SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL MISMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito se ocupó de resolver los conflictos competenciales 1/2002, 6/2003, 20/2003, 46/2003 y 25/2003, en los términos en que se irá haciendo referencia a continuación.
I. Competencia 1/2002, entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco, resuelto el quince de marzo de dos mil dos.
"SEGUNDO. Se considera que la autoridad competente para conocer y resolver sobre la demanda promovida por Antonio Cecilio Manzano Cárdenas contra el Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, en virtud del cese del que fue objeto, es la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.
"En primer término, es necesario resaltar que la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco para conocer de la controversia materia del conflicto competencial, es un aspecto que ya fue analizado desde el punto de vista constitucional por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, mediante ejecutoria firme autorizada en el juicio de amparo indirecto número 89/2000 de su índice, el día veintinueve de septiembre de dos mil, misma que ya fue transcrita y en la que se determinó de manera esencial que conforme a lo que establecen los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 14 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así como el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en la página 43, Tomo II, correspondiente a septiembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’, la relación existente entre el Ayuntamiento demandado y el elemento de seguridad actor queda exceptuada de la regla general de las relaciones laborales que se dan entre el Estado y sus servidores públicos para considerarse como una relación de naturaleza administrativa en la que el poder público del Ayuntamiento al momento de emitir el cese del elemento policiaco, no actúa asimilándose a un patrón, sino que se encuentra investido de su carácter de autoridad, y se rige por las normas administrativas y reglamentos que les correspondan.
"Ahora bien, al ser cosa juzgada la incompetencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, la materia del presente conflicto competencial consiste en determinar qué tribunal debe conocer del juicio promovido por un elemento de seguridad pública en contra del Ayuntamiento del cual dependía, y en el que se reclaman prestaciones a las que considera tiene derecho con motivo de la prestación de sus servicios.
"El artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco establece:
"‘Artículo 57. El Tribunal de lo Administrativo, es el órgano especializado del Poder Judicial del Estado, con plena jurisdicción para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, de los Municipios y de los organismos descentralizados de ambos, con los particulares, además de las que surjan entre el Estado y los Municipios, o de éstos entre sí. El Tribunal de lo Administrativo conocerá también, de los conflictos laborales que se susciten con sus propios trabajadores.’
"Por tanto, si se considera por un lado, que jurisprudencialmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la relación jurídica entre los miembros o agentes de instituciones policiales o cuerpos de seguridad pública con el gobierno de un Estado o Municipio es de carácter administrativo y se rige por las normas administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan, tal como lo reiteró el Juez de Distrito, y por otro lado, que las disposiciones administrativas del Municipio de Guadalajara en materia de seguridad, así como la ley que regula la competencia del Tribunal de lo Administrativo del Estado, no establecen con precisión la competencia para que éste conozca de la demanda promovida por un elemento de seguridad en contra del aludido Municipio en el que presta sus servicios, reclamando conceptos derivados de esa relación jurídica, debe establecerse que la competencia debe recaer en dicho órgano jurisdiccional, con el fin de no hacer nugatorio el derecho contenido en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo a las facultades de que está investido, el más afín para conocer de la demanda en cuestión, por tratarse de un acto de naturaleza administrativa emitido por una autoridad municipal.
"No obsta a lo anterior que el Tribunal de lo Administrativo argumentara que la figura de competencia por declinatoria no existe en la legislación que rige su actuar, para no conocer de la demanda que le fue remitida por el diverso de Arbitraje y Escalafón, pues dicho motivo no es suficiente para rechazar el conocimiento de un asunto cuya naturaleza es de su competencia; pues de lo que se ha dicho la relación existente entre un elemento de seguridad y una dependencia, ya sea del Gobierno Estatal o Municipal del Estado de Jalisco en la que preste sus servicios, es de naturaleza administrativa, al igual que los hechos y derechos que deriven de la misma; basta que se actualice lo anterior para que el Tribunal de lo Administrativo, a través de cualquiera de sus Salas Unitarias pueda ejercer su jurisdicción sobre el caso.
"Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 82/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 382 del Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen:
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR UN POLICÍA, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.’ (se omite la transcripción por innecesaria).
"Asimismo, por analogía, se aplica la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J. 51/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 33 del Tomo XIV, noviembre de 2001, Materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen:
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE MORELOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.’ (no se transcribe por innecesaria).
"Consecuentemente, se reitera que jurisprudencialmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la relación jurídica entre los miembros o agentes de instituciones policiales o cuerpos de seguridad pública con el gobierno de un Estado o Municipio es de carácter administrativa y se rige por las normas administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan, por lo que aun cuando las disposiciones administrativas del Municipio de Guadalajara, así como la ley que regula la competencia del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco no establezcan con precisión la competencia para que éste conozca de una demanda promovida en contra del Ayuntamiento de dicho Municipio, por un elemento de seguridad como los mencionados, que labora o laboró en el mismo, reclamando conceptos derivados de esa relación jurídica, debe establecerse que la competencia recae en dicho tribunal, con el fin de no hacer nugatorio el derecho contenido en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo a las facultades de que está investido, el más afín para conocer de la demanda en cuestión."
II. Competencia 6/2003, entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco, resuelto el seis de mayo de dos mil tres.
"SEGUNDO. Este Tribunal Colegiado de Circuito juzga competente para conocer del juicio natural a la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.
"Lo anterior es así, si se toma en cuenta que las pretensiones del reclamante son, esencialmente: el pago de indemnización constitucional por despido injustificado, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo proporcionales al tiempo laborado y horas extras laboradas.
"En su demanda el actor manifestó que tenía el nombramiento de policía de línea dependiente del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco.
"Ahora bien, como acertadamente lo consideró el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en su resolución de incompetencia, los miembros de las corporaciones policiacas al servicio del gobierno de los Estados y sus Municipios, al formar parte de un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa regida por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dice:
"‘Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
"‘El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"‘...
"‘B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
"‘...
"‘XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. ...’
"Por su parte, el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal dispone:
"‘Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
"‘Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
"‘...
"‘VI. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.’
"A su vez, el artículo 115, fracción VIII, de nuestra Carta Magna preceptúa:
"‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"‘...
"‘VIII. ... Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.’
"Ciertamente, de la interpretación armónica de los preceptos transcritos se desprende el imperativo que tienen las Legislaturas de los Estados para regular las relaciones de los trabajadores del Estado y sus Municipios, pero siempre acatando las bases establecidas en el artículo 123 del Código Supremo y de sus disposiciones reglamentarias, por lo que en el caso de los miembros o agentes de las instituciones policiales y de seguridad pública, se encuentra expresamente señalado en el numeral 123, apartado B, fracción XIII, de la Ley Fundamental, como especial y fuera del ámbito laboral; al referirse el Constituyente a que ‘se regirán por sus propias leyes’, está creando para las relaciones derivadas de la prestación de un servicio entre los policías o agentes de seguridad pública y el Estado, un status jurídico diverso al laboral y que no puede ser de otra naturaleza que administrativa, consideración constitucional de sustracción que aplica a los cuerpos policiacos de los Estados y Municipios, pues la misma Constitución establece su observancia por la legislación estatal al estar ésta supeditada a los principios establecidos en el invocado artículo 123 de la Constitución Federal, según se desprende de los diversos 115 y 116 del mismo Magno Cuerpo Normativo, entre los cuales se encuentra el mencionado de exclusión de los miembros de las instituciones policiales de las relaciones laborales del Estado.
"Lo anterior ya fue determinado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte en su jurisprudencia 24/1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, que establece:
"‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’ (no se transcribe por innecesaria).
"Ahora bien, como se dijo con antelación, el principio de apartamiento de los integrantes de los cuerpos policiacos en las relaciones laborales del Estado para con sus servidores públicos, al ser un principio constitucional que deben observar las Legislaturas de los Estados debe reflejarse en sus marcos legales respectivos, por así señalarse en la misma Constitución Federal y, en el caso, esto se da en la legislación del Estado de Jalisco, en específico, en el artículo 14 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, que rige las relaciones de trabajo del Estado de Jalisco y sus Municipios con sus servidores públicos, el cual textualmente dice:
"‘Artículo 14. El personal operativo de las fuerzas de seguridad del Estado y Municipios, que no desempeñen funciones administrativas, se regirán por sus propios reglamentos, los cuales deberán contener las disposiciones adecuadas para proteger los derechos que correspondan a estos servidores públicos.’
"Por tanto, al excluirse expresamente por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios su aplicación directa sobre el personal operativo de los cuerpos policiacos que no desempeñan funciones administrativas, es inconcuso que ello es en observancia a la disposición constitucional de que la relación entre éstos y el Estado o sus Municipios es de carácter administrativo.
"Ahora bien, como la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establece que los miembros de los cuerpos policiacos habrán de regirse por sus propios reglamentos y como el quejoso prestaba sus servicios al Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, como policía de línea adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, es obvio que desempeñaba actividades inherentes a salvaguardar la vida, derechos, patrimonios y seguridad de la colectividad circunscrita al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, el cuerpo normativo que habrá de aplicarse en primer término es el reglamento relativo.
"Por lo que como lo sostiene el Tribunal de Arbitraje y Escalafón se excluye de la relación laboral a los cuerpos de seguridad pública; luego, si el actor prestaba sus servicios a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, como policía de línea, es evidente que formaba parte de su personal operativo, lo que como consecuencia trae que la naturaleza de esa prestación de servicios sea meramente administrativa, de conformidad con los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal y 14 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo las controversias derivadas de dicho vínculo de la misma índole administrativa.
"La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión número 51/2002, el día quince de marzo de dos mil dos, promovido por el Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, estableció en su ejecutoria el criterio de que no era procedente analizar ni interpretar las disposiciones en materia laboral expedidas por la Legislatura del Estado de Jalisco, en virtud de que ya se ha dicho, la relación jurídica existente entre el elemento de un cuerpo de seguridad pública de un Municipio y el Ayuntamiento, no es de naturaleza laboral, sino de carácter administrativo; pues como se ha visto, de lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, deriva la naturaleza administrativa de dicha relación, además de que sobre el particular existe el criterio jurisprudencial obligatorio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual se invocó desde el inicio de este punto considerativo, aunado a que, como ya se expuso, al derivar las reclamaciones hechas por el actor del nombramiento de policía de línea integrante del personal operativo de la fuerza de seguridad pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la relación que guarda con el Ayuntamiento es meramente administrativa.
"No pueden ser de índole laboral las reclamaciones del actor, porque el servicio que prestó para el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, como policía de línea no entra en el derecho laboral sino administrativo, de ahí que cualquier inconformidad que tenga contra la dependencia debe ventilarse ante un tribunal administrativo; se debe recordar que la relación entre Estado y empleado fue, en un principio, de naturaleza administrativa, y que si bien es cierto que el derecho positivo mexicano en beneficio y protección de los empleados ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis; sin embargo, de dicho tratamiento general, entre otros, se encuentran excluidos los miembros de los cuerpos de seguridad pública por la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 constitucional; por lo que los actos de que se trata, mismos que se contienen en las reclamaciones formuladas por el actor en su escrito inicial de demanda, no constituyen otra cosa que actos de autoridad en ejercicio de su potestad sobre otra subordinada jerárquicamente, derivado de una relación de carácter administrativo, por lo que dicho acto también es de índole administrativa.
"Al efecto, cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia 51/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 33, Tomo XIV, noviembre de 2001, que dice:
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE MORELOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.’ (se omite la transcripción por innecesaria).
"Asimismo, tiene aplicación la tesis III.2o.T.55 L, sustentada por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 756, Tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la cual se reitera el criterio sostenido, que reza:
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS CONTRA LA DEPENDENCIA RELATIVA POR UN POLICÍA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE JALISCO, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.’ (no se transcribe por innecesaria).
"Consecuentemente, en apoyo a lo expuesto en párrafos precedentes se declara que la autoridad competente para conocer del asunto que aquí interesa es la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco, por lo que procede remitirle los originales del expediente respectivo para los efectos legales correspondientes.
"No cambia el sentido de esta determinación, la expresión del Tribunal de lo Administrativo en el sentido de que:
"‘En consecuencia de lo anterior y aplicando supletoriamente el artículo 170 ciento setenta del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en atención a las tesis jurisprudenciales que más adelante se transcriben y en virtud de que ni en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Jalisco, ni en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios existe la institución de la declinación de competencia por inhibitoria (sic), lo que procede es remitir las presentes actuaciones a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva la presente controversia de qué órgano es el competente de conocer el presente asunto, para no violentar el artículo 17 diecisiete constitucional en perjuicio del gobernado actor en el presente asunto.’
"Alegato que deviene inexacto, dado que dicha autoridad pasa por alto que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado será aplicable en forma supletoria y en su orden a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, de acuerdo a lo establecido por el artículo 10 de esta última legislación invocada, en la que se prevé la institución jurídica de la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el artículo 114, que reza:
"‘Artículo 114. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón será competente para resolver las controversias que se susciten entre los poderes del Estado, los Ayuntamientos los organismos descentralizados, empresas o asociaciones de participación mayoritaria estatal o municipal y sus servidores, así como de los conflictos que surjan entre la Federación de Sindicatos de Servidores Públicos y los sindicatos que la integran, o sólo entre éstos. También será competente para invalidar las resoluciones de las Comisiones Mixtas de Escalafón, a instancia de uno o varios concursantes que consideren vulnerados sus derechos escalafonarios.
"‘Dicho tribunal queda exceptuado para conocer y resolver las controversias o conflictos en materia de relaciones de trabajo que se susciten entre los servidores públicos que presten sus servicios en los tribunales y Consejo General del Poder Judicial a que se refiere el primer párrafo del artículo 56 de la Constitución Política del Estado. ...’
"Por lo que al encontrarse delimitada por disposición legal la competencia de dicho tribunal del trabajo, se traduce en un reconocimiento implícito de la necesidad de resolver sobre la misma, empero, como dicha institución procesal de la competencia, prevista por la ley burocrática estatal, está deficientemente regulada, debe aplicarse supletoriamente la ley federal mencionada, cuyo artículo 139 dispone:
"‘Artículo 139. Si de la demanda, o durante la secuela del procedimiento, resultare, a juicio del tribunal, su incompetencia, la declarará de oficio.’."
III. Competencia 20/2003, entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco, resuelto el doce de mayo de dos mil tres.
"SEGUNDO. Este Tribunal Colegiado de Circuito juzga competente para conocer del juicio natural a la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.
"Lo anterior es así, tomándose en cuenta que las pretensiones del reclamante son esencialmente: el pago de la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, y el cheque del día del policía que le adeuda el Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, en virtud de que renunció a partir del día catorce de diciembre de dos mil uno y que hasta la fecha de la demanda no se le habían cubierto las citadas prestaciones a las que tenía derecho.
"El actor manifestó en su demanda que las funciones que lo unieron con el Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, fueron las desempeñadas en su cargo de policía de línea, de acuerdo al nombramiento respectivo.
"Ahora bien, como acertadamente lo consideró el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en su resolución de incompetencia, los miembros de las corporaciones policiacas al servicio del gobierno de los Estados y sus Municipios, al formar parte de un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa regida por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dice: (la transcripción aparece en la anterior ejecutoria).
"Por su parte, el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, dispone: (se transcribió en la ejecutoria anterior).
"A su vez, el artículo 115, fracción VIII, de nuestra Carta Magna preceptúa: (el precepto se reprodujo en la resolución anterior).
"Ciertamente, de la interpretación armónica de los preceptos transcritos se desprende el imperativo que tienen las Legislaturas de los Estados para regular las relaciones de los trabajadores del Estado y sus Municipios, pero siempre acatando las bases establecidas en el artículo 123 del Código Supremo y de sus disposiciones reglamentarias; por lo que en el caso de los miembros o agentes de las instituciones policiales y de seguridad pública, se encuentra expresamente señalado en el numeral 123, apartado B, fracción XIII, de la Ley Fundamental, como especial y fuera del ámbito laboral; al referirse el Constituyente a que ‘se regirán por sus propias leyes’, está creando para las relaciones derivadas de la prestación de un servicio entre los policías o agentes de seguridad pública y el Estado, un status jurídico diverso al laboral y que no puede ser de otra naturaleza que administrativa; consideración constitucional de sustracción que aplica a los cuerpos policiacos de los Estados y Municipios, pues la misma Constitución establece su observancia por la legislación estatal, al estar ésta supeditada a los principios establecidos en el invocado artículo 123 de la Constitución Federal, según se desprende de los diversos 115 y 116 del mismo Magno Cuerpo Normativo, entre los cuales se encuentra el mencionado de exclusión de los miembros de las instituciones policiales de las relaciones laborales del Estado.
"Lo anterior ya fue determinado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte en su jurisprudencia 24/1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, que establece:
"‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’ (no se transcribe por innecesaria).
"En la especie, como se dijo con antelación, el principio de apartamiento de los integrantes de los cuerpos policiacos en las relaciones laborales del Estado para con sus servidores públicos, al ser un principio constitucional que deben observar las Legislaturas de los Estados, debe reflejarse en sus marcos legales respectivos, por así señalarse en la misma Constitución Federal y, en el caso, esto se da en la legislación del Estado de Jalisco, en específico, en el artículo 14 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, que rige las relaciones de trabajo del Estado de Jalisco y sus Municipios con sus servidores públicos, el cual textualmente dice:
"‘Artículo 14. El personal operativo de las fuerzas de seguridad del Estado y Municipios, que no desempeñen funciones administrativas, se regirán por sus propios reglamentos, los cuales deberán contener las disposiciones adecuadas para proteger los derechos que correspondan a estos servidores públicos.’
"Por tanto, al excluirse expresamente por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios su aplicación directa sobre el personal operativo de los cuerpos policiacos que no desempeñan funciones administrativas, es inconcuso que ello es en observancia a la disposición constitucional de que la relación entre éstos y el Estado o sus Municipios es de carácter administrativo.
"En el caso, como la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establece que los miembros de los cuerpos policiacos habrán de regirse por sus propios reglamentos y como el demandante de origen prestó sus servicios a la Dirección de Seguridad Pública dependiente del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, como policía de línea, es obvio que sus actividades son inherentes a salvaguardar la vida, derechos, patrimonios y seguridad de la colectividad circunscrita al Municipio citado, por lo que el cuerpo normativo que habrá de aplicarse en primer término es el reglamento correspondiente.
"Por lo que como lo sostiene el Tribunal de Arbitraje y Escalafón se excluye de la relación laboral a los cuerpos de seguridad pública, luego, si el actor prestó sus servicios a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, como policía de línea, es evidente que formó parte de su personal operativo, lo que como consecuencia trae que la naturaleza de esa prestación de servicios sea meramente administrativa, de conformidad al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal y 14 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo las controversias derivadas de dicho vínculo de la misma índole administrativa.
"La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión número 51/2002, el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18242-5946ae28/seguridad-publica-del-estado-de-jalisco-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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