MULTA FISCAL MÍNIMA ACTUALIZADA. LA AUTORIDAD QUE LA IMPONE CON BASE EN LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, DEBE MOTIVAR LA SANCIÓN, SÓLO EN CUANTO A LA PARTE ACTUALIZADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 170/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver el amparo directo 286/2002, promovido por Héctor Lezama Olalde, en la parte que interesa dice:
"No le asiste razón al quejoso al aducir que el artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, es violatorio del artículo 22 constitucional por supuestamente ser la multa impuesta excesiva y no atender a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y los perjuicios causados a la colectividad; en función de que dicho precepto legal, como lo destacó la Sala responsable, establece cantidades entre un mínimo y un máximo, lo cual permite su individualización en cada caso en concreto, por lo que no es inconstitucional, ello en términos de la jurisprudencia 102/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 31 y 32, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte ha establecido, en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/95, que las leyes que prevén multas fijas resultan inconstitucionales por cuanto al aplicarse a todos por igual de manera invariable e inflexible, propician excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares; sin embargo, no pueden considerarse fijas las multas establecidas por el legislador en porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo, porque con base en ese parámetro, la autoridad se encuentra facultada para individualizar las sanciones de conformidad con la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor.’; de modo tal que al tratarse de la multa mínima sus condiciones particulares quedan salvaguardadas dentro del monto más bajo, ya que la imposición de una multa mínima permite a la autoridad fiscal aplicar dentro de los parámetros permitidos la sanción en particular, lo cual no es violatorio del artículo 22 constitucional, pues se atiende a las circunstancias personales del infractor que permiten su individualización. Por último, debe desestimarse lo alegado por el impetrante en el sentido de que el monto de la multa señalada en la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil, no es la mínima prevista por el mencionado artículo 86, fracción I, del código tributario federal, lo que crea incertidumbre e inseguridad jurídica, al apoyarse la autoridad para imponer la multa cuestionada en dos hipótesis diferentes, toda vez que los montos de las multas previstas en el Código Fiscal de la Federación son actualizados por la autoridad hacendaria a través de la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio correspondiente, por lo que contrariamente a lo argüido por el quejoso, las cantidades ahí señaladas son las únicas que debe tomar en consideración la autoridad fiscalizadora para determinar el monto de la multa a imponer en tratándose de la comisión de infracciones a las disposiciones fiscales, máxime si se toma en consideración que dicha Resolución Miscelánea es publicada en el Diario Oficial de la Federación, por lo que es incuestionable que desde ese momento es del conocimiento de los contribuyentes; con lo que se evidencia que, en el caso, no existe la incertidumbre e inseguridad jurídica alegada por el inconforme; además de que precisamente en razón de que la autoridad demandada impuso al contribuyente la multa mínima actualizada establecida en la ley, no tenía obligación de razonar su imposición más allá de las consideraciones que la llevaron a tener por cometida la infracción, esto es, que una vez comprobada la realización de la infracción, la autoridad se encuentra facultada para imponer la sanción mínima prevista en la ley, sin necesidad de señalar las razones que la llevaron a imponer exactamente en esa cuantía. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 300, por contradicción de tesis, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 319 y 320, Tomo III, Materia Administrativa del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, cuyo contenido es el siguiente: ‘MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.’. En las relatadas circunstancias, al no demostrarse que la sentencia reclamada sea violatoria de las garantías individuales del quejoso, lo procedente es negarle el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados."
CUARTO. Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito al resolver el amparo directo 161/2001, promovido por Constructora Viguera, S.A. de C.V., sustentó lo siguiente:
"SEXTO. El estudio de los conceptos de violación propuestos por Constructora Viguera, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, conlleva a determinar lo siguiente: En el juicio fiscal, la ahora quejosa demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio 325-SAT-R7-L44-3-15598, mediante la cual se confirmó la diversa emitida en oficio 324-SAT-R7-L44-1-B-18239, por el administrador local de Auditoría Fiscal de Oaxaca, quien le impuso una multa por la cantidad de siete mil quinientos treinta y nueve pesos, por no haber proporcionado la documentación e información que le fue requerida por la exactora (f. 13-19). La Sala Fiscal en resolución de ocho de enero del dos mil uno (reclamada), reconoció la validez de la resolución impugnada (f. 108-122). La empresa quejosa aduce, en esencia, que la Sala responsable contravino los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al no haber considerado que la autoridad administrativa, al imponer la infracción con apoyo en el artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y anexo 5 de la Resolución de Miscelánea Fiscal para 1999, debió precisar las razones por las cuales la impuso, además, señalar el precepto exactamente aplicable; por lo cual no se fundó ni motivó adecuadamente la resolución impugnada, infringiendo el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. Es fundado y suficiente este argumento, toda vez que la autoridad administrativa, para determinar la infracción impuesta, se apoyó en dos disposiciones legales que contemplan situaciones diversas, como lo es el anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1999 y el artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. En efecto, el anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1999, al respecto prevé multas por las cantidades siguientes: ‘I. De $7,539.00 a $22,616.00 ...’; asimismo, la citada autoridad invocó el artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que establece: ‘Artículo 86. A quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 85, se impondrán las siguientes multas: I. De $5,000.00 a $15,000.00 ...’. Ahora bien, como dicha exactora impuso una multa por la cantidad de $7,539.00, que es la mínima de acuerdo a la citada Miscelánea Fiscal, sin embargo no lo es respecto al referido artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que la multa mínima es de $5,000.00; en estas condiciones, el acto impugnado en el juicio de nulidad resulta contradictorio e incongruente, pues crea incertidumbre e inseguridad jurídica en perjuicio de la contribuyente, al apoyarse en dos disposiciones legales que contemplan hipótesis diferentes; luego, en cuanto a la prevista por el artículo 86, fracción I, del ordenamiento tributario federal, la exactora sí estaba obligada a invocar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que la condujeron a imponer la citada multa y al no hacerlo así, contravino el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos numerales 14 y 16 de la Constitución Federal. Criterio similar ha sostenido este órgano colegiado al resolver los amparos directos 614/98, 784/98, 413/2000 y 77/2001, el penúltimo, resuelto en sesión de veintiséis de octubre del dos mil, que originó la siguiente tesis: ‘MULTA FISCAL VIOLATORIA DE GARANTÍAS. LO ES LA QUE SE FUNDAMENTA EN DISPOSICIONES FISCALES DISTINTAS CON MONTO MÍNIMO DIFERENTE (RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 1988 Y ARTÍCULO 84, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). Cuando con motivo de las facultades de verificación para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la autoridad administrativa impone multa que es la mínima de acuerdo a la Resolución Miscelánea Fiscal para mil novecientos noventa y ocho, pero no lo es, con respecto al monto mínimo que prevé la fracción VI del artículo 84 del Código Fiscal de la Federación, en esas condiciones, el acto impugnado en el juicio de nulidad resulta contradictorio, pues crea incertidumbre e inseguridad jurídica en perjuicio del contribuyente, al apoyarse en dos disposiciones legales que contemplan hipótesis diferentes, por ende, en el caso, la exactora estaba obligada a invocar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, la gravedad de la infracción, la reincidencia y capacidad económica del pasivo, al no hacerlo así, dicho acto administrativo es contrario a las disposiciones de los artículos 38, fracción III, del citado ordenamiento tributario federal, en relación con los diversos numerales 14, 16 y 31 fracción IV de la Carta Magna.’. En consecuencia, procede conceder la protección de la Justicia Federal, para que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en otra que dicte, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, resuelva lo que corresponda acorde a derecho. Concedida sobre este aspecto la protección constitucional solicitada, resulta innecesario adentrarse al estudio del resto de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, con apoyo en la jurisprudencia ciento sesenta y ocho, publicada en la página ciento trece del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, que textualmente dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos.’."
Amparo directo número 77/2001, promovido por Construcciones Industriales Ecológicas, S.A. de C.V., resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito:
"SEXTO. El estudio de los conceptos de violación propuestos por Construcciones Industriales Ecológicas, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, conlleva a determinar lo siguiente: En el juicio fiscal la ahora quejosa Construcciones Industriales Ecológicas, S.A. de C.V., demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio 325-SAT-R7-L44-7-04282, mediante la cual se confirmó la diversa emitida en oficio 324-SAT-R7-L44-3-A-21811, por el administrador local de Auditoría Fiscal de Oaxaca, quien le impuso una multa por la cantidad de siete mil quinientos treinta y nueve pesos, por no haber proporcionado la documentación e información que le fue requerida por la exactora. (fojas 42 y 43). La Sala Fiscal, en resolución de veintiuno de noviembre de dos mil (reclamada), reconoció la validez de la resolución impugnada (fojas 93-106). La empresa quejosa aduce que la Sala responsable contravino los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al no haber considerado la autoridad administrativa al imponer la infracción con apoyo en el artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1999, que no señaló las razones por las cuales impuso una multa superior a la mínima, por lo cual no se fundó ni motivó la resolución impugnada, infringiendo el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. Es fundado y suficiente este argumento, toda vez que la autoridad administrativa, para determinar la infracción impuesta, se apoyó en dos disposiciones legales que contemplan situaciones diversas, como lo es el anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1999 y el artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. En efecto, el anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1999, al respecto, prevé multas por las cantidades siguientes: ‘I. De $7,539.00 a $22,616.00 ...’; asimismo, la citada autoridad invocó el artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que establece: ‘Artículo 86. A quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 85, se impondrán las siguiente multas: I. De $5,000.00 a $15,000.00 ...’. Ahora bien, como dicha exactora impuso multa por la cantidad de $7,539.00 que es la mínima de acuerdo a la citada Miscelánea Fiscal, sin embargo, no lo es respecto al referido artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, el cual establece una multa mínima de $5,000.00; en estas condiciones, el acto impugnado en el juicio de nulidad resulta contradictorio e incongruente, pues crea incertidumbre e inseguridad jurídica en perjuicio de la contribuyente, al apoyarse en dos disposiciones legales que contemplan hipótesis diferentes; luego, en cuanto a la prevista por el artículo 86, fracción I, del ordenamiento tributario federal, la exactora sí estaba obligada a invocar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que la condujeron a imponer la citada multa, al no hacerlo así contravino el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos numerales 14 y 16 de la Constitución Federal. Criterio similar ha sostenido este órgano colegiado al resolver los amparos directos 614/98, 784/98 y 413/2000, este último resuelto en sesión de veintiséis de octubre de dos mil, que originó la siguiente tesis: ‘MULTA FISCAL VIOLATORIA DE GARANTÍAS. LO ES LA QUE SE FUNDAMENTA EN DISPOSICIONES FISCALES DISTINTAS CON MONTO MÍNIMO DIFERENTE (RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 1998 Y ARTÍCULO 84, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). Cuando con motivo de las facultades de verificación para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la autoridad administrativa impone multa que es la mínima de acuerdo a la Resolución Miscelánea Fiscal para mil novecientos noventa y ocho, pero no lo es, con respecto al monto mínimo que prevé la fracción VI del artículo 84 del Código Fiscal de la Federación, en esas condiciones, el acto impugnado en el juicio de nulidad resulta contradictorio, pues crea incertidumbre e inseguridad jurídica en perjuicio del contribuyente, al apoyarse en dos disposiciones legales que contemplan hipótesis diferentes, por ende, en el caso, la exactora estaba obligada a invocar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, la gravedad de la infracción, la reincidencia y capacidad económica del pasivo, al no hacerlo así, dicho acto administrativo es contrario a las disposiciones de los artículos 38, fracción II, del citado ordenamiento tributario federal, en relación con los diversos numerales 14, 16 y 31, fracción IV, de la Carta Magna.’. En consecuencia, procede conceder la protección de la Justicia Federal, para que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en otra que dicte, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, resuelva lo que corresponda acorde a derecho. Concedida sobre este aspecto la protección constitucional solicitada, resulta innecesario adentrarse al estudio del resto de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, con apoyo en la jurisprudencia ciento sesenta y ocho, publicada en la página ciento trece del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, que textualmente dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos.’."
Amparo directo número 413/2000, promovido por Trigo Pan del Istmo, S.A. de C.V., resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito.
"SEXTO. El análisis de los conceptos de violación propuestos por la empresa Trigo Pan del Istmo, S.A. de C.V., conduce a determinar lo siguiente: En el juicio fiscal de donde proviene la sentencia reclamada, la citada negociación por conducto de su apoderado legal José Ricardo Ruelas Reyes demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-R7-L44-5-A-26525 de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, por medio de la cual se impuso multa a la contribuyente por la cantidad de $6,511.00, conforme a lo dispuesto por los artículos 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, en relación con la regla 2.13.12 y anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1998, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo y el 3 de julio de 1998, por haber incumplido con su obligación de expedir comprobantes con todos los requisitos fiscales, por la venta del día en la cantidad de setecientos pesos (fojas 1 a la 34 del expediente fiscal 709/99-09-01-1). La Sala Fiscal responsable reconoció la validez de la resolución impugnada (fojas 95 a la 121 del expediente fiscal 709/99-09-01-1). Por otro lado, la empresa quejosa aduce que como el artículo 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación no establece criterios objetivos de individualización tales como la gravedad de la infracción, la reincidencia y otros factores, para imponer la sanción a los contribuyentes, dicho precepto legal es violatorio de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, siendo aplicable la tesis bajo el rubro: ‘MULTA, ES INCONSTITUCIONAL LA IMPUESTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN II Y 86, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’. Es infundado el argumento en análisis, pues aunque el artículo 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación no establece criterios objetivos para la individualización de sanciones, ello no implica que contravenga las disposiciones de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Carta Magna, precisamente porque dicho precepto legal determina las bases para imponer multas, entre un mínimo y un máximo, para que las autoridades encargadas de su aplicación, razonadamente, estén en posibilidad de fijar el monto del impuesto. Es aplicable la jurisprudencia 161 del Pleno del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 164 del Tomo I, del Apéndice 1995 del Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: ‘IMPUESTOS, BASES PARA DETERMINAR EL MONTO DE LOS. LA LEY DEBE SEÑALARLAS. La determinación del monto de los impuestos debe ser hecha en la misma ley que los establece o, cuando menos, ésta debe fijar las bases generales necesarias para que las autoridades encargadas de su aplicación puedan hacer la fijación del monto del impuesto. De no ser así, se infringe el principio de proporcionalidad y equidad en materia impositiva que establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.’. De ahí que no resulta aplicable, en la especie, la tesis invocada por la quejosa, de este tenor: ‘MULTA. ES INCONSTITUCIONAL LA IMPUESTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN II Y 86, FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. La fracción II del artículo 40 del Código Fiscal de la Federación dispone: «Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, éstas podrán indistintamente: ... II. imponer la multa que corresponda en los términos de este código»; por su parte la fracción III, del artículo 86, del mismo ordenamiento legal dispone «A quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 85, se impondrán las siguientes multas: ... III. de N$500.00 a N$12,500.00, a la establecida en la fracción III.». Del texto de los preceptos legales transcritos se advierte que no permiten la calificación de la gravedad de la infracción, ni razonar el monto de la misma, ni tomar en cuenta las circunstancias especiales del caso; el perjuicio ocasionado al fisco federal con esa conducta y las condiciones económicas del contribuyente infractor, por tanto, es manifiesto que la multa impuesta con fundamento en los artículos transcritos resulta inconstitucional en virtud de que transgrede lo dispuesto en los artículos 16 y 22 constitucionales.’ (foja 39). La impugnante manifiesta que la multa impuesta por la cantidad de $6,511.00, es violatoria de los artículos 16, 22, 31, fracción IV y 133 de la Constitución Federal, porque la autoridad administrativa se apoyó en dos disposiciones legales que contemplan situaciones diversas, pues si bien dicha multa es mínima de acuerdo al anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año de mil novecientos noventa y ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación de tres de julio de mil novecientos noventa y ocho; sin embargo, no lo es respecto a la multa por la cantidad de $6,000.00, que como mínima prevé el artículo 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación; por ende, la impuesta es contradictoria y crea incertidumbre e inseguridad jurídica, pues la exactora, al determinarla, estaba obligada a invocar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, así como la gravedad de la infracción, la reincidencia y la capacidad económica de la contribuyente, como ya lo consideró este tribunal en la diversa ejecutoria del quince de febrero del año dos mil. Es fundado y suficiente el concepto de violación en estudio, pues este tribunal ha sostenido en las diversas ejecutorias relativas a los amparos directos 614/98 y 784/98, que la multa fiscal es violatoria de garantías cuando se fundamenta en disposiciones legales que prevén un monto mínimo diferente, como lo es la Resolución Miscelánea Fiscal que actualiza como multa mínima la cantidad de $6,511.00, y el artículo 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, que prevé como multa mínima la cantidad de $6.000.00. En efecto, cuando con motivo de las facultades de verificación para el cumplimiento de las obligaciones tributarias la autoridad administrativa impone multa que es la mínima de acuerdo a la Resolución Miscelánea Fiscal para mil novecientos noventa y ocho, pero no lo es respecto al monto mínimo que prevé la fracción VI del artículo 84 del Código Fiscal de la Federación, en esas condiciones, el acto impugnado en el juicio de nulidad resulta contradictorio, pues crea incertidumbre e inseguridad jurídica en perjuicio del contribuyente, al apoyarse en dos disposiciones legales que contemplan hipótesis diferentes, por ende, en el caso, la exactora estaba obligada a invocar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, la gravedad de la infracción, la reincidencia y capacidad económica del pasivo, al no hacerlo así, dicho acto administrativo es contrario a las disposiciones de los artículos 38, fracción II, del citado ordenamiento tributario federal, en relación con los diversos numerales 14, 16 y 31, fracción IV, de la Carta Magna. En consecuencia, procede conceder la protección federal, para que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en otra que dicte, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, considere que el acto impugnado es violatorio de los citados numerales y resuelva lo que corresponda acorde a derecho."
Amparo directo 784/98, promovido por Construcciones Martínez Ramírez, S.A. de C.V., y que resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito.
"SEXTO. El análisis de los conceptos de violación propuestos conlleva a determinar lo siguiente: En el juicio fiscal la ahora quejosa Construcciones Martínez Ramírez, S.A. de C.V., demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-R7-L44-2-A-7072, dictada con fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, en el expediente CMR-8506234VA, mediante la cual el administrador local de Auditoría Fiscal de Oaxaca impuso a aquélla, multa por la cantidad de cinco mil quinientos cincuenta y siete pesos, por no haber proporcionado la documentación e información que le fue requerida por la exactora (fojas 1 a la 8, 27 y 28 del expediente fiscal 636/98). La Sala Fiscal estimó que la actora no probó su acción; por ende, reconoció la validez de la resolución impugnada (fojas 54 a 63 vuelta del expediente fiscal 636/98). La empresa quejosa Construcciones Martínez Ramírez, S.A. de C.V., aduce, en lo esencial, que la Sala Fiscal responsable al no haber considerado que la autoridad (sic) artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997, debió invocar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas aplicables al caso concreto, esto es, la gravedad de la infracción, la reincidencia y la capacidad económica del pasivo, para determinar el monto entre el mínimo, intermedio o máximo, por lo cual no se fundó ni motivó la resolución impugnada, infringiendo las disposiciones contenidas en los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Carta Magna. Es fundado y suficiente el anterior argumento, toda vez que la autoridad administrativa, para determinar la infracción impuesta, se apoyó en dos disposiciones legales que contemplan situaciones diversas, como lo es el anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997 y el artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. En efecto, el anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997 prevé multas por las cantidades siguientes: ‘I. De $5,557.00 a $16,672.00 ...’; asimismo, la citada autoridad invocó el artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que establece: ‘Artículo 86. A quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 85, se impondrán las siguientes multas: I. De $5,000.00 a $15,000.00...’. Ahora bien, como dicha exactora impuso multa por la cantidad de $5,557.00, que es la mínima de acuerdo a la citada Miscelánea Fiscal; sin embargo, no lo es respecto al referido artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, el cual establece una multa mínima de $5,000.00; (sic) nulidad resulta contradictorio, pues crea incertidumbre e inseguridad jurídica en perjuicio de la contribuyente, al apoyarse en dos disposiciones legales que contemplan hipótesis diferentes; luego, en cuanto a la prevista por el artículo 86, fracción I, del ordenamiento tributario federal, la exactora sí estaba obligada a invocar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, la gravedad de la infracción, la reincidencia y capacidad económica del pasivo, al no hacerlo así, contravino el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos numerales 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Es aplicable la jurisprudencia 870, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en las fojas 666 y 667 del Tomo III del Apéndice referido, bajo la voz: ‘MULTAS, CUANTIFICACIÓN DE LAS, EN MATERIA FISCAL. Precisando criterios anteriores, este tribunal considera que para la cuantificación de las multas fiscales, cuando la ley señala un mínimo y un máximo, la autoridad debe razonar su arbitrio y tomar en consideración los siguientes elementos básicos: a) el monto del perjuicio sufrido por el fisco con la infracción (elemento que a veces ya está considerado en la norma, cuando los límites de la multa se fijan en función del impuesto omitido); b) la negligencia o mala fe del causante; o la espontaneidad de su conducta para acatar la ley, aunque extemporáneamente; c) si se trata de una infra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17834-09dba013/multa-fiscal-minima-actualizada-la-autoridad-que-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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