REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ACTUALMENTE ABROGADO), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. EL HECHO DE QUE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESE ORGANISMO HAYA OMITIDO APROBAR EL ANTEPROYECTO RESPECTIVO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN IV, DE LA LEY QUE REGLAMENTA, NO LO HACE INCONSTITUCIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 102/2001. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el cinco de septiembre de dos mil uno el amparo directo DA. 2657/2001, en la parte conducente de la ejecutoria sostuvo:
"SEXTO.-El concepto de violación expresado por la quejosa es fundado.-Del resumen de los antecedentes se desprende que Pedregal Automotriz, S.A. de C.V., por conducto de su apoderado legal Roberto Philippe Rousseau demandó la nulidad de los oficios números 324-SAT-R8-L64-II-C-c-0598 y 324-SAT-R8-L64-II-C-c-0599, emitidos por la administradora local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal, en donde se le imponen diversas multas; demanda de la cual por razón de turno correspondió conocer a la entonces Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde al considerar que en el primer concepto de impugnación hecho valer por la parte actora se controvertía la constitucionalidad de leyes, dicha autoridad se declaró incompetente legalmente para analizar y resolver tales cuestiones, ya que ello dice es competencia de los tribunales del Poder Judicial, por lo que únicamente se abocó al conocimiento del segundo concepto de nulidad el cual consideró infundado y, por tanto, determinó que la parte actora no probó su acción y como consecuencia reconoció la validez de las resoluciones impugnadas.-Inconforme con dicha resolución, la parte actora promovió juicio de amparo del cual tocó conocer a este propio Tribunal Colegiado en donde mediante ejecutoria pronunciada en sesión correspondiente al quince de marzo de dos mil uno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad resolutora dejara insubsistente la sentencia combatida y en su lugar emitiera una nueva con libertad de jurisdicción; ello, al considerar que si lo que ante esa autoridad se alegó fue la ilegalidad del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, al haber sido expedido en contravención de las taxativas impuestas por el legislador en el artículo 10, fracción IV, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el concepto de nulidad se refirió entonces a cuestiones de legalidad y no de constitucionalidad, por lo que la Sala señalada como responsable sí resultaba competente para conocer de ese primer concepto de inconformidad hecho valer por la parte actora.-En cumplimiento a dicha ejecutoria, la Sala responsable dejó insubsistente el considerando segundo de su resolución y con fecha diez de abril de este año que transcurre, pronunció nueva sentencia abocándose a analizar únicamente ese primer concepto, mismo que consideró infundado, señalando que las órdenes de visita reclamadas se encuentran emitidas por autoridad que tiene existencia jurídica y competencia legal al estar contemplada en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria que fue expedido por el presidente de la República con apoyo en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, por lo que dijo la autoridad que el argumento referente a que dicho reglamento tenía que ser aprobado por la Junta de Gobierno es infundado en atención a que el artículo 10, fracción IV, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria si bien establece lo anterior, también lo es que dicha situación de ninguna manera causa que se invalide la resolución materia de la controversia, atendiendo a que la ley ordinaria no puede estar por encima de lo que establece la Constitución, en atención a que la facultad para emitir reglamentos le corresponde únicamente al Ejecutivo de la Unión por así establecerlo el artículo 89, fracción I, constitucional, además de que dicho reglamento, una vez expedido, cumple con el requisito de haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación para adquirir obligatoriedad.-Una vez más, inconforme con esa resolución, la parte actora promovió nuevamente juicio de amparo, el cual ahora se resuelve, y en donde insiste la parte quejosa en señalar que dicha resolución resulta ilegal en virtud de que el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria se emitió dejando de observar lo establecido por la fracción IV del artículo 10 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, debido a que el anteproyecto del reglamento no fue aprobado por la Junta de Gobierno; que no está en duda la facultad del Ejecutivo Federal que consagra la fracción I del artículo 89 constitucional para emitir un reglamento, ni de su publicación, sino lo que está en pugna es la inobservancia a lo establecido por la fracción IV del artículo 10 precitado.-Asiste razón jurídica a la parte quejosa, en atención a lo siguiente: Si bien es cierto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al presidente de la República, en la fracción I del artículo 89, entre otras facultades, la de ‘promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia’, no debe perderse de vista que la ley que regula el acto reclamado, que lo es la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en la fracción IV de su artículo 10 impone una condición a la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal, al supeditar la expedición de su reglamento a la aprobación del anteproyecto por la Junta de Gobierno del Sistema de Administración Tributaria.-Esto es, el Servicio de Administración Tributaria como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene, conforme a lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, diversas atribuciones en el ámbito administrativo, tanto fiscal como aduanero, y para el ejercicio de tales atribuciones cuenta con una Junta de Gobierno, con un presidente y con las unidades administrativas que establezca su reglamento interior.-La Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria se integra por el secretario de Hacienda y Crédito Público, quien la preside, dos representantes de dicha secretaría designados por el titular de esa dependencia, el presidente del Servicio de Administración Tributaria y dos titulares de unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, de nivel inmediatamente inferior al del presidente, designados por éste. Y tiene, entre otras atribuciones, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, la de ‘aprobar la estructura orgánica básica del Servicio de Administración Tributaria y las modificaciones que procedan a la misma, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como el anteproyecto de Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y sus modificaciones correspondientes’.-Por su parte, el presidente del Servicio de Administración Tributaria tiene como atribución, entre otras, la de ‘presentar a la Junta de Gobierno para su consideración y, en su caso, aprobación, los programas y anteproyectos presupuestales, el anteproyecto de reglamento interior y sus modificaciones, el manual de organización general, los manuales de procedimientos y los de servicio al público’.-Estas disposiciones legales, de suyo novedosas imponen una condición a la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal al supeditar la expedición del reglamento en cita a la aprobación de su anteproyecto por la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria, normas que por su claridad no requieren de la mayor interpretación.-Por tanto, de las mismas se desprende que el presidente del Servicio de Administración Tributaria es el encargado de presentar el anteproyecto del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, ante la Junta de Gobierno de dicho servicio para su aprobación, previo a su expedición, que compete exclusivamente al presidente de la República; no obstante, dicho reglamento fue simplemente expedido con base en las facultades que la Constitución Federal otorga al presidente de la República, en la fracción I del artículo 89, desatendiendo así lo dispuesto por la Ley del Servicio de Administración Tributaria y, por tanto, conculca la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con toda claridad ordena que los actos de autoridad deben apoyarse en la ley, desconociéndose así la norma formal y materialmente legislativa que dispone que el anteproyecto del reglamento del Servicio de Administración Tributaria debe ser aprobado por la Junta de Gobierno, lo cual en autos no quedó así demostrado, como bien lo argumenta la quejosa.-Por tanto, resulta válido decir que aunque el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria fue expedido con apoyo en la facultad reglamentaria que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere al Ejecutivo Federal, ello se realizó sin dar cabal cumplimiento a las normas que la propia ley que pretende reglamentar previene para su creación, es decir, fue dictado en contravención a lo dispuesto por la Ley del Servicio de Administración Tributaria, normatividad que deriva del Congreso de la Unión y que, por un principio de jerarquía, puede disponer lo referente al acto regla que la pretenda reglamentar.-Vale considerar, por último, que la expresión de la responsable en el sentido de que ‘lo argumentado por el actor en cuanto a que el reglamento interior tenía que ser aprobado por la Junta de Gobierno, es infundado, en atención a que el artículo 10, fracción IV, multicitado, si bien establece lo anterior, también lo es que dicha situación de ninguna manera causa que se invalide la resolución materia de controversia, ello atendiendo a que la ley ordinaria no puede estar encima de lo que establece la Carta Magna’, es una forma de control difuso de la Constitución, ajena a la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y muy diferente a la de mera legalidad que se explicó con detalle en el fallo anterior dictado por este tribunal, donde el argumento medular consistió en obligar a la autoridad responsable a contestar el motivo de impugnación planteado por la actora, contrastando el contenido de la Ley del Servicio de Administración Tributaria con los fundamentos de expedición del reglamento de dicho ordenamiento y, principalmente, con un aspecto de carácter probatorio como lo es el que las autoridades demandadas demostraran que el anteproyecto de tal reglamento fue aprobado por la Junta de Gobierno del Sistema de Administración Tributaria, tal como lo dispuso el propio creador de la ley en su artículo 10, fracción IV. En las relatadas consideraciones, la resolución que por esta vía se combate resulta violatoria de las garantías constitucionales que señala la parte quejosa, y en reparación a ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, debe entonces concederse la protección constitucional solicitada.-Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78, 80, 158, 184 y 190 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se resuelve: ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Pedregal Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien acudió a juicio por conducto de su representante legal Fernando del Valle Ruiz, en contra de la autoridad y el acto que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.-Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos a la Sala de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto total y definitivamente concluido.-Así lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por mayoría de votos de los señores Magistrados Alberto Pérez Dayán como ponente y F. Javier Mijangos Navarro, en contra del emitido por el señor Magistrado presidente David Delgadillo Guerrero, mismo que se agrega."
La anterior ejecutoria del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fue aprobada por mayoría de votos de los Magistrados Alberto Pérez Dayán y F. Javier Mijangos Navarro, en contra del voto emitido por el Magistrado presidente David Delgadillo Guerrero, quien sostuvo lo siguiente:
"No estoy de acuerdo con la resolución mayoritaria, por lo siguiente.-En primer término, mi opinión es que un cuerpo normativo no puede invalidarse, so pretexto de una ilegalidad, sino por los conductos jurisdiccionales idóneos, que en nuestro sistema de derecho corresponde al juicio de amparo. Por ello, la Sala responsable carece de competencia para resolver sobre un problema que en realidad es de constitucionalidad.-En efecto, ni el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ni el diverso 238 del Código Fiscal de la Federación, autorizan a la Sala responsable para anular todo un cuerpo normativo como lo es el reglamento de que se trata; por ello insisto en que la responsable jamás debió abordar el problema que nos ocupa, pues ello no corresponde a su potestad.-Por otro lado, considero que el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria no fue expedido ni se realizó en contravención a los principios que rigen esa materia, según desacertadamente (en mi opinión) se afirma en la resolución mayoritaria.-En efecto, para que un reglamento sea ‘anulado’ se requiere que su proceso de creación vaya en contra de la Constitución o sobrepase las disposiciones de la ley que reglamenta; en el caso que nos ocupa no se violó el artículo 89, fracción I, de la Constitución, ni en el reglamento se crean normas o preceptos que vayan más allá de la ley o que se haya dictado contrariando alguno de sus mandatos, casos en que pudiera estimarse en todo caso inconstitucional; pero la declaratoria de ilegalidad de cualquier reglamento no puede efectuarse sino por los causes legales, que sería la impugnación directa ante los órganos jurídicos competentes del Poder Judicial Federal.-En conclusión, lo que se está decretando en la resolución mayoritaria no es la ilegalidad de un reglamento, sino en todo caso su inconstitucionalidad, que es el único medio legal para decidir si todo un reglamento debe subsistir o no; por lo que la Sala no podía abordar ese tópico, por carecer de facultades para ello. Magistrado: David Delgadillo Guerrero."
CUARTO.-El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos directos DA. 3685/99 y DA. 6965/99, en lo que interesa a la presente denuncia de contradicción de tesis, expuso:
1. Amparo directo 3685/99 (fallado el veintisiete de junio del año dos mil).
"SEXTO.- ... Resulta también ineficaz lo sostenido en el cuarto concepto de violación, ya que es inexacto que por el hecho de que la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria no haya aprobado el anteproyecto del reglamento interior de ese servicio, deba considerarse que la Administración Especial de Auditoría Fiscal carezca de existencia jurídica y que esa Junta de Gobierno no esté integrada.-Lo anterior es así, ya que como se advierte de lo dispuesto en los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, las unidades administrativas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pasan a formar parte del aludido servicio y todas las referencias y atribuciones que se otorgan en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria, en el campo de sus atribuciones.-Dichos preceptos dicen: ‘Tercero. Las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la presente ley, su reglamento interior o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos.’ y ‘Cuarto. Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley se encuentren en trámite ante alguna de las unidades administrativas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que pasen a formar parte del Servicio de Administración Tributaria, o los recursos administrativos interpuestos en contra de actos o resoluciones de tales unidades administrativas, se seguirán tramitando ante el Servicio de Administración Tributaria o serán resueltos por el mismo, cuando se encuentren vinculados con la materia objeto de la presente ley, su reglamento interior y cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos.’.-De lo transcrito se llega a la conclusión de que, contrariamente a lo afirmado, las unidades administrativas que debían integrar la Junta de Gobierno ya existían sin necesidad de su creación en el reglamento interior.-Independientemente de lo anterior, resulta ineficaz lo alegado en cuanto a que al no cumplirse previamente a la emisión del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria con lo dispuesto en el artículo 10, fracción IV, de la ley, deba considerarse inexistente la Administración Especial de Auditoría Fiscal, pues su creación deriva de lo dispuesto en el artículo 2o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de mil novecientos noventa y seis.-Además, como lo sostiene la responsable, no podía ocuparse del estudio del argumento planteado en la demanda de nulidad tendiente a demostrar la ilegalidad del procedimiento de formación del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, ya que ello implicaría el análisis de la validez o nulidad de dicho reglamento, siendo que ni el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación ni el diverso 238 del Código Fiscal de la Federación la autorizan para ello, al ser un órgano de jurisdicción ordinaria.-Por otra parte, el quinto concepto de violación es también ineficaz, ya que, por un lado, la quejosa sólo se concreta a señalar que el proceso de formación del reglamento que impugna de inconstitucional contraviene el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, sin especificar con qué parte de dicho precepto se contrapone y, por otra parte, la Constitución Federal en el artículo invocado no exige que para la formación de un reglamento deba atenderse a lo que en la ley ordinaria se establece sino, por el contrario, es el artículo 89, fracción I, en relación con el artículo 92, ambos de la Constitución General de la República, los que establecen los requisitos para la validez de un reglamento de carácter federal.-Por tanto, el que no se haya atendido a lo dispuesto en una ley secundaria en cuanto al aspecto fiscal, no puede llevar a declarar la inconstitucionalidad de un reglamento, pues ello sólo puede derivar de la contravención a disposiciones de la Carta Magna."
2. Amparo directo 6965/99 (fallado el veintisiete de abril de dos mil uno).
"SEXTO.- ... El cuarto concepto de violación hecho valer es en parte inoperante, ya que si bien es cierto que la responsable no se pronunció en relación con los argumentos de anulación contenidos en los agravios quinto y sexto de la demanda de nulidad, ello no puede llevar a otorgar el amparo solicitado, ya que como se advierte de su lectura, lo que realmente se pretendía era que se declarara la inconstitucionalidad del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, por considerar que no fue aprobado su anteproyecto por la Junta de Gobierno y, sólo en vía de consecuencia, la incompetencia del subadministrador ‘2’ demandado, aspecto en relación con el cual el Tribunal Fiscal de la Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, carece de competencia al no ser un tribunal de constitucionalidad.-Ahora bien, tomando en consideración que también se plantea directamente la ineficacia de dicho reglamento, este tribunal procede a su estudio.-Se estima también ineficaz lo aducido en cuanto a que no es válido el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria porque no se aprobó el anteproyecto por la Junta de Gobierno y que ésta no estaba integrada.-Los artículos 9o. y 10 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria establecían: ‘Artículo 9o. La Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria se integrará por: I. El secretario de Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá; II. Dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, designados por el titular de esa dependencia; III. El presidente del Servicio de Administración Tributaria; y, IV. Dos titulares de unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, de nivel inmediatamente inferior al del presidente, designados por éste.’ y ‘Artículo 10. La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes: ... IV. Aprobar la estructura orgánica básica del Servicio de Administración Tributaria y las modificaciones que procedan a la misma, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como el anteproyecto del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria ...’.-Si bien es cierto que no se aprobó un anteproyecto del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria por la Junta de Gobierno, conforme lo establece la fracción IV del artículo 10 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, ello no hace inconstitucional dicho reglamento, ya que el mismo fue emitido por el presidente de la República en uso de su facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, la cual no puede ser restringida en cuanto a su ejercicio directo por la propia ley que se reglamenta, esto es, si bien un reglamento se rige por el principio de reserva de ley y de subordinación jerárquica, ello es relativo a que en ejercicio de esa facultad no pueden abordarse materias reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso y que el reglamento que se expida esté precedido de una ley cuyas disposiciones desarrolle, cumplimente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida, pero no puede con apoyo en esos principios estimarse que la ley que se reglamenta subordine el ejercicio de la facultad reglamentaria a una actuación de un órgano que carece de tal atribución reglamentaria prevista en la Constitución que es la Ley Suprema de la Unión, razón por la cual no puede la ley citada prevalecer respecto de lo previsto en la norma constitucional.-Por otro lado, tomando en cuenta que si la Ley del Servicio de Administración Tributaria se expidió mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, como parte del ‘Decreto por el que se expiden nueva leyes fiscales y se modifican otras’, para entrar en vigor el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, en los términos de su artículo primero transitorio, esto es, antes de que se publicara el reglamento respectivo en el Diario Oficial del treinta de junio del mismo año, resulta que es inexacto que dicho reglamento se haya expedido con anterioridad a la ley aludida.-Además, a pesar de que dicha ley aún no entraba en vigor en la fecha de emisión del reglamento, ello no hace inexistente o incompetente al subadministrador demandado, dado que, además de que como ya se precisó, fue expedido con anterioridad al aludido reglamento, lo cierto es que la Administración Local de Auditoría Fiscal Número 63 del Centro del Distrito Federal y la Subadministración Número ‘2’, ya existían según se dejó precisado con anterioridad.-Cabe hacer notar que no puede alegarse la falta de integración de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria y la falta de aprobación por ésta del reglamento interior de dicho organismo, sin incurrir en contradicción, dado que un órgano que no está integrado, no puede ejercer facultad alguna.-Por otra parte, como se advierte de lo dispuesto en los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pasaron a formar parte de dicho órgano desconcentrado, y todas las referencias y atribuciones que se otorgan en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria en el campo de sus atribuciones.-Dichos preceptos dicen: ‘Tercero. Las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la presente ley, su reglamento interior o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos.’ y ‘Cuarto. Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley se encuentren en trámite ante alguna de las unidades administrativas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que pasen a formar parte del Servicio de Administración Tributaria, o los recursos administrativos interpuestos en contra de actos o resoluciones de tales unidades administrativas, se seguirán tramitando ante el Servicio de Administración Tributaria o serán resueltos por el mismo, cuando se encuentren vinculados con la materia objeto de la presente ley, su reglamento interior y cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos.’.-De lo transcrito se llega a la conclusión de que, contrariamente a lo afirmado, las unidades administrativas que debían integrar la Junta de Gobierno ya existían, sin necesidad de su creación en el reglamento interior, por lo que tampoco puede considerarse que no tenga competencia y existencia el subadministrador demandado en el juicio de nulidad."
La anterior resolución fue aprobada por unanimidad de votos de los Magistrados Ma. Teresa García Robles, Ma. de Fátima I. Sámano Hernández y Cuauhtémoc Carlock Sánchez, en cuanto al sentido del fallo, y por mayoría en su parte considerativa, contra el voto particular del Magistrado Cuauhtémoc Carlock Sánchez, quien sostuvo lo siguiente:
"Disiento del criterio de la mayoría, en virtud de que conforme a lo expresado por la quejosa en el respectivo concepto de violación, se puede advertir que el legislador secundario estableció en el texto del artículo 10 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que previamente a la emisión del reglamento que derivara de ésta, se impuso una condición para la viabilidad del ordenamiento de segundo orden, toda vez que la Junta de Gobierno, autoridad estructurada por la ley mencionada, debió ‘aprobar el anteproyecto del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria’.-De tal suerte que es inconcuso, según quien esto suscribe, que el tópico central de la controversia pone en disputa dos disposiciones de rango constitucional que en modo alguno se pueden contradecir, esto es, la facultad expresa a favor del Poder Legislativo, como órgano originario y emisor de las leyes, y la atribución reglamentaria otorgada al presidente de la República. Ambas disposiciones deben aplicarse en la práctica, sin que una pueda derogar a la otra; sin embargo, para poder hacerlas armónicas entre sí, se debe atender a la prioridad de las funciones; por ende, si la teleología del Legislador Constituyente determina estructurar las funciones del Poder Legislativo, para que se emitan las leyes que rijan los destinos de la nación, es claro que si en dicha tarea asume que el presidente de la República que expide, por cierto, normas legales de inferior jerarquía y que deben tender a regular y a dar aplicación e interpretar los alcances de la ley que ‘reglamente’, en esas condiciones, me resulta claro que, en casos como el presente, la transcripción del artículo 10 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, al supeditar, como ya se dijo, la expedición del reglamento interior que produjo el titular del Poder Ejecutivo, sin dar satisfacción a la obligación de emitir previamente un anteproyecto y exponerlo a la consideración de la Junta de Gobierno de la entidad pública, Administración Tributaria, refleja la inconstitucionalidad de que adolece, razón por la cual se debió conceder el amparo impetrado, atendiéndose al motivo de inconformidad expuesto. Es aplicable a lo anterior la tesis visible en la página 293 del Tomo II, septiembre de 1995, Novena Época, instancia Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: ‘FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.’."
QUINTO.-Para determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, se estima pertinente resumir los antecedentes y consideraciones que informan las ejecutorias antes transcritas.
1. En relación con la ejecutoria pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo DA. 2657/2001, promovido por Pedregal Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra la sentencia de diez de abril de dos mil uno, dictada por la Séptima Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, destaca lo siguiente:
En la sentencia reclamada la Sala responsable reconoció la validez de las resoluciones impugnadas en el juicio contencioso administrativo 7624/99-11-07-44.
Por su parte, el referido Tribunal Colegiado de Circuito declaró fundado el concepto de violación en el que l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16923-994bcb46/reglamento-interior-del-servicio-de-administracion-tributaria-actualmente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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