individuales en términos del artículo 107, fracción V, inciso b), constitucional.’.
"Lo hasta aquí relatado conduce a concluir que el titular de la Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado de Campeche carece de legitimación para promover el presente juicio de garantías, de modo tal que en el caso opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Federal y, 1o., 4o. y 9o. de la citada ley reglamentaria del juicio de garantías; por lo que con apoyo en lo que establece el numeral 74, fracción III, de ese ordenamiento, procede sobreseer en el presente juicio de amparo."
En la ejecutoria anterior se afirma compartir el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el recurso de reclamación 4/90, con fecha dos de octubre de mil novecientos noventa, y el juicio de amparo directo en materia administrativa número 35/91, el tres de julio de mil novecientos noventa y uno.
En el primero de dichos fallos se sostuvo lo siguiente:
"TERCERO. Son inoperantes en una parte e infundados en otra los agravios transcritos.
"En efecto, el presidente de este tribunal para desechar la demanda de amparo interpuesta por la quejosa, ahora recurrente Asociación de Usuarios de la Zona Industrial de Guadalajara, Asociación Civil, consideró que como tal asociación había tenido el carácter de autoridad demandada en el juicio de nulidad promovido por la señora ... era improcedente su demanda con base en el artículo 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Federal, en concordancia con la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo (foja 24 del toca de reclamación).
"En contra de lo anterior la recurrente aduce en sus agravios lo siguiente: que el acto celebrado el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y nueve (asamblea en donde se acordó una cuota extraordinaria para la pavimentación de la Calle 7 de esta ciudad), no fue realizado con el carácter de autoridad al no disponer legalmente o de hecho de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones; que en la citada asamblea en donde se aprobó el mencionado pago de la cuota extraordinaria se desarrolló de manera voluntaria, ya que los asociados votaron conforme lo estimaron conveniente, de ahí que tal acto no tenga las características de imperatividad, unilateralidad y coercitividad para que de esta manera ella tenga el carácter de autoridad; que el atributo o carácter de autoridad se adquiere no porque la parte actora lo indique así en su demanda o porque el tribunal así lo haya considerado, sino que se adquiere por los fines o características que se hayan tenido en cuenta al momento de realizar el acto, y como en el caso su actuación fue de persona a persona, no se trata de un acto de autoridad sino de un acto que pertenece al campo del derecho civil; y, que aun en el caso de que ella tenga el carácter de autoridad en los términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, tiene expedita la vía de amparo, pues la sentencia que reclama afecta en su carácter de persona moral sus intereses patrimoniales.
"Los anteriores agravios son inoperantes, pues están encaminados de una u otra forma a patentizar que la quejosa no tiene el carácter de autoridad, pero es el caso que tales cuestiones no fueron planteadas en el juicio de nulidad y, por ende, sometidos al criterio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Jalisco, esto es, no formaron parte de la litis en el procedimiento que se ventiló en el mencionado tribunal de lo contencioso, por lo que de estudiarse ahora se dejaría en estado de indefensión a la contraparte y a la propia autoridad que emitió la sentencia reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis jurisprudencial número 105, publicada en las páginas ciento setenta y seis y ciento setenta y siete, correspondiente a la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.’ (se omite la transcripción por innecesaria). Asimismo, este tribunal comparte, en cuanto al principio que en él encierra, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis publicada en las páginas ciento siete y ciento ocho correspondiente a los Tribunales Colegiados, del Informe de labores de 1974, que dice: ‘AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES EL PROMOVIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO FISCAL. La pretendida quejosa, como emisora de la resolución que se impugnó, fue autoridad demandada en el juicio de nulidad y, con ese mismo carácter, interpuso, ante el tribunal en Pleno, el recurso de revisión que el artículo 240 del Código Fiscal establece para las autoridades únicamente. En tales condiciones, es claro que la promovente no puede prescindir, en el caso, de la índole autoritaria que a su parte ha correspondido en la controversia y adoptarla de un particular afectado en sus garantías individuales, pues sólo dispone de los recursos que el código tributario previene para combatir los fallos que le son desfavorables.’.
"Por otra parte, es infundado lo que aduce la recurrente en relación con el auto que admitió la demanda de nulidad interpuesta ante el tribunal de lo contencioso por la señora ... en donde se le señaló y consideró como autoridad demandada; es un acuerdo en relación con el cual la ley que lo rige no establece ningún medio de defensa para su impugnación, y que por ello lo consintió, pues en principio la propia Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Jalisco prevé en su artículo 69, fracción I, el recurso de reclamación en contra de ese tipo de resoluciones; y, segundo, con independencia de la procedencia de tal recurso, lo cierto es que al contestar la demanda en el juicio de nulidad la ahora recurrente, nunca se inconformó con su legitimación de sujeto pasivo en la causa, en los términos de los artículos 38, fracción I y 50, fracción I, de la mencionada ley, antes por el contrario al contestar la demanda manifestó: ‘... por lo que con tal carácter me presento a contestar esta demanda en la que se indica como autoridad demandada a mi representada, y en vía de contestación manifiesto lo siguiente ...’.
"No es óbice a todo lo anterior las tesis que invocó la recurrente en sus agravios, bajo los rubros: ‘AUTORIDADES. QUIENES LO SON.’, pues en el caso no es posible analizar si la Asociación de Usuarios de la Zona Industrial de Guadalajara, Asociación Civil, ahora recurrente, es o no autoridad, según se vio en párrafos precedentes."
En el juicio de amparo directo mencionado se expresó:
"Guadalajara, Jalisco, a tres de julio de mil novecientos noventa y uno.
"Visto lo de cuenta, se provee: del escrito de demanda, así como la demanda que a ésta se acompañaron, relativas al juicio de nulidad 13-C/90, tramitado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Jalisco, se aprecia que dicho juicio de nulidad se originó con motivo de la demanda presentada por ... en la cual pidió que se decretara la nulidad de la resolución emitida el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. Ahora bien, es indudable que la autoridad quejosa al emitir la referida resolución, lo hizo en su calidad de entidad soberana no como persona jurídica de derecho privado, puesto que el pronunciamiento de tal resolución es de observancia obligatoria. En esas condiciones, es incuestionable que el caso no encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 9o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para que el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco pudiera intentar válidamente el juicio de garantías, ya que en la especie no reclama actos o leyes que afecten los intereses patrimoniales que representa, sino violaciones procesales derivadas de un juicio cuya materia son sus propios actos de imperio. Y como la acción constitucional sólo asiste al gobernado, según lo dispone el artículo 103 de la Constitución General de la República, carácter que no tiene en la especie la entidad en cuyo nombre se promovió la acción de que se trata, de ahí que sea improcedente el presente juicio de garantías a la luz del aludido artículo 9o. de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, en concordancia con la fracción XVIII del numeral 73 de la propia ley; por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el precepto 177 de la precitada Ley de Amparo procede desechar de plano la demanda de garantías. Sobre el particular puede consultarse la tesis jurisprudencial número 148, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y uno del Tomo Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice 1917-1985, que dice: ‘ESTADO, CUANDO ES PROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO POR EL. El Estado, cuerpo político de la nación, puede manifestarse en sus relaciones con los particulares bajo dos fases distintas: como entidad soberana encargada de velar por el bien común, por medio de dictados cuya observancia es obligatoria, y como entidad jurídica de derecho civil, porque poseedora de bienes propios que le son indispensables para ejercer sus funciones, le es necesario también entrar en relaciones de naturaleza civil, con los poseedores de otros bienes, o con las personas encargadas de la administración de aquéllos. Bajo esta segunda fase, esto es, el Estado como persona moral capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones, está en aptitud de usar de todos aquellos medios que la ley concede a las personas civiles para la defensa de unos y otras, entre ellos, el juicio de amparo; pero como entidad soberana no puede utilizar ninguno de esos medios, sin desconocer su propia soberanía, dando lugar a que se desconozca todo el imperio, toda la autoridad o los atributos propios de un acto soberano; además no es posible conceder a los órganos del Estado el recurso extraordinario de amparo, por actos del mismo Estado manifestados a través de otro de sus órganos, porque se establecería una contienda de poderes soberanos, y el juicio de garantías no es más que una queja de un particular, que se hace valer contra el abuso de un poder.’."
El criterio aludido puede verse en el Tomo VIII, septiembre de 1991, página 212, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son:
"TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO. Es improcedente el juicio de amparo que promueve la autoridad demandada en el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Jalisco, contra la resolución adversa, porque la promovente no puede prescindir de la calidad autoritaria que a su parte ha correspondido en la controversia y adoptar la de un particular afectado en sus garantías individuales en términos del artículo 107, fracción V, inciso b), constitucional."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, por su parte, resolvió los siguientes juicios de amparo directo:
1) 21/99, con fecha once de marzo de mil novecientos noventa y nueve; 360/99, con fecha veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve; 472/99, con fecha veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y nueve; y 483/99, con fecha veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en los que sostuvo idénticas consideraciones, razón por la que sólo se transcriben las del último de los expedientes mencionados, a saber:
"QUINTO. Previamente al análisis de los conceptos de violación, este tribunal procede a determinar si en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, hecha valer por el Magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado (autoridad señalada como responsable) en su informe justificado.
"Al respecto aduce la mencionada autoridad, que en el caso concreto es operante la referida causal, en virtud de que el Ayuntamiento de esta ciudad no puede tener el carácter de quejoso en el presente asunto por ser una autoridad, ya que el juicio de amparo tiene como fin específico la tutela de las garantías individuales de los particulares y, por tanto, no puede existir una contienda jurídica de dicha naturaleza entre autoridad y autoridad. Que tampoco se está en la hipótesis prevista por el artículo 9o. de la Ley de Amparo, que permite a las personas oficiales morales ocurrir en demanda de amparo, porque el acto que se reclama no afecta sus intereses patrimoniales.
"Los resumidos argumentos son infundados, porque no se está en el caso de considerar al Ayuntamiento quejoso en su carácter de autoridad, porque en este asunto no actúa con las facultades que la ley le concede como tal, es decir, no puede estimarse que su proceder haya sido como ente del poder público, sino como sujeto susceptible de ser parte demandada en su conflicto.
"En consecuencia, tampoco se está en los supuestos establecidos por el artículo 9o. de la Ley de Amparo, dado que la autoridad promovente no interviene en este asunto en su carácter de persona moral oficial, sino como parte de un conflicto con matices laborales, de donde resulta claro que no ha comparecido a este juicio defendiendo interés patrimonial alguno de un órgano estatal.
"Por las razones expuestas, es inexacto que opere la causal de improcedencia que invoca el presidente del tribunal responsable.
"En el mismo sentido ese Tribunal Colegiado resolvió por unanimidad de votos lo relativo a la causal de improcedencia ya analizada en los juicios de amparo directos administrativos números 21/99, 360/99, promovidos, respectivamente, por el director del Estado Mayor de la Dirección General de Protección Social y Vialidad del Estado, y por el director del Centro de Readaptación Social del Estado, así como en el amparo directo administrativo número 472/99, promovido por el aquí quejoso, fallado en la misma fecha que el juicio de amparo que ahora se resuelve."
2) 643/2002, con fecha nueve de octubre de dos mil dos sosteniendo, en lo que interesa, lo siguiente:
"TERCERO. En razón de que las causales de improcedencia en el juicio de garantías constituyen una cuestión de orden público, cuyo estudio, por consecuencia, resulta preferente atento lo dispuesto en el artículo 73, última parte, de la Ley de Amparo, y a la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada con el número 814, en las páginas 553 y 554 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917 a 1995, que dice: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.", este tribunal analizará previamente la inconstitucionalidad planteada, aquella a la que alude el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
"Así, el tribunal responsable en su informe justificado alega que en el caso opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracciones V y XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso ordinal 154 del mismo ordenamiento legal, pues afirma que si bien el artículo 9o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales faculta a las personas morales oficiales para promover el juicio de amparo, ello es así cuando la ley o el acto de autoridad afecta los intereses patrimoniales de los entes oficiales, singularidad que considera no satisfecha en el caso concreto, ya que la resolución reclamada nada tiene que ver con los intereses patrimoniales del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.
"Esta última afirmación deviene desafortunada.
"En efecto, ha sido criterio reiterado de este Segundo Tribunal Colegiado que, cuando en un juicio tramitado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se reclama, ya sea de una autoridad estatal o municipal la nulidad del cese de uno de sus servidores, y la sentencia emitida dentro de ese procedimiento decreta la anulación solicitada, la autoridad demandada está legitimada para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, habida cuenta que en esos supuestos la entidad oficial no actúa con las facultades que la ley le concede como tal; de ahí que no pueda estimarse que el proceder de aquélla haya sido como organismo del poder público, sino como sujeto susceptible de ser parte demandada en un conflicto.
"Esto último tiene como consecuencia que se actualicen los extremos establecidos en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, en razón de que la autoridad promovente interviene dentro del procedimiento administrativo de origen en su carácter de persona moral oficial, como parte de un conflicto con características laborales; de donde resulta que la de amparo comparece como parte de un procedimiento jurisdiccional.
"Luego, si de las constancias de autos se aprecia que la resolución reclamada deriva de un juicio administrativo con semejantes particularidades, es inconcuso que en el caso, el Ayuntamiento quejoso sí está facultado para promover el presente juicio de garantías, lo que hace inoperante la causal de improcedencia de que se trata."
Dichos fallos dieron lugar al establecimiento de la tesis número IX.2o.12 A, publicada en la página 692 del Tomo X, diciembre de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con los siguientes epígrafe y sinopsis:
"AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA EN LA QUE SE DECRETA LA NULIDAD DEL CESE DE
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17620-f87b19c4/personas-morales-oficiales-carecen-de-legitimacion-para-promover · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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