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Modo: Corpus Pro

IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2002-PL. · Registro digital (IUS): 17597
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, , Pág. 74.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2002-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Debe examinarse en primer lugar si existe la contradicción de criterios denunciada.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 164/2002-2125, promovido por Rochester México, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la sentencia pronunciada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en los autos del juicio de amparo 248/2002, en la parte que interesa, dictó la resolución siguiente:

"Es fundado el agravio que nos ocupa, ya que el artículo tildado de inconstitucional es de naturaleza autoaplicativa, toda vez que por su sola entrada en vigor lesiona el interés jurídico de la quejosa, hoy recurrente, al producir por sí solo una afectación en su esfera jurídica, por lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Norma Suprema, procede el juicio de amparo indirecto ante Juez de Distrito contra leyes federales y locales, tratados internacionales y reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados o por el jefe del Distrito Federal, u otros reglamentos, decretos y acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio personal y directo al quejoso. Asimismo, la procedencia del amparo contra leyes implica diferenciar entre normas que por su sola entrada en vigor causen un perjuicio a los gobernados, de aquellos ordenamientos que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte a los particulares, a fin de determinar el momento de su impugnación. Sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 103-108, Primera Parte, página 167, cuyos rubro y texto dicen: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse al través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma.’. Por su parte, el artículo 73, fracción VI, del ordenamiento citado distingue las leyes, tratados y reglamentos que por su sola expedición inciden en la esfera jurídica de los particulares, de aquellas que para realizar la afectación de los gobernados requieren un acto posterior de autoridad; además, prevé que para que proceda el juicio de garantías es necesario que desde la vigencia de la norma el gobernado se coloque en el supuesto normativo que le obligue a hacer o dejar de hacer, sin exigir un acto posterior de autoridad. A fin de dilucidar si una ley es o no autoaplicativa, no sólo debe tomarse en cuenta si el gobernado está en condiciones de realizar o no determinados actos, sino ver si el texto legal, desde su entrada en vigor, impone una obligación de hacer o no hacer que genere un agravio personal y directo al gobernado. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 55/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, sostuvo lo siguiente: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.’. En esas condiciones, la ley es de naturaleza autoaplicativa cuando reúne los siguientes elementos, a saber: 1. Que por su sola expedición sea de observancia obligatoria y cause perjuicio real en la esfera jurídica del gobernado, y 2. Que no sea necesario un acto posterior de autoridad o personal para que el particular se coloque en la hipótesis normativa que lo obligue, como se señala en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Primera Parte, Volúmenes 181-186, página 250, que dice: ‘LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, y b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad.’. En tanto que la ley es de naturaleza heteroaplicativa cuando desde el inicio de su vigencia el particular no se coloca en la situación establecida por la norma, sino que requiere de un acto posterior de aplicación de la autoridad o personal, para que se encuentre obligado a hacer o dejar de hacer y será entonces cuando afecte su esfera jurídica. Lo anterior pone de manifiesto que la acción de amparo requiere de una parte agraviada y la existencia de un perjuicio, de ahí que cuando se dan ambos supuestos legitima al gobernado para promover el juicio de garantías. Ahora bien, de las constancias procesales se advierte que la quejosa, hoy recurrente, es una empresa dedicada a la venta, compra, fabricación, importación, exportación y, en general, comerciar con toda clase de artículos de corsetería, ropa, muebles de curación y ortopédicos, instrumental médico y, en general, de aparatos médicos, según consta en la copia certificada de la escritura pública número cuarenta y cinco mil treinta y uno, de fecha veintiséis de abril de mil novecientos noventa y cuatro, otorgada ante el licenciado Alfonso Zermeño Infante, notario público número cinco del Distrito Federal (fojas 111 a 113 del cuaderno principal). En ejercicio de su actividad, la quejosa tiene trabajadores a su servicio, por lo que realiza erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado y pagos mensuales por concepto de crédito al salario, circunstancia probada con las copias certificadas por el fedatario mencionado de las declaraciones fiscales de los meses de octubre a diciembre del año dos mil uno, que obran a fojas de la 114 a la 116 del juicio natural. La quejosa impugnó el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de enero del año dos mil dos, que entró en vigor el mismo día, que dispone: ‘Artículo tercero. Del impuesto sustitutivo del crédito al salario. Único. Están obligadas al pago del impuesto sustitutivo del crédito al salario establecido en este artículo, las personas físicas y las morales que realicen erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional, conforme a lo siguiente: Se consideran erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones en efectivo o en especie que sean pagadas por la persona física o moral a quienes les presten un servicio personal subordinado. Para estos efectos, también se considerarán erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado aquellas erogaciones que para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se consideran ingresos asimilados a salarios. El impuesto establecido en este artículo se determinará aplicando al total de las erogaciones realizadas por la prestación de un servicio personal subordinado, la tasa del 3%. El impuesto establecido en este artículo se calculará por ejercicios fiscales y se causará en el momento en que se realicen las erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado. El impuesto del ejercicio, deducidos los pagos provisionales del mismo, se pagará en el año de 2003 mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, en las mismas fechas de pago que las establecidas para el impuesto sobre la renta. Los contribuyentes de este impuesto efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se realicen dichas erogaciones. El pago provisional se calculará aplicando la tasa establecida en el párrafo tercero de este artículo sobre el total de las erogaciones efectuadas en el mes al que corresponda el pago. Los contribuyentes a que hace referencia este artículo podrán optar por no pagar el impuesto sustitutivo del crédito al salario a que se refiere el mismo, siempre que no efectúen la disminución del crédito al salario pagado a sus trabajadores establecida en los artículos 116, 117 y 120 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cuando el monto del crédito al salario pagado a los trabajadores en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea mayor que el impuesto causado en los términos de este artículo, los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el párrafo anterior podrán disminuir del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, únicamente el monto en el que dicho crédito exceda del impuesto causado en los términos de este artículo, siempre y cuando, además, se cumplan los requisitos que para tales efectos establece el artículo 120 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este artículo, se considera como una sola persona moral el conjunto de aquellas que reúna alguna de las características que se señalan a continuación, caso en el cual cada una de estas personas morales deberá pagar el impuesto establecido en este artículo por la totalidad del monto erogado por la prestación de un servicio personal subordinado: a) Que sean poseídas por una misma persona física o moral en más del 50% de las acciones o partes sociales con derecho a voto de las mismas. b) Cuando una misma persona física o moral ejerza control efectivo de ellas, aun cuando no determinen resultado fiscal consolidado. Se entiende que existe control efectivo, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 1. Cuando las actividades mercantiles de la sociedad de que se trate se realizan preponderantemente con la sociedad controladora o las controladas. 2. Cuando la controladora o las controladas tengan junto con otras personas físicas o morales vinculadas con ellas, una participación superior al 50% en las acciones con derecho a voto de la sociedad de que se trate. En el caso de residentes en el extranjero, sólo se considerarán cuando residan en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información. 3. Cuando la controladora o las controladas tengan una inversión en la sociedad de que se trate, de tal magnitud que de hecho les permita ejercer una influencia preponderante en las operaciones de la empresa. Para los efectos de este numeral, se consideran sociedades controladoras o controladas las que en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se consideren como tales.’. Por su parte, los artículos 110 y 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevén que el crédito al salario es a cargo del Estado en beneficio de los trabajadores y si bien es verdad que es el patrón quien lo paga directamente al trabajador, el patrón tiene el derecho de ‘deducirlo o disminuirlo’ del monto del impuesto que retenga de sus propios trabajadores o del impuesto sobre la renta que él deba pagar, por cuyo motivo es evidente que ese crédito al salario es a cargo del Estado. Ahora bien, el artículo tercero transitorio, apartado único, del decreto del uno de enero del año dos mil dos, transcrito en líneas precedentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación de la misma fecha, en la cual entró en vigor, establece un nuevo impuesto a cargo de los patrones, personas físicas o morales, cuyo objeto son las erogaciones que realicen por la prestación de un servicio personal subordinado que se precisan en el párrafo segundo de esa disposición transitoria conforme a la tasa que se menciona en el párrafo segundo del propio precepto y existe la obligación de pagar este impuesto desde la fecha en que entró en vigor (uno de enero del año dos mil dos), por lo que si la quejosa, como persona moral que realiza actividades empresariales, efectúa erogaciones por la prestación de servicios personales subordinados, es decir, por los salarios o demás prestaciones que en efectivo o en especie paga a sus trabajadores, situación que estuvo realizando hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil uno, según se observa de la copia certificada de las declaraciones de los meses de octubre a diciembre del mismo año, que obran a fojas 114 a 116 del juicio natural, es evidente que se está en presencia de una norma autoaplicativa porque la obliga desde el momento de su vigencia y, por ende, afecta su interés jurídico. Es verdad que el párrafo séptimo del numeral tildado de inconstitucional establece la opción a que puede acogerse la quejosa de no pagar el impuesto sustitutivo del crédito al salario, el que en realidad es un impuesto sobre erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado, tal acción está sujeta a que la quejosa como patrón no haga la ‘deducción o disminución’ del crédito al salario que haya pagado a sus trabajadores en los términos de los artículos 116, 117 y 120 de la Ley del Impuesto sobre al Renta, lo que significa que dicha opción está condicionada a que la persona moral absorba el pago del crédito al salario aludido, es decir, se le releva de la obligación de pago del impuesto denominado sustitutivo del crédito al salario a condición de que deje de hacer las deducciones respectivas del crédito al salario del monto del impuesto sobre la renta que retenga de sus trabajadores o del impuesto sobre la renta a que esté obligada a pagar como causante directo, lo que implica que ese crédito al salario, de acogerse a la opción mencionada, viene a ser ipso facto una carga económica al patrón, quien de otra forma deberá de asumir de inmediato, a partir del uno de enero del año dos mil dos, la carga del impuesto de que se trata. Por tanto, resulta incuestionable que el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta es de naturaleza autoaplicativa, porque el impuesto creado en dicho precepto se genera a cargo de la quejosa en forma automática desde el uno de enero del año dos mil dos en que entró en vigor, por las erogaciones que realice a partir de entonces respecto a la prestación de un servicio personal subordinado y las cantidades en efectivo o en especie que entregue a sus trabajadores por concepto de crédito al salario. No es obstáculo a la conclusión alcanzada el hecho de que la quejosa pueda optar entre cubrir el impuesto sustitutivo del crédito al salario, o bien, en dejar de acreditar las cantidades entregadas a sus trabajadores por crédito al salario, ya que, en ambos casos, tendrá que cubrir el 3% de las erogaciones en efectivo o en especie que realice por la prestación de un servicio personal subordinado, a partir del uno de enero del año dos mil dos y, por ende, la obligación impuesta es de individualización incondicionada, en virtud de que la obligación surge en forma automática con su sola entrada en vigor, causando un perjuicio real en la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior para que se coloque en la situación prevista por la norma."

Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito mediante ejecutoria de nueve de julio de dos mil dos, al resolver el amparo en revisión 183/2002, interpuesto por Transportes Alianza, Sociedad Anónima de Capital Variable y Nueva Compañía Colonial, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la sentencia dictada por la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en los autos del juicio de amparo 186/2002, precisó:

"Los argumentos tendientes a demostrar que no es correcto que el artículo transitorio establezca la posibilidad de pagar el impuesto o asumir el costo del crédito al salario, y que ello es materia de la inconstitucionalidad planteada son ineficaces, pues independientemente de que fuera o no constitucional el precepto invocado y de las violaciones hechas valer, la procedencia del juicio de garantías no depende de tales conceptos, sino de que efectivamente se esté en presencia de una disposición de individualización incondicionada. En cuanto al criterio sostenido respecto del impuesto sobre nóminas, debe decirse que resulta inaplicable al caso, ya que en las disposiciones que lo establecieron no se condicionó en alguna forma su vigencia y el que se haya visto o no que la posibilidad de no pago de un impuesto que es oneroso vuelve heteroaplicativa la norma, no determina el que en el caso se esté en presencia de una norma autoaplicativa pues, se insiste, en el caso la obligatoriedad no es de forma automática, sino depende de que se ejerza o no una u otra opción. La tesis relativa a la interpretación del artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, respecto de leyes autoaplicativas y heteroaplicativas que se invoca por la parte recurrente no le beneficia, pues de ella se deriva que se refiere a los casos en que el acto específico de ejecución puede provenir de la autoridad, de un tercero o del propio contribuyente, refiriéndose por tanto a una norma que es reclamada como heteroaplicativa. En cuanto a los ejemplos sobre normas heteroaplicativas que se invocan en los agravios, debe decirse que no son aptos para llevar a una conclusión contraria a la que arribó la a quo, ya que se refieren a supuestos diferentes, siendo que en el caso ya se determinó que no se está en presencia de una norma autoaplicativa por las razones ya precisadas. Contrario a lo afirmado, en los agravios, no puede estimarse que se trata de un simple impuesto sobre nóminas que se pretende imponer a los empleadores, dado que para establecer si se da la condición de procedencia o no de la opción, se requiere que se lleve a cabo el mecanismo a que alude el artículo transitorio ya transcrito. Así pues, no basta el que se tengan trabajadores para establecer que la norma es autoaplicativa, pues esto sería condición para determinar si siendo autoaplicativa la disposición se está en el supuesto de ella, cuestión que es diferente a la existencia o no de una individualización condicionada o incondicionada. En cuanto a los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del impuesto al activo de las empresas, hoy impuesto al activo, y la forma en que se dice también ha resuelto el Máximo Tribunal de Justicia, cabe precisar que los argumentos hechos valer en relación con esos aspectos son también ineficaces, dado que por un lado, las hipótesis de los ordenamientos relativos son diferentes, y el carácter autoaplicativo de una norma no puede derivar de lo que se haya resuelto respecto de otra y, por otro, este tribunal no puede establecer cómo habría resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación de habérsele planteado el caso específico a que se alude en el agravio, y el que sólo se pueda liberar de la obligación de pagar el impuesto sustitutivo ‘de manera onerosa’, no determina la característica de que la norma sea autoaplicativa, pues ello en todo caso sería un problema de inconstitucionalidad, pero no de obligatoriedad automática del precepto que se estima inconstitucionalidad (sic). Además, debe hacerse notar que la parte recurrente pretende demostrar la naturaleza autoaplicativa del precepto tildado de inconstitucional, de las violaciones a la Constitución que aduce, lo cual no puede ser analizado para determinar ese carácter por referirse al fondo del asunto."

Del análisis de las resoluciones reproducidas se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que sobre el mismo problema jurídico, a saber, si el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que entró en vigor a partir del primero de enero de dos mil dos y que establece el impuesto sustitutivo del crédito al salario, así como los diversos preceptos jurídicos que están relacionados con el crédito al salario, son de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa para efectos de la procedencia del juicio de amparo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó que dichas normas son de naturaleza autoaplicativa, mientras que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que son heteroaplicativas.

Corroboran lo anterior las siguientes jurisprudencias sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que establecen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente con carácter de tesis de jurisprudencia." (Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, junio de 2000. Tesis: 1a./J. 5/2000. Página: 49).

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, abril de 2001. Tesis: P./J. 26/2001. Página: 76).

CUARTO. Determinado que sí existe contradicción de criterios sobre la cuestión jurídica especificada, debe determinarse cuál es la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

Para tal efecto se estima necesario, en primer lugar, precisar cuál es la naturaleza jurídica del impuesto sustitutivo del crédito al salario.

I. Como su nombre lo indica, el impuesto sustitutivo del crédito al salario es un impuesto y, por ende, una contribución de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, en la que el legislador estableció que están obligadas al pago del impuesto las personas físicas y morales que realicen erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional, según se desprende del contenido del artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta que lo regula.

Dicho numeral textualmente establece:

"Artículo tercero. Del impuesto sustitutivo del crédito al salario.

"Único. Están obligadas al pago del impuesto sustitutivo del crédito al salario establecido en este artículo, las personas físicas y las morales que realicen erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional, conforme a lo siguiente:

"Se consideran erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones en efectivo o en especie que sean pagadas por la persona física o moral a quienes les presten un servicio personal subordinado. Para estos efectos, también se considerarán erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado aquellas erogaciones que para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se consideran ingresos asimilados a salarios.

"El impuesto establecido en este artículo se determinará aplicando al total de las erogaciones realizadas por la prestación de un servicio personal subordinado, la tasa del 3%.

"El impuesto establecido en este artículo se calculará por ejercicios fiscales y se causará en el momento en que se realicen las erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado.

"El impuesto del ejercicio, deducidos los pagos provisionales del mismo, se pagará en el año de 2003 mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, en las mismas fechas de pago que las establecidas para el impuesto sobre la renta.

"Los contribuyentes de este impuesto efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en el que se realicen dichas erogaciones. El pago provisional se calculará aplicando la tasa establecida en el párrafo tercero de este artículo sobre el total de las erogaciones efectuadas en el mes al que corresponda el pago.

"Los contribuyentes a que hace referencia este artículo podrán optar por no pagar el impuesto sustitutivo del crédito al salario a que se refiere el mismo, siempre que no efectúen la disminución del crédito al salario pagado a sus trabajadores establecida en los artículos 116, 117 (sic) y 120 (sic) de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"Cuando el monto del crédito al salario pagado a los trabajadores en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea mayor que el impuesto causado en los términos de este artículo, los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el párrafo anterior podrán disminuir del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, únicamente el monto en el que dicho crédito exceda del impuesto causado en los términos de este artículo, siempre y cuando, además, se cumplan los requisitos que para tales efectos establece el artículo 120 (sic) de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"Para los efectos de este artículo, se considera como una sola persona moral el conjunto de aquellas que reúna alguna de las características que se señalan a continuación, caso en el cual cada una de estas personas morales deberá pagar el impuesto establecido en este artículo por la totalidad del monto erogado por la prestación de un

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17597-4d84f49e/impuesto-sustitutivo-del-credito-al-salario-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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