REVISIÓN FISCAL. SON IMPROCEDENTES LOS RECURSOS QUE ESTABLECE LA LEY DE AMPARO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES QUE EN ELLA DICTAN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 114/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Por cuanto a los asuntos concretos, se impone transcribir la parte conducente de las sentencias pronunciadas por los órganos colegiados, de acuerdo con las copias certificadas que obran en autos, señalándose, en primer término, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, sustentado en la revisión fiscal 131/2001, de veintinueve de junio de dos mil uno, que dice:
"SÉPTIMO. Cabe destacar que la sentencia que se impugna en este recurso derivó de una ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito en una diversa revisión fiscal; sin embargo, como en dicho fallo se revocó la sentencia que se revisó para el efecto de que se dejara insubsistente y la Sala Fiscal responsable emitiera otra en la que, de conformidad con el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación y con plenitud de jurisdicción, se estudiaran los conceptos de anulación de la demanda de nulidad y su ampliación tendientes a combatir la resolución determinante del crédito fiscal y, en caso de estimarse infundados, se procediera al análisis de los diversos conceptos encaminados a controvertir el requerimiento de pago, dada esa facultad de imperio otorgada a la Sala Fiscal para decidir sobre los argumentos que se le plantearon en el juicio de nulidad, es procedente que este Tribunal Colegiado se aboque al conocimiento de fondo de este asunto. OCTAVO. La recurrente aduce agravios en torno a que la Sala Fiscal declaró indebidamente la nulidad lisa y llana del crédito fiscal C-72322. Ahora bien, en ejecutoria de catorce de marzo de dos mil uno, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito, en la revisión fiscal número 261/2000, sostuvo lo siguiente: ‘Ahora bien, al dar contestación a la demanda (fojas 25 a 43) la representante de las demandadas se allanó a las pretensiones de la actora únicamente en cuanto al tercer concepto de impugnación (fojas 34 y 35) y refutó los restantes porque, en su concepto, resultaban infundados e inoperantes. En el tercer concepto de anulación, respecto del cual se produjo el allanamiento, se argumentó que el subadministrador de Control de Créditos de la Administración Local de Recaudación de Puebla carece de competencia para emitir el requerimiento de pago impugnado en suplencia del titular de esa administración, ya que ello no se encuentra previsto en el artículo 44 del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria. Es conveniente añadir que en la contestación a la ampliación de demanda (fojas 104 a 110) se refutaron todos los conceptos expresados en dicha ampliación, esto es, no hubo allanamiento. Conforme a lo antes expuesto, resulta fundado el agravio de la recurrente pues, no obstante que en el considerando tercero de la sentencia sujeta a revisión, la Sala a quo sólo se refiere al allanamiento realizado en cuanto al tercer concepto de impugnación de la demanda, tendiente a controvertir el requerimiento de pago del crédito C-72322, lo cierto es que en el segundo punto resolutivo declara la nulidad de los actos precisados en el resultando primero, entre los que se encuentra la resolución determinante del crédito, pero es evidente que en relación con dicha resolución no efectuó pronunciamiento alguno que apoyara la declaración de nulidad. En efecto, atendiendo al planteamiento de la actora (tanto en la demanda como en la subsecuente ampliación), la resolución determinante del crédito C-72322 es un acto previo al requerimiento de pago y acta también combatidos, precisamente porque constituye el origen del multicitado crédito. En esas condiciones, para en su caso declarar la nulidad de la resolución determinante del crédito no basta con aludir al allanamiento de la autoridad, porque el mismo sólo se realizó respecto de un concepto de impugnación que combate el requerimiento de pago como acto posterior a la resolución en comento, por lo que es menester analizar en primer término los conceptos tendientes a combatir la resolución determinante, cuyo estudio es preferente al del requerimiento de pago, a fin de cumplir con el principio de congruencia contenido en el primer párrafo del artículo 237 del código tributario federal.’. Por tanto, como la ejecutoria del Tribunal Colegiado que conoció de la primera revisión fiscal ordenó que se realizara el estudio de los conceptos de anulación encaminados a combatir la resolución determinante del crédito fiscal C-72322, a fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, y la recurrente estima que en la nueva resolución dictada en acatamiento de aquélla incurrió en la misma incongruencia, en todo caso debió promover el recurso de queja por exceso o defecto en la ejecución de dicha sentencia dado que si bien no existe precepto legal en el Código Fiscal de la Federación que prevea las reglas a seguir cuando no se cumpla una ejecutoria que derivó de un recurso de revisión fiscal, como el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Federal establece que en los casos de revisión fiscal se observarán los trámites que la Ley de Amparo señala para la revisión en amparo indirecto, es inconcuso que para cubrir la laguna jurídica en el citado Código Fiscal se deben de observar las reglas que establece dicha ley para exigir el cumplimiento de ese fallo pues, de no ser así, provocaría que cada vez que un Tribunal Colegiado emitiera un fallo en una revisión fiscal y éste no se acatara, se interpusiera otra hasta que la autoridad recurrente la estimara cumplida, lo que sería caótico al quedar en manos de la recurrente esa decisión, sin que el Tribunal Colegiado pudiera analizar si su ejecutoria está cumplimentada o no, de manera que resulta aplicable el artículo 95, fracción IV, de dicha Ley de Amparo, a través del cual puede conseguirse la enmienda de esa omisión y, por ende, como es impugnable a través de tal recurso, no es procedente nuevamente su estudio en esta revisión. En otro aspecto, la recurrente aduce que fue indebido que la Sala Fiscal declarara la nulidad del requerimiento de pago impugnado, porque no se demostró la existencia de una resolución determinante del crédito fiscal cuyo cobro se intenta. Es infundado este agravio, pues la Sala no declaró la nulidad del requerimiento de pago por falta de resolución determinante del crédito fiscal, sino porque en dicho requerimiento no se dieron a conocer los elementos necesarios que permitieran identificar plenamente cuál es el crédito cuyo cobro se intenta, es decir, no se pide la existencia de una resolución de la autoridad fiscal al respecto, sino que se aporten los elementos pertinentes para que el contribuyente conozca el origen del adeudo que se le exige, que es cosa distinta. Asimismo, la recurrente dice que la Sala del conocimiento, en contravención a lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, no estimó lo que manifestó en su contestación de demanda, ni valoró debidamente las pruebas que junto con ella exhibió. Son inoperantes estos agravios. En efecto, la recurrente establece que la Sala Fiscal no estudió todos y cada uno de los planteamientos que estimó conveniente aducir para probar la validez de la resolución impugnada ni valoró las pruebas que junto con ella exhibió; sin embargo, omite precisar cuáles son esos argumentos cuyo estudio estimó que no se realizó en la sentencia que combate y precisar el alcance probatorio de sus pruebas, a fin de que este Tribunal Colegiado estuviera en aptitud de ocuparse del punto, de tal manera que ante la falta de especificación de esos aspectos, como se dijo, es inoperante el agravio. Ilustra lo anterior la jurisprudencia que sostuvo la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veintitrés del Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y uno, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘AGRAVIO INOPERANTE. LO ES SI SE ALEGA QUE NO SE EXAMINARON TODOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PERO SIN HACER ESPECIFICACIÓN ALGUNA. Si en los agravios que se formulan en contra de una sentencia, se alega que se incurrió en la violación de que no se examinaron todos los conceptos que se formularon, pero no se especifica ninguno de los que se estiman omitidos, los agravios deben considerarse inoperantes.’. Así como la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil cuatrocientos setenta y cuatro del Tomo LXXII, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘PRUEBAS, FALTA DE APRECIACIÓN DE LAS. Si el quejoso expresa como agravio, que la autoridad responsable no apreció las pruebas en su valor legal, pero no manifiesta en qué consistieron esos defectos de apreciación, el agravio resulta inoperante, porque falta base para ocuparse de su estudio.’. Por otra parte, el recurrente argumenta que el contribuyente fue quien se autodeterminó el crédito fiscal, como se demuestra con el aviso de opción para el pago de adeudos en parcialidades de once de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, y con el escrito que presentó el representante legal en esa fecha, los cuales guardan identidad con dicho crédito, por lo que no es necesaria una determinación por parte de la autoridad exactora para poder iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. Es infundado este agravio. En efecto, el aviso de opción de pago, presentado por el contador público Sergio Álvarez Infante, como representante legal de la contribuyente, en lo que interesa, a la letra dice: ‘Decreto ___ inicio ___ reparcialización ___ periodo ___ del ___ al ___ medio de garantía: Fianza ___ Embargo en la vía administrativa X reglas generales ___ Medio de garantía ___ Por el presente comunico mi opción para pagar en 36 treinta y seis parcialidades el o los adeudo (s) a mi cargo con un importe total de N$156,872.00.’. Del cual se desprende un sello de recepción por parte del Módulo de Recepción de Trámites Fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del once de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, y el número de identificación 051635. A su vez, el escrito de once de mayo de mil novecientos noventa y cuatro presentado por dicho representante, a que se hizo alusión, refiere: ‘Puebla, Puebla, a once de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla. Subadministración de Revisión de Escritorio. Departamento de Revisión de Dictámenes. Asunto: Solicito pago en parcialidades ejercicio 1992. El que suscribe señor Sergio Álvarez Infante, en su carácter de representante legal de la empresa Fundeatal, Sociedad Anónima de Capital Variable, con R.F.C. FUN 821119 9N5. Solicito de la manera más atenta se me autorice garantizar el interés fiscal del ejercicio de 1992, de acuerdo al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación con la opción de garantizar a través de embargo en la vía administrativa. No dudando que mi petición sea contestada favorablemente, quedo a sus apreciables órdenes. Atentamente. Fundeatal, Sociedad Anónima de Capital Variable. C.P. Sergio Álvarez Infante. Representante legal.’. Por otra parte, en el requerimiento de pago expedido por la Administración Local de Recaudación Puebla 21, se asentó lo siguiente: ‘Servicio de Administración Tributaria. Administración Local de Recaudación Puebla 21. Domicilio: lateral recta a Cholula 103 Exhacienda Zavaleta C.R.H: 126. Diligencia de requerimiento de pago. Datos de identificación del contribuyente o deudor. Registro Federal de Contribuyentes: FUN 821119 9N5. Número control: 31. Nombre, denominación o razón social: Fundeatal, Sociedad Anónima. Domicilio: Resurec. Ote. 13 Parq. Ind. Resur. Puebla, C.P. 72228. Datos del crédito. Crédito número C-72322. Importe: $713,268.48. Número de documento determinante: 51365. Fecha de corte: 06-04-98. Fecha de notificación: Concepto: contribuciones, evaluaciones, concesiones, instalación, operación equipos materia de telecomunicaciones. En virtud de no haber pagado 3 (tres) parcialidades sucesivas del crédito arriba indicado, se revoca la autorización para pagar a plazo, con fundamento en el artículo 66, fracción III, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, por lo que se le requiere el pago del importe señalado, mismo que se desglosa en el formulario anexo, con fundamento en el artículo 145, primer párrafo, del ordenamiento antes citado, así como en el artículo 41, apartado A, fracción XI, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y el acuerdo en el cual se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de sus unidades administrativas. Apercibiéndolo que de no hacerlo dentro del plazo de 6 (seis) días, se hará efectiva la garantía otorgada, conforme a lo dispuesto en los artículos 151, último párrafo y 143 del código citado. Para el cumplimiento de lo manifestado y con fundamento en el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación, se designa al ejecutor Raúl Rubén Calderón Jácome, el cual se identifica con credencial número OF. 033. Admón. Loc. de Rec., habilitándose con fundamento en el artículo 13 del citado ordenamiento hasta 18:00 horas del día 21/04/98 para practicar la diligencia. En ausencia del administrador local de Recaudación, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. El subadministrador de Control de Créditos. Licenciado Rafael Zamora López. Administrador local de Recaudación. José Antonio Silva Olmedo. Acta de requerimiento de pago. Con fundamento en los artículos 135, primer párrafo, 137, segundo párrafo y 152 del Código Fiscal de la Federación, en esta fecha y hora 21/04/98, 11:30 horas. Se le requiere de pago a Sergio (sic) en el crédito que contiene el acto administrativo, cuyos datos se describen en la parte superior, quien lo recibe en su carácter de representante legal identificándose con credencial I.F.E (sic) y conforme a lo señalado en el artículo 137, primer párrafo de dicho ordenamiento, se hace constar que sí precedió citatorio y se entrega un ejemplar de este documento. El ejecutor. Raúl Rubén Calderón Jácome. Nombre y firma. 131. Req. (31) parc. El contribuyente o representante legal. Sergio Álvarez Infante. Nombre y firma. Datos: Poder notarial. Vol. 136. Número 14332 de fecha 5 de noviembre de 1982. Not. Pub. No. 5 ciudad capital Puebla. Álvarez Infante. Folio 38134133.’. En esa tesitura, como se desprende de las transcripciones anteriores, no se aprecia la relación que guardan el aviso de opción de pago y el escrito presentado por el representante legal de la contribuyente, ambos de fecha once de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, dado que, como lo dijo la Sala del conocimiento, del aviso de opción de pago no se desprende que lo sea por el ejercicio de mil novecientos noventa y dos, ni la cantidad que se pide pagar en parcialidades corresponde a la requerida por la autoridad, así como tampoco que el escrito que exhibió el representante legal de la contribuyente ante el Módulo de Recepción de Trámites Fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se refiera al crédito fiscal C-72322, de manera que al no existir relación entre el requerimiento de pago efectuado por el fisco en cuanto al crédito de referencia y los escritos que con anterioridad a éste presentó el contribuyente, como se dijo, es infundado el agravio. No pasa inadvertido que en el aviso de opción de pago en parcialidades, junto al sello estampado por el citado módulo de recepción, se aprecia el número 051635, y en el requerimiento de pago se dice que el número de documento determinante es el 51365, por lo que esos números no son iguales; en la inteligencia de que aun cuando pudiera tratarse de un ‘error de dedo’ por parte de quien lo escribió, ello no da pie a que este tribunal corrija de oficio esa incongruencia pues, además de que es una discrepancia que como se vio trasciende al resultado final del asunto, con ello se supliría la queja a favor de la demandada, en un caso en el que no está permitido por la ley. Finalmente, el recurrente dice que si la Sala Fiscal estimó que el origen del crédito fiscal que se pretendió requerir de pago al contribuyente no se motivó en términos del artículo 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, debió declarar la nulidad para efectos de que la Administración Local de Recaudación de Puebla subsanara tal omisión y diera a conocer el documento determinante del crédito fiscal. Es inoperante este argumento, toda vez que la Sala Fiscal estableció en la sentencia que se revisa que las autoridades demandadas fueron omisas en acreditar el origen del crédito fiscal y no que dicha determinación del crédito fiscal careciera de motivación, de manera que si la recurrente aduce que la nulidad debió ser para efectos con base en la motivación, lo que no fue abordado en la sentencia al ser una cuestión ajena a la sentencia que se revisa y que no controvierte el estudio realizado en ella, deviene inoperante este agravio. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento noventa y seis del Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante.’. En este orden de ideas, ante lo inoperante e infundado de los agravios que se hacen valer, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa."
De las consideraciones precedentes surgió la tesis siguiente:
"Tesis aislada: 45. Clave: TC067045.9AD1. QUEJA. DEBE AGOTARSE PARA LOGRAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN REVISIÓN FISCAL. Es verdad que el Código Fiscal de la Federación no establece la manera en que debe procurarse el debido cumplimiento de una ejecutoria de Tribunal Colegiado de Circuito dictada en un recurso de revisión fiscal, pues el artículo 239-B de ese ordenamiento se refiere a los fallos de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sin embargo, sería caótico mantener subsistente esa omisión de la ley, ya que redundaría en el desacato de la cosa juzgada y en la interminable cadena de revisiones fiscales, cada vez que se dictara nueva sentencia fiscal sin apego a lo resuelto por los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Así pues, para colmar la laguna, conviene tener presente que el Poder Constituyente dispuso en el numeral 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el trámite del recurso de revisión fiscal se ajustará a las disposiciones que establece la Ley de Amparo para la revisión en amparo indirecto, de donde se advierte que su intención fue remitir a las normas de la ley reglamentaria del juicio de garantías para regular los cauces de la revisión fiscal; de manera, entonces, que en caso de exceso o defecto en la ejecución de una ejecutoria de revisión fiscal, procede el recurso de queja ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, de conformidad con el artículo 95, fracción IV, de la citada ley supletoria. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Revisión fiscal 131/2001. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 29 de junio de 2001. Mayoría de votos. Disidente: Jaime Raúl Oropeza García. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: José Guerrero Durán."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la revisión fiscal 89/99, señaló en la parte que interesa lo siguiente:
"SEXTO. Es fundado y suficiente para revocar la sentencia objeto de revisión, el agravio esgrimido por la autoridad recurrente en el sentido de que la resolución recurrida viola lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la responsable, al cumplimentar la ejecutoria de veintidós de octubre de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el diverso recurso de revisión fiscal número 250/98, por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de nueva cuenta inobservó los argumentos vertidos en la contestación a la demanda, con lo que pasó por alto lo resuelto en la aludida ejecutoria, ya que solamente menciona los argumentos sostenidos en la contestación a la demanda, pero no los analiza, concretamente el relativo a que lo aducido por el actor resultaba inoperante e insuficiente para decretar la nulidad de la resolución impugnada. Aseveraciones que, se estiman, son acertadas, pues de las constancias que integran el expediente administrativo se desprende que la Sala responsable el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y siete emitió diversa sentencia en la que determinó que al ser procedente la acción ejercida por la parte actora, procedía declarar la nulidad de la resolución combatida. Fallo contra el cual el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, por sí y en representación del titular de dicha secretaría, interpuso recurso de revisión fiscal, del cual, como ya se precisó en el resultando cuarto de esta ejecutoria, conoció el entonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien por ejecutoria de veintidós de octubre de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el toca de revisión fiscal número 250/98, estimó que de la lectura efectuada a la sentencia recurrida se desprendía, de su considerando tercero, que la Sala Fiscal se limitó a hacer referencia a los motivos de inconformidad contenidos en el primer concepto de nulidad hecho valer por el actor y después aludió a las consideraciones contenidas en la resolución impugnada, para enseguida concluir que la autoridad demandada no había resuelto conforme a derecho el recurso de revocación que dio origen a la materia del juicio de nulidad y que, por ende, lo que procedía era declarar su nulidad a efecto de que se emitiera nueva resolución en la que se analizaran los conceptos de anulación vertidos en el inciso A) del referido recurso. Que, no obstante lo anterior, la Sala Fiscal en ningún momento se había ocupado de los argumentos que la autoridad demandada había hecho valer en el escrito de contestación lo cual, además de dejarla en estado de indefensión, implicaba la inobservancia de lo establecido por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación el cual establece que las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado. Como consecuencia de ello, lo que procedía era revocar la sentencia recurrida y ordenar a la Sala Fiscal emitiera una nueva en la que se analizaran en su totalidad todos y cada uno de los aspectos controvertidos entre el actor particular y la autoridad demandada y después resolviera con plenitud de jurisdicción. Ahora bien, es el caso que la emisora del acto materia de la presente impugnación, al emitir la sentencia respectiva en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el recurso de revisión fiscal de que se trata, se abstuvo de dar cabal cumplimiento a lo que en ésta se determinó, toda vez que, según se puede observar del análisis que se hace de la sentencia en comento, concretamente de su considerando cuarto, lo único que hizo fue aludir en primer término a los argumentos que en a (sic) manera de conceptos de anulación hizo valer el actor en el primer agravio, para después resumir en dos párrafos lo que el titular de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo adujo, al dar contestación a la demanda instaurada en su contra y, enseguida, lejos de ocuparse de lo que en vía de contestación de demanda sostuvo la ahora recurrente, tal como le fue ordenado en la diversa ejecutoria dictada en el toca de revisión fiscal 250/98, se concretó a reiterar, casi literalmente, lo que en relación con ese aspecto plasmó en la primera resolución. Ello es así pues, según se puede ver de la diversa sentencia que la Sala Fiscal emitió el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y siete, la cual dio origen a la revisión fiscal 250/98, en su considerando tercero, concretamente en la parte relativa al estudio vertido por dicha autoridad, se precisó literalmente lo siguiente: ‘... Del análisis de la resolución contenida en el oficio número 122.6.1854, de fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y seis, que constituye la resolución impugnada, se observa que en relación con el concepto de impugnación que en la demanda se repite, la autoridad, ahora demandada, manifiesta que eran insuficientes las alegaciones que hizo valer la recurrente en su recurso de revocación y que ya se mencionaron en párrafos anteriores, por no impugnar los motivos y fundamentos de la cuantificación de la sanción que le fue impuesta el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, por el director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (folio 21 de autos). Ahora bien, al verificar esta afirmación de la autoridad, se observa por esta juzgadora que en dicha cuantificación, en su considerando III se consigna que el daño económico ocasionado al Estado por la ocursante quedó debidamente acreditado en virtud de diversos elementos probatorios, entre otros, la documental pública marcada en la resolución del expediente 114/95, que precisamente era la resolución de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y tres, en la que el oficial mayor de la Secretaría de Pesca resolvió el recurso de revocación de fecha diecisiete de agosto de ese mismo año, confirmando la resolución de fecha veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres y, en consecuencia, en el considerando IV se determinó imponer la sanción económica al ocursante por la cantidad de $72,271.28, lo cual es verificable a fojas 120 y 122 del expediente en que se actúa; luego entonces, la afirmación de las autoridades responsables es improcedente puesto que el agravio en análisis sí combatía un elemento esencial de la cuantificación de la multa recurrida; luego entonces, lo procedente era que la autoridad demandada analizara todos y cada uno de los conceptos de impugnación que se plantearon al respecto, lo que no ocurrió en la especie, por lo que esta Sala considera fundada la alegación que se estudia en este considerando. Criterio que atiende a que la autoridad demandada confirma la resolución de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cinco pronunciada en el expediente 114/95, por considerar insuficientes los conceptos de impugnación hechos valer por la parte actora en el inciso A) de su recurso de revocación, relativos a la indebida notificación de la resolución de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y tres, que sustentaba el acto de autoridad, motivo del citado recurso, lo que es notoriamente improcedente pues, como ya se mencionó, el acto confirmado se sustentó en dicha resolución; luego entonces, era procedente el análisis de los mismos y su debida declaración, en términos del artículo 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que no ocurrió en la especie, sino que simplemente se consideraron inoperantes. En efecto, el artículo 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, señala: «Artículo 352. Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará, con la debida separación, la declaración correspondiente a cada uno de ellos.». De lo anterior se desprende que indebidamente la autoridad demandada omitió pronunciarse conforme a derecho respecto de los conceptos de impugnación vertidos en el inciso A) del recurso de revocación resuelto en el acto combatido y, en consecuencia, procede declarar la nulidad con la finalidad de que la demanda (sic) lo deje insubsistente y en su lugar lo analice, debido a que se actualizó en la especie la causal de nulidad prevista en el artículo 238, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. Las razones expresadas resultan suficientes a juicio de esta Sala para declarar la nulidad de la resolución impugnada, máxime que es evidente que la autoridad demandada no analizó debidamente que el acto de autoridad que confirma deriva del acto cuya notificación se impugna y, por tanto, si no se cuenta con los elementos para demostrar que hubiese sido notificado, no surtió efecto legal alguno, lo que trasciende a la imposición de la multa impugnada; nulidad que se decreta para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, pronunciada en el expediente 114/95 ...’. Como puede observarse, de la comparación que se hace del contenido de la transcripción anterior, con la realizada en el considerando cuarto de esta ejecutoria relativa a la sentencia que ahora se combate, la Sala Fiscal prácticamente se concretó a repetir los mismos razonamientos vertidos en el tercer considerando de la sentencia emitida el treinta de septiembre de mil novecientos novena y siete, cuya impugnación motivó su revocación a través del recurso de revisión fiscal número 250/98; circunstancia que evidencia e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17033-45a4af3a/revision-fiscal-son-improcedentes-los-recursos-que-establece · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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