LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO PUEDA DECIDIR SOBRE ELLA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, ES NECESARIO QUE EL JUZGADOR RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE ESE BENEFICIO, PORQUE EL INCULPADO NO SE LO HUBIERE SOLICITADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a esta denuncia de contradicción, son las siguientes:
a) El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve la queja penal 17/99, determinó, en la parte que interesa, materia de la presente contradicción de criterios, lo siguiente:
"TERCERO. Son infundados los motivos de inconformidad hechos valer por la recurrente ... atentas las consideraciones que a continuación se expresan. En efecto, no debe concordarse con la proposición postulada por la parte agraviada mediante la que sustancialmente sugiere que el proveído por el cual le fue concedida la suspensión provisional del acto reclamado consistente en el auto de formal prisión dictado en contra de la aquí inconforme, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, en agravio de ... genera en su contra infracción a las disposiciones legales contenidas en la Ley de Amparo. Lo anterior es así toda vez que, contrario a la insinuación de la recurrente, el Juez de Distrito apegó a derecho su determinación en el sentido de que: ‘... no es procedente acordar de conformidad la petición que formula en cuanto a que el suscrito conceda la libertad bajo caución que solicita; esto es porque acorde a lo que dispone el párrafo VII del artículo 136 de la Ley de Amparo, es una facultad potestativa pronunciarse al respecto, pues este juzgado no advierte obstáculo para que el Juez natural le conceda el beneficio que refiere ante quien, en todo caso, deberá elevar tal petición porque cuenta con mayores elementos de juicio para pronunciarse al respecto ...’ (foja cuarenta y nueve del cuaderno incidental), pues al haber resuelto en el sentido que quedó parcialmente transcrito, ajustó su proceder a las prescripciones contenidas en el párrafo séptimo del artículo 136 de la Ley de Amparo, en tanto dispone que el Juez de Distrito podrá poner en libertad bajo caución al quejoso que así lo solicite, conforme a la fracción I del artículo 20 constitucional, pero condicionando el ejercicio de esa facultad a la circunstancia relativa a que el quejoso demuestre haber solicitado la libertad provisional ante el Juez de su causa y que el Juez o tribunal que la conozca hubiese omitido emitir pronunciamiento, como así se advierte de la interpretación que a contrario sensu se practique de la parte final del párrafo séptimo del artículo en mención, el cual contempla la posibilidad de que el quejoso pueda ser puesto en libertad bajo caución siempre y cuando el Juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no habérsele solicitado. Y no habiéndose acreditado en el caso que se examina la existencia de esta última circunstancia, debe, en consecuencia, declararse infundado el presente recurso de queja." (fojas 33 a 40 del cuaderno de contradicción).
Del anterior criterio derivó la tesis que enseguida se reproduce:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, noviembre de 1999
"Tesis: XV.2o.5 P
"Página: 994
"LIBERTAD BAJO CAUCIÓN. PARA SU OTORGAMIENTO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBE ACREDITARSE QUE PREVIAMENTE SE SOLICITÓ AL JUEZ DE LA CAUSA Y ÉSTE FUE OMISO AL RESPECTO. De acuerdo a las prescripciones contenidas en el párrafo séptimo del artículo 136 de la Ley de Amparo, se obtiene que el Juez de Distrito podrá poner en libertad bajo caución al quejoso que así lo solicite, conforme a la fracción I del artículo 20 constitucional, pero el ejercicio de esa facultad está condicionado a que el quejoso demuestre haber solicitado la libertad provisional ante el Juez de su causa y que el Juez o tribunal que la conozca hubiere omitido pronunciarse sobre la misma, como así se advierte de la interpretación que a contrario sensu se obtiene de la disposición normativa en consulta.
"Queja 17/99. Nohemí Barragán Llamas. 17 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Humberto Trujillo Altamirano. Secretario: José Neals André Nalda."
b) Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el dieciséis de enero de dos mil tres la queja penal 52/2002, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente (fojas 6 a 17 del cuaderno de contradicción):
"CUARTO. Son fundados los transcritos agravios. El Juez recurrido determinó la improcedencia de la petición del quejoso, para que la autoridad de amparo se pronunciara en torno a su solicitud de que le fuera concedida la libertad provisional bajo caución, argumentando que: (se transcribe). Consideraciones en apoyo de las cuales invocó el criterio que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en la tesis consultable a foja 994 del Tomo X, noviembre de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘LIBERTAD BAJO CAUCIÓN. PARA SU OTORGAMIENTO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBE ACREDITARSE QUE PREVIAMENTE SE SOLICITÓ AL JUEZ DE LA CAUSA Y ÉSTE FUE OMISO AL RESPECTO.’. Criterio que no se comparte por este Tribunal Colegiado, habida cuenta que se estima, en contrario a lo que en él se sustenta, que conforme a los principios que rigen el artículo 20 constitucional, en su fracción I, y el texto del párrafo séptimo del artículo 136 de la Ley de Amparo, reformado por decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, los Jueces de amparo deben acordar sobre la petición del quejoso, para que le sea concedida la libertad caucional, acorde a la disposición constitucional invocada, a la brevedad posible, en aquellos casos en que el quejoso no haya pedido a la autoridad responsable el beneficio que como garantía consagra la fracción I del artículo 20 constitucional. En efecto, el texto vigente del séptimo párrafo del artículo 136 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece: (se transcribe). Disposición de cuya literalidad se desprende que la posibilidad de que el Juez de Distrito provea sobre la concesión o no de la libertad provisional bajo caución a que se refiere la fracción I del artículo 20 constitucional, no está supeditada a que el quejoso previamente haya solicitado ese beneficio a la autoridad judicial del orden penal o el Ministerio Público, y que éstos hayan omitido pronunciarse sobre la misma, no sólo porque sobre ese particular la ley no distingue, y sí, por el contrario, precisa que el Juez que conozca del amparo deberá resolver sobre el otorgamiento de la libertad bajo caución ‘siempre y cuando el Juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no habérsele solicitado’; sino, además, porque es indudable que tanto en el supuesto que señala el a quo, de que a la autoridad responsable se le haya solicitado este beneficio, y que ésta haya omitido pronunciarse sobre el mismo, como en el caso de que niegue dicha prerrogativa; la imposibilidad para el Juez de amparo de pronunciarse sobre la concesión o no del beneficio de la libertad bajo caución, en términos del artículo 20 constitucional, párrafo I, sería resultado, además, de que en contra de esas decisiones el quejoso deba agotar los recursos legales a su alcance para combatir la determinación de la responsable, ya sea de omitir o de negarle la concesión del beneficio constitucional referido. De ahí que si en el caso el inculpado promovió juicio de garantías contra el auto de formal prisión, y solicitó al Juez de amparo que le otorgara la libertad caucional, aseverando ‘que a la fecha no se ha pronunciado la autoridad responsable acerca de mi libertad en virtud de que no se le ha solicitado, por tal virtud éste solicita a este tribunal federal se pronuncie al respecto y me conceda el beneficio de la libertad de manera pronta y expedita como lo ordena propia Constitución (sic).’. Y si como lo sostiene el a quo en el auto recurrido, el Juez responsable le informó que ni el inculpado ni su defensor le habían solicitado el beneficio de la libertad provisional bajo caución, resulta incontrovertible que el Juez recurrido no podía negarse a realizar un pronunciamiento sobre la procedencia o no de otorgar al quejoso el beneficio de la libertad bajo caución, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 constitucional, pues tal supuesto es precisamente la hipótesis en la que, de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 136 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito puede determinar sobre el particular. Y, por ende, que si el a quo no lo consideró de ese modo, debe declararse fundado el recurso de queja, y en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de tesis entre el criterio que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en la tesis de rubro: ‘LIBERTAD BAJO CAUCIÓN. PARA SU OTORGAMIENTO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBE ACREDITARSE QUE PREVIAMENTE SE SOLICITÓ AL JUEZ DE LA CAUSA Y ÉSTE FUE OMISO AL RESPECTO.’, y el criterio que en este fallo sostiene este órgano colegiado, para los efectos que se precisan en el invocado precepto legal." (fojas 6 a 16 de la contradicción de tesis 35/2003-PS).
CUARTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de la jurisprudencia siguiente, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.
"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."
De esta jurisprudencia se advierte que para la configuración de una contradicción de tesis, se requiere que haya una disparidad de criterios de los tribunales, en donde se reúnan los siguientes requisitos: 1. Que hayan analizado, en esencia, iguales cuestiones jurídicas, y adopten posturas divergentes; 2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones o interpretaciones jurídicas realizadas en la sentencia que cada tribunal dicte; y, 3. Que los distintos criterios provengan del examen de elementos coincidentes; lo que implica que deben partir del análisis esencial de semejantes supuestos.
QUINTO. En este asunto sí se satisfacen los supuestos mencionados que condicionan una contradicción de tesis, y para constatarlo es menester examinar a continuación la parte conducente de las ejecutorias de las que derivaron los criterios en conflicto:
Para resolver la problemática planteada resulta necesario, en primer lugar, hacer referencia a que los recursos de queja resueltos por los Tribunales Colegiados contendientes (quejas 17/99 y 52/2002) derivaron de los proveídos dictados por los Jueces de Distrito en los incidentes de suspensión de los juicios de amparo 96/99-R y II-987/2002, respectivamente, en donde los quejosos reclamaron sendos autos de formal prisión, y en los correspondientes incidentes de suspensión solicitaron al Juez de Distrito que les otorgara el beneficio de la libertad provisional bajo caución.
De igual forma, debe decirse que el punto medular del que se ocuparon los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver las quejas referidas, se centró en lo siguiente:
1. El recurso de queja 17/99 se interpuso en contra de un proveído donde se concedió la suspensión provisional del acto reclamado, consistente en un auto de formal prisión, y en el cual el Juez de Distrito estableció que no era procedente acordar de conformidad la petición de la parte quejosa, de que le concediera la libertad caucional, al considerar que esa petición debía hacerla previamente ante el Juez que conducía el proceso, pues contaba con mayores elementos de juicio para pronunciarse sobre esa petición.
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito declaró infundado ese recurso de queja.
En efecto, al resolver el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve la queja 17/99, determinó que de acuerdo con el artículo 136, párrafo séptimo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito, en uso de la facultad potestativa que le confiere ese numeral, puede poner en libertad bajo caución al quejoso que así lo solicite, conforme al apartado A, fracción I, del artículo 20 constitucional, siempre y cuando el interesado haya solicitado previamente la libertad provisional ante el Juez de su causa y éste hubiese omitido el pronunciamiento respectivo, o no se haya pronunciado sobre la libertad bajo caución, por no habérsele solicitado.
Dicho de diversa manera, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito sostiene lo siguiente:
Que el Juez de Distrito está facultado para poner en libertad bajo caución al quejoso que le haga la petición en ese sentido, si se satisface cualquiera de los dos siguientes requisitos o presupuestos:
a) Que el interesado haya solicitado previamente la libertad provisional ante el Juez de su causa, y éste hubiese omitido resolver sobre dicha solicitud; o bien,
b) Que el Juez de la causa no se haya pronunciado sobre la libertad bajo caución del quejoso, por no habérsele solicitado dicho beneficio.
Como se advierte, aparentemente el aludido Tribunal Colegiado de Circuito incumplió con lo que dispone el artículo 136, párrafo séptimo, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el quejoso puede ser puesto en libertad bajo caución, siempre y cuando el Juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no habérsele solicitado.
Sin embargo, el mencionado Tribunal Colegiado al interpretar la indicada disposición legal admite en principio que el Juez de Distrito puede conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución que le solicite el quejoso, siempre y cuando no exista un pronunciamiento previo sobre ese beneficio por parte del Juez de la causa, y esa omisión del Juez Penal debe tener como presupuesto una conducta positiva por parte del quejoso, consistente en una solicitud ante el Juez Penal de que sea puesto en libertad, o una conducta negativa, consistente en que la falta del pronunciamiento del Juez obedezca a una ausencia de solicitud del procesado en ese sentido (fojas 13 a 20 de la queja 17/99), por lo que no cabe considerar que carece de sentido resolver el presente asunto con base en que el tribunal realizó una aplicación indebida del artículo 136 de la Ley de Amparo.
Del citado criterio derivó la tesis transcrita en las páginas 7 y 8 de la presente ejecutoria, del siguiente rubro: "LIBERTAD BAJO CAUCIÓN. PARA SU OTORGAMIENTO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBE ACREDITARSE QUE PREVIAMENTE SE SOLICITÓ AL JUEZ DE LA CAUSA Y ÉSTE FUE OMISO AL RESPECTO."
2. Por otra parte, el recurso de queja 52/2002 se interpuso en contra de un proveído dictado por el Juez de Distrito en el incidente de suspensión del juicio de amparo II-987/2002, en el que negó al quejoso el beneficio de la libertad provisional bajo caución. El Juez de Distrito apoyó la negativa del beneficio mencionado en que el Juez instructor de la causa penal informó que el inculpado no le había solicitado la libertad provisional bajo caución previamente.
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito declaró fundado el recurso de queja 52/2002, pues al resolverlo el dieciséis de enero de dos mil tres consideró lo siguiente:
Que conforme al artículo 20, apartado A, fracción I, de la Carta Magna, y al artículo 136, párrafo séptimo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito puede conceder la libertad caucional al quejoso, aun cuando éste no haya pedido al Juez de la causa penal el citado beneficio, ya que, puntualizó, el proveído del Juez de amparo sobre la concesión de ese tipo de libertad no está supeditado a que el quejoso previamente haya solicitado ese beneficio al Juez Penal y que éste haya omitido pronunciarse sobre la solicitud.
Por consiguiente, en opinión de este último Tribunal Colegiado, el Juez de Distrito no puede negarse a pronunciarse sobre la solicitud del otorgamiento de la libertad bajo caución del quejoso, en caso de que el Juez responsable le informe que ni el inculpado ni su defensor le han solicitado ese beneficio, puesto que, agregó, el presupuesto que contempla el artículo 136, párrafo séptimo, de la Ley de Amparo, para que el Juez de Distrito pueda determinar sobre ese particular, consiste precisamente en que no se haya hecho la solicitud de esa libertad ante el Juez Penal (fojas 6 a 17 del cuaderno de contradicción de tesis 35/2003).
La postura del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito se puede sintetizar de la siguiente manera:
Que el Juez de Distrito puede proveer y, en su caso, conceder la libertad caucional al quejoso, a pesar de que se presenten las siguientes circunstancias:
1. Que no exista una solicitud del quejoso para que el Juez Penal le conceda la libertad caucional; y,
2. Que exista o no una omisión del Juez natural sobre el pronunciamiento respecto a esa solicitud.
De lo expuesto se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues se reúnen los requisitos condicionantes de la contradicción de tesis, a saber:
1. Los Tribunales Colegiados de Circuito analizaron, en esencia, iguales cuestiones jurídicas, y adoptaron posturas divergentes, toda vez que se ocuparon del examen del artículo 136, párrafo séptimo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, y del examen e interpretación que realizaron, uno de ellos arribó a la conclusión de que el Juez de Distrito puede decidir si concede la libertad caucional al quejoso, siempre y cuando este último haya hecho previamente la solicitud de ese tipo de libertad al Juez de la causa, y el citado juzgador ordinario haya omitido resolver sobre esa solicitud; en tanto que el segundo de los Tribunales Colegiados de Circuito adoptó la postura contraria, consistente en que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse y, en su caso, conceder la libertad provisional bajo caución, no es requisito indispensable que el quejoso haya hecho previamente la solicitud correspondiente al Juez Penal que conozca de su causa ni que éste haya omitido o no pronunciarse a ese respecto.
2. La diferencia de criterios se presentó en las consideraciones e interpretaciones jurídicas realizadas en la resolución que cada tribunal dictó al resolver sendos recursos de queja; y,
3. Los distintos criterios provienen del examen de elementos coincidentes, pues los Tribunales Colegiados de Circuito partieron del análisis esencial de semejantes supuestos, consistentes en la determinación de si para que el Juez de Distrito pueda emitir pronunciamiento sobre la solicitud del quejoso de que le conceda la libertad provisional bajo caución, es requisito o no que el inculpado previamente haya hecho la solicitud en igual sentido ante el órgano jurisdiccional que conozca del proceso, y éste haya omitido contestar a esa solicitud, en los términos del artículo 136, párrafo séptimo, de la Ley de Amparo.
De todo lo que se lleva dicho se llega a la convicción de que en este caso sí existe contradicción de tesis, en el punto terminal que ya quedó especificado.
No es obstáculo a esta posición, la circunstancia de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, pues los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolver la contradicción de tesis, no imponen dicho requisito.
En relación con este punto cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Alto Tribunal en Pleno, que indica lo siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.
"Contradicción de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de junio de 1995. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.
"Contradicción de tesis 32/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 6 de julio de 1998. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño.
"Contradicción de tesis 37/98. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 8 de junio de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández.
"Contradicción de tesis 55/97. Entre las sustentadas por el Sexto y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de diciembre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Benito Alva Zenteno.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."
SEXTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de las consideraciones siguientes:
Como quedó expuesto en el considerando que antecede, el tema de la presente contradicción de tesis se circunscribe a determinar si de acuerdo con el artículo 136, párrafo séptimo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, el Juez de Distrito puede determinar si concede la libertad caucional al quejoso, cuando este último ha solicitado previamente ese tipo de libertad al Juez de la causa, y el citado juzgador ordinario haya omitido resolver sobre esa solicitud; o si, por el contrario, para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse y conceder la libertad provisional bajo caución, no es requisito indispensable que el quejoso haya hecho con anterioridad la solicitud correspondiente al juzgador penal que conozca de su causa, ni que éste haya omitido o no pronunciarse a ese respecto.
Dado que el problema a resolver está relacionado con la libertad provisional bajo caución, conviene enseguida hacer algunas consideraciones sobre esa figura constitucional, y establecer la naturaleza jurídica del derecho a la obtención de la citada libertad, consagrado en el artículo 20, apartado A, fracción I, constitucional.
El artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:
"A. Del inculpado:
"I. Inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el Juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.
"El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el Juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado.
"La ley determinará los casos graves en los cuales el Juez podrá revocar la libertad provisional."
El contenido de la disposición constitucional transcrita permite considerar que si la sociedad tiene interés en que se persiga a los responsables de un delito, y en adoptar las medidas que juzgue convenientes para su propia conservación, el individuo, por su parte (como integrante de la sociedad), debe gozar de la protección de las leyes, principalmente en los actos que afecten a su libertad personal.
La libertad es un derecho sustantivo del hombre, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en cualquiera de sus manifestaciones es un derecho inherente a la naturaleza del hombre, y después de la vida, es uno de los derechos sustantivos que mayor valor posee, en especial su libertad personal, que es la que se tutela a través de las garantías en materia penal.
Entonces, existe un conflicto de in
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17817-b93c7d5d/libertad-provisional-bajo-caucion-para-que-el-juez · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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