SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA EJECUCIÓN DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA PARA SANCIONAR LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN V, DE SU REGLAMENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 142/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. En un principio se estima pertinente precisar que los antecedentes del recurso de queja 79/2002, son los siguientes:
1. La parte quejosa Gas del Sol, S.A. de C.V. señaló como autoridades responsables, entre otras, a la Comisión Federal de Competencia.
2. De la autoridad indicada se reclamó la resolución de diecisiete de julio de dos mil dos, a través de la cual se impuso a la quejosa una multa por veintitrés mil setecientos veinticinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a un millón nueve pesos, por considerarla responsable en la comisión de una práctica monopólica prevista en el artículo 10, fracción VII, de la Ley Federal de Competencia Económica, en relación con el numeral 7o., fracción IV, de su reglamento, consistente en actos cuyo objeto y efecto fue obstaculizar el proceso productivo que enfrenta Gas Supremo, S.A. de C.V., en el mercado relevante de distribución de gas L.P. en el Estado de Morelos, específicamente al haber retardado la instalación de la planta de almacenamiento para distribución de dicho gas en el Municipio de Yautepec, Morelos.
3. El Juez de Distrito del conocimiento negó la suspensión provisional, respecto de la ejecución de la multa de mérito.
Precisado lo anterior, se resalta que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, el dos de septiembre de dos mil dos, al resolver el recurso de queja número QA. 79/2002, promovido por Gas del Sol, S.A. de C.V., en lo interesante sostuvo el criterio siguiente:
"CUARTO. La materia del recurso la constituye la negativa de la suspensión provisional respecto de la ejecución de la multa de veintitrés mil setecientos veinticinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y equivalente a un millón nueve pesos, impuesta a la empresa quejosa en la resolución de fecha diecisiete de julio de dos mil dos, por la Comisión Federal de Competencia, por haber incurrido en la práctica monopólica relativa prevista en el artículo 10, fracción VII, de la Ley Federal de Competencia Económica, en relación con el artículo 7o., fracción V, del reglamento respectivo. Así se advierte de los términos del auto recurrido y de los agravios formulados en su contra. Examinados en su conjunto, se estiman fundados los agravios encaminados a establecer que la circunstancia y la tesis de jurisprudencia invocada por el Juez de Distrito no se actualizan en el caso. Para negar la suspensión de mérito, el Juez de Distrito sostiene que la multa fue impuesta por la comisión al advertir que la empresa quejosa es responsable de haber llevado a cabo la práctica monopólica relativa prevista en el artículo 10, fracción VII, de la Ley Federal de Competencia Económica, en relación con el artículo 7o., fracción V, del reglamento respectivo, cuyo objeto y efecto fue obstaculizar el proceso productivo que enfrenta Gas Supremo, S.A. de C.V., en el mercado relevante de distribución de gas L.P. en el Estado de Morelos, específicamente al haber retrasado la instalación de la planta de almacenamiento para distribución en el Municipio de Yautepec. Asimismo, sin más razones, citó en apoyo la jurisprudencia 53/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, con el rubro y texto: 'SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS ACTOS PROHIBITIVOS CONTENIDOS EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, APOYADAS EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, PUES DE OTORGARSE SE INCORPORARÍAN A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO DERECHOS QUE NO TENÍA ANTES DE LA EMISIÓN DE TALES ACTOS. Es improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada en contra de los efectos de las resoluciones emitidas por la Comisión Federal de Competencia Económica, consistentes en la prohibición de realizar las conductas a que se refiere expresamente el artículo 10 de la ley federal relativa, que pueden resultar monopólicas, en virtud de que no se satisface el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues la ley federal antes citada, reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de orden público e interés social, y tiene como fin principal proteger el proceso de libre concurrencia en todas las áreas de la economía nacional, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás sistemas que afecten el expedito funcionamiento del mercado, obligando al público consumidor a pagar precios altos en beneficio indebido de una o varias personas determinadas, de manera que las medidas tomadas por la autoridad responsable, al prohibir a la parte quejosa la realización de actos o conductas que puedan constituir prácticas monopólicas, no son susceptibles de suspenderse, máxime que tales actos se encuentran expresamente prohibidos por la ley, por lo que aquélla no está legitimada para realizar tales conductas y, por ende, de concederse la suspensión, y levantar la prohibición de los actos a que se alude, sería tanto como permitir al impetrante de garantías la realización de prácticas monopólicas que nunca formaron parte de su esfera jurídica, lo que implicaría que con la medida cautelar se estaría creando a favor del gobernado un derecho que no tenía antes de la emisión del acto reclamado, afectándose el interés social y el orden público.'. Como lo argumenta la quejosa, la jurisprudencia 53/2002 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia contiene y requiere dos presupuestos básicos para su aplicación: 1) Una resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica; 2) Que dicha resolución contenga una prohibición de actos o conductas que puedan constituir prácticas monopólicas. Es decir, se trata de un mandamiento a través del cual la autoridad administrativa despliega su poder intimidatorio con el objeto de evitar la conducta lesiva. Por tanto, su carácter es meramente preventivo. En cambio, la resolución que se reclama contiene una declaración de responsabilidad y la imposición de una sanción pecuniaria, como puede apreciarse con la transcripción de sus puntos resolutivos, inserta en el antecedente 32 de la demanda de garantías. O sea, tiene un efecto propiamente condenatorio. De manera que los sentidos o efectos de ambas resoluciones son formalmente distintos. Pero, sobre todo, desde el punto de vista material, es obvio que encierran mandamientos también diferentes, pues la hipótesis jurisprudencial ordena una prohibición o no hacer y la reclamada no dirige una prohibición a la persona moral quejosa, sino que determina su responsabilidad y la sanciona por una conducta ya cometida. La diferencia apuntada se evidencia con mayor claridad al considerar que de otorgarse la suspensión provisional solicitada sólo tendrá como efecto el de posponer la aplicación de la multa impuesta hasta en tanto se decida sobre la definitiva. Y esto en absoluto daría a la quejosa algún margen o alguna posibilidad de continuar realizando la conducta proscrita por la ley, como tampoco se estaría creando a favor de la misma un derecho del que carecía antes de emitirse el mandamiento reclamado. Lo que se lleva dicho se estima suficiente para desvirtuar el razonamiento sustentado por el Juez de amparo y declarar fundado el recurso de queja."
CUARTO. Los antecedentes relevantes del recurso de queja 60/2002, son los siguientes:
1. La parte quejosa Gas Modelo, S.A. de C.V. señaló como autoridades responsables, entre otras, a la Comisión Federal de Competencia.
2. De la autoridad indicada se reclamó la resolución de diecisiete de julio de dos mil dos, a través de la cual se impuso a la quejosa una multa de un millón nueve pesos, por considerarla responsable en la comisión de una práctica monopólica prevista en el artículo 10, fracción VII, de la Ley Federal de Competencia Económica, en relación con el numeral 7o., fracción IV, de su reglamento, consistente en actos cuyo objeto y efecto fue obstaculizar el proceso productivo que enfrenta Gas Supremo, S.A. de C.V., en el mercado relevante de distribución de gas L.P. en el Estado de Morelos, específicamente, al haber retardado la instalación de la planta de almacenamiento para distribución de dicho gas en el Municipio de Yautepec, Morelos.
El criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, el dos de septiembre de dos mil dos, al resolver el recurso de queja 60/2002, interpuesto por Gas Modelo, S.A. de C.V., es del tenor siguiente:
"CUARTO. Son infundados los agravios que vierte el recurrente, en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 124 de la Ley de Amparo dispone que para que proceda la suspensión del acto reclamado deben concurrir los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el agraviado. II. No se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. En la especie, se advierte que el agraviado Gas Modelo, S.A. de C.V. solicita la suspensión de la multa impuesta por la Comisión Federal de Competencia, como sanción por haber incurrido en la práctica monopólica violatoria del artículo 10, fracción VII, de la Ley Federal de Competencia Económica, en relación con el artículo 7o., fracción V, de su reglamento, consistente en actos cuyo objeto y efecto fue obstaculizar el proceso productivo que enfrenta Gas Supremo, S.A. de C.V., en el mercado relevante de distribución de gas L.P. en el Estado de Morelos, específicamente al haber retrasado la instalación de la planta de almacenamiento para distribución de gas L.P. en Yautepec, Morelos. Asimismo, se advierte la posibilidad de que de no suspenderse la ejecución del acto reclamado, y hacerse efectiva la multa administrativa impuesta por la cantidad de $1'000,009.00 (un millón nueve pesos 00/100 M.N.), ocasionaría daños y perjuicios al quejoso que serían de difícil reparación. No obstante el interés particular de la quejosa que se vería afectado, no puede estar por encima del interés social. En efecto, las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Competencia Económica tienen por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia en todas las áreas de la actividad económica, por lo que las disposiciones de mérito se encaminan a evitar el ejercicio abusivo en perjuicio de la sociedad; en tal tesitura, la multa impuesta tiene como fin evitar y sancionar dichas prácticas, y es la sociedad la que tiene especial interés en que no se paralice el ejercicio de la facultad sancionadora de la autoridad responsable, y se dé el debido cumplimiento a dicha sanción. Asimismo, tal y como se advierte de la jurisprudencia invocada por el Juez de amparo, si bien no es exactamente aplicable al caso concreto, sí orienta la actuación del Juez Federal, ya que especifica que las medidas que tome la autoridad responsable, al prohibir la realización de actos o conductas monopólicas, no son susceptibles de suspenderse y, en la especie, la sanción administrativa (multa) fue impuesta a Gas Modelo, S.A. de C.V. por la Comisión Federal de Competencia, como un medio represivo y disuasivo de la práctica monopólica, hecho que, contrario a lo estimado por el inconforme, se traduce en un no hacer. Similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la jurisprudencia visible en la página 197, tomo 127-132, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: 'PRECIOS. SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE IMPOSICIÓN DE MULTAS POR VIOLACIONES A DISPOSICIONES EN LA MATERIA. Tratándose de la imposición de multas por violaciones a disposiciones en materia de precios, es improcedente la medida suspensiva, en los términos del artículo 124 fracción II de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, ya que de concederse dicha medida suspensiva se seguiría perjuicio al interés social, pues se paralizaría el ejercicio de la facultad sancionadora por parte de la autoridad responsable, y la agraviada seguiría enajenando la mercancía con el precio por ella misma determinado y sin contar con la autorización correspondiente de la autoridad legalmente competente de la Secretaría de Comercio, y es claro que la sociedad está interesada en el cumplimiento de las disposiciones inherentes a los precios, razones por las cuales la medida suspensiva solicitada debe negarse.'. Además, no se puede generalizar, como lo hace la recurrente, en cuanto a que sostener tal criterio equivaldría a la imposibilidad de suspender los efectos y consecuencias de los actos emanados de la Comisión Federal de Competencia porque, en la especie, como se ha razonado en supralíneas, la sociedad tiene especial interés en que la actividad desplegada por la ahora inconforme sea sancionada, determinación que no se traduce en prejuzgar sobre el fondo del asunto, ya que en la especie se está dilucidando únicamente lo concerniente a la suspensión provisional de la sanción administrativa impuesta por tal práctica, y no si la resolución emitida por la comisión de mérito es violatoria de las garantías que la Constitución consagra a favor de la quejosa. No es óbice a lo antes expuesto, el hecho de que el artículo 39 de la Ley Federal de Competencia Económica establezca la posibilidad de suspender la ejecución de la resolución reclamada interponiendo recurso de reconsideración ante la Comisión Federal de Competencia, en virtud de que la Ley de Amparo es clara al establecer los supuestos que deben concurrir para que sea procedente la suspensión del acto reclamado que, como se ha razonado con antelación, no se reúnen al seguirse perjuicio al interés social. Así las cosas, ante lo infundado de los motivos de inconformidad, se concluye que el recurso de queja es infundado."
QUINTO. Mediante oficio de veintidós de octubre del año en curso, el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, informó a la Secretaría de Acuerdos de esta Segunda Sala que en relación a los tocas de los amparos en revisión 1123/77, 96/79, 760/79, 916/79 y 966/79, no era posible enviar las copias solicitadas en razón de que se presume que fueron destruidos en el sismo ocurrido en esta capital en septiembre de mil novecientos ochenta y cinco.
De los amparos en revisión precitados derivó la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de localización son:
"PRECIOS. SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE IMPOSICIÓN DE MULTAS POR VIOLACIONES A DISPOSICIONES EN LA MATERIA. Tratándose de la imposición de multas por violaciones a disposiciones en materia de precios, es improcedente la medida suspensiva, en los términos del artículo 124 fracción II de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, ya que de concederse dicha medida suspensiva se seguiría perjuicio al interés social, pues se paralizaría el ejercicio de la facultad sancionadora por parte de la autoridad responsable, y la agraviada seguiría enajenando la mercancía con el precio por ella misma determinado y sin contar con la autorización correspondiente de la autoridad legalmente competente de la Secretaría de Comercio, y es claro que la sociedad está interesada en el cumplimiento de las disposiciones inherentes a los precios, razones por las cuales la medida suspensiva solicitada debe negarse." (Séptima Época. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 127-132, Sexta Parte. Página: 197).
SEXTO. Con la finalidad de estar en condiciones de determinar si en el caso a estudio existe o no la contradicción de tesis denunciada, se considera necesario sintetizar los razonamientos sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes en las ejecutorias transcritas con antelación.
1. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en sesión de dos de septiembre de dos mil dos, al resolver el recurso de queja QA. 79/2002, para declarar fundado éste y, por ende, revocar la negativa de la suspensión provisional de la ejecución de la multa impuesta en la resolución de diecisiete de julio de dicho año, esencialmente razonó así:
A) La jurisprudencia titulada: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS ACTOS PROHIBITIVOS CONTENIDOS EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, APOYADAS EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, PUES DE OTORGARSE SE INCORPORARÍAN A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO DERECHOS QUE NO TENÍA ANTES DE LA EMISIÓN DE TALES ACTOS.", sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contiene y requiere dos presupuestos básicos para su aplicación en los términos siguientes:
a) Una resolución de la Comisión Federal de Competencia.
b) Que la resolución relativa contenga una prohibición de actos o conductas que puedan constituir prácticas monopólicas.
Esto es, la resolución a que se refiere la jurisprudencia citada tiene por objeto evitar la conducta lesiva; luego, su carácter es meramente preventivo.
B) La resolución señalada como acto reclamado contiene una declaración de responsabilidad y la imposición de una sanción pecuniaria, es decir, tiene un efecto propiamente condenatorio.
En esta tesitura, se pone de relieve que las resoluciones señaladas en los puntos precedentes son formal y materialmente distintas.
En efecto, desde el punto de vista material encierran mandamientos también diferentes, pues la resolución contemplada en la jurisprudencia citada ordena una prohibición o un no hacer. En cambio, la resolución reclamada no dirige una prohibición a la persona moral quejosa, sino que determina su responsabilidad y la sanciona por una conducta ya cometida.
La diferencia precisada se evidencia con mayor claridad al considerar que, de otorgarse la suspensión provisional solicitada, sólo tendrá como efecto el de posponer la aplicación de la multa impuesta hasta en tanto se decida sobre la suspensión definitiva.
Por tanto, dicha suspensión no daría a la quejosa algún margen o posibilidad de continuar realizando la conducta proscrita por la ley y menos crearía en su favor un derecho del cual carecía antes de emitirse el acto reclamado.
2. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en sesión celebrada el dos de septiembre de dos mil dos, al resolver el recurso de queja 60/2002, para declarar infundado éste y, por ende, confirmar la negativa de la suspensión provisional de la ejecución de la multa impuesta a la quejosa en la resolución de diecisiete de julio de dicho año, sustancialmente razonó lo siguiente:
A) De no suspenderse la ejecución del acto reclamado y hacerse efectiva la multa administrativa en él, se ocasionarían a la quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, no obstante ello, el interés de la misma no puede estar por encima del interés social.
En efecto, las disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica tienen por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia en todas las áreas de la actividad económica.
Así las cosas, la multa impuesta a la quejosa tiene como fin evitar y sancionar prácticas monopólicas, y es la sociedad la que tiene especial interés en que no se paralice el ejercicio de la facultad sancionadora de la autoridad responsable y se dé debido cumplimiento a dicha sanción.
B) La jurisprudencia titulada: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS ACTOS PROHIBITIVOS CONTENIDOS EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, APOYADAS EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, PUES DE OTORGARSE SE INCORPORARÍAN A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO DERECHOS QUE NO TENÍA ANTES DE LA EMISIÓN DE TALES ACTOS.", invocada por el a quo, si bien no es aplicable al caso concreto, sí orienta la actuación del Juez de Distrito, porque explica que las medidas tomadas por la autoridad responsable al prohibir la realización de actos o conductas monopólicas no son susceptibles de suspenderse y, en la especie, la sanción administrativa (multa) fue impuesta a Gas Modelo, S.A. de C.V. por la Comisión Federal de Competencia, como un medio represivo y disuasivo de la práctica monopólica sancionada.
C) No se puede generalizar que sostener el criterio anterior equivaldría a la imposibilidad de suspender los efectos y consecuencias de los actos realizados por la Comisión Federal de Competencia pues, de acuerdo con lo antes razonado, la sociedad tiene especial interés en que la actividad desplegada por la quejosa sea sancionada.
D) Sin que sea obstáculo para lo anterior, lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Federal de Competencia Económica, el cual establece la posibilidad de suspender la ejecución de la resolución reclamada mediante la interposición del recurso de reconsideración ante la Comisión Federal de Competencia Económica, en virtud de que la Ley de Amparo establece claramente los requisitos necesarios para conceder la suspensión del acto reclamado.
3. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió los amparos en revisión 1123/77, 96/79, 760/79, 916/79 y 966/79, y de las ejecutorias dictadas en éstos derivó la jurisprudencia titulada: "PRECIOS. SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE IMPOSICIÓN DE MULTAS POR VIOLACIONES A DISPOSICIONES EN LA MATERIA.".
En la jurisprudencia de mérito se sustentó el criterio consistente en:
Que respecto a las multas impuestas por violaciones a disposiciones en materia de precios, en términos del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, es improcedente conceder la suspensión relativa pues, de lo contrario, se paralizaría el ejercicio de la facultad sancionadora de la autoridad responsable y se permitiría al gobernado enajenar la mercancía con el precio por él determinado, sin contar con la autorización de la autoridad legalmente competente.
Hechas las síntesis precedentes, se considera necesario precisar que no es óbice para resolver la presente denuncia de contradicción la falta de las copias de las ejecutorias pronunciadas en los amparos en revisión citados al inicio del punto tres precedente, es decir, que no se tenga a la vista las mismas, porque según se señaló en el considerando quinto anterior, se presume que los fallo relativos fueron destruidos en el sismo de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, pues de la jurisprudencia derivada de los mismos, cuyo rubro se insertó en dicho punto, se desprende con claridad la opinión jurídica del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sobre el punto de derecho tratado en esas ejecutorias, opinión que se acaba de precisar en el párrafo inmediato anterior.
En tal virtud, como la jurisprudencia de mérito contiene los elementos necesarios para fijar con nitidez cuál fue la postura adoptada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la imposibilidad material de recabar las ejecutorias de las cuales derivó es un elemento secundario en la presente contradicción de tesis, que no impide a esta Sala realizar el análisis de la misma.
Estas consideraciones tienen apoyo en la tesis aislada sustentada por esta Sala, cuyos rubro, texto y datos de localización son:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUN ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE TENER A LA VISTA LA EJECUTORIA DE LA QUE DERIVÓ ALGUNO DE LOS CRITERIOS QUE SE ESTIMAN DIVERGENTES, SI EL TEXTO DE LA TESIS PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES SUFICIENTEMENTE CLARO Y EL PUNTO DE DERECHO QUE EN ÉL SE ABORDA PUEDE PRESENTARSE EN SITUACIONES FUTURAS Y REITERADAS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un principio de seguridad jurídica, debe resolver las denuncias de contradicción de tesis formuladas por parte legítima aun en aquellos casos en que no se tenga a la vista la ejecutoria de la que derivó alguno de los criterios que se estiman divergentes, por alguna razón justificada como sería el extravío del expediente, siempre y cuando la redacción de la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación sea lo suficientemente clara como para desprender de ella la opinión jurídica que el tribunal sostuvo sobre un punto de derecho y, además, éste sea de tal manera general que pueda presentarse en situaciones futuras y reiteradas. Ello es así, porque el vocablo 'tesis' a que aluden los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, debe entenderse en sentido amplio, es decir, como la opinión que formulan de un tema jurídico determinado los órganos jurisdiccionales que resuelven los asuntos sometidos a su consideración, por lo que cuando el texto de la tesis cuente con los elementos jurídicos necesarios para fijar con nitidez cuál fue la postura adoptada por aquéllos, la imposibilidad material de recabar la ejecutoria de la que derivó constituye un elemento secundario en la contradicción, que no impide que el más Alto Tribunal del país realice el análisis de la denuncia respectiva." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, julio de 2001. Tesis: 2a. CXI/2001. Página: 506).
Precisado lo anterior, es necesario fijar el criterio de los Tribunales Colegiados precitados en las ejecutorias sintetizadas con antelación.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito sustentó el criterio siguiente:
Que es procedente conceder la suspensión provisional de la ejecución de la multa impuesta por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia por la presunta comisión de una práctica monopólica prevista en el artículo 10, fracción VII, de la Ley Federal de Competencia Económica, en correlación con el artículo 7o., fracción V, de su reglamento, consistente en haber retrasado la instalación de una planta de almacenamiento para distribución de gas L.P., porque dicha suspensión sólo tiene el efecto de posponer la ejecución de la multa indicada hasta en tanto se decida sobre la suspensión definitiva y tampoco crea un derecho a favor del gobernado.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito sostuvo la tesis siguiente:
Que es improcedente conceder la suspensión provisional de la ejecución de la multa de mérito, pues la misma tiene como fin evitar y sancionar prácticas monopólicas. Además, porque la sociedad tiene especial interés en que no se paralice el ejercicio de la facultad sancionadora de la autoridad responsable y se dé el debido cumplimiento a la sanción respectiva.
Finalmente, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sustentó el criterio siguiente:
En términos del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, es improcedente conceder la suspensión respecto de las multas impuestas por violaciones a disposiciones en materia de precios, pues de lo contrario se paralizaría el ejercicio de la facultad sancionadora de la autoridad responsable y se permitiría a la parte interesada (quejosa) enajenar la mercancía con el precio por ella determinado, sin contar con la autorización de la autoridad competente.
En un principio se considera que no existe contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, acorde con las consideraciones que se expondrán posteriormente.
Para una mejor comprensión de la anterior afirmación, se considera necesario insertar el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, cuyo texto es:
"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:
"...
"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
"Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares."
La fracción preinserta señala uno de los requisitos para decretar la suspensión del acto reclamado, consistente en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
La fracción en comento determina casuísticamente en qué hipótesis la suspensión del acto reclamado causa dichos perjuicios y se contraviene el orden público y, entre otros casos, señala que ello ocurre cuando se permite el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad, o bien, de consumo necesario.
Así las cosas, sin que el legislador haya sido exhaustivo, obviamente sí fijó criterios para que el juzgador de amparo establezca cuándo, en el caso concreto, no se satisface el requisito establecido en la fracción II preinserta, pues en ésta en forma enunciativa se relacionaron las hipótesis en las cuales, de concederse la suspensión, sí se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público.
En conclusión, se considera que en el segundo párrafo de la fracción de mérito se instituyeron diversas hipótesis, con las cuales el legislador federal dio lineamientos al juzg
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17512-305638d6/suspension-provisional-es-procedente-contra-la-ejecucion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- REVISIÓN FISCAL. EL HECHO DE QUE EL ASUNTO SE REFIERA A LAS MATERIAS FORESTAL Y AMBIENTAL, NO BASTA PARA TENER POR ACREDITADOS LOS REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA PARA LA (CONTRADICCIÓN DE TESIS 101/2002-SS)
- RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER (CONTRADICCIÓN DE TESIS 102/2002-SS)
- REVISIÓN FISCAL. SON IMPROCEDENTES LOS RECURSOS QUE ESTABLECE LA LEY DE AMPARO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES QUE EN ELLA DICTAN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCU (CONTRADICCIÓN DE TESIS 114/2001-SS)
- VALOR AGREGADO. LA ENAJENACIÓN DE MADERA CORTADA EN TABLAS Y TABLONES, POR SER ESTOS PRODUCTOS RESULTADO DE UN PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN AL QUE ES SOMETIDO EL TRONCO DEL ÁRBOL, (CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2002-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TESIS DE JURISPRUDENCIA Y PRECEDENTES, SU CITA. NO CAUSA AGRAVIO EL QUE NO SE TRANSCRIBAN INTEGRAMENTE, SI SE PROPORCIONAN DATOS QUE INDUDABLEMENTE LA IDENTIFICAN. (s/clave)
- ESCRITURAS PUBLICAS. (s/clave)
- DOCUMENTOS PUBLICOS. NO PRUEBAN ACTOS INCIDENTALES. (s/clave)
- DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis