RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 208-BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA, QUE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 102/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 44/2002-V y la improcedencia 187/2002-5o., sostuvo en lo relacionado con el presente asunto, en esencia, el mismo criterio, razón por la cual se transcribe únicamente la parte considerativa de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 44/2002-V, que en lo que aquí importa dice:
"QUINTO. Resultan infundados los anteriores agravios.
"En efecto, en los mismos el quejoso Benito Ricardo Maranto Barrera aduce que el Juez de Distrito indebidamente sobreseyó el juicio de garantías porque incumplió con el requisito de definitividad que rige el juicio de amparo, a lo cual alega que no estaba obligado pues el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo señala como excepciones la circunstancia de que los recursos ordinarios no establezcan mayores requisitos para suspender la ejecución del acto impugnado, que los previstos por la ley de la materia.
"Pues bien, en principio debe tenerse presente lo que disponen los artículos 107, fracción IV, constitucional y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo:
"'Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: ... IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión.'
"'Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación.'
"El texto de los preceptos transcritos consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva.
"El principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal.
"Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública.
"Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados, situación que también se encuentra regulada en la fracción XV del artículo 73 de la citada Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento tanto las disposiciones conducentes de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como las de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen los requisitos que deben satisfacerse a fin de que el particular esté en aptitud de obtener la suspensión del acto impugnado.
"En el caso concreto, el quejoso Benito Ricardo Maranto compareció en demanda de amparo reclamando de las autoridades responsables la resolución administrativa de fecha veintinueve de agosto de dos mil uno, dictada en el expediente CI-R-PEP-005/01, relativo al procedimiento que sobre responsabilidad administrativa se le imputó y en la que con fundamento en el artículo 53, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se le impuso la sanción de suspensión del empleo, cargo o comisión por un término de quince días.
"Pues bien, el artículo 73 de la ley citada, establece lo siguiente:
"'El servidor público afectado por las resoluciones administrativas que se dicten conforme a esta ley, podrá optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"'La resolución que se dicte en el recurso de revocación será también impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.'
"De lo anterior se desprende que para agotar el principio de definitividad, se debe interponer el recurso o medio de defensa ordinario, sin que esto signifique que el optar entre uno u otro exima de promover el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es decir, elegir entre interponer el recurso de revocación o impugnar directamente ante el tribunal cualquier resolución administrativa, pues la opción estriba en la alternativa de impugnar las resoluciones administrativas vía recurso de revocación o directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero siempre deberá agotarse el último recurso establecido en la ley de la materia.
"Así tenemos, que aun cuando le asiste la razón al quejoso en que no estaba obligado, previamente a hacer valer el juicio de amparo, a interponer el recurso de revocación previsto por el artículo 71 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues el mismo exige mayores requisitos que los establecidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que mientras que en la revocación administrativa se condiciona el otorgamiento de la suspensión a que el acto impugnado sea de imposible reparación, la fracción III del citado artículo de la Ley de Amparo, condiciona la medida en el aspecto indicado a que el acto reclamado sea de difícil reparación.
"Sin embargo, dicha circunstancia no pone de manifiesto que sea infundada la causal de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito, ni que se haya desatendido la jurisprudencia cuyo rubro es: 'POLICÍA JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL. EN CONTRA DE SU BAJA PROCEDE EL AMPARO SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.'; que establece en lo conducente lo siguiente: 'Tampoco se surte la indicada causa de improcedencia cuando se comparan los requisitos de la suspensión en amparo con el juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación, en virtud de que el Código Fiscal de la Federación, en su título VI, que regula el procedimiento contencioso administrativo, en ninguna de sus disposiciones contempla la suspensión de dicho acto reclamado, sino que únicamente prevé la suspensión ante el Magistrado instructor que conozca del asunto, tratándose del procedimiento administrativo de ejecución cuando dicha medida haya sido negada por la autoridad ejecutora, cuando ésta haya rechazado la garantía ofrecida para asegurar el interés fiscal y cuando haya reiniciado la ejecución de dicho procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 227 en relación con el artículo 144, ambos del Código Fiscal de la Federación.'. Toda vez que la misma actualmente no es aplicable, pues al Código Fiscal de la Federación, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil, se le adicionó el artículo 208-bis, que establece la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado, sin señalar mayores requisitos que para tal efecto establece la Ley de Amparo.
"En efecto, contrariamente a lo que alega el recurrente y como correctamente lo estimó el Juez a quo, los requisitos que exige el artículo 208-bis del Código Fiscal de la Federación, para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, no son mayores que los requeridos por la Ley de Amparo para el mismo efecto y, por tanto, sí era necesario que previamente a la promoción del juicio de amparo, el aludido quejoso agotara el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, medio de defensa ordinario previsto en el artículo 73 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
"Lo anterior es así, toda vez que el artículo 208-bis del Código Fiscal de la Federación estatuye que los particulares o sus representantes legales, que soliciten la suspensión de la ejecución del acto impugnado, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
"'I. Se podrá solicitar en el escrito de demanda.
"'II. Por escrito presentado en cualquier tiempo, hasta que se dicte sentencia.
"'Se presentará ante la Sala del conocimiento.
"'III. En el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, se podrá decretar la suspensión provisional de la ejecución.
"'Contra el auto que decrete o niegue la suspensión provisional no procederá recurso alguno.
"'IV. El Magistrado instructor ...
"'V. Cuando la ejecución o inejecución del acto impugnado pueda ocasionar perjuicios al interés general, se denegará la suspensión solicitada.
"'VI. Cuando sea procedente la suspensión o inejecución del acto impugnado, pero con ella se pueda ocasionar daños o perjuicios a la otra parte o a terceros, se concederá al particular si otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar por los perjuicios que con ello pudieran causar si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de nulidad.
"'VII. Tratándose de la solicitud de suspensión de la ejecución contra el cobro de contribuciones, procederá la suspensión, previo depósito de la cantidad que se adeude ante la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa que corresponda.
"'El depósito no se exigirá ...
"'Mientras no se dicte sentencia, la Sala podrá ...'
"Y con el propósito de poner de manifiesto que los anteriores requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación para otorgar la suspensión de la ejecución de los actos emitidos por las autoridades administrativas, no son mayores a los establecidos en la Ley de Amparo, resulta conveniente acudir igualmente a aquellos preceptos de este ordenamiento que tienden a regular los requisitos que deben satisfacerse para el otorgamiento de la medida suspensional a favor del quejoso, tratándose del juicio de amparo indirecto.
"Efectivamente, en cuanto al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo indirecto, se presentan dos formas de concederse la medida suspensional que son: a) la suspensión de oficio y b) la suspensión a petición de parte.
"Con independencia de que los actos contra los cuales se haya solicitado la medida cautelar sean ciertos y de que la naturaleza de los mismos permita su paralización, la suspensión a petición de parte está sujeta a determinados requisitos, como puede verse a continuación:
"En principio debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, los cuales disponen:
"'Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:
"'I. Que la solicite el agraviado.
"'II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
"'Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares.
"'III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
"'El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.'
"'Artículo 125. En los casos en que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.
"'Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.'
"La satisfacción de las anteriores condiciones o requisitos obligan al Juez de Distrito a conceder la medida cautelar que se le solicite.
"Pues bien, el examen comparativo de la disposición legal del Código Fiscal de la Federación, así como de las de la Ley de Amparo, tratándose de los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto o actos reclamados, lleva a la conclusión de que no son mayores las condiciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación, que las que se consignan en los mencionados preceptos de la Ley de Amparo, atendiendo a las siguientes razones legales:
"1) Que de conformidad con el artículo 208-bis del Código Fiscal de la Federación, se exige que lo solicite el demandante; por su parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, también es necesario que la solicite el agraviado.
"2) Otro requisito común que exigen los dos preceptos citados en el párrafo que antecede, consiste en que no se siga perjuicio al interés general.
"3) Ambas leyes disponen, en esencia, el mismo requisito al aludir que cuando se pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, la medida suspensional se concederá si el quejoso otorga garantía bastante con la finalidad de reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable.
"4) El artículo 124 de la Ley de Amparo exige para conceder la suspensión, que los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado sean de difícil reparación; en cambio, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 208-bis, no exige tal requisito, por lo que, en ese aspecto, este ordenamiento es menos exigente que la Ley de Amparo.
"5) Tratándose del acto reclamado de cobro de contribuciones de multas, también establece el mismo requisito que la Ley de Amparo, en el sentido de que se concederá previo depósito de la cantidad que se adeude ante la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa que corresponda.
"No pasa desapercibido para este tribunal, que el artículo 208-bis del Código Fiscal de la Federación establece, en su fracción III, que contra el auto que decrete o niegue la suspensión provisional no procederá recurso alguno, mientras que la Ley de Amparo prevé en su artículo 95, fracción XI, la procedencia del recurso de queja en contra de las resoluciones en que se conceda o niegue la suspensión provisional, sin que pueda válidamente afirmarse que tal circunstancia constituya un requisito mayor a los exigidos por el numeral 124 de la Ley de Amparo para su concesión, habida cuenta de que la misma no se analizará previamente a dictar la determinación en relación con la suspensión provisional del acto reclamado, sino que se trata de una cuestión de procedimiento respecto a la impugnación de la resolución relativa, máxime que en el caso concreto el acto reclamado no es de difícil reparación en caso de que se le negara la suspensión del mismo, y posteriormente se resolviera el fondo del asunto favorable a los intereses del quejoso, pues la sanción que se le impuso consiste en suspensión en el empleo por el término de quince días.
"En consecuencia, al no prosperar los agravios que hizo valer el inconforme, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida que sobreseyó el juicio de garantías.
"No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, el criterio invocado por el recurrente y sostenido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro: 'PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, NI EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.'; toda vez que no es de observancia obligatoria para este tribunal, además de que se trata de una tesis aislada, misma que no se comparte, en primer lugar, porque como ya se indicó, el hecho de que el artículo 208-bis del Código Fiscal de la Federación establezca que contra el auto que concede o niegue la suspensión provisional no procederá recurso alguno, no implica un requisito adicional para la concesión de tal medida cautelar y, en todo caso, aun de considerarse tal circunstancia como una desventaja del agraviado, dado que la Ley de Amparo establece el recurso de queja contra la negativa o concesión de la suspensión del acto reclamado, ello no puede tener el alcance de prevalecer sobre el principio de definitividad que rige al juicio de amparo para ubicar al quejoso en el caso de excepción a dicho principio, establecido en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que la intención del legislador al establecer ese caso de excepción era la de no hacer nugatorio el beneficio del inconforme de obtener la suspensión del acto reclamado que así procediera, al no satisfacer los mayores requisitos señalados para obtener tal medida en la ley respectiva, sin que nada se diga respecto a los recursos ..."
CUARTO. Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del PrimerCircuito, al resolver el recurso de queja 393/2001-20 y el amparo en revisión 2993/2001-150, sostuvo en lo relacionado con el presente asunto, en esencia, el mismo criterio, razón por la cual se transcribe únicamente la parte considerativa de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 393/2001-20, que en lo que aquí importa dice lo siguiente:
"SEXTO. En el único agravio hecho valer, el recurrente manifiesta, en síntesis, que el Juez de Distrito no debió admitir a trámite la demanda de amparo promovida por Raúl Álvarez Castillo, toda vez que éste no agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo.
"Este tribunal considera que resulta infundado el agravio esgrimido, en atención a las siguientes consideraciones:
"En primer lugar, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de garantías, el Juez de amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 145 de la Ley de Amparo, que establece:
"'Artículo 145. El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.'
"Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que para que se pueda desechar una demanda de amparo el motivo para ello debe ser notorio y manifiesto, tal como se puede advertir de la tesis de jurisprudencia 4/95 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57 del Tomo I, mayo de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"'DEMANDA DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS EMANADOS DE DIVERSOS JUICIOS, NO DEBE DESECHARSE POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE.' (se transcribe).
"Ahora bien, los dos supuestos a los que alude la tesis de jurisprudencia citada, no pueden interpretarse como si fueran sinónimos, en virtud de que cada uno de ellos tiene su propio significado.
"Para ello, es pertinente acudir al Diccionario de la Real Academia Española que define los términos aludidos de la siguiente manera:
"1. Manifiesto. Manifestar. Declarar, dar a conocer. Descubrir, poner a la vista.
"2. Indudable. Dícese de lo que no se puede poner en duda. Evidente, claro, patente.
"3. Notorio. Público y sabido por todos.
"Como podemos observar, lo manifiesto no resulta ser lo mismo que lo indudable, ya que por una parte este último término alude a la evidencia de una cosa que, en el caso que nos ocupa, se va a traducir en lo claro o patente que resulte la improcedencia del juicio, ya que para llegar a tal conclusión no se necesita analizar pormenorizadamente alguna de las causales que para el caso se encuentran previstas en la Ley de Amparo.
"Ahora, respecto al término 'manifiesto', este Tribunal Colegiado, conforme a lo antes señalado, considera que dicho término implica descubrir o dar a conocer una situación, que en nuestro caso se va a traducir en las facultades del juzgador de poder acudir a las causas de improcedencia que para el caso se encuentran previstas, de acuerdo a las características que presenta el acto reclamado, para concluir con el desechamiento de la demanda en términos del artículo 145 antes transcrito.
"Ello, atendiendo a que dicho precepto legal establece la facultad que se otorga al juzgador para desechar de plano la demanda de garantías, para el caso de encontrar ese motivo manifiesto de improcedencia.
"Lo anterior no lleva a establecer que como causales de improcedencia aparecen las previstas en las diecisiete fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo, a las cuales es susceptible agregar aquellas relacionadas con otros requisitos de procedibilidad de la acción, como son la falta de personalidad del promovente, actos derivados de actos consentidos, actos de particulares o que no se considera de imposible, etc.
"Así, de entre las causas de improcedencia existentes es difícil establecer cuáles de ellas son notorias y, de acuerdo a ello, proveer el desechamiento de plano de la demanda de amparo, pues es necesario el análisis de cada caso concreto de acuerdo con las características especiales, como puede ser la extemporaneidad de la acción, la reclamación de derechos electorales o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"En cambio, existen otras hipótesis que regularmente hacen necesaria la admisión a trámite de la demanda y sustanciación del juicio a fin de decretar la improcedencia con pleno conocimiento de causa, porque con las constancias que se tienen al momento de presentar el ocurso de demanda no existe un motivo indudable y manifiesto para desecharla.
"Esto nos lleva a determinar que sólo podrá aplicarse el artículo 145 de la Ley de Amparo cuando la causa de improcedencia esté plenamente probada y sustentada en el artículo 73 antes citado, sin quedar al prudente arbitrio del juzgador.
"Así, de las relatadas consideraciones, debe concluirse que resulta más conveniente para el gobernado como para el juzgador, en un supuesto de manifiesta e indudable improcedencia, desechar la demanda de garantías y no admitirla a trámite, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la misma causa advertida desde un inicio, ya que al no hacerlo así, se estaría dejando, por una parte, sin oportunidad real y jurídica al quejoso de poder impugnar el acto reclamado a través de la vía idónea o de actuar conforme al caso proceda y, por otra parte, de tramitarse una demanda notoriamente improcedente se estaría contraviniendo el artículo 17 constitucional que dice:
"'Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civiles.'
"Puesto que al impartir justicia pronta y expedita, se evita, igualmente, la tramitación de juicio que desde un inicio se conoce su desafortunado resultado para el promovente.
"Aunque, debe insistirse, el desechamiento de una demanda de amparo nunca podrá ser al arbitrio del juzgador, puesto que como se ha venido diciendo, necesita existir una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en la cual se pueda apoyar.
"Consecuentemente, si el artículo 145 de la Ley de Amparo establece que procede el desechamiento de plano de la demanda de amparo cuando se 'encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia', dado que el término manifiesto no es sinónimo del término 'indudable', pues como se precisó anteriormente, manifiesto se refiere a declarar o dar a conocer los elementos jurídicos en los que se apoya el juzgador para realizar el estudio adecuado que le permita concluir de manera contundente la resolución del asunto planteado, sin la necesidad de acudir o solicitar diversas constancias a las partes y, por su parte, indudable es cuando algo es evidente, es decir, que no pone en duda; así las cosas, debe concluirse que cuando al Juez de amparo se le presenta una demanda de garantías que de manera plena y manifiesta resulta improcedente y, que además, de tramitarse no tendrían ningún beneficio las partes, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías, ello con el objeto de no tramitar un juicio innecesario, ya que a nada práctico se llegaría con la tramitación del mismo, pues en nada se beneficiaría a las partes con la emisión de una sentencia de sobreseimiento por las mismas causas que pudo haberse desechado de plano la demanda; por el contrario, con la tramitación del juicio podría dejarse en estado de indefensión al quejoso y obligar a las responsables a actuar en un juicio que jurídicamente resultaría ocioso, lo que transgrede el artículo 17 de nuestro Texto Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.
"Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por este órgano jurisdiccional colegiado al fallar el amparo en revisión 33/2001 (improcedencia) en sesión de treinta y uno de enero de dos mil uno.
"Sin embargo, en el caso que nos ocupa, se advierte que no existe causa manifiesta e indudable de desechamiento de la demanda, toda vez que del análisis del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en relación con los elementos con que contaba el Juez de Distrito al momento de admitir la demanda, se desprende claramente que no se actualiza la causa de improcedencia invocada.
"En efecto, el precepto en comento dispone:
"'Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"'...
"'XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.'
"El numeral transcrito consagra el principio de definitividad, propio de la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo y que consiste fundamentalmente en que no se puede invocar la protección de la Justicia Federal, si antes no se han agotado los medios ordinarios de defensa.
"Ahora bien, la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal ha establecido algunas reglas para el estudio de la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del ar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17414-45cab681/resoluciones-administrativas-impugnables-ante-el-tribunal-federal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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