QUERELLA PRESENTADA POR ESCRITO. ES NECESARIA SU RATIFICACIÓN CUANDO SE FORMULE EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR DELITOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 143/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
a) El entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, al resolver el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis el amparo directo 162/96, determinó, en la parte que interesa, materia de la presente contradicción de criterios, lo siguiente:
"CUARTO. Son infundados los conceptos de violación formulados por el promovente de la acción constitucional. En efecto, es inacertada la alegación contenida en la primera de las inconformidades que se hace valer, puesto que si bien es cierto que la querella formulada primero por el delegado regional del Instituto Nacional de Migración y luego por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, se hizo por el delito de transportar a través del territorio nacional a un grupo de veinticuatro extranjeros ilegales con objeto de evadir la revisión migratoria mediante arreglo económico y sin permiso de la Secretaría de Gobernación, previsto y sancionado por el artículo 138 de la Ley General de Población y, en cambio, la sentencia de primer grado confirmada por la responsable se dictó por el delito de prestarse a transportar por territorio nacional a un grupo de extranjeros ilegales ocultándolos con el propósito de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado por el artículo 138, párrafo tercero, de la Ley General de Población; tal circunstancia en nada afecta a la garantía contenida en el artículo 21 constitucional, ni conculca los numerales 143 de la Ley General de Población, y 123 y 163 del Código Federal de Procedimientos Penales invocados, en razón de que, por una parte, es conveniente no olvidar que la querella que como requisito de procedibilidad necesario para el inicio de la actividad investigadora exige en el caso concreto el artículo 143 de la Ley General de Población, no necesita del empleo de formalidades para tenerla por satisfecha, sino que es suficiente la manifestación de voluntad de la Secretaría de Gobernación expresada por alguno de sus representantes para que dicho requisito quede cubierto, con independencia de la conducta que resulte de la investigación respectiva, por lo que si de las constancias procesales se advierte que se cumplió con el requisito de procedibilidad exigido y con ello se exteriorizó la voluntad de poner en actividad a la autoridad para la persecución de un hecho que se estima delictuoso, es claro que con ello se dio cabal satisfacción al artículo 143 de la Ley General de Población y, por la otra, que si bien el Ministerio Público Federal ejerció acción penal en contra del ahora quejoso y otros, como presuntos responsables del delito de transportar por territorio nacional a un grupo de extranjeros ilegales, ocultándolos para evadir la revisión migratoria mediante arreglo económico y sin permiso de Gobernación, previsto y sancionado por el artículo 138, párrafo segundo, de la Ley General de Población y, en cambio, el Juez instructor decretó la formal prisión por el delito de prestarse a transportar por territorio nacional a un grupo de extranjeros ilegales, ocultándolos con el propósito de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado por el artículo 138, párrafo tercero, de la Ley General de Población, esto no contraviene el espíritu del artículo 21 constitucional, pues si bien es cierto que de conformidad con este precepto la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, cierto lo es también que el juzgador no invade funciones del representante social cuando decreta la formal prisión por delito diverso a aquel por el cual se ejerce la acción penal, ya que es criterio admitido que la consignación del Ministerio Público se refiere sólo a hechos delictuosos y el órgano jurisdiccional es quien precisa el delito por el cual se seguirá forzosamente el proceso, máxime que en la especie el Juez natural al dictar el auto de prisión preventiva se ciñó al cumplimiento del artículo 163 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual, contrario a lo aducido por el amparista, no establece diferencia en cuanto a que el delito por el que se decreta el auto preventivo sea perseguible de oficio o por querella necesaria; de ahí, pues, que el cambio de clasificación del delito por el que se ejerció la acción penal contra el acusado por otro delito por el que se le sujete a la traba de formal prisión y por el que se norme la instrucción y el juicio hasta dictar sentencia no es violatorio de garantías. De igual manera, como en el sumario queda demostrado que existió transportación de indocumentados de Ciudad Hidalgo a Huixtla, Chiapas, y que por su parte el sujeto activo de mérito se prestó para llevar a los extranjeros con el propósito de ocultarlos para evadir la revisión migratoria, es obvio que aun cuando no se haya sancionado aquella conducta, ello no obsta para que al haberse acreditado la que se reprocha al accionista constitucional se le imponga la sanción condigna, sin que por esto la responsable incurra en afectación a la esfera jurídica del quejoso." (fojas 83 a 125 del cuaderno de contradicción).
Del anterior criterio se derivó la tesis que enseguida se reproduce:
"Novena Época
"Instancia: Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: III, junio de 1996
"Tesis: XX.76 P
"Página: 925
"QUERELLA. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 143 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. BASTA LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD EXTERNADA POR ALGUNO DE LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE QUEDE SATISFECHO EL. La querella que como requisito de procedibilidad necesario para el inicio de la actividad investigadora exige el artículo 143 de la Ley General de Población, no necesita del empleo de formalidades para tenerla por satisfecha sino que es suficiente la manifestación de voluntad de la Secretaría de Gobernación expresada por alguno de sus representantes para que dicho requisito quede satisfecho; por tanto, si de las constancias procesales se advierte que se cumplió con el requisito de procedibilidad exigido y con ello se exteriorizó la voluntad de poner en actividad a la autoridad para la persecución de un hecho que se considere delictuoso, es incuestionable que con ello se dio cabal cumplimiento al artículo 143 de la Ley General de Población en comento.
"Amparo directo 162/96. José Luis Flores Pacheco. 17 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres. Secretario: Ramiro Joel Ramírez Sánchez."
b) Por otra parte, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el siete de noviembre de dos mil dos el amparo directo penal 575/2002-5o. sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente (fojas 3 a 56 del cuaderno de contradicción):
"QUINTO. Suplidos en su deficiencia los conceptos de violación, son fundados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, toda vez que previo al estudio de fondo de la sentencia combatida, dada la naturaleza del ilícito reprochado al quejoso, procede analizar si fue satisfecho el requisito de procedibilidad que establece el artículo 143 de la Ley General de Población, que a la letra dice: ‘Artículo 143. El ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal, en los casos de delito a que esta ley se refiere, estará sujeto a la querella que en cada caso formule la Secretaría de Gobernación.’. De lo anterior se advierte que no le asiste la razón a la responsable al confirmar la sentencia y hacer suyos los argumentos vertidos por el a quo, ya que sin mayor comentario y sin razonamiento alguno, tendente a fundar y motivar el porqué consideró que se colmaba la exigencia que hace procedente el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público en los casos que se requiere previamente la querella, como sucede en los delitos previstos por el artículo 138 de la Ley General de Población, dijo que se encontraba satisfecho el requisito de procedibilidad de la querella, inclusive no hace referencia a si la misma fue o no debidamente ratificada. En efecto, de autos del juicio penal (foja 12), aparece un escrito de querella suscrito por el ingeniero ... quien firma como delegado local del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, al que acompaña una copia fotostática cotejada por el licenciado ... como subdelegado local de dicho instituto con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en cuyo anverso aparece el nombramiento como delegado regional de la persona mencionada en primer término, documentos que el agente del Ministerio Público de la Federación únicamente los tuvo por recibidos, agregándolos a los autos de la averiguación previa número 181/99-2 y, entre otras cosas, ordenó se practicaran las diligencias que se consideren necesarias, sin ordenar la ratificación por parte del funcionario querellante y sin mayor proveído al respecto (foja 14). Luego entonces, contrario a lo que sostiene la responsable, la querella debe ser presentada y recibida en los términos del artículo 119 del Código Federal de Procedimientos Penales, que reza: ‘Artículo 119. Cuando la denuncia o la querella se presenten por escrito, el servidor público que conozca de la averiguación, deberá asegurarse de la identidad del denunciante o querellante, de la legitimación de este último, así como de la autenticidad de los documentos en que aparezca formulada la querella y en los que se apoyen ésta o la denuncia. En todo caso, el servidor público que reciba una denuncia o querella formuladas verbalmente o por escrito, requerirá al denunciante o querellante para que se produzcan bajo protesta de decir verdad, con el apercibimiento a que se refiere el artículo 118 y les formulará las preguntas que estime conducentes.’. Así es, de autos se advierte que existe una ‘querella’ por escrito (foja 12 del proceso penal), suscrita, como ya se dijo, por el ingeniero ... como delegado local de Migración en Tamaulipas, de fecha ocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, mediante el oficio número 180/04886, formulada en contra del quejoso por el delito previsto y sancionado por el artículo 138 de la Ley General de Población, anexando a dicho escrito en copia fotostática cotejada por el licenciado ... como subdelegado local del Instituto Nacional de Migración, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en que refiere el nombramiento a favor de la persona que suscribe la querella con el carácter de delegado local del multicitado instituto. Escrito de querella que no fue ratificado por su suscriptor, toda vez que la representación social de la Federación no ordenó la misma y no obra en autos comparecencia alguna del referido querellante, por consiguiente, obvio es que no fue protestado de conducirse con verdad, ni fue legitimada su personalidad. Partiendo de estos razonamientos, la averiguación previa 181/99-2 adolece de vicios procesales y el escrito de ‘querella’ presentado por el ingeniero ... de vicios formales, toda vez que la simple presentación del ocurso de referencia, así como el anexo que acompañó sin ser ratificado, por omisión del órgano encargado del ejercicio de la acción penal, como es su obligación, atento lo dispuesto por el invocado artículo 119 del código procesal federal, conlleva a establecer que no se cumplió el requisito de procedibilidad necesario para ejercitar la acción penal en contra del quejoso; aunado a que no compareció ni por cita del Ministerio Público ni voluntariamente el querellante a ratificar el escrito en cuestión, por lo que tampoco fue protestado ni identificado por el Ministerio Público, menos que se haya asegurado de la identidad y legitimación del mismo, ni de la autenticidad del documento en que aparezca formulada la querella y en el que apoye la misma, tal como lo dispone el precepto invocado. Demostrado queda que no se cumplió con lo exigido por el artículo 119 del Código Federal de Procedimientos Penales, ni con lo que prevé el artículo 114 de dicho ordenamiento legal, que dispone que es necesaria la misma de parte del ofendido solamente en los casos que así lo determine el Código Penal u otra ley, y al ser esta última la Ley General de Población la que exige tal requisito de procedibilidad en su artículo 143, es obvio y jurídico establecer la ausencia del mismo. Existiendo en autos únicamente la denuncia por escrito sin ratificar legalmente de ... no válida por supuesto para tener por satisfecha la exigencia procedimental en comento. Consecuentemente, no se colmó dicho requisito de procedibilidad, y si el numeral 143 de la Ley General de Población invocado dispone que el delito que nos ocupa no puede ser materia de persecución por el Ministerio Público de la Federación si no cumple previamente con el mismo, dicho órgano persecutor no debió ejercitar acción penal, y el Magistrado responsable al haber soslayado dichas circunstancias, causó agravios al quejoso al ser omiso en analizar si el Ministerio Público se cercioró de la legitimación e identidad del querellante, así como que no ordenó la ratificación del escrito respectivo, ni lo hizo comparecer ante su presencia, menos que lo haya protestado en los términos de ley, afectando de tal manera las defensas del quejoso, trascendiendo de manera directa al resultado del fallo combatido al violar las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. A mayor abundamiento, cabe hacer la acotación de que la persona moral oficial con las características propias de autoridad, al momento de acudir ante un órgano investigador o impartidor de justicia a interponer una querella o a ejercer un derecho con el carácter de ofendido, no goza de privilegio alguno, ya que tratándose de la tutela de prerrogativas derivadas de una relación entablada entre sujetos de derecho que acuden a ella en un mismo plano desprovistos de imperio, no existe en la propia Norma Fundamental motivo alguno que lo justifique, pues en ese preciso momento se trata de un particular frente a otro; opinar lo contrario, sería contravenir el principio de imparcialidad en la administración de justicia que garantiza el artículo 17 constitucional, a la que tiene derecho todo gobernado, además de que la legislación penal federal adjetiva en el título segundo, capítulo primero, no prevé excepción alguna a la presentación de querella por personas morales privadas ni oficiales; de ahí que se han establecido en los textos constitucionales y leyes secundarias formalidades procesales como requisitos insalvables para acusar penalmente al individuo. Sin que pase desapercibido, ni es obstáculo la remisión que hace el último párrafo del artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para regular la actuación del Ministerio Público en los casos en que se requiera querella de una autoridad, que deberá hacérselo saber por escrito en forma inmediata para que presente querella, y ésta, la determinación que adopte la hará saber por escrito a la representación social. Esto lo sustenta el artículo octavo, fracción primera, último párrafo, de dicha ley orgánica: ‘Artículo 8o.’ (se transcribe). Lo anterior no significa que exima de la obligación al Ministerio Público de identificar y asegurarse de la legitimación de quien suscribe la querella, pues lo que dispone la ley orgánica es la obligación urgente del órgano investigador de avisar oficialmente que tiene una indagatoria de querella necesaria y, a su vez, la autoridad comunicar o no la determinación que adopte, y en el caso de que la formule, inmediatamente solicitarle su ratificación para identificarlo y asegurarse de su legitimación. Por los razonamientos jurídicos vertidos con antelación, este órgano colegiado no comparte el criterio sostenido en la tesis aislada de la Novena Época del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, junio de 1996, Tesis: XX.76 P., Página: 925, cuyos rubro y texto dicen: ‘QUERELLA. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 143 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. BASTA LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD EXTERNADA POR ALGUNO DE LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE QUEDE SATISFECHO EL.’ (se transcribe). Resulta innecesario entrar al fondo del estudio de los conceptos de violación y de la sentencia en cuestión, al comprobarse que no fue satisfecho el requisito de procedibilidad que ordena el artículo 143 de la Ley General de Población."
Similares consideraciones externó este Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el amparo en revisión 656/2002-5o. y amparo directo 566/2002-5o., resueltos, respectivamente, el siete y el trece de noviembre de dos mil dos.
CUARTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.
"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."
De esta jurisprudencia se advierte que para la configuración de una contradicción de tesis se requiere que haya una disparidad de criterios de los tribunales, en donde se reúnan los siguientes requisitos: 1. Que hayan analizado, en esencia, iguales cuestiones jurídicas y adopten posturas divergentes; 2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones o interpretaciones jurídicas realizadas en la sentencia que cada tribunal dicte; y, 3. Que los distintos criterios provengan del examen de elementos coincidentes, lo que implica que deben partir del análisis esencial de semejantes supuestos.
QUINTO. En este asunto sí se satisfacen los supuestos mencionados que condicionan una contradicción de tesis, y para constatarlo es menester examinar a continuación la parte conducente de las ejecutorias de las que derivaron los criterios en conflicto:
1. Resulta necesario, en primer lugar, hacer referencia a que el criterio sustentado por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado del citado circuito, derivó del amparo directo 162/96, resuelto el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis, en el que se reclamó una sentencia definitiva donde se consideró al quejoso penalmente responsable del delito previsto y sancionado en el artículo 138, párrafo tercero, de la Ley General de Población (prestarse a transportar, por el territorio nacional, a un grupo de extranjeros ilegales, y ocultarlos con el propósito de evadir la revisión migratoria).
El Tribunal Colegiado de Circuito de referencia negó el amparo solicitado al considerar, entre otras cosas, que la querella que como requisito de procedibilidad se requiere para el inicio de la actividad investigadora, en términos del artículo 143 de la Ley General de Población, no necesita del empleo de formalidades para tenerla por satisfecha, sino que basta la manifestación de voluntad de la Secretaría de Gobernación expresada por alguno de sus representantes para que dicho requisito quede cubierto.
Del criterio acabado de precisar derivó la tesis del siguiente rubro:
"QUERELLA. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 143 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. BASTA LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD EXTERNADA POR ALGUNO DE LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE QUEDE SATISFECHO EL."
2. El criterio del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito derivó de la ejecutoria del amparo directo 575/2002-5o. Penal, promovido para impugnar una sentencia donde se confirmó la pena privativa de libertad de seis años de prisión y multa de tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos, impuesta al quejoso por la comisión del delito previsto y sancionado por el artículo 138, párrafo primero, de la Ley General de Población.
El Tribunal Colegiado de Circuito de referencia concedió el amparo solicitado al considerar, entre otros aspectos, que la querella formulada por la Secretaría de Gobernación, en los casos de algún delito previsto en la Ley General de Población, debe ser ratificada por parte del servidor público querellante, en el caso, por el delegado local de Migración en el Estado de Tamaulipas, en términos de los artículos 143 de la ley mencionada y el 119 del Código Federal de Procedimientos Penales; por lo que si no se cumple con ese requisito, ni el Ministerio Público se cerciora de la legitimación e identidad del querellante, está impedido para ejercitar la acción penal en contra del presunto responsable.
De lo expuesto se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues se reúnen los requisitos condicionantes de la contradicción de tesis, a saber:
1. Los Tribunales Colegiados de Circuito analizaron, en esencia, iguales cuestiones jurídicas y adoptaron posturas divergentes, toda vez que se ocuparon del examen del requisito de procedibilidad de la querella desde el punto de vista del artículo 143 de la Ley General de Población, y del examen que realizaron, uno de ellos arribó a la conclusión de que no se necesita del empleo de formalidad alguna para tener por formulada la querella, sino que basta la manifestación de voluntad de la Secretaría de Gobernación, expresada por alguno de sus representantes, para que dicho requisito quede cubierto; en tanto que el segundo de los Tribunales Colegiados de Circuito adoptó la postura contraria, consistente en que la querella formulada por la Secretaría de Gobernación debe ser ratificada por parte del servidor público querellante, por lo que si no se cumple con ese requisito, ni el Ministerio Público se cerciora de la legitimación e identidad del querellante, está impedido para ejercitar la acción penal en contra del presunto responsable.
2. La diferencia de criterios se presentó en las consideraciones e interpretaciones jurídicas realizadas en la resolución que cada tribunal dictó al resolver sendos juicios de amparo.
3. Los distintos criterios provienen del examen de elementos coincidentes, pues los Tribunales Colegiados de Circuito partieron del análisis esencial de semejantes supuestos, consistentes en la determinación de si es necesario o no el cumplimiento de alguna formalidad en caso de que la querella sea formulada por la Secretaría de Gobernación, en términos del artículo 143 de la Ley General de Población.
De todo lo que se lleva dicho se llega a la convicción de que en este caso sí existe contradicción de tesis en el punto que ya quedó especificado.
No es obstáculo a esta posición, la circunstancia de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, pues los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolver la contradicción de tesis, no imponen dicho requisito.
En relación con este punto tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Alto Tribunal en Pleno, que indica lo siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.
"Contradicción de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de junio de 1995. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.
"Contradicción de tesis 32/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 6 de julio de 1998. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño.
"Contradicción de tesis 37/98. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 8 de junio de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández.
"Contradicción de tesis 55/97. Entre las sustentadas por el Sexto y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de diciembre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Benito Alva Zenteno.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."
SEXTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de las consideraciones siguientes:
Según se ha visto, esta contradicción de tesis versa sobre si es necesario o no, como requisito de la querella formulada por la Secretaría de Gobernación, la ratificación por parte del funcionario correspondiente para que se tenga por satisfecho el requisito de procedibilidad desde la perspectiva del artículo 143 de la Ley General de Población, que enseguida se transcribe:
"Artículo 143. El ejercicio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17746-6c135064/querella-presentada-por-escrito-es-necesaria-su-ratificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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