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Modo: Corpus Pro

MINISTERIO PÚBLICO. EL TÉRMINO DE CUARENTA Y OCHO HORAS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA QUE RESUELVA LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INDICIADO APREHENDIDO EN FLAGRANCIA, INICIA A PARTIR DE QUE ÉSTE ES PUESTO A SU DISPOSICIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2003-PS. · Registro digital (IUS): 17888
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, , Pág. 91.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Ahora bien, para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es necesario analizar las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, resolvió el veinte de mayo de mil novecientos noventa y ocho, el amparo en revisión penal 104/98, promovido por ... sustentando las consideraciones que, en la parte conducente, a continuación se transcriben:

"Amparo en revisión penal 104/98. Quejosos ... CUARTO. ... No asiste razón en lo así argumentado, toda vez que los párrafos cuarto al séptimo del artículo 16 constitucional permiten una interpretación sistemática, esto es, la que se obtiene de la vinculación de una disposición con otra y otras que rigen un tema a través de sus distintos aspectos para demarcar su ámbito y la ubicación de su sentido dentro del conjunto preceptivo a que pertenece; y es que la norma constitucional establece, en sus diferentes párrafos indicados, que: ‘En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos en que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.’. Ahora, los inconformes fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano, no en virtud de una orden girada por el Ministerio Público (caso de urgencia) sino, según constancias que informan el juicio de amparo indirecto, por habérseles sorprendido cuando -a bordo de una camioneta marca Chevrolet, de color rojo y otras particularidades que en autos se precisan- transportaban ciento ochenta y dos paquetes que contenían un vegetal en greña, con las características de la marihuana, y con un peso aproximado de un mil cuatrocientos sesenta kilogramos (caso de flagrancia); de donde se sigue que si fue una autoridad militar la que -a los recurrentes- los sorprendió en el momento de la transportación del enervante asegurado, es inconcuso que su obligación constitucional consistió en ponerlos sin demora a disposición de la representación social, es decir, que esa prontitud constituye un plazo distinto del que a ésta se le impone para que, a su vez, los ponga a disposición de la autoridad judicial o para ordenar su libertad, pero en cuyo término de cuarenta y ocho horas -para su retención por el fiscal- no queda comprendido el otro (sin demora); y siendo así, es de concluirse que tal plazo corre a partir de que al fiscal le son puestos a su disposición los indiciados, y las cuarenta y ocho horas son para que integre la averiguación previa penal correspondiente y proceda, según se trate, a su consignación o a dejarlos en libertad; y no puede ser de otra manera, que el diputado Guillermo Pacheco Pulido, en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que se celebrara el dos de julio de mil novecientos noventa y tres con motivo del proceso legislativo por el que se discutieran las reformas y adiciones al precepto constitucional de cuenta, entre otros, dio lectura a la iniciativa que proponía al respecto, estimando que ‘... si el plazo que se le concede al Juez en términos del artículo 19 constitucional, para valorar el acervo probatorio resultante de una averiguación previa, es de 72 horas, a consideración de quienes suscriben esta iniciativa, resulta lógico conceder a la autoridad investigadora de los delitos, el plazo de 48 horas antes señalado, dado que es quien se allegan las pruebas necesarias para su consignación, sobre todo tratándose de una averiguación previa con detenido. A mayor abundamiento, este plazo también corre en beneficio de las defensas del indiciado, ya que la propia iniciativa prevé el derecho que tiene para aportar pruebas, desde el momento mismo de la indagatoria ...’ (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. LV Legislatura. Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones, 4a. edición, México 1994, tomo III, pág. 418); en diversa sesión del diecisiete de agosto del mismo año, se dio la primera lectura al dictamen relativo al proyecto que reformaba y adicionaba la norma fundamental de mérito, entre otras, señalándose, en lo que interesa, que el párrafo séptimo ‘... define claramente el plazo por el cual el Ministerio Público puede retener a una persona que ha sido detenida en la hipótesis de flagrancia o urgencia, lo cual no dará lugar a interpretaciones diversas, con ello se llena un vacío legal que había dado lugar a variadas opiniones y tesis en dicha materia. Este plazo será de 48 horas, a cuya conclusión deberá ordenarse la libertad del indiciado o ponerlo a disposición de la autoridad judicial ...’ (op. cit., pág. 429), lo cual se reiteró en la segunda lectura a dicho dictamen que se hiciera en sesión celebrada el día diecinueve siguiente (op. cit., pág. 441) y en la que señalaron, atinente al párrafo séptimo del artículo 16 constitucional, el diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello que para los casos de detenciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, se establece un término máximo de cuarenta y ocho horas para que recabe los datos suficientes para integrar la averiguación previa y consignar o poner en libertad al detenido (op. cit., pág. 451) y el diputado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, al responder la interpelación del diputado Emilio Becerra González, señaló que dicho precepto fundamental hablaba de que deberá ponerse a disposición inmediatamente de la autoridad judicial, pero se preguntaba inmediatamente a qué, si el diverso 21 de la Carta Magna facultaba al Ministerio Público a realizar determinada diligencia después de la detención en las hipótesis de flagrancia y urgencia, y luego de aludir a la necesidad de que sólo fueran llevados a los tribunales a aquellos contra los que se tuviera evidencia de haber participado en algún delito, sostenía que el vocablo inmediatamente había dado una imprecisión, con lo que defendía la necesidad de fijar el plazo de cuarenta y ocho horas (op. cit., pág. 494); sesión en la que el diputado José Manuel Correa Cesaña afirmó que dentro de esas cuarenta y ocho horas que tiene el Ministerio Público para armar la investigación pasará dificultades, pero de ninguna manera ya se establece con toda claridad, taxativamente, que tendrá cuarenta y ocho horas para poner a disposición de su Juez al inculpado (op. cit., pág. 501). Al darse la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto, el senador Ernesto Luque Feregrino sostuvo en sesión de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y tres, que la retención del indiciado por el Ministerio Público -en los casos de flagrancia y de urgencia- podrá ser durante un plazo de cuarenta y ocho horas y a su conclusión deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial, según proceda. Así, es inconcuso que el sentido de los debates del Constituyente Permanente permiten establecer que su voluntad fue la de que el término de cuarenta y ocho horas, previsto en el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional, corriera a partir de que el indiciado quedase a disposición del Ministerio Público, sin contar el plazo relativo a ‘sin demora’, y tan fue esa la intención, que lo relacionaron con la integración de la averiguación previa penal correspondiente; de donde se sigue que no solamente la interpretación sistemática sino, además, la auténtica conllevan a la conclusión de que en el repetido término de cuarenta y ocho horas no quedara comprendido el tiempo de la detención del indiciado por un particular o por la autoridad inmediata contra lo aducido en el primer agravio."

El criterio sustentado por este Tribunal Colegiado dio origen a la tesis que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VII, junio de 1998

"Tesis: XI.2o.23 P

"Página: 703

"RETENCIÓN POR CUARENTA Y OCHO HORAS QUE LLEVA A CABO EL MINISTERIO PÚBLICO. NO COMPRENDE EL TIEMPO DE LA DETENCIÓN POR LA AUTORIDAD INMEDIATA, EN CASO DE FLAGRANCIA. Los párrafos del cuarto al séptimo del artículo 16 constitucional, permiten una interpretación sistemática para establecer el cómputo de dicho término constitucional, porque si fue una autoridad militar la que detuvo a los indiciados, al sorprenderlos in fraganti en la comisión de un delito, es inconcuso que su obligación constitucional consistió en ponerlos ‘sin demora’ a disposición de la representación social, es decir, que esa prontitud constituye un plazo distinto del que a ésta se le impone para que, a su vez, los consigne a la autoridad judicial o para ordenar su libertad; pero sin que dentro de esas cuarenta y ocho horas quede comprendido el otro término (sin demora), corriendo aquél a partir de que los indiciados sean puestos a disposición del fiscal, con el objeto de que integre la averiguación previa penal correspondiente y proceda a su consignación o a dejarlos en libertad, según se trate. No pudiendo ser en otro sentido, ya que la interpretación auténtica lo confirma, pues los debates del Constituyente Permanente por el que se discutieron y aprobaron las reformas y adiciones al señalado precepto constitucional, entre otros, efectuados en julio y agosto de mil novecientos noventa y tres, también permiten establecer que su voluntad fue la de que el término de cuarenta y ocho horas corriera a partir de que el indiciado quedase a disposición del Ministerio Público, sin contar el plazo relativo a ‘sin demora’ y tan fue esa la intención, que lo relacionaron con la integración de la averiguación previa.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

"Amparo en revisión 104/98. 20 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretario: Victorino Rojas Rivera.

"Nota: Por ejecutoria de fecha 22 de septiembre de 1999, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 33/99 en que había participado el presente criterio."

Por su parte, el denunciante, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver en fecha siete de enero del año en curso el amparo directo penal 731/2002, promovido por ... apoyó su resolución en las consideraciones que a continuación, en la parte conducente, se transcriben:

"Amparo directo penal 731/2002. Quejoso ... QUINTO. Son fundados los conceptos de violación expresados por el quejoso analizados en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. En efecto, le asiste la razón al quejoso al exponer que la sentencia reclamada irrogó violación a sus garantías individuales previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el tribunal responsable realizó una indebida valoración de los medios de prueba existentes en la causa penal, mismas que no debieron considerarse aptas para tener por acreditado el cuerpo del delito previsto y sancionado en el artículo 138, párrafo primero, en relación con el 143, ambos de la Ley General de Población. Se afirma lo anterior, ya que incurrió en una indebida valoración de las pruebas al concederle valor probatorio a la declaración rendida por el hoy quejoso ante el Ministerio Público de la Federación, pues de las constancias que integran la causa penal de la que deriva la sentencia reclamada se advierte que infringió en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 16, párrafo séptimo, de la Constitución General de la República, en relación con los 134 y 287 del Código Federal de Procedimientos Penales, al otorgarle valor probatorio a pesar de que su detención excedió el término de cuarenta y ocho horas establecido en la Constitución, sin que se le consignara ante la autoridad judicial competente, pues a fojas 1 bis y 2 del proceso de origen, consta el parte informativo rendido por los agentes del Grupo de Protección a Migrantes Beta Tecate, del que se aprecia que la detención del quejoso se llevó a cabo el día seis de julio del año dos mil, a las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos; asimismo, a foja 1 obra agregado un oficio del agente del Ministerio Público de la Federación en el que ejercitó acción penal y mediante el cual consignó al quejoso ... ante el Juez Octavo de Distrito en el Estado, mismo oficio que fue recibido por dicho Juez a las veinte treinta horas del día ocho de julio del citado año, es decir, se consignó al quejoso a las cincuenta horas con cuarenta y cinco minutos después de ocurrida su detención, excediéndose así del término máximo autorizado antes mencionado, por lo que se considera que el tribunal responsable no debió concederle valor probatorio a la citada declaración ministerial, porque su detención excedió del término de cuarenta y ocho horas autorizado para tal efecto. No pasa desapercibido para este tribunal que el quejoso fue puesto a disposición del Ministerio Público hasta las veinte horas con cincuenta minutos del día seis de julio de dos mil, y que entre esa hora y la de la consignación al Juez de la causa no había transcurrido el término de cuarenta y ocho horas a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal antes mencionado; sin embargo, en el caso el término relativo debió computarse desde las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos en que el quejoso fue detenido, en virtud de que las detenciones no pueden prolongarse injustificadamente, pues el artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Federal establece: ‘En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.’; precepto del que se desprende que, en el caso, los agentes aprehensores debieron poner al quejoso ‘sin demora’ a disposición del Ministerio Público, lo cual no ocurrió, ya que entre la hora en que fue detenido y en la que fue puesto a su disposición transcurrieron más de tres horas, no obstante que la detención se llevó a cabo en la ciudad de Tecate y se puso al detenido a disposición del Ministerio Público de esa misma ciudad; lo anterior, aunado a la circunstancia de que no se aprecia algún motivo que justifique la retención prolongada por parte de los agentes aprehensores, por lo que, se insiste, el término debió computarse a partir de que se llevó a cabo su detención a efecto de cumplir con el mandato constitucional antes transcrito y no dejar al gobernado en la incertidumbre de ser detenido indefinidamente por una autoridad sin la sanción respectiva, según se justifica además con el contenido de la tesis que a continuación se transcribe, y la cual resulta aplicable al presente caso, por mayoría de razón, misma de la que se desprende que el término de cuarenta y ocho horas previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, para que se determine la situación jurídica del indiciado, se establece de manera independiente del fuero al que pertenezcan los agentes que intervengan en la averiguación previa correspondiente, es decir, el término referido debe de respetarse independientemente de que los agentes se declaren incompetentes, a efecto de evitar que no se haga nugatoria la citada garantía, por lo que si no está permitido al representante social prolongar dicho término con motivo de su incompetencia, por mayoría de razón, no se justifica que los agentes aprehensores no pongan ‘sin demora’ a los detenidos a disposición de aquél pues, de considerar lo contrario, se propiciaría indebidamente y en contra del mandato constitucional la violación a las garantías de los gobernados, al permitir a los aprehensores una detención prolongada sin justificación alguna. La tesis a que se hace referencia y que resulta aplicable por mayoría de razón es la número 1a. LXXVII/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre de 2002, página 193, que a la letra dice: ‘MINISTERIO PÚBLICO. EL TÉRMINO DE CUARENTA Y OCHO HORAS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA QUE DETERMINE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS INDICIADOS, DEBE RESPETARSE CON INDEPENDENCIA DEL FUERO AL QUE PERTENEZCAN LOS AGENTES QUE CONFORMAN AQUELLA INSTITUCIÓN. La diferenciación en cuanto al ámbito federal, local y militar, no es un aspecto que determine la existencia de distintas instituciones del Ministerio Público, con facultades diversas, sino que se relaciona con el ámbito de competencia de los agentes que conforman la institución representativa de la sociedad y titular del monopolio de la acción penal, en diferentes fueros, con jurisdicción propia, para el desarrollo de la función investigadora que tiene asignada la institución, de acuerdo con el tipo de delitos que se investiguen. En consecuencia, el término de cuarenta y ocho horas previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Ministerio Público determine la situación jurídica del indiciado, se establece de manera independiente del fuero al que pertenezcan los agentes de la referida institución que intervengan en la averiguación previa correspondiente, por lo que debe respetarse, aun cuando exista declaración de incompetencia para la integración de aquélla, toda vez que la garantía que salvaguarda la libertad de los gobernados se dirige a la institución que el Constituyente concibió como titular del monopolio de la acción penal y de la función investigadora en representación de la sociedad, y no a cada una de las esferas de competencia de sus actividades, pues, de no considerarlo así se caería en el absurdo de contar tantos términos de cuarenta y ocho horas, como declaratorias de incompetencia entre agentes del Ministerio Público pudiera haber en una averiguación previa, lo que haría nugatoria la citada garantía.’."

El criterio sustentado por este Tribunal Colegiado dio origen a la tesis que a continuación se transcribe:

"TÉRMINO DE CUARENTA Y OCHO HORAS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO PONGA AL DETENIDO A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. LA DEMORA INJUSTIFICADA EN CONSIGNARLO AL MINISTERIO PÚBLICO, NO IMPIDE QUE SE COMPUTE DESDE LA DETENCIÓN. De conformidad con el párrafo IV del artículo 16 constitucional: ‘En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud a la del Ministerio Público.’, en estas condiciones si cuando entre la hora de la detención y la que el detenido es puesto a disposición del Ministerio Público por los agentes aprehensores, transcurre un término prolongado sin justificación, como cuando la detención se lleva a cabo en el mismo lugar de residencia de dicha autoridad, el término debe computarse a partir de que se llevó a cabo aquélla a efecto de cumplir con el mandato constitucional transcrito, y no dejar al gobernado en estado de inseguridad jurídica al estar detenido indefinidamente por la autoridad aprehensora, por tanto, aun cuando el representante social lo consigne a la autoridad judicial dentro del término de cuarenta y ocho horas previsto en el párrafo séptimo del invocado precepto constitucional, contado a partir de que se puso el detenido a su disposición, sin embargo, si los agentes aprehensores no pusieron al detenido ‘sin demora’ a su disposición, debe estimarse que hubo violación a la citada garantía constitucional. El criterio anterior se justifica en aplicación, por mayoría de razón del contenido de la tesis aislada número LXXVII/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre de 2002, página 193, del rubro: ‘MINISTERIO PÚBLICO. EL TÉRMINO DE CUARENTA Y OCHO HORAS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA QUE DETERMINE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS INDICIADOS, DEBE RESPETARSE CON INDEPENDENCIA DEL FUERO AL QUE PERTENEZCAN LOS AGENTES QUE CONFORMAN AQUELLA INSTITUCIÓN.’."

QUINTO. Hecho el análisis de las resoluciones anotadas en el considerando anterior, se concluye que existe contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, por lo que debe prevalecer el criterio de esta Primera Sala en los términos que a continuación se expresan.

En principio, es necesario dejar asentado que el tema a resolver en la presente resolución consiste en determinar si el término de cuarenta y ocho horas previsto en el artículo 16 constitucional, para que el Ministerio Público ponga a un detenido a disposición de la autoridad judicial, corre a partir de que el mismo fue puesto a disposición de la representación social -tal como lo sostiene el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito-, o a partir de que el indiciado es detenido en flagrancia por los agentes aprehensores -tal como lo sostiene el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito-.

Ahora bien, también es importante destacar que esta Primera Sala ya ha realizado un estudio sobre el tema en particular, mismo que quedó plasmado en las resoluciones que por unanimidad de cinco votos recayeron a los amparos en revisión 210/2001 y 62/2002, el diez de julio de dos mil dos, siendo ponentes los Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, respectivamente, consideraciones que son del tenor literal siguiente:

"CUARTO. ... En primer lugar, debe precisarse la naturaleza institucional del Ministerio Público y, para ello, se hace necesario referir los antecedentes más importantes que le dieron origen en México y que intervinieron en su evolución hasta la actual organización en nuestro sistema jurídico. En Francia se localiza el origen del Ministerio Público, con los ‘procuradores del rey’ (Procureurs du Roi) de la monarquía del siglo XIV, instituidos para la defensa de los intereses del príncipe del Estado (pour la defénse des interésts du prince et de l'Etat) y con funciones persecutorias e investigatorias de los delitos penales, conforme a la Ordenanza de veintitrés de marzo de mil trescientos dos, dictada por Felipe ‘El Hermoso’; que fue disciplinada y encuadrada en un cuerpo completo con las Ordenanzas de mil quinientos veintidós, mil quinientos veintitrés y mil quinientos sesenta y ocho, conforme a las cuales el procurador del rey se encargaba del procedimiento y el abogado del rey del litigio en todos los negocios que interesaban al rey, conservando los primeros sus funciones persecutorias e investigatorias; sin embargo, esta institución no asume la calidad de representante del Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial, porque durante la monarquía es inadmisible la concepción de división de poderes. Durante los cambios políticos y sociales que se dieron en Francia con motivo del triunfo de la revolución de mil setecientos noventa y tres, es que la acusación estatal encuentra su fundamento en una nueva concepción jurídico-filosófica reflejada en las leyes emanadas de la Asamblea Constituyente Francesa. Por lo que es hasta con los cambios políticos y sociales introducidos en Francia, al triunfo de la revolución de mil setecientos noventa y tres, que se origina la acusación estatal, encontrando su fundamento en una nueva concepción jurídico-filosófica reflejada en las leyes emanadas de la Asamblea Constituyente Francesa. Con la legislación promulgada en mil setecientos noventa se introducen cambios en la institución, desmembrándola en comisarios del rey encargados de promover la acción penal y la ejecución (Commissaires du Roi) y acusadores públicos que sostenían la acusación en el debate (Accusateurs publics). Es en esta época que aparece el acusador público, funcionario electo popularmente, cuya función era sostener la acusación ante los tribunales penales. Con la Ley de 22 frimario, año VIII (trece de diciembre de mil setecientos noventa y nueve), se devuelve la unidad a la institución y esa tradición es continuada por la organización imperial de mil ochocientos ocho y mil ochocientos diez de Napoleón, siendo en estos ordenamientos en los que queda definitivamente organizada. El Código Napoleónico de instrucción criminal, de mil ochocientos ocho, perfeccionó la figura del Ministerio Fiscal, organizó un tipo mixto de procedimientos estableciendo la instrucción previa, como primera etapa del proceso penal, contemplada ya en la Ordenanza de mil seiscientos setenta, y en una segunda etapa mantiene el procedimiento público y oral, ante un jurado de acusación. En mil ochocientos diez, con la Ley de Organización de los Tribunales, se complementó el Código Napoleónico de instrucción criminal, al suprimir el jurado de acusación e instituir en su lugar una Cámara de Consejos. A través de estos ordenamientos se creó y se reconoció que el Ministerio Fiscal actuaba ante el tribunal como único titular en el ejercicio de la acción penal (actio publique), que dependía del Poder Ejecutivo, dejando a los particulares sólo el ejercicio de la acción civil, con lo cual, además de afirmar el nacimiento de la institución que influenciaría a todos los países de Europa, marcó la definitiva superación e independencia entre el ejercicio de la acción civil y de la penal. Con los ordenamientos mencionados, así como con el Código Penal de mil ochocientos diez, se precisaron las características del Ministerio Fiscal, como son la dependencia del Poder Ejecutivo, la representación directa de la sociedad en la persecución de los delitos y la integración de la magistratura, ya que para su ejercicio se dividió en dos secciones llamadas parquets que se conformaban por un procurador y varios auxiliares sustitutivos en los tribunales de justicia o sustitutos generales en los tribunales de apelación. Por otro lado, en España desde la época del Fuero Juzgo había una magistratura especial con facultades para actuar ante los tribunales cuando no hubiera un interesado que acusara al delincuente; este funcionario era un mandatario particular del rey en cuya actuación representaba al monarca. En la Novísima Recopilación, libro V, título XVII, se reglamentaron las funciones del Ministerio Fiscal. En las Ordenanzas de Medina expedidas en mil cuatrocientos ochenta y nueve se menciona a los fiscales (promotoría fiscal) y en las Leyes de Recopilación (libro II, título XIII, ley primera), expedidas por Felipe II en mil quinientos setenta y seis, se establecen dos promotores fiscales que tenían como función primordial formular acusación cuando no lo hiciera un acusador privado. España impuso en el México Colonial su legislación. En la recopilación de las Leyes de Indias, en ordenamientos dados en mil seiscientos veintiséis y mil seiscientos treinta y dos, se ordenaba que en la Audiencia de México hubiera dos fiscales, uno para atender lo referente al ámbito civil y el otro al ámbito criminal, lo cual fue confirmado ya en el régimen constitucional por decreto de nueve de octubre de mil ochocientos doce, mismo que siguió rigiendo la vida independiente de nuestro país, conforme al Tratado de Córdoba. En el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionada en Apatzingán el veintidós de octubre de mil ochocientos catorce, se estableció la organización de los tribunales, estableciéndose dos fiscales letrados, uno para el ramo civil y otro para el criminal, los cuales eran nombrados por el Congreso a propuesta del Supremo Gobierno. Conforme a la Constitución de mil ochocientos veinticuatro se crea la división de poderes. La integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prevé con once Ministros y un fiscal, equiparando la dignidad de éste a la de los Ministros, previéndose también fiscales en los Tribunales de Circuito, mas no así en cuanto a los juzgados. Al igual que en la Constitución de Apatzingán, no se precisa la función de este órgano del poder público. En las Leyes Constitucionales de mil ochocientos treinta y seis se establece el sistema centralista en México, y en la ley de mil ochocientos treinta y siete (Ley para el Arreglo de la Administración de Justicia en los Tribunales y Juzgados del Fuero Común) se establece que en la Suprema Corte de Justicia y en los Tribunales Superiores de los Departamentos, debía estar adscrito un agente fiscal, con el carácter de inamovible, para su intervención en los casos penales. En las Bases Orgánicas de mil ochocientos cuarenta y tres, se reitera lo anterior al establecerse que deberá ser adscrito un fiscal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los trcional del menor dándole afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, es una cuestión de orden público e intepara el Arreglo de la Administ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17888-f702e6c4/ministerio-publico-el-termino-de-cuarenta-y-ocho · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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