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Modo: Corpus Pro

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS FEDERALES Y SUS ACCESORIOS. SU DETERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN CORRESPONDEN EN EXCLUSIVA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2003-SS. · Registro digital (IUS): 17735
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, , Pág. 360.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias dictadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver los incidentes administrativos en revisión 289/2002, promovido por Automóviles y Camiones de Uruapan, Sociedad Anónima de Capital Variable en Uruapan, Michoacán, y el 140/2001, promovido por el administrador local de Recaudación de Uruapan, Michoacán establecen, en lo que interesa, lo siguiente:

IAR. 289/2002.

"TERCERO. La parte recurrente expresó los siguientes agravios: ‘Primero. Causa agravio a esta autoridad responsable la resolución que se impugna, toda vez que el Juez del conocimiento viola en perjuicio de esta representación lo dispuesto por los artículos 77 y 78, ambos de la Ley de Amparo, ya que si bien es cierto que el secretario de Hacienda y Crédito Público tiene facultades en la organización fiscal y en el establecimiento de la política fiscal, también lo es que la ejecución de los actos que se reclaman en el presente juicio de garantías compete directamente a autoridades distintas. En efecto, de acuerdo a lo manifestado anteriormente, es obligación del a quo resolver el juicio de amparo de que se trate, atendiendo a los actos que se le reclaman a cada una de las autoridades mencionadas en la demanda del juicio de garantías y atendiendo a las pruebas que en relación con dichos actos se hayan acreditado mediante el desahogo de las mismas en la secuela del procedimiento del presente juicio de garantías. Así, la resolución que se impugna causa agravios a esta representación fiscal por lo que se refiere a su parte conducente del considerando II, misma que señala a la letra lo siguiente: «II. Las autoridades responsables, secretario de Hacienda y Crédito Público con residencia en México, Distrito Federal, administradores locales de Recaudación y de Auditoría Fiscal, ambos en esta ciudad, al rendir su informe previo negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, debe desvirtuarse dicha negativa en atención a que la quejosa exhibió copias simples del formato 1-D de pagos provisionales primera parcialidad y retenciones de impuestos federales 2002, con número de transferencia electrónica de fondos 003050992200202189 que presentó respecto de la declaración de optar por no pagar el impuesto sustitutivo del crédito al salario, ya que no disminuyó el crédito al salario pagado a sus trabajadores por el periodo del mes de enero del año en curso; del pago de impuestos federales con recibo expedido a la quejosa por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la declaración presentada por internet contenida en el formato 1-D, la que fue registrada con el folio 720199 (fojas 67 a 70), a las que se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en su conjunto permiten acreditar que la quejosa efectivamente llevó a cabo el pago provisional que nos ocupa, situándose con ello en la hipótesis prevista por el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contenida en el decreto publicado el uno de enero del año en curso. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas ciento veintisiete del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: <COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO.> (se transcribe). Así las cosas, con apoyo en los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo, se concede a la quejosa Automóviles y Camiones de Uruapan, Sociedad Anónima de Capital Variable, la suspensión definitiva que solicita para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se haga efectivo ni se realice acto de ejecución alguno tendente al cobro del impuesto establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicado en el Diario Oficial de la Federación del uno de enero del año en curso en contra de la citada empresa, lo anterior dado que con la concesión de dicha medida suspensiva no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones del orden público y sí, en cambio, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que con la ejecución del acto reclamado se ocasionaría a la parte quejosa; hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación de la sentencia ejecutoria que resuelva el juicio principal del que deriva este incidente, esta medida provisional surtirá efectos, previo el depósito de la cantidad a la que ascienda, en su caso, el cobro del impuesto que se tilda de inconstitucional ante la autoridad exactora a efecto de garantizar el interés fiscal, según lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo, toda vez que en la demanda de garantías de cuenta se advierte que se trata de la impugnación de una ley autoaplicativa y su primer acto de aplicación, según se desprende de las constancias que se anexaron al libelo constitucional respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis consultable en la página trescientos ochenta y uno del Tomo III, Segunda Parte-1, correspondiente a los meses de enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: <IMPUESTO AL ACTIVO DE LAS EMPRESAS. PROCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN CONTRA DE SU COBRO POR SER INMINENTE.> (se transcribe). <SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE TRATÁNDOSE DE LEYES AUTOAPLICATIVAS.> (se transcribe). III. ... Por lo expuesto y fundado, se resuelve ...»(Se omite la transcripción de los puntos resolutivos de la sentencia recurrida, en virtud de que ya obra en el resultando tercero de esta ejecutoria). De lo transcrito anteriormente, se desprende la violación a lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Así, el a quo deja de observar lo dispuesto por el precepto antes invocado, toda vez que la sola apreciación y una ilegal presunción subjetiva hecha por el Juez no hacen prueba plena y permitida por la ley para determinar si es o no facultad del secretario de Hacienda y Crédito Público la aplicación del artículo primero de la Ley de Ingresos de la Federación, así como el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este sentido, por lo que hace al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al negar éste los actos que se le atribuyen, procede negarse la suspensión por falta de materia, máxime que la parte quejosa no aportó prueba que desvirtuara dicha negativa. Así, resulta ser carente de fundamento jurídico otorgar la suspensión definitiva al quejoso, ya que al rendirse el informe previo se negaron los actos reclamados consistentes en la aplicación del artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta.’ ... En otro aspecto, son infundados los argumentos que hace valer la responsable recurrente en los agravios primero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, como se verá a continuación. En efecto, es infundado el primero de los agravios, en el cual la autoridad responsable recurrente, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aduce que aun cuando es cierto que le asisten facultades en la organización fiscal y en el establecimiento de la política fiscal, lo cierto es que la ejecución de los actos reclamados en la demanda de garantías no es de su competencia, por lo que las pruebas aportadas no desvirtúan la negativa contenida en el informe previo respectivo. Ello es así, porque contrario a lo aseverado en tales motivos de inconformidad, al secretario de Hacienda y Crédito Público sí le corresponde la aplicación de la norma reclamada como inconstitucional, porque si bien el artículo 6o. del Reglamento Interior de la Secretaría a su cargo no prevé expresamente esa facultad, lo cierto es que la última fracción del precepto dispone que le corresponden ‘Las demás que con este carácter se establezcan por ley, por reglamento o le confiera el presidente de la República.’; y de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: ‘A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... XI. Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. ...’. De ahí que a pesar de que el secretario de Estado, aquí recurrente, haya negado los actos de ejecución que se le reclaman, deviene incuestionable que pueden llevarse a cabo los mismos en cualquier momento, máxime que para resolver sobre la suspensión es inatendible el razonamiento que una autoridad ejecutora esgrima en relación con que no es competente y que no le corresponde la ejecución de los actos reclamados, porque ello constituye únicamente la afirmación de una de las partes, la cual se encuentra sujeta a prueba y por lo cual tal autoridad debe probar en el juicio que a ella no competía la ejecución del acto reclamado; atento lo establecido en la ejecutoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen LXXII, Tercera Parte, página 9, del contenido literal siguiente: ‘ACTO RECLAMADO. NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS.’ (se transcribe). Acerca de lo anterior, este Tribunal Colegiado no desconoce la existencia de la tesis de jurisprudencia XIV.1o. J/3, establecida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 1335 del Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CORRESPONDE AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A TRAVÉS DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y NO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ORDENAR AL PATRÓN DEL QUEJOSO SE ABSTENGA DE RETENER EL IMPUESTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 78-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.’ (se transcribe). Sin embargo, en la especie, por las razones que han quedado expuestas con anterioridad, no se comparte dicho criterio, ya que este Tribunal Colegiado ha estimado, al resolver el recurso de revisión 140/2001, en sesión de fecha dieciséis de agosto de dos mil uno, así como el que se refiere al presente asunto que, conforme a los artículos 6o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 31, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, a la secretaría recurrente sí le corresponde la aplicación de leyes que establecen el cobro de impuestos, contribuciones, mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales, en términos de las leyes aplicables; por lo cual con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se ordena denunciar la contradicción de tesis relativa, a fin de que en su oportunidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva lo conducente." (fojas 17 vuelta a la 38 del cuaderno de contradicción).

No es el caso de transcribir la resolución del incidente en revisión 140/2001 de este mismo Tribunal Colegiado, ya que fue resuelto en el mismo sentido y con base en los mismos argumentos que el anteriormente transcrito.

CUARTO. Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el incidente de suspensión en revisión 275/2000, en la parte que interesa, son las siguientes:

"SEGUNDO. El Juez Federal fundó su resolución en las consideraciones siguientes: ‘SEGUNDO. El procurador fiscal de la Federación en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, quien representa al presidente de la República, el director general de Asuntos Jurídicos en ausencia del secretario de Gobernación, de los subsecretarios y del oficial mayor, y el director del Diario Oficial de la Federación, todos con residencia en México, Distrito Federal, al rendir el informe previo que a cada uno de ellos corresponde admitieron la existencia de los actos que se les reclaman. El Congreso de la Unión, con sede en México, Distrito Federal, no rindió su informe previo pero como de autos aparece que recibió la notificación relativa a la citación para esta audiencia, cabe presumir cierto el acto que se le reclama, de conformidad con el artículo 132, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor. No obstante que el procurador fiscal de la Federación negó el acto que se le atribuye al secretario de Hacienda y Crédito Público, sin embargo, éste debe tenerse por cierto en atención a que el acto que se le reclama se hace consistir en la retención de un impuesto a través de las unidades administrativas a su cargo. ... En cambio, se concede al impetrante de garantías la suspensión definitiva que solicita, en relación con los actos de cumplimiento y demás consecuencias derivadas del precepto legal impugnado, para el efecto de que no se le haga la retención a que se refiere el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esto es, de la cantidad que resulta por concepto de interés que no paga con motivo del préstamo que le fuera otorgado por la persona moral denominada Banrural, S.N.C., quien no deberá realizar la retención correspondiente, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de las unidades administrativas que designe, deberá girar las órdenes conducentes a fin de que sea cumplida en sus términos la presente determinación. La medida cautelar otorgada surte sus efectos, desde luego, en términos de lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo, pero dejará de hacerlo si el inconforme no constituye ante la Tesorería de la Federación un depósito por la suma equivalente al importe que deberá cumplir cada vez que sea requerido por concepto de impuestos conforme a la reforma del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debiendo exhibir ante este Juzgado Federal en el término de cinco días el comprobante de haber realizado ese depósito en la dependencia ya nombrada; lo anterior con apoyo en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis consultable a foja 508, Volúmenes 205-216, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el epígrafe: «SUSPENSIÓN DEFINITIVA. COBRO DE IMPUESTOS PARA SU PLENA EFICACIA EL JUEZ QUE LA CONCEDE PUEDE ORDENAR A LA AUTORIDAD FISCAL RESPONSABLE QUE AUTORICE A LA EMPRESA RETENEDORA SE ABSTENGA DE RETENER EL IMPUESTO RECLAMADO POR EL QUEJOSO.».’. TERCERO. La parte recurrente hizo valer el agravio siguiente: ‘Único. Causa agravio a esta autoridad responsable la resolución que se impugna, toda vez que el Juez del conocimiento viola en perjuicio de esta representación lo dispuesto por los artículos 77 y 78, ambos de la Ley de Amparo, ya que si bien es cierto que el secretario de Hacienda y Crédito Público tiene facultades en la organización fiscal y en el establecimiento de la política fiscal, también lo es que la ejecución de los actos que se reclaman en el presente juicio de garantías compete directamente a autoridades distintas. En efecto, de acuerdo a lo manifestado anteriormente es obligación del a quo resolver el juicio de amparo de que se trate, atendiendo a los actos que se le reclaman a cada una de las autoridades mencionadas en la demanda del juicio de garantías y atendiendo a las pruebas que en relación con dichos actos se hayan acreditado mediante el desahogo de las mismas en la secuela del procedimiento del presente juicio de garantías. Así, la resolución que se impugna causa agravios a esta representación fiscal, por lo que se refiere a su parte conducente del segundo considerando, misma que señala a la letra lo siguiente: (se transcribe parcialmente). De lo transcrito anteriormente, se desprende la violación a lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Así, el a quo deja de observar lo dispuesto por el precepto a que se hace mención arriba, toda vez que la sola apreciación y una ilegal presunción subjetiva hecha por el Juez no hace prueba plena y permitida por la ley para determinar si es o no facultad del secretario de Hacienda y Crédito Público el ejecutar los actos necesarios para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación. En este sentido, por lo que hace al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al negar éste los actos que se le atribuyen procede negarse la suspensión por falta de materia, máxime que la parte quejosa no aportó prueba que desvirtuara dicha negativa. Así, resulta ser carente de fundamento jurídico otorgar la suspensión definitiva al quejoso, ya que al rendirse el informe previo se negaron los actos reclamados consistentes en la ejecución de lo dispuesto por el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2000. Por lo que respecta al señalamiento de que al secretario de Hacienda y Crédito Público, por conducto de las unidades administrativas que designe, le corresponde expedir la orden correspondiente a fin de que se abstenga de retener al quejoso el impuesto establecido en el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, en consecuencia, el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación; el Juez natural deja de observar lo dispuesto por el principio jurídico por el cual se determina que las autoridades sólo pueden realizar actos por los que estén expresamente facultadas en la propia ley y, en la especie, el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece las facultades de las autoridades, del secretario de Hacienda y Crédito Público, de las que no se desprende facultad para ejecutar o aplicar el precepto impugnado. En efecto, el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su artículo 6o. determina las facultades del secretario de Hacienda y Crédito Público, precepto que dispone a la letra: «Artículo 6o. El secretario tendrá las siguientes facultades no delegables: I. Proponer al presidente de la República la política del Gobierno Federal en las materias financieras, fiscal, de gasto público, crediticia, bancaria, monetaria, de divisas y de precios y tarifas de bienes y servicios del sector público, para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas; II. Someter a la consideración y, en su caso, aprobación del presidente de la República el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, regionales y especiales correspondientes, así como formular los programas anuales respectivos, en los términos de la legislación legal aplicable; III. Proponer, para aprobación del presidente de la República, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, el Programa Operativo Anual de Financiamiento y el Programa del Gasto Público Federal conforme a la política del Gobierno Federal en las materias a que se refiere la fracción anterior, y dirigir la ejecución de los mismos para apoyar el Plan Nacional de Desarrollo, así como evaluar sus resultados; IV. Coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Social en el ámbito de su competencia, el otorgamiento de las autorizaciones de acciones e inversiones convenidas con los Gobiernos Locales y Municipales tratándose de planeación nacional y regional; V. Representar al presidente de la República en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, en los casos en que lo determine el titular del Ejecutivo Federal; VI. Someter al acuerdo del presidente de la República los asuntos encomendados a la secretaría y al sector paraestatal que le corresponda coordinar; VII. Proponer al Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes relativos a los asuntos de la competencia de la secretaría y del sector paraestatal coordinado por ella; VIII. Proponer al Ejecutivo Federal el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación; IX. Dar cuenta al Congreso de la Unión del estado que guarde su ramo y el sector paraestatal que corresponda coordinar a la secretaría, e informar al propio Congreso, siempre que sea citado para ello, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus actividades; X. Refrendar los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes expedidos por el presidente de la República en su ramo, en los términos del artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XI. Someter a la consideración del presidente de la República los cambios a la organización que determinen los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, que impliquen modificaciones a su estructura orgánica básica y que deban reflejarse en su reglamento interior; XII. Llevar las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la administración pública paraestatal con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de financiamiento; proponer las asignaciones sectoriales de financiamiento y participar en las de gasto; y emitir los lineamientos generales conforme a los cuales deban formularse los programas financieros de la entidades paraestatales; XIII. Designar a los representantes de la secretaría ante los órganos de gobierno de las entidades paraestatales y en su caso, órganos desconcentrados y establecer los lineamientos generales conforme a los cuales deberán actuar dichos representantes; XIV. Aprobar los programas financieros de la entidades paraestatales incluidas en la Ley de Ingresos de la Federación, considerando las fuentes, montos y objetivos de los mismos; XV. Coordinar la elaboración de los programas anuales de las entidades paraestatales del sector coordinado por la secretaría y, en su caso, de los programas institucionales, así como aprobarlos cuando proceda; XVI. Proponer el proyecto de presupuesto de la secretaría, el de los ramos de la deuda pública y de participaciones a entidades federativas y Municipios, así como el del sector paraestatal coordinado por ella, en congruencia con los programas respectivos; XVII. Vigilar que las entidades paraestatales coordinadas por la secretaría conduzcan sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, del programa sectorial y, en su caso, del programa institucional de la entidad que corresponda, y cuidar que guarden congruencia los programas y presupuestos de dichas entidades, así como su ejecución, con los citados objetivos, estrategias y prioridades, auxiliándose para ello con las unidades administrativas que se señalen en este reglamento; XVIII. Celebrar convenios en materia de coordinación fiscal con las entidades federativas y proponer al presidente de la República el acuerdo relativo al Distrito Federal; XIX. Contratar, en representación del Ejecutivo Federal, créditos internos y externos a cargo del Gobierno Federal, pudiendo nombrar representantes para que intervengan en la negociación de los mismos y en la suscripción de los documentos relativos; XX. Planear, coordinar, conocer la operación y evaluar, el sistema bancario mexicano respecto de las instituciones de banca de desarrollo, de las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal tenga el control por su participación accionaria, así como de las demás entidades del sector paraestatal que corresponda coordinar a la secretaría; XXI. Expedir los reglamentos orgánicos de las instituciones de banca de desarrollo que rijan su organización y funcionamiento, así como los lineamientos a que se sujetarán las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal tenga el control por su participación accionaria, en las materias de presupuestos, administración de sueldos y prestaciones, y las demás objeto de regulación; XXII. Otorgar y revocar autorizaciones para la constitución, organización y operación de instituciones de banca múltiple de seguros, de fianzas, de organizaciones auxiliares del crédito y para la operación de comisionistas que auxilien a las instituciones de banca múltiple, así como de sociedades mutualistas de seguros, de consorcios de instituciones de seguros y de fianzas, y de casas de cambio; XXIII. Otorgar y revocar concesiones para la constitución y operación de instituciones para el depósito de valores y de bolsas de valores, así como autorizar los programas conducentes a la fusión y la fusión misma de dos o más instituciones o sociedades de las que antes se han citado, y el establecimiento en territorio nacional de oficinas de representación de entidades financieras del exterior; XXIV. Otorgar y revocar autorizaciones para la constitución y funcionamiento de grupos financieros, así como autorizar la incorporación de una nueva sociedad a un grupo financiero o la separación de alguno de sus integrantes, la fusión de dos o más grupos financieros, la fusión de dos o más entidades participantes en un mismo grupo financiero y la disolución de un grupo financiero; XXV. Establecer los lineamientos, normas y políticas, mediante los que la secretaría proporcionará informes, datos y cooperación técnica que sean requeridos por alguna entidad federativa, secretaría de Estado o departamento administrativo y entidades de la administración pública federal; XXVI. Intervenir en los convenios que celebre el Ejecutivo Federal cuando incluyan materias de la competencia de la secretaría; XXVII. Designar al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y al de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como conocer las resoluciones y recomendaciones de sus juntas de gobierno, en los términos de las leyes correspondientes; XXVIII. Recibir en acuerdo a los subsecretarios, al oficial mayor, al procurador fiscal de la Federación y al tesorero de la Federación, para el trámite y resolución de los asuntos de su respectiva competencia; XXIX. Adscribir orgánicamente las unidades administrativas a que se refiere este reglamento a la secretaría, a las subsecretarías, a la oficialía mayor, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y a la Tesorería de la Federación; delegar sus facultades en los servidores públicos de la secretaría y, en el caso de las unidades administrativas regionales, señalar el número, la sede, la fecha de iniciación de actividades y su circunscripción territorial; XXX. Autorizar por escrito a servidores públicos subalternos para que realicen actos y suscriban documentos específicos, siempre y cuando no formen parte del ejercicio de sus facultades indelegables. Dichas autorizaciones deberán ser registradas ante la Procuraduría Fiscal de la Federación; XXXI. Presidir las comisiones que sean necesarias para el buen funcionamiento de la secretaría y designar a los integrantes de las unidades internas que corresponda; XXXII. Establecer las unidades de asesoría y apoyo que sean indispensables para el adecuado funcionamiento de la secretaría; XXXIII. Aprobar las políticas técnicas y administrativas para la mejor organización y funcionamiento de la secretaría, así como autorizar y disponer la publicación del manual de organización general de la secretaría en el Diario Oficial de la Federación; XXXIV. Ejercer las facultades que las leyes y demás disposiciones legales confieran a la secretaría, para dictar reglas de carácter general en las materias competencia de la misma; y, XXXV. Las demás que con este carácter se establezcan por ley, por reglamento o le confiere el presidente de la República.». Así, por su parte, el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone a la letra lo siguiente: «Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes; III. Nombrar los Ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado; IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores de hacienda; V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales con arreglo a las leyes; VI. Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea, del ejército terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación; VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76; VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos previa ley del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17735-003c07fd/impuestos-contribuciones-de-mejoras-derechos-productos-aprovechamientos-federales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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