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Modo: Corpus Pro

AMPARO CONTRA LEYES. AUN CUANDO EL HECHO DE NO LLAMAR A JUICIO A ALGUNA DE LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN CONSTITUYA UNA VIOLACIÓN PROCESAL, RESULTA INNECESARIO ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SI LO QUE PROCEDE ES NEGAR EL AMPARO O SOBRESEER EN EL JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2004-PS. · Registro digital (IUS): 17995
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, , Pág. 266.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el veintiuno y el treinta y uno de octubre de dos mil dos, resolvió en forma similar el amparo en revisión 156/2002, promovido por Koblan, Sociedad Anónima de Capital Variable; el 163/2002-II, promovido por Tronorsa, Sociedad Anónima de Capital Variable y otras; el 166/2002-III, promovido por Marcatel, Sociedad Anónima de Capital Variable; el 526/2001-III, promovido por Zano Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable; y el 234/2002-III, promovido por Hussmann Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con cuyos precedentes sustentó la tesis que a la letra dice:

"AMPARO CONTRA LEYES. LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A ALGUNA DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, ORIGINA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Conforme a los artículos 2o., 5o., 11 y 147 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo se debe sustanciar y decidir con sujeción a las formas y procedimientos previstos en su libro primero ‘Del amparo en general’, conforme a los cuales, autoridad responsable es la que dicta la ley o acto reclamado, quien a su vez tiene el carácter de parte y, por tanto, debe recabarse su informe con justificación. De acuerdo al artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión es el órgano en quien se deposita para su ejercicio el Poder Legislativo y se compone por las Cámaras de Senadores y de Diputados, quienes en su conjunto llevan a cabo el proceso legislativo previsto en el artículo 72 de la Carta Magna. Por lo anterior, si en el juicio de amparo contra leyes se menciona como autoridad responsable al Congreso de la Unión, a quien se le atribuye la discusión y aprobación de la ley reclamada, y sólo se solicita y recaba el informe con justificación de la Cámara de Diputados, sin que exista constancia de haberlo solicitado a la Cámara de Senadores, o a un órgano de representación conjunta del Congreso de la Unión, debe concluirse que con tal omisión se violan las reglas fundamentales del juicio de amparo conforme al artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia, circunstancia que impone al órgano que conozca del recurso de revisión, la obligación de revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, a efecto de subsanar dicha irregularidad, porque el acto reclamado consistente en la discusión y aprobación de la ley lo lleva a cabo un órgano bicameral, y en esa virtud ambas Cámaras, a través de sus informes con justificación, deben ser oídas en el juicio de amparo en defensa de la constitucionalidad de los actos que se les atribuyen, pues cada una de ellas tiene funciones específicas dentro del proceso de creación de la ley, lo que de otra forma provocaría la indefensión de la Cámara inaudita."

Los cinco precedentes con base en los cuales se integró la tesis jurisprudencial en cuestión, se encuentran redactados en términos similares, motivo por el cual, a fin de evitar repeticiones innecesarias, sólo se transcribirá la parte conducente del último de ellos, que a la letra dice:

"SEGUNDO. Es innecesario realizar la transcripción y el estudio de las consideraciones en las que se apoyó la sentencia impugnada como de los agravios expuestos por la parte recurrente, pues en el caso este Tribunal Colegiado advierte una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento de amparo, al dejar de oírse en el juicio a una de las partes que tiene derecho a ello conforme a la ley, lo que impone ordenar la reposición del procedimiento en los términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: De acuerdo al artículo 2o. de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se debe sustanciar y decidir con sujeción a las formas y procedimientos previstos en el libro primero Del amparo en general. Dentro de las reglas aludidas, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que tienen el carácter de parte en el juicio de amparo, la autoridad o las autoridades responsables. Asimismo, conforme al artículo 11 del ordenamiento en cita, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por su parte, el artículo 147 de la ley en trato, establece que una vez admitida la demanda de amparo se pedirá a las autoridades responsables que rindan su informe con justificación, el cual deberán rendir dentro del término de cinco días de acuerdo al artículo 149 del propio ordenamiento. En el caso, se aprecia que la parte quejosa señaló como autoridad responsable, entre otras, al Congreso de la Unión, de quien reclamó el siguiente acto: ‘A) La discusión, aprobación y expedición de la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo tercero «Del impuesto sustitutivo del crédito al salario», que decreta el Congreso de la Unión el 31 de diciembre de 2001 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de enero de 2002.’. Respecto de lo anterior, cabe precisar que conforme al artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General compuesto de dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores, a quienes en conjunto les corresponde la elaboración de las leyes de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 72 de la misma Ley Suprema. De acuerdo con lo anterior, como el acto reclamado del Congreso de la Unión lo constituye la aprobación y expedición del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día primero de enero de dos mil dos, en lo relativo al artículo tercero transitorio que establece el impuesto sustitutivo del crédito al salario, debió llamarse a juicio tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores, pues conforme al artículo 50 de la Constitución General de la República, el Congreso de la Unión se compone por ambas Cámaras, a quienes en su conjunto les corresponde el desarrollo del proceso legislativo previsto en el artículo 72 del mismo ordenamiento. Ahora bien, de las constancias que integran el expediente del juicio de amparo, se aprecia que sólo se solicitó el informe justificado de una de las Cámaras del Congreso de la Unión, esto es, de la de Diputados, de acuerdo al acuse de recibo del oficio número 8551 (de once de marzo de dos mil dos), que obra foliado con el número 69, informe que a la postre fue rendido por el director general de Asuntos Jurídicos y representante legal de la misma, a nombre de dicha Cámara Legislativa, mediante el oficio visible a fojas 61 y 62, al que recayó proveído de fecha seis de mayo de dos mil dos, en el que se ordenó agregarlo a los autos y dar vista con él a las partes en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo. Lo anterior revela que en el caso no se entabló en forma legal la relación jurídico-procesal dentro del juicio de amparo, aun cuando en estas condiciones el Juez de Distrito, conforme al considerando tercero de la sentencia, tuvo por ciertos los actos reclamados al Congreso de la Unión, atento al informe justificado rendido por la Cámara de Diputados, habida cuenta que para tener por emplazada debidamente a la autoridad responsable denominada Congreso de la Unión, era preciso que obrara constancia de que también se requirió efectivamente a la Cámara de Senadores para que rindiera su informe con justificación, o bien, que aun cuando no exista tal constancia, se hubiera rendido el informe aludido, lo cual no se desprende del sumario de mérito, circunstancia que trasciende en grado superlativo al desarrollo del juicio, ya que a dicha Cámara le corresponde el desempeño de actos específicos dentro del proceso legislativo y, por ende, debe ser oída en defensa de la constitucionalidad de los actos que se le atribuyen al formar parte del órgano denominado Congreso de la Unión. Ello obedece a que la violación procesal pudiera trascender a la defensa de la autoridad que no fue emplazada, como en el caso, a quien le asiste el derecho no solamente de defender la constitucionalidad de la ley impugnada, sino también de hacer valer otros argumentos defensivos. En virtud de lo anterior, conforme al artículo 91, fracción IV, última parte, de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar la sentencia recurrida por haberse violado las reglas fundamentales que rigen el desarrollo del juicio de amparo al no haberse oído en juicio de manera integral a una de las partes del mismo para el efecto de que se reponga el procedimiento y se recabe el informe con justificación de la Cámara de Senadores, que forma parte de la autoridad responsable designada como Congreso de la Unión, por las razones citadas en esta ejecutoria." (fojas 68 a 70).

El Tribunal Colegiado de mérito, cuando fue requerido por el presidente de este Alto Tribunal para que remitiera copia certificada de las sentencias dictadas en los amparos en revisión 526/2001, 156/2002, 163/2002, 166/2002 y 234/2002, con base en las cuales se había sustentado la tesis jurisprudencial precedentemente transcrita, también remitió copia certificada de la sentencia emitida el treinta de enero de dos mil tres, al resolver el amparo en revisión 192/2002, promovido por Benito Esparza Rentería que, en la parte que interesa, textualmente dice:

"CUARTO. Son inoperantes, fundados pero inoperantes, infundados e inatendibles los agravios expuestos por el recurrente, conclusión a la que se llega acorde con la argumentación jurídica siguiente. En principio, debe decirse que por cuestión de técnica en la revisión, se examinarán los motivos de inconformidad de una manera diversa a la que fueron planteados. Efectivamente, los argumentos que vierte el inconforme relativos a que se dejaron de aplicar tesis de jurisprudencia, que no se hace un verdadero estudio de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de garantías, por lo que, según dice, se violaron sus garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales, no son de tomarse en cuenta al igual que el relativo a que en la resolución recurrida se viola la garantía de audiencia, porque, amén de que no indica cuáles son esas jurisprudencias que se dejaron de aplicar, ni tampoco el porqué considera que no se hace el estudio o cuáles son los conceptos de violación que se dejaron de estudiar, de acuerdo a la técnica que rige en el juicio de garantías, la actuación de los Jueces Federales se regula por las disposiciones de la Ley de Amparo y la labor que les está encomendada consiste, precisamente, en determinar si se violentaron las garantías constitucionales y si así fue salvaguardarlas con la protección constitucional, acorde con la tesis aislada 183, sustentada por la entonces Tercera Sala, publicada en la página 198, Informe de Labores rendido por su presidente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1988, del tenor siguiente: ‘REVISIÓN, DEBEN INVOCARSE COMO AGRAVIOS VIOLACIONES A LA LEY DE AMPARO Y NO VIOLACIONES DE GARANTÍAS. Debe establecerse que si la parte recurrente invoca violación a preceptos constitucionales por el Juez de Distrito, debe considerarse inoperante, ya que el control constitucional que se encomienda al Poder Judicial de la Federación se refiere a los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables, pero no a la actuación de los Jueces de Distrito dentro del juicio de garantías. Las determinaciones y resoluciones de los citados Jueces Federales se encuentran basadas en los preceptos de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, a la cual deben ceñir su actuación y por ende son las violaciones a las garantías constitucionales, por ser precisamente la determinación del juzgador de amparo sobre si han sido infringidas éstas, la materia del juicio constitucional.’. De otra parte, resulta fundada la alegación del inconforme consistente en que el Juez Federal, sin fundamento alguno, se limita a contestar el concepto de violación relativo, con el solo argumento de que el haberse decretado el embargo precautorio del vehículo de su propiedad no le causaba perjuicio de momento, porque si bien anexó la tarjeta de circulación a su nombre ‘tal afectación se advertirá hasta que la responsable dicte la resolución definitiva dentro del procedimiento administrativo del cual emana el acto reclamado’; sin embargo, inoperante para conceder la protección constitucional solicitada por las razones que se exponen a continuación. En efecto, de los antecedentes del caso se advierte del acta relativa que a las veintidós horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil uno, los verificadores adscritos a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalupe, Nuevo León, Froilán Tamés Serrano y Juan Manuel Sánchez Martínez, en cumplimiento a la orden de verificación CVM3100033/01, contenida en el oficio 324-SAT-19-ISI-15070, del diecinueve anterior, encontró circulando en la autopista Nuevo Laredo-Monterrey, kilómetro 43, el vehículo marca Chevrolet, tipo van, modelo ‘no determinable’, color blanco, sin número de serie visible, con placas de circulación RNN-1262, del Estado de Nuevo León; que se pidió al conductor detuviera la marcha del vehículo, con el objeto de verificar la legal importación, tenencia o estancia en el país del mismo y de las mercancías de procedencia extranjera que transportaba, así como el pago de los impuestos general de importación al valor agregado, especial sobre producción y servicios en su caso, derechos y aprovechamientos, inclusive cuotas compensatorias, así como de las restricciones y regulaciones no arancelarias que correspondieran. En la documental de mérito se asentó: ‘Documentos que los facultan para practicar verificaciones de mercancía de procedencia extranjera en transporte, así como realizar el embargo precautorio de aquéllas cuya legal importación, tenencia y/o estancia en el país no sea acreditada, inclusive de los vehículos en que son transportadas’; los referidos verificadores, una vez que se identificaron, procedieron a entregar al conductor la orden referida quien firmó de recibido. Así, al ser trasladado el vehículo y mercancía que en el mismo se transportaba al recinto fiscal, ubicado en la Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalupe, Nuevo León, con el domicilio que se indicó para realizar la verificación física y documental del vehículo y de la mercancía que se transportaba, con fundamento en el artículo 150 de la Ley Aduanera se requirió al compareciente para que designara dos testigos, con el apercibimiento de que de no hacerlo serían nombrados por dicha autoridad, a lo que contestó ‘no quiero designar’, motivo por el cual se hizo efectivo el referido apercibimiento y se designaron como tales a José Antonio Flores Morales y Teresita Iliana García Ruiz. El acta de mérito fue suspendida a las cero horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre siguiente, en la que Benito Esparza Rentería se negó a firmar y se continuó el mismo día a las catorce horas, en la que se hizo constar la incomparecencia de éste, así como que no se exhibió documentación comprobatoria con la que se pretendiera amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país del vehículo señalado y de las mercancías de origen y procedencia extranjera que figuraban en el inventario físico descritas en el anexo ‘A’, a efecto de verificar si con la misma se había dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 146 de la Ley Aduanera, por lo que se determinó que al no hacerlo se presumía cometida la infracción prevista en el artículo 176, primer párrafo, fracciones I, II y X, en relación con el 179, primer párrafo, de la Ley Aduanera, motivo por el cual se procedió al embargo precautorio de la mercancía y del vehículo en donde transportaba dicha mercancía, dando inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera, con fundamento en los artículos 144, fracción X y 151, fracciones II y III de la misma legislación. En los términos anteriores, si la orden de verificación controvertida girada por el administrador local de Auditoría Fiscal de Guadalupe, para que diversos verificadores adscritos actuaran conjunta o separadamente dentro de su circunscripción territorial y verificaran las mercancías de procedencia extranjera en transporte, con el objeto de comprobar la legal importación, tenencia o estancia en el país del vehículo referido y de las mercancías que transportaba, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras; y los verificadores mencionados, en acatamiento a tal orden, procedieron a la verificación del vehículo del caso, del cual no exhibió, en el momento de la verificación, documento alguno que amparara su legal estancia en el país, además de transportar un total de 44 pares de tenis nuevos, 400 monos de peluche chicos, 40 muñecas, 175 monos de peluche medianos, 40 monos de peluche grandes, todos estos usados, así como 70 kilogramos de ropa usada, 597 piezas de juguetes diversos, 3 carreolas, una televisión y una radiograbadora, también usadas, de las cuales tampoco exhibió la documentación comprobatoria que acreditara la legal importación, tenencia o estancia de dicha mercancía de procedencia extranjera, la conclusión es que, contrariamente a lo que afirma, el embargo precautorio se realizó en cumplimiento de una orden de autoridad competente, debidamente fundada y motivada, por lo que no resulta ilegal. Lo anterior es así toda vez que, insístese, acorde a las irregularidades detectadas al no haber demostrado la legal importación, tenencia o estancia en el país del vehículo descrito y de las mercancías de mérito, ni que los mismas (sic) hubieran sido sometidas a los trámites que la ley establece para su legal introducción a territorio nacional con la documentación correspondiente, se presumieron cometidas las infracciones señaladas en los artículos 176, primer párrafo, fracciones I, II y X, en relación con el 179, primer párrafo, de la Ley Aduanera, vigente en el dos mil uno, motivo por el cual, con fundamento en los artículos 144, fracción X y 151, fracciones II y III, de la misma legislación, se procedió a decretar el embargo precautorio de las mercancías en cuestión, así como del vehículo de su propiedad, tal como estaba autorizado en el oficio de verificación. Por ende, no tienen aplicación, en la especie, los criterios que transcribe de diversos Tribunales Colegiados por referirse a un supuesto diverso al que se examina, como es el de debido proceso legal. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia que alega relativa a que el embargo realizado en el vehículo de su propiedad es violatorio de garantías, porque se le privó de su posesión, lo que afecta su esfera jurídica patrimonial y laboral, en cuanto al valor económico del mismo y a que lo utiliza como herramienta de trabajo, en su actividad de comerciante, toda vez que posee la documentación que lo autoriza a usarlo en nuestro país, por contar con la tarjeta de circulación expedida por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del Estado. Lo anterior es así, habida cuenta de que si bien es verdad que a su demanda de garantías anexó, además del certificado de propiedad expedido en el Estado de Texas, así como la tarjeta de circulación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, con lo que, en un momento dado, justificaría que se trata de un vehículo regularizado, no menos cierto es que el Juez de Distrito no se encontraba en posibilidad de tomar en consideración tales probanzas, de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo. Se estima lo anterior, toda vez que como se constató ante la autoridad responsable, en ningún momento exhibió las documentales que anexó a su demanda de amparo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y no deben ser admitidas ni tomadas en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante tal autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución impugnada, norma que tiene su origen jurídico en los principios mismos del derecho y de la lógica, ya que no es dable juzgar la conducta de la autoridad sino frente a la situación y las circunstancias que concurrieron en el momento en que se emitió la propia resolución, lo que implica que los Tribunales Federales no pueden sustituirse, al decidir el juicio de amparo, a la autoridad y fundamentar sus sentencias en probanzas que aquélla no tuvo en cuenta, ya que de hacerlo se convertirían en tribunales de plena jurisdicción y desvirtuarían el espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo. Por ende, resulta desacertada su afirmación relativa a que, en el caso, se transgredieron los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 395, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: ‘PRUEBAS. NO SON ADMISIBLES EN AMPARO, CUANDO NO FUERON OFRECIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, se apreciará el acto reclamado como aparezca probado ante la autoridad responsable y, por lo tanto, no se pueden admitir pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, pues admitirle pruebas a la quejosa implicaría necesariamente la variación de las situaciones jurídicas planteadas ante la potestad común.’. Finalmente alega la recurrente, que como cuenta con la autorización legal para usar en este país el vehículo controvertido, la autoridad fiscal se encontraba impedida para embargarlo, pues si considera lo contrario, según dice, primero debe promover juicio en la vía correspondiente, en la que se declare la nulidad de la documentación que ampara la legalidad del mismo, y una vez que obtenga sentencia favorable a sus pretensiones, entonces podrá embargarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación que transcribe. Los anteriores argumentos también resultan inoperantes, toda vez que no los hizo valer ante el Juez de Distrito, como se constata de la lectura de los conceptos de violación que expuso en su demanda de garantías, motivo por el cual no es dable analizarlos ahora, puesto que en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, debió formular por escrito su demanda de garantías y señalar los conceptos de violación que considerara procedentes para evidenciar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y al no hacerlo así el tribunal revisor se encuentra imposibilitado jurídicamente para examinarlos, en virtud de que de hacerlo, no sólo se dejaría en estado de indefensión a las autoridades responsables al no haber tenido oportunidad de controvertir ese aspecto, sino también resultaría contrario a derecho analizar la legalidad de la resolución constitucional, con base en consideraciones que no le fueron formuladas al Juez de Distrito y que, por ello, no estuvo en posibilidad de ponderarlas. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial VI.2o. J/47, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos razonamientos se comparten por este órgano jurisdiccional, publicada en la página 317, del Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INATENDIBLES. No pueden tenerse como agravios en la revisión, las violaciones que no fueron invocadas en la demanda de amparo, dando lugar con ello a que no se oiga a las autoridades responsables.’. En las relacionadas consideraciones, ante lo infundado, inoperante e inatendible de sus argumentos, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa." (fojas 90 vuelta a 95 del expediente en que se actúa).

SEXTO. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión administrativo 192/2002, promovido por Hotel Central de San Miguel de Allende, Sociedad Anónima de Capital Variable y Cohur, Sociedad Anónima de Capital Variable, con fecha quince de noviembre de dos mil dos, en la parte que interesa, textualmente expuso:

"SEXTO. Los agravios hechos valer son infundados y fundados, pero inoperantes. Infundados, porque contrariamente a lo argumentado por la parte quejosa, hoy recurrente, es inexacto que proceda ordenar reponer el procedimiento en el juicio de origen por la mera circunstancia de que el Juez a quo: I. En primer lugar, omitió requerirla para que manifestara si deseaba señalar o no como autoridad responsable, al director del Diario Oficial de la Federación, luego de observar que uno de los actos reclamados se hizo consistir en la publicación, en el propio diario, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, y aclarara su demanda de garantías, al advertir que no precisó el acto reclamado del secretario de Hacienda y Crédito Público. Pues, por un lado, del correspondiente libelo de amparo no se desprende que hubiese sido combatida aquella publicación. Ciertamente, al referirse a los actos reclamados del Congreso de la Unión, presidente de la República y secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, traducidos en la aprobación, expedición, promulgación y refrendo de la Ley de Ingresos aludida, la revisionista afirma que esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación de uno de enero de dos mil dos; sin embargo, a juicio de este Tribunal Colegiado, esa sola afirmación en modo alguno denota que también haya reclamado la publicación de la invocada ley, máxime que en el capítulo relativo a los conceptos de violación no se formuló ninguno que incidiera en la repetida publicación, y que el mencionado director tendría el carácter de autoridad ejecutora, siendo que la citada ley es impugnada por su naturaleza autoaplicativa. Consecuentemente, el Juez Federal no tenía por qué requerir a la accionante de garantías para que manifestara si deseaba señalar o no, como autoridad responsable, al director del Diario Oficial de la Federación, por lo que es inexacto que se vulnere el artículo 146, concatenado con el 116, fracción III, ambos de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales; y se desatienda la jurisprudencia número 2a./J. 30/96, de rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.’, transcrita en el ocurso de los agravios. Y por el otro, con todo y que la diversa omisión de requerir a la impetrante de la protección federal para que precisara el acto imputado al secretario de Hacienda y Crédito Público, pudiera implicar una violación a los invocados numerales 146 y 116, fracción IV, dado que habiéndose designado al propio secretario como autoridad responsable, sin que se precisara el acto que le es atribuido, debió requerirse la precisión de éste. Lo cierto es que para ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de que se trata, es menester, además de actualizarse la citada violación, que ésta trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la agraviada, de otra manera se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución del indicado juicio sin ningún resultado práctico. Criterio que han sustentado tanto el Tribunal Pleno como la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número P. CXII/98 y jurisprudenciales números 1a./J. 65/99 y 2a./J. 69/98, visibles, respectivamente, en las páginas 255 del Tomo VIII, diciembre de 1998; 336 del Tomo X, noviembre de 1999; y 366 del Tomo VIII, septiembre de 1998; todos esos tomos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Parte, Novena Época; y que, por ser de texto similar, para evitar las repeticiones, a continuación se reproduce la más reciente. ‘PROCEDIMIENTO, REPOSICIÓN DEL. SÓLO CUANDO LA VIOLACIÓN TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA ES PROCEDENTE.’ (se reproduce). Es el caso que la violación en comentario no trasciende al resultado de la sentencia definitiva, ni irroga perjuicio a la inconforme. Toda vez que atento lo manifestado en la demanda de amparo relativa, si la quejosa reclamó, destacadamente, como autoaplicativa, es decir, por su sola vigencia, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, específicamente su artículo octavo transitorio, y en particular el apartado a), fracción I, inciso b), punto 4, que se refiere a las personas morales que prestan el servicio de restaurante, en el que se venden bebidas alcohólicas con excepción de cerveza y vino de mesa, sea en el mismo local o en uno anexo que tenga conexión directa del lugar de consumo de bebidas alcohólicas al de alimentos, no obstante que ambos pertenezcan a contribuyentes diferentes. Y si atribuyó la propia quejosa al Congreso de la Unión, presidente de la República y secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, la aprobación, expedición, promulgación y refrendo, respectivamente, de la invocada ley, a nada práctico llevaría ordenar la reposición aludida, porque de hacerlo es inconcuso que únicamente podría serle imputada al secretario de Hacienda y Crédito Público la ejecución de dicha ley, lo cual es contrario a las reglas de la lógica, si se considera que, como qued

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17995-3781adf8/amparo-contra-leyes-aun-cuando-el-hecho-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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