AUDIENCIA LABORAL. PROCEDE SU DIFERIMIENTO DE OFICIO, CUANDO EL ACTOR MODIFICA SUSTANCIALMENTE SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA Y EL DEMANDADO NO ESTÁ PRESENTE EN LA ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES. CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL EXPEDIENTE RELATIVO DEBE QUEDAR INTEGRADO TANTO POR LOS CRITERIOS CONTRADICTORIOS MENCIONADOS EN LA DENUNCIA ORIGINAL COMO POR LOS SEÑALADOS POR EL PRESIDENTE DE ALGUNA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINÓ LA COMPETENCIA DE AQUÉLLA PARA CONOCER DEL ASUNTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, punto segundo del Acuerdo Plenario 5/2001 de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la denuncia de una posible contradicción de tesis en una de las materias propias de la especialidad de esta Sala, como lo es la materia laboral.
Se dice lo anterior, toda vez que los preceptos constitucional y legales señalados, disponen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ..."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. ..."
"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:
"...
"VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
"SEGUNDO. Ambas Salas ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la siguiente manera:
"La Primera Sala conocerá de las materias penal y civil;
"La Segunda Sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo."
Por tanto, la resolución de las denuncias de contradicción de tesis corresponde al Pleno o a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en el caso particular, a la Segunda Sala de la misma, por provenir de criterios sustentados por diversos Tribunales Colegiados y por corresponder a la materia laboral, especialidad de dicha Sala, habiéndose hecho la denuncia respectiva en el mes de noviembre de dos mil uno, es decir, después de haber entrado en vigor el acuerdo plenario de referencia.
SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito tiene legitimación para denunciar la contradicción de tesis que se plantea, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues dicho tribunal fue parte en el juicio de amparo directo D. 239/2001, es decir, uno de los juicios en que fueron sustentadas las tesis contradictorias.
Cabe en este momento hacer la consideración correspondiente a la integración de la presente contradicción de criterios.
Es cierto que de conformidad con el oficio enviado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, aparece que existe contradicción entre los criterios sustentados por dicho Tribunal Colegiado y por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. No obstante, toda vez que del contenido del acuerdo emitido por el presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, fechado el veintinueve de enero de dos mil dos, se aprecia que éste consideró la existencia de la posible contradicción también con los criterios sustentados por los diversos Tribunales Colegiados Primero en Materia Penal del Segundo Circuito y Primero en Materia Civil del Sexto Circuito; por tanto, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se debe tener por hecha la denuncia respectiva, ya que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen la facultad de denunciar la contradicción de tesis que estimen existe, de ahí que la presente debe quedar integrada por los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, Décimo Segundo en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Primero en Materia Penal del Segundo Circuito y Primero en Materia Civil del Sexto Circuito.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo D. 239/2001, relacionado con el D. 238/2001, promovido por Linage, Sociedad Anónima de Capital Variable, determinó amparar a la quejosa para los efectos precisados en el último considerando, apoyándose, en lo conducente, en las siguientes consideraciones:
"... En cambio, asiste razón al impetrante en cuanto se duele de una diversa violación procesal, la cual hace consistir en que en la audiencia inicial o trifásica el actor precisó y amplió la demanda laboral correspondiente; que en tales condiciones la Junta responsable debió ordenar el diferimiento de esa audiencia que se celebró a las diez horas del día treinta de octubre del año dos mil, pero como no lo hizo se le dejó en estado de indefensión. Tales hechos que se alegan como violación procesal encuadran en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 159 de la Ley de Amparo, la cual es del tenor siguiente: ‘Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... VI. Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley.’. Precisado lo anterior, es incuestionable que, como ya se dijo, asiste razón al apoderado de la quejosa, pues consta en los autos del expediente del juicio de origen que el apoderado del actor precisó y amplió la demanda en los siguientes términos: ‘... Que solicita le sea reconocida la personalidad a los apoderados designados en esta diligencia y conforme a lo que establece a (sic) la fracción II del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, antes de ratificar su demanda precisa las siguientes cuestiones: en relación con el hecho número quince, la persona que informó al actor que el pago de participación de utilidades correspondientes a 1998 correspondía a la suma de diecinueve mil quinientos cuarenta y tres pesos veintiún centavos, lo fue el señor Martín Rodríguez Baez, y dicha comunicación ocurrió el día 17 de marzo de 1998. El punto número 16 se precisa en los siguientes términos: las actividades desarrolladas como jefe de Cobranza consistían en la coordinación de personal de cobranza, rescate de pasivos en cartera vencida y eliminación de adeudos de los distintos créditos otorgados por los demandados a sus clientes. Además, cabe decir (sic) con fecha 7 de octubre de 1998, cuando el actor se disponía iniciar sus labores, en el área de recepción de las instalaciones de la empresa Linage, S.A. de C.V., ubicada en 2 Poniente 1716 de esta ciudad de Puebla, aproximadamente a las nueve horas del día indicado, los señores Ulises Barreda Ortega, jefe de Crédito de la demandada y Martín Rodríguez Baez, gerente administrativo, personas que ejercían funciones de dirección en relación con el actor, delante de varias personas, ya que el área de recepción es un espacio abierto al público, por conducto de Martín Rodríguez Baez, se indicó al actor de este juicio que ya no eran necesarios sus servicios, por lo que estaba despedido de sus labores y que más adelante se tendría noticia (sic) de la empresa por una supuesta malversación de fondos, y a partir de ese momento se infirió (sic) al actor prestar servicios y desarrollar las labores contratadas. El actor no dio motivo para ser despedido, y en el supuesto de haber dado alguno, no se le entregó aviso de rescisión de contrato, lo que en sí es suficiente para estimar que el despido de que se hizo objeto al actor es injustificable y hace procedente las reclamaciones contenidas en la demanda; con estas (sic) precisiones se ratifica la demanda presentada el 7 de diciembre de 1998 que dio lugar al expediente en que se actúa ...’ (foja 40). Ante esa postura procesal, es indudable que la responsable, con apoyo en los artículos 17, 873 y 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo y conforme a la interpretación que le ha dado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que más adelante se transcribe, debió ordenar el diferimiento de la audiencia de mérito para dar oportunidad a la hoy quejosa de preparar su defensa a través de la contestación respecto a esa aclaración y ampliación de la demanda, lo que no aconteció. En efecto, como se puede apreciar de la transcripción anterior, en el juicio de origen el actor al comparecer a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, antes de ratificar su demanda la aclaró respecto del hecho número quince, señalando que en lo relativo a la participación de utilidades por el año de mil novecientos noventa y ocho, le correspondían diecinueve mil quinientos cuarenta y tres pesos con veintiún centavos, según se lo informó el codemandado Martín Rodríguez Baez el diecisiete de marzo del mencionado año; que en cuanto al punto dieciséis del referido escrito, aclaró que sus actividades consistían en la coordinación del personal de cobranza, rescate de pasivos de la cartera vencida y eliminación de adeudos de los distintos créditos; que el despido alegado aconteció el siete de octubre del multicitado año de mil novecientos noventa y ocho, cuando se disponía a iniciar sus labores, en el área de recepción de las instalaciones de Linage, Sociedad Anónima de Capital Variable, aproximadamente a las nueve horas de ese día, Ulises Barreda Ortega, en su calidad de jefe de Crédito, y Martín Rodríguez Baez, como gerente administrativo, ejercían funciones de dirección y este último fue quien le dijo al actor que ya no eran necesarios sus servicios, por lo que estaba despedido y que más adelante tendría noticias por parte de la empresa de una supuesta malversación de fondos y a partir de ese momento le impidió al referido actor desarrollar sus labores; que no dio motivo para ese despido ni se le entregó el aviso de rescisión, por lo que considera que fue injustificado. A continuación ratificó su escrito inicial de demanda. En el caso, es incuestionable que Ernesto Ávila Quiroz al hacer tales precisiones amplió su demanda modificándola sustancialmente, ya que introdujo nuevos hechos en cuanto al reparto de utilidades y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ese despido, señalando a la persona que le informó del mismo y el porqué quedaba separado de su empleo. Así las cosas, se estimaría correcto que ante la inasistencia de los demandados a esa audiencia inicial se les tuviera contestando la demanda en sentido afirmativo; no obstante ello, en el presente caso la Junta responsable de oficio debió suspender la celebración de la audiencia inicial o trifásica y diferirla, ordenando correr traslado a los demandados con la ampliación de mérito, porque ante la ausencia de éstos y la nueva postura procesal del actor, es claro que respecto de esos nuevos hechos no tuvieron conocimiento y por tal motivo no pudieron defenderse de los mismos ni aportar las pruebas pertinentes, ya que esos nuevos hechos propuestos ante la ausencia de los demandados prácticamente se equipara a una falta de emplazamiento, porque no se les hizo saber de la nueva postura procesal del actor, lo que produjo un estado de indefensión en éstos, tanto que por ese motivo no tuvieron oportunidad de solicitar el diferimiento de la referida audiencia a la Junta responsable, a fin de que con el tiempo legal estuvieran en condiciones de proponer sus defensas y excepciones, así como las pruebas relativas. En otras palabras, ante la ausencia de los demandados no era menester, por la misma imposibilidad material que ello conlleva, que hicieran petición al respecto, y de ahí que la responsable oficiosamente y por equidad debió ordenar el diferimiento de la audiencia de mérito, ordenando correr traslado a los demandados para que tuvieran la oportunidad de defenderse de esos nuevos hechos, única y exclusivamente. Es cierto que los invocados artículos 17, 873 y 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, establecen lo siguiente: ‘Artículo 17. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o., se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.’. ‘Artículo 873. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días.’. ‘Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes: ... II. El actor expondrá su demanda, ratificándola o modificándola, precisando los puntos petitorios. Si el promovente, siempre que se trate del trabajador, no cumpliere los requisitos omitidos o no subsanare las irregularidades que se le hayan indicado en el planteamiento de las adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo haga en ese momento.’. Esto es, es cierto que los preceptos legales antes transcritos, o sea, los artículos 17, 873 y 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, no contienen disposición expresa a propósito de la suspensión o el diferimiento de la audiencia de mérito, pero ello se colige del contenido de las tesis de jurisprudencia que sobre el particular se invocan más adelante, pues esa es la interpretación que debe darse a tales preceptos legales a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte demandada, en casos como el de la especie. Tal interpretación se desprende, en lo conducente, de la tesis de jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 58/91, visible en la página 26, tomo 59, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 1992, que es del tenor siguiente: ‘AUDIENCIA LABORAL, EN LA ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES. PUEDE SUSPENDERSE CUANDO EL ACTOR MODIFICA SUSTANCIALMENTE SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA. De la interpretación armónica e integral de los artículos 873, párrafo primero, 875 y 878, fracciones II, VII y VIII, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que, por equidad procesal, por analogía, conforme lo preceptuado por el artículo 17 del ordenamiento legal antes mencionado, y, además, por respeto a la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, las Juntas pueden válidamente ordenar la suspensión de la audiencia, en la etapa de demanda y excepciones, previa solicitud del demandado, para continuarla a más tardar dentro de los cinco días siguientes, cuando en dicha audiencia el actor modifique sustancialmente su escrito inicial de demanda, ya sea porque introduzca hechos nuevos, o bien, porque ejercite acciones nuevas o distintas a las inicialmente planteadas, porque si bien en el ordenamiento mencionado no se establece expresamente la posibilidad de suspender dicha audiencia, el silencio de la ley no es suficiente para aceptar que no proceda tal suspensión, porque de ser así, se contravendría el artículo 14 constitucional, haciendo nugatoria la garantía de audiencia que acoge el párrafo primero del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto establece la obligación de correrle traslado al demandado, con copia de la demanda, cuando menos diez días antes de la celebración de la audiencia de referencia, con lo que se hace patente la intención del legislador en el sentido de garantizar que dicha parte pueda preparar su defensa en forma adecuada y oportuna. Además, la fracción VII del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, establece una hipótesis análoga a la descrita en la fracción II del precepto legal antes mencionado, y en aquel caso sí se permite la suspensión de la audiencia relativa. Por otro lado, de aceptarse la postura de los Tribunales Colegiados Primero y Tercero en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se dejaría al demandado en estado de indefensión, ya que sin tener noticia previa de ello, se le obligaría a contestar hechos nuevos y a oponer excepciones respecto de acciones nuevas o distintas a las ejercitadas en el escrito inicial de demanda; máxime si se toma en cuenta que, como se desprende de lo establecido por los artículos 875 y 878, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas tiene lugar inmediatamente después de concluido el periodo de demanda y excepciones, en la misma audiencia de que se habla, por lo que también se forzaría al demandado a ofrecer pruebas respecto de hechos o acciones desconocidos hasta ese momento por él; lo cual resalta el estado de indefensión en el cual quedaría colocado, con notoria violación a la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional.’. Igualmente dicha interpretación se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 11/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada al resolver la contradicción de tesis 14/97, visible en la página 257, marzo de 1998, Tomo VII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AUDIENCIA LABORAL. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA CUANDO EL ACTOR MODIFICA SUSTANCIALMENTE SU ESCRITO INICIAL. Del análisis relacionado de los artículos 871, 873, 875, 878 y 879 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende, en términos generales, que en la etapa de demanda y excepciones el actor puede ratificar o modificar su escrito inicial de demanda.En el primer supuesto debe estimarse que el demandado está en aptitud de responder a las pretensiones del actor y, por ello, debe proceder a dar contestación a todos y cada uno de los hechos aducidos por éste, oponiendo, además, sus excepciones y defensas, y aun reconvenir al demandante. En cambio, cuando el actor modifica sustancialmente su escrito inicial de demanda (lo cual ocurrirá cuando aduzca hechos nuevos, desvirtúe los alegados para introducir otros que contradigan los que originalmente narró, o bien ejercite acciones nuevas o distintas de las inicialmente planteadas), el demandado no se encuentra obligado a producir la contestación al escrito inicial de demanda en el momento en que se realiza esa modificación porque no tendría oportunidad para preparar sus excepciones y defensas, ni las pruebas respectivas, atendiendo a los cambios efectuados por el demandante. En este orden de ideas, debe concluirse que si en la audiencia se introducen modificaciones al escrito inicial de demanda que no son fundamentales, el demandado está obligado a producir en ese acto su contestación a la demanda, pero si se introducen modificaciones sustanciales, la Junta deberá suspender la audiencia y señalar nueva fecha para su realización, en la cual podrá aquél contestar la demanda en su totalidad.’. Por tanto, esa omisión de la Junta responsable consistente en no suspender la celebración de la referida audiencia, produjo la respectiva indefensión de la quejosa, pues se le privó del derecho de defenderse en relación con esa aclaración y ampliación de la demanda; sobre todo porque, como ya quedó precisado, en tal audiencia el apoderado del actor señaló como fecha del despido el siete de octubre de mil novecientos noventa y ocho y la forma en que aconteció el mismo, además de que aclaró e introdujo nuevos hechos en cuanto al reparto de utilidades, lo cual no había expresado en la demanda inicial que presentó por escrito el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; omisiones que se corroboran con la transcripción del texto del escrito de demanda, que en lo conducente es del tenor siguiente: (es innecesaria la transcripción). Bajo esa tesitura, es obvio que la violación procesal en comento trascendió al resultado del fallo, porque conforme a los puntos resolutivos del laudo reclamado se aprecia que la Junta responsable condenó a la mencionada demandada al pago de diversas prestaciones, a saber: Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, reparto de utilidades, aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Sistema de Ahorro para el Retiro e Instituto Mexicano del Seguro Social. Conviene señalar que la anterior determinación no contraría la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referida en líneas anteriores, que resolvió la contradicción de tesis 14/97, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, toda vez que en la ejecutoria relativa a esa contradicción de tesis, en el considerado segundo se aprecia que la citada Segunda Sala tomó en cuenta que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al fallar el amparo directo 11245/96, determinó negar el amparo a la parte quejosa porque consideró, en el concepto de violación relativo, lo siguiente: ‘TERCERO. El estudio de las anteriores causas de inconformidad conduce a determinar lo siguiente: Es infundado el argumento en el que se aduce, como violación al procedimiento, que indebidamente se le tuvo por admitidos los hechos de la reclamación sin derecho a ofrecer pruebas. Ello se considera así, ya que la resolutora para llegar a tal determinación se apoyó en que el día y hora señalados inicialmente para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, si bien compareció el licenciado Cuauhtémoc González Rojas, quien se ostentó como apoderado legal de todas y cada una de las emplazadas, exhibiendo los instrumentos notariales y tres cartas poder, al hacer uso de la palabra únicamente indicó que vista la adición de aclaración (sic) hecha por la parte actora por conducto de su abogado patrono, solicitaba a la Junta, para mejor desvirtuar las manifestaciones vertidas en dicha acta, se suspendiera la audiencia, señalándose fecha para la continuación de la misma, por lo que al no dar respuesta a la reclamación, no obstante que intervino en la diligencia, la autoridad actuó acertadamente al estimar aquello de lo que ahora se duele, con fundamento en fracción IV del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, ya que la circunstancia de que existiera la aclaración al escrito petitorio, oponiendo sus excepciones y defensas, refiriéndose a todos y cada uno de los acontecimientos aducidos, afirmando o negando éstos, así como expresando los que ignoraba cuando no le fueran propios, pudiendo agregar las explicaciones que considerara convenientes, ya que la suspensión de la audiencia, cuando se ejercitan nuevas acciones al ampliarse la petición, sólo conlleva a que el día y hora que se fije con posterioridad para la continuación de la misma, el contrario pueda hacer valer las excepciones y defensas que mejor convengan únicamente en cuanto a ello, una vez agotada la contestación. Por otra parte, respecto a que Avelino Zazueta Valenzuela demandó a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, A.C. y con posterioridad indicó, en la ampliación que formuló (foja 38), que el nombre correcto de la misma era Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., pero que tal manifestación no puede tomarse en cuenta al existir desistimiento de lo anterior y que por ello el laudo resulta incongruente, debe decirse que no le asiste razón a esta quejosa, ya que si bien el activo dejó insubsistentes sus adiciones (foja 40), lo cierto es que en la audiencia de ley, llevada a cabo el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, además de haberse asentado lo anterior, al ratificar y reproducir ésta y el escrito inicial, hizo lo propio en cuanto a la precisión del nombre correcto, y aun cuando el seis de diciembre de igual anualidad declinó de lo señalado (sic), insistió posteriormente en precisar cómo se denominaba en forma correcta dicha institución, por lo que no puede estimarse que exista incongruencia en el laudo ... En las relacionadas condiciones, al ser infundados e inatendibles los motivos de inconformidad, se está en el caso de negar a las quejosas el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan, lo que se hace extensivo al acto de ejecución.’. En el considerando cuarto de la resolución emitida por la mencionada Segunda Sala, a propósito de la indicada contradicción tesis, aparece que esa superioridad estimó que el referido Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, negó el amparo conforme al argumento siguiente: ‘... resultaba infundado en atención a que la Junta llegó a la decisión de tener por admitidos los hechos de la reclamación y sin derecho de ofrecer pruebas a la demandada, debido a que en el día y hora señalados inicialmente para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, si bien compareció el licenciado Cuauhtémoc González Rojas, quien se ostentó como apoderado legal de todas y cada una de las emplazadas, exhibiendo los instrumentos notariales y tres cartas poder, al hacer uso de la palabra únicamente indicó que vista la adición de aclaración hecha por la parte actora por conducto de su abogado patrono, solicitaba a la Junta, para mejor desvirtuar las manifestaciones vertidas en dicha acta, se suspendiera la audiencia, señalándose fecha para la continuación de la misma, por lo que al no dar respuesta a la reclamación, no obstante que intervino en la diligencia, la autoridad actuó acertadamente al estimar aquello de lo que ahora se duele, con fundamento en la fracción IV del artículo 878 de la Ley Federal de Trabajo ya que la circunstancia de que existiera la aclaración en comento, no lo relevaba de dar contestación al escrito petitorio oponiendo sus excepciones y defensas, refiriéndose a todos y cada uno los acontecimientos aducidos, afirmando o negando éstos, así como expresando los que ignoraba cuando no le fueran propios, pudiendo agregar las explicaciones que considerara convenientes, ya que la suspensión de la audiencia cuando se ejercitan nuevas acciones, al ampliarse la petición, sólo conlleva a que el día y hora que se fije con posterioridad para la continuación de la misma, el contrario pueda hacer valer las excepciones y defensas que mejor le convengan, únicamente en cuanto a ello, una vez agotada la contestación. ...’ (foja 7). La nombrada Segunda Sala, para resolver la indicada contradicción de tesis, específicamente en el considerando tercero aludió a la resolución emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en el amparo directo D. 597/89, en la que, en lo conducente, dicho Tribunal Colegiado estimó: ‘... QUINTO. Son fundados los conceptos de violación. En efecto, del escrito inicial de demanda se aprecia que Fausto Dionisio González Herrera promovió juicio laboral en contra de Transportes Lozada, S.A. de C.V., Miguel Sánchez Moreno y Guillermo Lozada Alfaro, en su carácter de representante legal y socio, respectivamente, de dicha empresa, reclamándoles el pago de las siguientes prestaciones: indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, vacaciones, prima vacacional, salarios retenidos a partir de mes de julio de mil novecientos ochenta y ocho, diferencias de salario y aguinaldo; estas dos últimas prestaciones respecto del año de mil novecientos ochenta y ocho. En la fase de demanda el actor, por conducto de su apoderado, dijo aclarar su escrito inicial en relación con el capítulo de prestaciones, reclamand
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17077-86a49bc9/audiencia-laboral-procede-su-diferimiento-de-oficio-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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