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Modo: Corpus Pro

ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA. SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS ACTOS PROHIBITIVOS CONTENIDOS EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, APOYADAS EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, PUES DE OTORGARSE SE INCORPORARÍAN A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO DERECHOS QUE NO TENÍA ANTES DE LA EMISIÓN DE TALES ACTOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17121
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, , Pág. 297.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver los tocas números 97/2001 y 98/2001, derivados de los incidentes de suspensión de los juicios de amparo indirectos 177/2001 y 72/2001, promovidos por Cerveza Corona de León, Sociedad Anónima de Capital Variable, respectivamente, tramitados, ambos, ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, y en relación con el tema de la procedencia de la suspensión definitiva respecto de las resoluciones emitidas por la Comisión Federal de Competencia Económica, en las cuales se previene a los quejosos para que se abstengan de realizar actos cuyo objetivo sea el de implementar prácticas monopólicas, consistentes en realizar cualquier acto, contrato o convenio cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a la denunciante del mercado, impedirle sustancialmente su acceso, o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas mediante la venta o transacción sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se les impondrán sanciones de carácter económico, en la parte que interesa, consideró lo siguiente:

IRA. 97/2001.

"QUINTO. Los agravios transcritos son por una parte infundados, pero por la otra fundados y suficientes para revocar la resolución recurrida. Contrario a lo que se menciona en los agravios, no existe incongruencia en la resolución recurrida si negó la suspensión por lo que vea a la emisión del acuerdo combatido de fecha 23 veintitrés de noviembre de 2000 dos mil en el expediente IO-04-2000, pero la concedió por lo que se refiere a su contenido, es decir, sus efectos, porque es cierto que ese acuerdo como continente de una determinación de la responsable, es un acto que se consumó en el momento mismo de dictarse; precisamente, por ello, para resolver sobre la suspensión deben estimarse las consecuencias o ejecución de los actos de autoridad, que son la materia de la medida, tomando en consideración que ésta tiene como efecto paralizar la ejecución material del acto hasta en tanto se resuelva el juicio en definitiva. Sentado lo anterior, procede estudiar la inconformidad planteada contra la suspensión que se concedió en relación con los efectos del referido acuerdo que por la vía de amparo se combate que, en lo conducente, dice: ‘con la finalidad de preservar las condiciones de competencia en el mercado, según consta en las cédulas de notificación que obran en el expediente de mérito, y con fundamento en los artículos 1o., 2o., 3o., 8o., 9o., 10, 11, 12, 13, 23, 24, fracciones I, II y IX, 25, 32 y 34, fracciones I y II, de la Ley Federal de Competencia Económica, y 36 de su reglamento; así como 223, 224, 225 y 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia procedimental, atendiendo al principio de equidad procesal, se aclara el acuerdo de fecha cuatro de octubre del año en curso y se requiere a Grupo Modelo, S.A. de C.V., así como a sus subsidiarias y distribuidoras denominadas ... Cerveza Corona de León, S.A. de C.V. ... para que se abstengan de realizar cualquier acto, contrato o convenio cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a la denunciante del mercado, impedirle sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas mediante la venta o transacción sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por la denunciante, apercibidas de que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa hasta por el equivalente a quinientas veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal por cada día que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado; además de que dicha inobservancia se considerará como una circunstancia agravante en el evento de que, sustanciado el procedimiento de ley, quede acreditada y se sancione la realización de las prácticas monopólicas relativas, materia del emplazamiento, en virtud de que existirían fuertes indicios de intencionalidad al persistir en la comisión de prácticas previstas como violatorias de la ley de la materia, ya que la intencionalidad se define como el conocimiento de que, por una determinada conducta por acción u omisión, se esté infringiendo un dispositivo legal y de las posibles consecuencias de dicha infracción.’. Como puede advertirse, dicho mandato de autoridad consiste en una prohibición que se traduce en abstenerse de realizar los actos ahí precisados que, en esas condiciones, limita el actuar del gobernado, por lo cual lleva inherente efectos de carácter positivo en relación con la conducta del afectado. Efectivamente, tratándose de actos prohibitivos, para examinar la procedencia de la suspensión, es necesario distinguirlos de los negativos meramente, que son aquellos que sólo implican una abstención por parte de la autoridad o un rechazo a la solicitud del gobernado, sin producir alguna otra afectación a su esfera jurídica. En el caso sometido a estudio, el acto prohibitivo es susceptible de suspenderse, porque tiene efectos positivos al fijar límites a los derechos de quien reclama el amparo, lo cual lo hace diferente a los actos omisivos en los que prevalece la actitud de abstención de la autoridad, y de los negativos simples donde rige la negativa de acceder a lo que pide el gobernado. Sin embargo, aunque el acto es susceptible de ser suspendido, no debe perderse de vista que la medida sólo procede cuando se reúnen los requisitos que al efecto exige el artículo 124 de la Ley de Amparo, así que habrá que analizarse si tales exigencias se colman en el caso concreto. Para tal efecto, es preciso puntualizar precisamente que la medida suspensional tiene como finalidad mantener la situación preexistente a los actos prohibitivos. Lo cual implica, a su vez, determinar la situación jurídica existente antes del acto, para así advertir las prerrogativas de que gozaba el gobernado y que deben mantenerse hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en lo principal, para evitar dejarlo sin materia y ocasionar al impetrante afectaciones de difícil o, incluso, de imposible reparación. Ciertamente, la suspensión tiene como efecto mantener o respetar el status jurídico en que se encontraba el gobernado antes de la prohibición, por lo cual es preciso determinar esos derechos adquiridos desde antes de la emisión del acto, sobre los cuales incidirá la suspensión, porque es necesario recordar que la citada medida no crea derechos, únicamente mantiene las cosas en el estado en que se encontraban, pero en forma alguna puede ser constitutiva de prerrogativas de las cuales no gozaba el solicitante, porque de concederla en esos términos significaría que es el juzgador de amparo quien le otorga ese derecho que antes no tenía y que incluso puede que se encuentre prohibido por la ley. Por otra parte, de conformidad con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, la medida sólo procede si no se afecta al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Ahora bien, de la lectura del acto que se analiza se desprende que la prohibición incide en que la parte quejosa se abstenga de realizar cualquier conducta monopólica, en los términos que ahí se describen. Por consecuencia, para verificar la procedencia de la providencia, es necesario establecer si esa conducta que afecta la prohibición se encontraba como un derecho adquirido dentro de la esfera jurídica del gobernado antes de emitirse el acto y si está o no regulada y permitida por la ley, ya que, de no ser así, conceder la suspensión para que pueda realizar esas conductas implicaría contravenir disposiciones de orden público. Así, debe decirse que el artículo 28 de la Constitución General de la República, en su parte conducente, establece: ‘Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes.’. Por su parte, los artículos 1o., 2o., 3o. y 10 de la Ley Federal de Competencia Económica que, entre otros, sirven de fundamento al acto reclamado, establecen: ‘Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia, es de observancia general en toda la República y aplicable a todas las áreas de la actividad económica.’. ‘Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. ...’. ‘Artículo 3o. Están sujetos a lo dispuesto por esta ley todos los agentes económicos, sea que se trate de personas físicas o morales, dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos o cualquier otra forma de participación en la actividad económica.’. ‘Artículo 10. Sujeto a que se comprueben los supuestos a que se refieren los artículos 11, 12 y 13 de esta ley, se consideran prácticas monopólicas relativas los actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en los siguientes casos ...’. En tales condiciones, se concluye que de manera expresa, tanto en la Constitución como en la ley reglamentaria, quienes ejercen el comercio tienen el impedimento legal de realizar prácticas monopólicas, es decir, legalmente existe prohibición para realizar ese tipo de conductas. Bajo ese tenor, es inconcuso que existiendo tal prohibición, el quejoso no está ni estuvo legitimado en momento alguno para realizar esas conductas, que es precisamente a las que se refiere la prohibición del auto de fecha 23 veintitrés de noviembre de 2000 dos mil, que se tilda de inconstitucional, es decir, ni antes ni después de que se emitiera el acto que controvierte, el quejoso gozaba de ese derecho que, consecuentemente, no puede ser reconocido en el amparo. Conceder la suspensión, levantando la prohibición en comento, sería permitir al impetrante del amparo la realización de esas prácticas que nunca formaron parte de su esfera jurídica, lo que implicaría que con la medida cautelar se estaría creando un derecho que no tenía antes de la emisión del acto reclamado porque existe prohibición legal expresa. Esto es, con la suspensión el órgano de amparo sería quien legitimara al gobernado para que realizara tales actividades, lo cual evidentemente se opone a los principios que rigen en el juicio constitucional, específicamente al que consiste en que la suspensión no puede tener efectos constitutivos de derechos, porque su finalidad es únicamente mantener una situación ya existente, lo que no sucedería en este supuesto en que se colocaría al quejoso en un status legal que no tenía al emitirse el acto de autoridad. Aunado a ello, al crear esa prerrogativa con la suspensión, se contravienen disposiciones de orden público, por transgresión de todas aquellas normas que en forma expresa prohíben ese tipo de conductas, lo cual hace patente que no se satisface la exigencia que al efecto prevé la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la medida, al establecer que ésta se concederá siempre que ‘no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público’. Sobre este punto debe precisarse que el Juez de Distrito resolvió conceder la suspensión porque, a su juicio, no se acreditaba perjuicio al interés social y sí en cambio se podía afectar a terceros que habían ya contratado con la empresa quejosa; que la determinación de una afectación al interés social no se daría sino hasta que se resolviera si en realidad las prácticas imputadas a la quejosa podían o no considerarse monopólicas. Sin embargo, según lo antes expuesto, con independencia de las posibles afectaciones a derechos de terceros que contrataron con la persona moral que solicitó el amparo y de que aún no se determinara en definitiva si la conducta imputada implicó o no prácticas monopólicas, no debe perderse de vista que la negativa de la prohibición versó sobre conductas expresamente prohibidas por la ley que, por tanto, no pueden ser ‘mantenidas’ o reconocidas mediante la medida suspensional. Conceder la suspensión implica constituir en favor del gobernado quejoso un derecho del que no puede ser titular bajo ninguna circunstancia, lo que al mismo tiempo hace deducir su trascendencia en el interés colectivo, que debe prevalecer sobre el de particulares que hubieran contratado con la parte quejosa. El hecho de que la prohibición se plasme en la Ley Fundamental del país y en la legislación ordinaria, lleva inherente el interés de la sociedad por preservar la sana competencia comercial. Aunque algunos terceros particulares pudieran resentir afectación con la medida suspensional, ese interés no puede estar por encima del de la colectividad a quien interesa que se eviten conductas que trascienden a la libre competencia y, en general, a la sana práctica del comercio. Aunque no existe la determinación definitiva de que los contratos que celebró la quejosa constituyan conductas monopólicas, como ya se dijo, precisamente por la naturaleza de tales actos, la suspensión no puede reconocerle legitimación para realizarlos ni a futuro ni en relación con los que ya celebró, en contravención al interés social y a disposiciones legales, aun cuando la prohibición ocasione algún perjuicio al inconforme o incluso a algún tercero que contrató con él. Por tanto, asiste la razón al recurrente sobre la incorrecta determinación de conceder la suspensión solicitada y, por consecuencia, también sobre los criterios ahí invocados, que no aplican en el caso. En consecuencia, procede modificar la resolución recurrida, por lo que ve a la suspensión definitiva concedida en contra del contenido del auto de fecha 23 veintitrés de noviembre de 2000 dos mil, para en su lugar decretar la improcedencia de la medida, y se confirma la negativa decretada en el primer párrafo del considerando segundo del fallo interlocutorio impugnado."

IRA. 98/2001.

"SEXTO. En lo que es materia de la revisión, los agravios hechos valer son, por una parte, infundados, pero por la otra, fundados y suficientes para revocar la interlocutoria impugnada. Contrario a lo argumentado en tales agravios, no existe incongruencia en la interlocutoria de mérito, si se negó la suspensión definitiva por lo que ve a la emisión del acuerdo combatido de fecha cuatro de octubre de dos mil, derivado del expediente IO-04-2000, pero se concedió por cuanto ve a su contenido, es decir, sus efectos; cuenta habida que dicho acuerdo, como continente de una decisión de la autoridad responsable, es un acto que se consumó en el momento mismo de dictarse; precisamente por ello, al resolver sobre dicha medida cautelar, es menester estimar las consecuencias o la ejecución de los actos de autoridad, que son la materia de la medida, tomando en consideración que ésta tiene como efecto paralizar la ejecución material del acto, hasta en tanto se resuelve el juicio en definitiva. Sentado lo anterior, se procede a estudiar la inconformidad planteada en contra de la suspensión definitiva otorgada, respecto de los efectos del acuerdo señalado y que por la vía de amparo se reclama, acuerdo que, en lo conducente, literalmente reza: ‘... México, Distrito Federal, a cuatro de octubre de dos mil. Visto el escrito presentado, por Oficialía de Partes de esta Comisión Federal de Competencia, el veintiocho de septiembre del año curso, por medio del cual, Manuel Zambrano Villareal, en representación legal de Especialidades Cerveceras, S.A. de C.V., personalidad que tiene debidamente acreditada en los autos del expediente al rubro citado, solicitó a esta Comisión Federal de Competencia, dejara sin efectos las cláusulas de exclusividad en los contratos de distribución celebrados por Grupo Modelo, S.A. de C.V., a efecto de evitar la desaparición del mercado de su representada y salvaguardar la materia de su denuncia. Con el objeto de preservar las condiciones de competencia en el mercado que nos ocupa y hasta en tanto esta comisión resuelva lo conducente respecto de los hechos investigados, con fundamento en los artículos 1o., 2o., 3o., 8o., 9o., 10, 11, 12, 13, 23, 24, fracciones I, II y IX, 25, 32 y 34, fracciones I y II, de la Ley Federal de Competencia Económica, 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia procedimental, se requiere a Grupo Modelo, S.A. de C.V., así como a sus subsidiarias y distribuidoras denominadas Diblo, S.A. de C.V., La Cervecería Modelo, S.A. de C.V., Cerveza Corona de Guadalajara, S.A. de C.V., La Corona en Zapopan, S.A. de C.V., Corona y Estrella de Occidente, S.A. de C.V., Cerveza Corona en León, S.A. de C.V., La Cerveza Modelo en San Miguel, S.A. de C.V., Distribuidora Modelo de Toluca, S.A. de C.V., Sociedad Mercantil de Morelos, S.A. de C.V., y Cervezas Modelo en Querétaro, S.A. de C.V., para que se abstengan de realizar cualquier acto, contrato o convenio, cuyo objeto directo sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas mediante la venta o transacción sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero, apercibidas de que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa hasta por el equivalente a mil quinientas veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal por cada día que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado.’. Como se puede observar, el acuerdo transcrito contiene una prohibición que se traduce en abstenerse de realizar las conductas en él precisadas, con lo que se limita el actuar del gobernado, por lo que, al repetido acuerdo le son inherentes efectos de carácter positivo, en relación con la conducta de la agraviada. Ciertamente, en tratándose de actos prohibitivos, para analizar la procedencia de la suspensión, se hace necesario distinguirlos de los negativos meramente, y que son aquellos que sólo implican una abstención por parte de la autoridad o un rechazo a la petición del gobernado, sin producir ninguna otra afectación a su esfera jurídica. En el caso a estudio, el acto prohibitivo es susceptible de suspenderse, en tanto que tiene efectos positivos, al fijar límites a los derechos de la agraviada; lo que lo hace diferente a los actos omisivos, en los que prevalece la actitud de abstención de la autoridad; y de los negativos simples, en los que rige la negativa de acceder a lo solicitado por el gobernado. Empero, aunque el aludido acto es susceptible de suspenderse, no debe pasarse por alto que la medida cautelar únicamente procede cuando se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, por lo que, en esta virtud, habrá que examinar si esos requisitos se colman en el caso concreto. Previo a dicho examen, cabe anotar que la medida suspensional tiene como finalidad mantener la situación preexistente a los actos prohibitivos, lo que implica, en consecuencia, determinar esa situación jurídica prevaleciente, antes del acto en cuestión, para advertir asílas prerrogativas de que gozaba el gobernado y que han de mantenerse hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en lo principal, esto, para no dejar sin materia el propio juicio y ocasionar a la accionante de la protección federal afectaciones de difícil o, inclusive, de imposible reparación. De igual forma es conveniente apuntar que dado que la suspensión tiene como efecto mantener o respetar el status jurídico en que se encontraba el gobernado antes de la comentada prohibición, se requiere determinar los derechos adquiridos previamente a la emisión del acto reclamado, y sobre los cuales incidirá la suspensión, pues no se debe soslayar que la repetida medida no crea derechos, sino que mantiene las cosas en el estado en que se encontraban; mas en modo alguno es constitutiva de prerrogativas, de las que no gozaba la peticionaria de garantías, porque, de concederla en estos términos, significaría que el Juez de amparo otorga tales derechos que antes no se tenían y que, además, pudiera ser que se encontraran prohibidos por la ley. Ahora bien, la fracción II del invocado numeral 124 previene que la suspensión solamente procede si no se afecta al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. De la lectura del acuerdo a debate, se colige que la prohibición en él inmersa se reduce a que la inconforme se abstenga de realizar cualquier conducta monopólica en los términos descritos. Consecuentemente, para verificar la procedencia de la suspensión, se requiere constatar si dicha conducta, afectada con la prohibición, se encontraba como un derecho adquirido dentro de la esfera jurídica del gobernado antes de emitirse el acuerdo y si la propia conducta está o no regulada y permitida por la ley, ya que de no ser así, conceder la suspensión para que pueda desplegarse esa conducta, implicaría contravenir disposiciones de orden público. El artículo 28 constitucional, en su parte conducente, establece: ‘Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes.’. Por su parte, los preceptos 1o., 2o., 3o. y 10 de la Ley Federal de Competencia Económica que, entre otros, sirven de fundamento al acuerdo reclamado, previenen: ‘Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia, es de observancia general en toda la República y aplicable a todas las áreas de la actividad económica.’. ‘Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. ...’. ‘Artículo 3o. Están sujetos a lo dispuesto por esta ley todos los agentes económicos, sea que se trate de personas físicas o morales, dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos o cualquier otra forma de participación en la actividad económica.’. ‘Artículo 10. Sujeto a que se comprueben los supuestos a que se refieren los artículos 11, 12 y 13 de esta ley, se consideran prácticas monopólicas relativas los actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en los siguientes casos ...’. De las disposiciones antes transcritas, se infiere que de manera expresa, tanto constitucional como legalmente, quienes ejercen el comercio tienen prohibido realizar prácticas monopólicas. Y en ese tenor, existiendo dicha prohibición, es inconcuso que la recurrente no está ni estuvo legitimada en momento alguno para desplegar las conductas objeto de la prohibición inmersa en el acuerdo combatido, dicho en otras palabras, ni antes ni después de dictado ese acuerdo, la mencionada agraviada gozaba del derecho a realizar las propias conductas, derecho que, obviamente, no puede ser reconocido en el juicio de amparo. De donde se sigue que conceder la suspensión definitiva levantando la prohibición en comentario, sería tanto como permitir a la inconforme la realización de esas prácticas que, por lo demás, nunca formaron parte de su esfera jurídica, lo que implicaría que con la medida cautelar se estaría creando un derecho que no se tenía antes de la emisión del acuerdo reclamado, puesto que existe prohibición legal expresa. Amén de que, con la suspensión en esos términos, el órgano de control constitucional sería quien legitimara a la inconforme para que realizara las conductas objeto de la señalada prohibición, lo que se opone a los principios rectores del juicio de garantías, específicamente, al que consiste en que la medida cautelar no puede tener efectos constitutivos de derechos, dado que su finalidad es sólo mantener una situación preexistente, lo que no sucedería, en el caso particular, atento que se colocaría a la recurrente en un status legal del que carecía al emitirse el citado acuerdo. Asimismo, al crearse la prerrogativa con la suspensión, es incuestionable que se contravienen disposiciones de orden público, debido a que se infringen aquellas normas que prohíben las aludidas conductas, lo que pone de relieve que, en la especie, no se satisface el requisito contemplado en la fracción II del invocado numeral 124, en tanto que, para la procedencia de dicha medida, es menester que ‘no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público’. A propósito de lo anterior, es de precisar que el Juez a quo resolvió conceder la suspensión, en virtud de que, a su juicio, no se acreditaba perjuicio al interés social y sí, en cambio, se podía afectar a terceros que ya habían contratado con la empresa agraviada, aunado a que, aseguró el prenombrado Juez, la determinación de una afectación al interés social no se daría sino hasta que se resuelva si realmente las prácticas imputadas a la revisionista pueden o no considerarse monopólicas. Sin embargo, conforme a lo antes expuesto, independientemente de las posibles afectaciones a derechos de terceros que contrataron con la sociedad denominada Cerveza Corona en León, Sociedad Anónima de Capital Variable, y que aún no se determine en definitiva si la conducta imputada a ésta implicó o no prácticas monopólicas, no debe perderse de vista que la negativa de la prohibición versó sobre conductas expresamente prohibidas por la ley, conductas que, por lo mismo, no pueden ser mantenidas o reconocidas mediante la medida cautelar. Y es que, el conceder la suspensión implicaría constituir en favor de la inconforme un derecho del que no puede ser titular bajo ninguna circunstancia, lo que al mismo tiempo hace deducir su trascendencia en el interés colectivo, que debe prevalecer sobre el de los particulares que hubiesen contratado con ella. A mayor abundamiento, el hecho de que la prohibición se plasme en la Ley Fundamental del país y en la legislación ordinaria, lleva inherente el interés de la sociedad por preservar la sana competencia comercial. Por lo que, aunque algunos terceros particulares pudiesen resentir afectación con la medida suspensional, ese interés no puede estar por encima del de la colectividad, a quien justamente le importa que se eviten conductas que trascienden a la libre competencia y, en general, a la sana práctica del comercio. Por otro lado, si bien no existe la determinación definitiva de que los contratos celebrados por la recurrente constituyan conductas monopólicas, como se asentó con antelación, precisamente por la naturaleza de tales actos la suspensión no puede reconocerle legitimación para realizarlos, ni a futuro ni en relación con los ya celebrados, en contravención al interés social y a disposiciones legales, no obstante que la prohibición irrogue algún perjuicio a la inconforme o, inclusive, al tercero que contrató con ella. Luego entonces, debe convenirse que le asiste la razón a la agraviada sobre la incorrecta determinación de conceder la suspensión definitiva solicitada y, consecuentemente, también sobre los criterios invocados en el ocurso de su revisión, los cuales no se aplicaron en el caso concreto. Así las cosas, en lo que es materia de la revisión, procede revocar la interlocutoria impugnada y negar la medida suspensional, respecto de los efectos del acuerdo de cuatro de octubre de dos mil, derivado del expediente IO-04-2000, radicado ante la Comisión Federal de Competencia."

CUARTO. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de veintinueve de junio del año dos mil uno el toca 4552/2001, derivado del juicio de amparo 61/2001, promovido por Grupo Modelo, Sociedad Anónima de Capital Variable, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Distrito Federal, en relación con el tema relativo a la procedencia de la suspensión definitiva respecto de las resoluciones emitidas por la Comisión Federal de Competencia Económica, en las cuales se previene a la quejosa (Grupo Modelo, Sociedad Anónima de Capital Variable), para que se abstenga de realizar actos cuyo objetivo sea el de implementar prácticas monopólicas, consistentes en realizar cualquier acto, contrato o convenio cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a la denunciante del mercado, impedirle sustancialmente su acceso, o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas mediante la venta o transacción sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por la denunciante, empresa tercero perjudicada (Especialidades Cerveceras, Sociedad Anónima de Capital Variable), con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le impondrán sancione

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17121-206d50f7/orden-publico-e-interes-social-para-efectos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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