PAGARÉ. EN ÉL PUEDEN PACTARSE LEGALMENTE OBLIGACIONES DE PAGO EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. En principio, debe señalarse que no impide efectuar el análisis de la contradicción de tesis a estudio la circunstancia de que en uno de los criterios en conflicto no se haya sustentado tesis, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, mientras que la tesis sustentada en el otro criterio no haya integrado jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para dirimir una contradicción de tesis, no exigen dichos requisitos.
Criterios que se reflejan en la tesis jurisprudencial P./J. 27/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, localizable en la página 77, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
CUARTO. Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en cuestión para establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo en tal hipótesis será posible efectuar pronunciamiento en relación con el fondo del asunto.
Sobre el particular, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que para que exista contradicción de criterios es necesario que concurran los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, cabe citar las tesis jurisprudenciales P./J. 26/2001 y 1a./J. 5/2000, sustentadas por el Tribunal Pleno y por esta Primera Sala, páginas 76 y 49, Tomos XIII, abril de 2001, y XI, junio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dicen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la substancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente con carácter de tesis de jurisprudencia."
QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, resolvió el juicio de amparo directo 1241/98, promovido por Especialidades Industriales en Corrugado, Sociedad Anónima de Capital Variable, que en su parte conducente textualmente dice:
"... En el segundo concepto de violación alegó el inconforme que la responsable en ‘forma aberrante’ consideró a los documentos base de la acción como verdaderos títulos ejecutivos, pues determinó que las unidades de inversión indefectiblemente se traducían en moneda nacional, sin considerar que las reglas de interpretación son, en primer término, según el sentido gramatical de la ley, y en caso de duda debe recurrirse a los principios generales del derecho, pero que en el asunto planteado la interpretación gramatical y literal del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no podía adicionarse o ampliarse por el juzgador, ni invocar preceptos de leyes o decretos inferiores a la ley federal de que se trata, violándose con lo anterior los artículos 10 del Código Civil para el Distrito Federal, 10 del Código Civil para el Estado de México y 635 del Código de Comercio, por inexacta aplicación, al adicionar el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Citó como aplicable la tesis de rubro: ‘TÍTULOS EJECUTIVOS. REQUISITOS QUE DEBEN DE SATISFACER (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO.’. Debe desestimarse el argumento que precede. Contrariamente a lo sostenido por el inconforme, la responsable no adicionó lo previsto por el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que si bien es exacto que dicho numeral exige, entre otros requisitos, que un pagaré contenga la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, no menos verídico resulta que, como lo estableció el tribunal de alzada, la sola circunstancia de que en los títulos ejecutivos base de la acción se estableciera la promesa incondicional de pagar unidades de inversión (Udis), no implica que los pagarés carezcan de alguno de los requisitos previstos en el referido numeral, porque precisamente la conversión de esa unidad bancaria de inversión, sin duda, se traduce en dinero en moneda nacional, que fácilmente se obtiene al multiplicar su equivalente con el costo de cada unidad de inversión; sobre todo resalta al respecto que la intención del legislador derivó de que el obligado necesariamente pagará dinero en moneda nacional, y de ahí que la conversión correspondiente facilite al deudor pagar lo convenido incondicionalmente. Lo anterior es correcto y apegado a derecho porque el artículo 7o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1o. y 2o. del decreto de uno de abril de mil novecientos noventa y cinco, permite concluir que las obligaciones de pago de un crédito en la República mexicana deben referirse al peso, para que no se cumpla en otra moneda. Por tanto, si en un convenio mercantil la parte obligada acuerda con el acreedor que el monto del adeudo se denomine en unidades de cuenta Udis o unidades de inversión, ello es acorde con ese tipo de operaciones de crédito, en tanto dichas unidades de inversión en todo caso tendrán un valor en pesos, según la publicación relativa por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. De ahí que sí quedó demostrado que la parte obligada fue conforme y se comprometió a cubrir lo adeudado en unidades de inversión denominadas Udis; es manifiesto que el título cumple con el requisito de contener una suma de dinero, porque dichas Udis se pueden traducir en pesos al convertirse esa unidad de inversión al equivalente de la unidad monetaria relativa, según el valor de las repetidas Udis que en pesos les asigna el Banco de México diariamente. Es aplicable al caso, en lo conducente, el criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 790 del Tomo VII, correspondiente a abril de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘UNIDADES DE INVERSIÓN, AUN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE DENOMINE EN. ÉSTA SIEMPRE TENDRÁ UN VALOR EN PESOS.’ (se transcribe). En el tercer concepto de violación se arguyó por la inconforme que indebidamente determinó la Sala que en los títulos de crédito no sólo podían consignarse obligaciones en moneda nacional, sino en valores, ya que no consideró que una ley de carácter federal, como es el Código de Comercio, no podía ampliarse o superarse mediante un decreto presidencial y solamente una ley del mismo rango en su caso podría derogarla, abrogarla o ampliarla; enseguida transcribió lo referente a la jerarquía del orden jurídico en el derecho mexicano, insistiendo en el rango constitucional que tiene el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y que no le correspondía al juzgador ampliar o superar la disposición del artículo 635 del Código de Comercio, en relación con los numerales 10 del Código Federal y del Estado de México, al emitir una resolución sin fundarla ni motivarla. A lo anterior agregó que el artículo 133 constitucional obliga a la responsable a aplicar la disposición legal correspondiente, esto es, el artículo 635 del Código de Comercio, en relación directa con el 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y debía eliminarse la frase que utilizó la Sala o la expresión de que estaba ‘ampliada y superada’ dicha ley mediante decreto presidencial del treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete. Lo anterior carece de sustento. En principio, hay que reiterar que la autoridad responsable en ningún momento estableció que el artículo 635 del Código de Comercio, que establece que la base de la moneda mercantil es el peso mexicano, esté ampliada y superada; habida cuenta que la anterior expresión fue referida por el Juez natural; así, la circunstancia de que la Sala Civil determinara que el adeudo pactado en unidades de inversión se traducía indefectiblemente en dinero en moneda nacional, no puede estimarse violatoria de garantías, en virtud de que, como se indicó, el quejoso se obligó incondicionalmente a pagar la cantidad de unidades de inversión contenidas en los pagarés, y para saldar la obligación anterior deberá convertirse esa cantidad en pesos o dinero en moneda nacional, en la forma antes indicada. Aún más, tampoco asiste la razón al inconforme con relación en que la Sala ‘amplía o supera’ la disposición contenida en el artículo 635 del Código de Comercio, o que incluso, que inobservó la ‘jerarquía del orden jurídico’ en el derecho mexicano, pues ha de reiterarse que en el caso la responsable únicamente se limitó a establecer que los títulos base de la acción cumplen con los requisitos legales y la forma en que el ahora inconforme se obligó a saldar el adeudo debidamente reconocido desde la contestación de demanda al manifestar que sí firmó los documentos base de la acción (foja 15). En otro aspecto, alegose que la responsable desestimó la objeción a los documentos base de la acción sin advertir que conforme a lo dispuesto en el artículo 1247 del Código de Comercio y el 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se inconformó porque los documentos base de la acción carecían de los requisitos previstos en dicho artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, especialmente la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero y, por ello, no tenían aquéllos la categoría de títulos de crédito y, por ende, la acción ejecutiva mercantil resultó improcedente, ya que la vía intentada tiene una tramitación y procedimiento especial si se trata de un título ejecutivo reconocido en la ley, como el pagaré, pero que en el caso los documentos o pagarés no reunían los requisitos enunciados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y, por ende, no traían aparejada ejecución. El precedente argumento es infundado. Ciertamente, como ya se esclareció y relacionó anteriormente, la circunstancia de que no se insertara en los documentos de crédito que las ‘Udis’ son una suma de dinero determinada resulta intrascendente, porque, como lo determinó la responsable, el adeudo pactado en esas unidades de inversión se puede traducir fácil e indefectiblemente en dinero en moneda nacional o en pesos ..." (fojas 69 a 77 ídem).
Con base en dicho precedente, se sustentó la tesis que a la letra dice:
"TÍTULOS EJECUTIVOS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA OBLIGACIÓN DE PAGO CONSTE PACTADA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) NO DESVIRTÚA SU NATURALEZA. Una objetiva y recta interpretación del artículo 7o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos lo. y 2o. del decreto de uno de abril de mil novecientos noventa y cinco, permite concluir que las obligaciones de pago de un crédito en la República mexicana deben referirse al peso o moneda nacional. Por tanto, si en un convenio mercantil la parte obligada acuerda con el acreedor que el monto del adeudo se denomine en unidades de cuenta Udis o unidades de inversión, ello es acorde con ese tipo de operaciones de crédito en tanto dichas unidades de inversión en todo caso tendrán un valor en pesos, según la publicación relativa por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. De ahí que, si queda demostrado que la parte obligada fue conforme y se compromete a cubrir lo adeudado en unidades de inversión denominadas Udis, es manifiesto que el título cumple con el requisito de contener una suma de dinero, porque dichos Udis se podrán traducir en pesos al convertirse esa unidad de inversión al equivalente de la unidad monetaria relativa, según el valor de los repetidos Udis que en pesos les asigna el Banco de México diariamente. De consiguiente, si el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito exige, entre otros requisitos, que un pagaré contenga la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, resulta incontrovertible que la sola circunstancia de que en los títulos ejecutivos base de la acción se establezca la promesa incondicional de pagar unidades de inversión (Udis), no implica que los pagarés carezcan de alguno de los requisitos previstos en el referido numeral, porque precisamente la conversión de esa unidad bancaria de inversión sin duda se traduce en dinero, esto es, en moneda nacional, que fácilmente se obtiene al multiplicar su equivalente con el costo de cada unidad de inversión; sobre todo resalta al respecto que la intención del legislador derivó de que el obligado necesariamente pagará una suma de dinero en moneda nacional, y de ahí que la conversión correspondiente facilite al deudor cubrir lo convenido incondicionalmente."
El Tribunal Colegiado de mérito, cuando fue requerido para que remitiera la ejecutoria y tesis transcritas con anterioridad, también remitió copia certificada de la ejecutoria dictada el seis de marzo de dos mil uno, al resolver el juicio de amparo directo 946/2000, promovido por María Patricia Jury Estefan, porque en la misma había reiterado el criterio a estudio, resolución que en la parte que interesa, textualmente, dice:
"... En el segundo concepto violatorio se hizo valer que la Sala adujo cuestiones ajenas a la litis al referirse a la excepción de nulidad del estado de cuenta, con base en que el instrumento llamado ‘Udis’ no constituye unidad monetaria alguna, lo que no debió hacerlo, en virtud de que se trata de un asunto de estricto derecho, en el cual no opera la suplencia de la queja deficiente, se afirmó, incluso, que la actora constitucional tuvo conocimiento de la creación de tales unidades de inversión mediante decreto y, por ello, eran de observancia obligatoria para todos los ciudadanos mexicanos; tampoco resuelve el planteamiento de que las Udis no constituyen una unidad monetaria, y que en lo particular es aplicable la siguiente tesis: ‘ESTADO DE CUENTA BANCARIO EN TRATÁNDOSE DE REESTRUCTURACIÓN DE ADEUDO EN UNIDADES DE INVERSIÓN. REQUISITOS PARA QUE CONSTITUYA TÍTULO EJECUTIVO.’. Como tercera violación, se refirió que con consideraciones muy similares expresadas por la Sala en torno a las ‘Udis’, se afirmó que el programa denominado ‘Ade’ fue creado por el Banco de México, y que ello era del conocimiento de la hoy quejosa, por lo cual era improcedente su defensa; que no se dio solución a ‘las defensas’ que sobre el particular se expusieron, porque el hecho de que el programa ‘Ade’ lo hubiera creado el Banco Central, no era obstáculo para que el mismo le causara perjuicios, pues de los documentos que obran en el sumario se advierte que en el convenio derivado de ese programa se capitalizaron intereses y se reconoció un adeudo al que no se amortizaban al capital los pagos ya recibidos por el banco. En el cuarto concepto se afirmó que es ‘de explorado derecho’ que la prescripción negativa de una acción o, en su caso, de una excepción o defensa, para que pueda ser declarada jurisdiccionalmente se requiere de que la parte a quien beneficie la extinción del derecho debe invocarse ante el tribunal, sin embargo, en la especie y sin petición de parte se llevó una declaratoria de caducidad o prescripción del derecho planteado en la defensa o excepción; además, que el hecho de que la responsable explique las reglas que regulan la figura de la lesión, de ninguna manera constituye la solución o debida contestación de la defensa o excepción relativa. Ahora bien, los conceptos de violación antes sustanciados son inoperante uno e inoperantes por insuficientes los restantes, pues la Sala al emitir el fallo modificatorio de la sentencia pronunciada por el Juez natural determinó lo siguiente: ‘I. Análisis de los agravios que expresa la señora María Patricia Jury Estefan.’ (se transcribe). De lo anterior se advierte que la Sala sí estudió la excepción de falta de personalidad y la de nulidad del estado de cuenta, respecto de la cual indicó que la parte demandada tuvo conocimiento de la existencia del decreto relativo a las ‘Udis’, porque se describió ello en la escritura notarial número 4755, a la que se le otorgó valor probatorio en términos del artículo 1192 del Código de Comercio; además, que dicha escritura le fue leída al recurrente según la fe notarial, y que el decreto relativo considera tal unidad de inversión como un medio de realizar operaciones comerciales. La Sala también aludió a la excepción de nulidad por inducción al error, y dijo que no fue probada, porque incluso la apelante no menciona con qué elemento convictivo ni el valor del mismo, con el que acreditara que el contrato modificatorio resultaba más gravoso que el modificado: En cuanto a la nulidad por lesión, se expuso que de acuerdo con el artículo 17 del Código Civil para el Distrito Federal, dicha acción sólo es exigible dentro de un año y el contrato modificatorio es del tres de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por lo que a la fecha de oposición de la excepción, que fue el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, había transcurrido en exceso el término de un año; de igual manera, se señaló en el fallo reclamado que tratándose del contrato de mutuo, la lesión en cuanto vicio del consentimiento tiene reglas específicas, como pedir la reducción de los intereses o el desistimiento unilateral del contrato, previo reembolso del capital e intereses, ocupándose finalmente la Sala del aspecto de que no pueden generarse simultáneamente intereses ordinarios y moratorios. Como puede advertirse, las consideraciones que se tomaron en cuenta para emitir el fallo reclamado no fueron impugnadas a través de los conceptos de violación, porque en los mismos simplemente se alegó que se introdujeron cuestiones ajenas a la litis en lo relativo a la excepción denominada de nulidad de estado de cuenta, con apego en que el instrumento llamado ‘Udis’ no constituye unidad monetaria alguna, que el programa ‘Ade’ causa más perjuicios al quejoso, y que la declaratoria de caducidad o prescripción debe ser a petición de parte y no de oficio; afirmaciones que de forma alguna combaten la totalidad de los supracitados razonamientos transcritos de la Sala para poner en su caso de manifiesto la violación de garantías aducida, ya que no rebate lo relativo a que el decreto que creó las ‘Udis’ le otorgan el carácter de un medio legal para realizar operaciones mercantiles. Es aplicable en lo conducente, y por analogía, el criterio sustentado por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en el sistema de informática (IUS 2000) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, tesis II.2o.C.172, página 1085, del texto siguiente: ‘TÍTULOS EJECUTIVOS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA OBLIGACIÓN DE PAGO CONSTE PACTADA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) NO DESVIRTÚA SU NATURALEZA.’ (se transcribe). Sobre el particular, en cuanto a tal inoperancia de lo alegado, se comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado con el número 686, visible en las páginas 461 y 462 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.’ (se transcribe). También se comparte la jurisprudencia número 710, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la foja 478 del propio Tomo VI, Materia Común, del Apéndice citado de 1917-1995, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INSUFICIENTES.’ (se transcribe). Así apreciado, se impone negar la protección constitucional, pues no resultó patente la transgresión de garantías alegada ni la de los preceptos secundarios invocados; sin que proceda suplir la deficiencia de la queja, por no actualizarse aquí alguno de los supuestos que al efecto prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo ..." (fojas 95 a 103 ídem).
SEXTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 605/2003, promovido por Paviguad, Sociedad Anónima de Capital Variable, con fecha cuatro de diciembre de dos mil tres, en la parte que interesa, textualmente expuso:
"QUINTO. Uno de los conceptos de violación resulta sustancialmente fundado. Reviste dicha característica aquel donde la quejosa sostiene, en esencia, que la Sala responsable violó en su perjuicio las garantías individuales previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales, al no haber considerado que los pagarés fundatorios de la acción no reúnen los requisitos previstos por el artículo 170, fracción II, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En efecto, el artículo 170 antes invocado establece literalmente lo siguiente: (se transcribe). De la interpretación íntegra y literal del numeral antes transcrito se llega a la convicción de que necesariamente todo pagaré debe contener distintos requisitos de existencia y eficacia a efecto de que pueda ser considerado como tal; dentro de los primeros se encuentran la mención de ser pagaré, la orden incondicional de pago y la firma del suscriptor; en tanto que los demás requisitos se estiman de eficacia, por ser los que harían que el título produzca sus efectos. Así, podemos decir que no sólo basta la emisión de un título de crédito con la mención de ser pagaré y contener aparentemente todos los demás requisitos para considerar que éste reviste la eficacia legal suficiente para acceder a la acción ejecutiva de privilegio. Para el caso que nos ocupa, presta especial atención la fracción II del artículo 170 antes invocado, en cuyo texto se expresa categóricamente que todo pagaré debe contener, de manera indispensable, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. El artículo 1o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos establece que la unidad liberatoria de pago dentro del sistema monetario del país lo es el ‘peso’, con las equivalencias que la propia ley señala. Por su parte, la Real Academia Española (sic), en su obra titulada ‘Diccionario de la Lengua Española’ Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, España, octubre del 2000 define el concepto dinero (del latín denarius) como una moneda corriente de uso circulante liberatoria de pago. Ahora bien, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia visible con el número 269, del Tomo IV, Materia Civil, página 226, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, estableció que la expresión ‘suma determinada de dinero’ debía entenderse en sentido genérico como toda unidad monetaria en curso legal dentro del sistema pecuniario de una nación, con calidad de metal, ley y peso que le asignan un valor definido. En el presente caso, de la lectura realizada a los documentos fundatorios de la acción se advierte que éstos no fueron expedidos a efecto de liquidar una suma determinada de dinero; sino que, por el contrario, fueron suscritos de la siguiente manera: (se transcribe). Respecto de lo anterior, debe decirse que al analizarse el decreto pronunciado por el H. Congreso de la Unión, por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de abril de mil novecientos noventa y cinco, se creó la figura jurídica denominada ‘unidad de inversión’, conocida por sus siglas ‘Udi’; la cual, según el propio decreto, no constituye una unidad monetaria que se pueda establecer como pago circulante y liberatorio de obligaciones, pues únicamente se estableció como un título nominativo susceptible de ser contratado de manera potestativa, exclusivamente para actos jurídicos, financieros y mercantiles, cuya finalidad era indexar o actualizar el monto de la obligación de pago en moneda nacional al ritmo de la inflación. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos del decreto en mención, la unidad de inversión o ‘Udi’ fue creada para alcanzar la estabilidad y lograr la recuperación económica mediante la promoción del ahorro y el establecimiento de los mecanismos que permitieran la rehabilitación financiera de las empresas productivas, así como de las personas deudoras del sistema bancario del país. De ahí que en las operaciones celebradas por intermediarios financieros y en general en las transacciones comerciales, las obligaciones pactadas que así lo establecieran se denominarían unidades de cuenta de valor real constante, a las que se llamaría de manera abreviada unidad de inversión o ‘Udi’; ésta tendría un valor en moneda nacional que el Banco de México calcularía y daría a conocer por cada día mediante el Diario Oficial de la Federación. De tal manera que en la fecha de su establecimiento dicho valor sería de un nuevo peso y posteriormente se iría ajustando en forma proporcional a la variación del índice nacional de precios al consumidor. De lo anterior se concluye que la unidad de inversión (Udi) no constituye propiamente una moneda de curso legal -y, por ende, no es dinero-, habida cuenta que conforme al decreto antes mencionado sólo representa un título nominativo de valor y no una moneda de curso legal que pueda ser estipulada dentro de un pagaré, en términos de lo previsto por el invocado artículo 170, fracción II, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, toda vez que, como quedó precisado con antelación, dicho numeral dispone categóricamente que los pagarés deben contener la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, y no de cualesquier título nominativo de valor, como bien pudieran ser, con independencia de los Udis, los Cert
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18505-1c8136d2/pagare-en-el-pueden-pactarse-legalmente-obligaciones-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- RECONVENCIÓN. EL AUTO QUE LA ADMITE DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL DEMANDADO RECONVENIDO (LEGISLACIONES DE BAJA CALIFORNIA Y EL DISTRITO FEDERAL). (CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2004-PS)
- LITIS EN EL JUICIO NATURAL. PARA SU FIJACIÓN DEBE ATENDERSE A LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN LA DEMANDA Y LA CONTESTACIÓN Y NO A LAS ASENTADAS EN EL AUTO ADMISORIO DE AQUÉLLA (LEGISL (CONTRADICCIÓN DE TESIS 71/2004-PS)
- COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2005-PS)
- CERTIFICADO DE DEPÓSITO. NO ES NECESARIO QUE CONTENGA UNA ORDEN INCONDICIONAL DE PAGO A FAVOR DE SU TENEDOR, NI QUE ÉSTA SEA EN NUMERARIO, PARA CONSIDERARLO TÍTULO DE CRÉDITO EJECU (CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2004-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TESIS AISLADAS DE TRIBUNALES COLEGIADOS. LOS JUECES DE DISTRITO NO ESTÁN IMPEDIDOS PARA APOYAR EN ELLAS SU CRITERIO. (XVII.4o.4 K )
- TESTIGOS, CONTRADICCIONES ENTRE LOS. (s/clave)
- COSTAS. (VI.2o.586 C)
- TESIS, CONTRADICCION DE. NO COMPETE RESOLVERLA AL TRIBUNAL COLEGIADO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis