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Modo: Corpus Pro

HUELGA. CUANDO SE SOLICITA LA FIRMA DE UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE NO DEBE CONDICIONAR EL EMPLAZAMIENTO A QUE EL SINDICATO ACREDITE QUE LOS TRABAJADORES DE LA PATRONAL SON SUS AFILIADOS, SINO ATENERSE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 920 Y 923 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SINDICATOS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA SOLICITAR AL PATRÓN, LA FIRMA DE UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, MEDIANTE EL PLIEGO DE PETICIONES CON EMPLAZAMIENTO A HUELGA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17513
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, , Pág. 245.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito consideró al resolver la revisión 119/2001, promovida por el Sindicato Nacional de la Industria de Trabajadores del Ramo del Autotransporte en General San Juan Teotihuacán, con fecha del día doce de julio de dos mil dos lo que, en la parte que interesa, dice:

"El cuarto agravio expresado por el autorizado del sindicato quejoso, hoy recurrente, se estima fundado en relación con la negativa de la protección federal decretada en la sentencia recurrida, por lo que ve a los acuerdos reclamados del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, el primero de fecha trece de noviembre del año dos mil, y que se pronunció por la responsable en el expediente que se formó con motivo del escrito de emplazamiento a huelga, registrado con el número 04630 y promovido por el Sindicato Nacional de la Industria de Trabajadores del Ramo de Autotransporte en General San Juan Teotihuacán, a través de Juan Rodríguez Villegas en su carácter de secretario general y por Otto Walter Winkler Vázquez en su carácter de apoderado general; y el segundo de fecha quince de enero de dos mil uno dictado en el expediente de emplazamiento a huelga con número de registro 04790, promovido por el sindicato ya mencionado, a través de las mismas personas, en cuyos acuerdos la autoridad responsable determinó negar el trámite a los emplazamientos a huelga y archivar los respectivos expedientes como asuntos concluidos y que se apoyó, fundamentalmente, en una jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, y cuya resolución del Juez de Distrito considera el recurrente se pronunció con ausencia de fundamentación y motivación. En efecto, resulta fundado, como ya se dijo, ese motivo de inconformidad, suplido en su deficiencia en la medida que se requiere por ser un sindicato el quejoso y recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones de orden legal: Para una mayor comprensión del asunto cabe recordar que la autoridad responsable, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, al dictar los dos acuerdos materia del acto reclamado, entre otras cosas, adujo que el Sindicato Nacional de la Industria de Trabajadores del Ramo de Autotransportes en General San Juan Teotihuacán, no dio cumplimiento al requerimiento que se hizo por esa autoridad laboral y que no acreditó que los trabajadores que laboran en las empresas que pretende emplazar a huelga están afiliados como miembros de dicho sindicato, ni que los trabajadores que constituyeron la coalición de huelga de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo de Pasajeros de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, estén en servicio, considerando así que no se acreditó la legitimación procesal como uno de los presupuestos que deben ser analizados de manera oficiosa por la autoridad, a efecto de evitar que se ejerciten acciones a nombre de los trabajadores sin su consentimiento o conocimiento, fundamentando su resolución en el sentido de que al no haber dado cumplimiento al requerimiento de la autoridad laboral, en el sentido de que acreditara que los trabajadores que laboran en las empresas que pretende emplazar a huelga están afiliados como miembros de ese sindicato, aportando los nombres de los trabajadores que estén en servicio y lo acreditara con documento idóneo a efecto de con ello justificar el emplazamiento a huelga, hacía aplicable la jurisprudencia X.1o. J/14, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito que se publicó en la página 935 del Tomo XI, febrero de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 'HUELGA. REQUISITOS PARA SU INICIACIÓN. Si la Junta responsable requiere al sindicato solicitante que acredite que los trabajadores que laboran en la empresa estén afiliados, que aporte los nombres de los que están en servicio, y lo justifique con el documento idóneo, tal proceder no es violatorio de garantías, porque este requerimiento es con el objeto de que se justifique la legitimación para solicitar el emplazamiento a huelga, partiendo de la base de que la legitimación procesal es uno de los presupuestos que deben ser analizados de manera oficiosa por la autoridad responsable, por ende, antes de iniciar el procedimiento en cuestión, atento a lo dispuesto en los artículos 387, en relación con el 377, fracción I de la Ley Federal del Trabajo.'. Por su parte, el Juez de Distrito para negar la protección federal al sindicato quejoso, en lo que aquí interesa, resolvió lo siguiente (folios 587v a 588v): 'En otro aspecto, aduce el sindicato quejoso que la Ley Federal del Trabajo en forma expresa establece lo relativo a los emplazamientos a huelga, por lo que no es necesario recurrir a la interpretación por medio de la jurisprudencia, porque en ninguno de los preceptos legales que contiene establece como requisito para la procedencia del emplazamiento a huelga que el sindicato demuestre que los trabajadores que laboran en las empresas que pretende emplazar a huelga estén afiliados como miembros del sindicato o que dichos trabajadores estén en servicio. Lo anterior es infundado pues, como ya se dijo, el capítulo a que alude de la Ley Federal del Trabajo prevé única y exclusivamente lo relativo al «procedimiento de huelga» y, por ende, respecto a la materia sustantiva debe acudirse, como lo hizo la responsable y se estableció en la susodicha jurisprudencia, a la normatividad sustantiva de la Ley Federal del Trabajo, como lo son los artículos 377, fracción I y 387, que fueron interpretados por la mencionada jurisprudencia y, en específico, en el segundo de los citados preceptos, se establece: «Artículo 387. El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar con éste, cuando lo solicite, un contrato colectivo. ...», es decir, contrario a lo que afirma, la propia legislación laboral establece el requisito de legitimación que fue exigido al sindicato quejoso, previo a la emisión de las resoluciones reclamadas. También resulta infundado lo que alega respecto a la aplicación de la jurisprudencia bajo la voz: «HUELGA. REQUISITOS PARA SU INICIACIÓN.», que invoca la responsable, no es obligatorio conforme al criterio que sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en este circuito, que es del rubro: «JURISPRUDENCIA. SI LAS RESOLUCIONES QUE LA ORIGINARON NO DESENTRAÑARON EL ALCANCE Y SENTIDO QUE DEBE ATRIBUIRSE A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE SUPUESTAMENTE INTERPRETA, EN RIGOR JURÍDICO NO CONSTITUYE CRITERIO JURISPRUDENCIAL Y SU APLICACIÓN NO ES OBLIGATORIA.». Ello es así, ya que como se precisó en líneas anteriores, el artículo 387 de la Ley Federal del Trabajo, interpretado en el mencionado criterio jurisprudencial, para apreciar que alude a la celebración del contrato colectivo, por lo que, evidentemente, tal criterio es perfectamente aplicable al sindicato quejoso, tomando en consideración que el objeto de las huelgas que promovió, mismas de las que emergen las resoluciones reclamadas, lo constituye la firma del contrato colectivo de trabajo (foja 30 y 110 del cuaderno de pruebas formado con motivo del expediente remitido por la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje), de ahí que, en la especie, se surten los supuestos de obligatoriedad de la jurisprudencia aplicada al mediar, en la especie, el mismo supuesto del que derivó aquélla. Por último, aduce el impetrante que si se cumplió con el requerimiento formulado por la responsable, fue para no consentir el criterio sustentado por la multirreferida jurisprudencia, porque el identificar a los trabajadores en un procedimiento de huelga, es exponerlos a que sean despedidos, como de hecho ya ocurrió, y también sería consentir la inobservancia del numeral 34 de la Ley Federal del Trabajo, que señala: «Artículo 34. En los convenios entre los sindicatos y los patrones que puedan afectar derechos de los trabajadores, se observarán las normas siguientes: ... II. No podrán referirse a trabajadores individualmente determinados.», en apoyo a lo que afirma invoca los criterios con el rubro: «SINDICATOS BUROCRÁTICOS. LOS LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE SU REGISTRO SON SUS REPRESENTANTES, NO SUS INTEGRANTES EN LO PARTICULAR.' y 'CONVENIOS. APLICACIÓN RESPECTO DE TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).». Lo anterior es infundado, ya que, en principio, el numeral que invoca se refiere, expresamente, a la celebración de convenios entre sindicatos y patrones, en la que no podrá referirse a trabajadores determinados, hipótesis que difiere de la relativa al emplazamiento a huelga con objeto de firma de contrato colectivo, respecto de la cual, la propia legislación laboral en su artículo 387 prevé como requisito de legitimación la existencia de trabajadores empleados de la patronal a quien se pretende emplazar, aspecto que, evidentemente, como consecuencia necesaria para la procedencia del emplazamiento a huelga implica el conocimiento de los nombres de las personas que emplee la patronal y que son miembros del sindicato que pretende la firma del susodicho contrato; además, los criterios que invocan son inaplicables, pues el primero de ellos se refiere a sindicatos «burocráticos» y su registro, situación totalmente disímil a la del quejoso, y el segundo de los criterios se refiere a la aplicación de «convenios» de trabajadores no sindicalizados, situación diversa al emplazamiento a huelga para obtener la firma del contrato colectivo. En consecuencia, no evidenciado que las resoluciones de trece de noviembre de dos mil y quince de enero de la presente anualidad, pronunciadas por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, sean conculcatorias de garantías y no advirtiendo queja deficiente que suplir, en términos del numeral 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y la protección impetrados en contra de ellas.'. Este Tribunal Colegiado considera que es equívoca la forma de razonar del Juez de Distrito, en cuanto a que la negativa de la autoridad responsable a dar trámite a los emplazamientos a huelga promovidos por el sindicato quejoso, hoy recurrente, se encuentra apegada a derecho, toda vez que debe tomarse en cuenta que el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo señala los requisitos formales que debe contener el pliego de peticiones, entre los que se encuentran, que el escrito debe dirigirse al patrón; que debe contener las peticiones; el propósito de ir a la huelga si éstas últimas no son satisfechas; el objeto de la misma, así como el día y hora en que se suspenderán las labores o el término de pre-huelga, además, el diverso artículo 923 de la ley en comento dispone que no se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920, y que el presidente de la Junta, antes de iniciar cualquier emplazamiento a huelga, deberá cerciorarse de lo anterior, ordenar la certificación correspondiente y notificarle por escrito la resolución al promovente, pero no exige que el sindicato demuestre ante esa autoridad laboral que los trabajadores afiliados al sindicato se encuentren laborando en la empresa a la que se pretende emplazar a huelga, sino sólo que se indique que se dirige en contra de la empresa patronal, por tanto, la razón vertida por la responsable, avalada por el Juez de Distrito al negar la protección federal en el sentido de que el sindicato quejoso debió demostrar fehacientemente que sus afiliados eran trabajadores activos de la empresa a la que se pretendía emplazar, resulta desacertada; lo anterior, se insiste, en virtud que la fracción I del artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, si bien es cierto que establece que el pliego de peticiones esté dirigido al patrón, no significa que dicho sindicato deba precisar con exactitud el nombre de sus afiliados y la comprobación de que se encuentren activos en la empresa por emplazar, luego, en el entendido de que donde la ley no distingue el juzgador no tiene por qué hacerlo, es inconcuso que el pliego de peticiones exhibido ante la Junta cubre las expectativas de la ley en el sentido que esté dirigido a la patronal, como sucedió en el caso. Lo anterior tiene su razón de ser, porque el hecho que pretende el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en el sentido de exigir al sindicato que previamente a dar curso al emplazamiento de huelga acredite que sus afiliados son trabajadores activos del patrón, tal circunstancia no está prevista en el artículo 920 para el inicio del procedimiento de huelga, toda vez que ese hecho es materia de prueba y de los artículos 920 y 923 de la Ley Federal del Trabajo, no se desprende en forma alguna que esté prevista la posibilidad de aportar pruebas, ya que la fracción II del citado artículo 920 establece: '... II. Se presentará por duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje ...'; así, la ley laboral no establece más requisito que dirigir el escrito a la patronal y presentarlo por duplicado ante la Junta y como ya se dijo, en esta etapa de presentación del pliego de peticiones ante la Junta, que es donde da inicio el procedimiento de huelga, no es factible la presentación de pruebas para acreditar la plena identificación de que los trabajadores afiliados al sindicato estén en servicio activo ante la empresa que se pretende emplazar a huelga, ya que, en todo caso, dicha cuestión correspondería a una etapa posterior del procedimiento de huelga, en la que previo a la tramitación del incidente respectivo, se efectúe el análisis para decidir sobre la existencia o inexistencia de la huelga. Esto es, si a quien se atribuye el carácter de patrón estima que no lo tiene, o que sus trabajadores no están afiliados a ese sindicato, debe acudir ante la autoridad laboral a presentar su inconformidad en vía de excepción, a fin de que se decida lo procedente. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 79/98, correspondiente a la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, octubre de 1998, página 445, cuyos rubro y texto son los siguientes: 'HUELGA. SUS ETAPAS PROCEDIMENTALES. El análisis de las disposiciones contenidas en el título octavo, capítulos I y II, y título decimocuarto, capítulo XX, de la Ley Federal del Trabajo, permite distinguir, con base en los efectos jurídicos que se producen para las partes y terceros, tres principales etapas dentro del procedimiento de huelga, cuyas características esenciales son las siguientes: a) La primera, que comprende desde la presentación del pliego petitorio por la coalición de trabajadores hasta la orden de emplazamiento al patrón. En esta fase se precisa el motivo, objeto, fecha y hora de la suspensión de labores, se verifica el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad por la autoridad y, en caso de quedar satisfechos, se ordenará su notificación al patrón o, de no ser procedente la petición, se negará el trámite correspondiente, dando por concluido el procedimiento; b) La segunda etapa, conocida también como de pre-huelga, abarca desde el emplazamiento al patrón hasta antes de la suspensión de labores. La notificación del pliego petitorio produce el efecto jurídico de constituir al patrón en depositario de la empresa afectada por la huelga, lo que le impide realizar actos de disposición sobre los bienes del establecimiento, asimismo, se genera la suspensión de la ejecución de las sentencias y diligencias de aseguramiento que recaigan sobre los tales bienes, distintas de fallos laborales y cobro de créditos fiscales, en los términos previstos en la ley. También en esta etapa se celebra la audiencia de conciliación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, en que se procurará el avenimiento de las partes, sin prejuzgar sobre la existencia o justificación del movimiento y, de no llegar a una solución, previamente al estallamiento de la huelga, se fijará el número de trabajadores que deberán continuar laborando, en los casos en que pueda verse afectada la seguridad de la empresa, los bienes de producción o la reanudación de los trabajos y; c) La última etapa se circunscribe del momento de suspensión de labores hasta la resolución de fondo del conflicto. El estallamiento de la huelga suspende los efectos de las relaciones de trabajo y la tramitación de las solicitudes y conflictos de naturaleza económica, durante el periodo de paro de labores. Dentro de las setenta y dos horas siguientes al inicio de la huelga, se podrá solicitar la declaración de su inexistencia por no reunir los requisitos de procedencia y objetivos previstos en la ley, con lo que el patrón quedaría libre de responsabilidad y se fijaría a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas para regresar a laborar, apercibiéndoles que de no acatar lo anterior se darán por terminadas las relaciones de trabajo. De lo contrario, la huelga se considerará legalmente existente, por lo que su conclusión, en el fondo, sólo podría darse por acuerdo entre las partes, allanamiento del patrón a las peticiones o laudo arbitral a cargo de quien elijan las partes o de la Junta en mención, si los trabajadores sometieron a ella la decisión, fallo que resolvería en definitiva sobre la justificación o injustificación de la suspensión de labores.'. En otro orden de ideas y como ya se dijo, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, señalado como responsable, decidió no dar trámite a los conflictos de huelga de que se trata, toda vez que, adujo, el accionante omitió acreditar que sus afiliados prestan sus servicios para la fuente de trabajo que pretendía emplazar a huelga; aspecto este último que dice resulta indispensable para acreditar la legitimación procesal del sindicato para solicitar los emplazamientos a huelga. Pues bien, sobre ese tema de la legitimación, cabe señalar que para que un sindicato pueda demandar a un patrono por la firma de un contrato colectivo, tiene que acreditar que está debidamente registrado ante la Junta competente, toda vez que es el hecho del registro lo que otorga a una agrupación de ese género la correspondiente personalidad jurídica, como lo establece el numeral 368 de la Ley Federal del Trabajo; luego, dicha cuestión queda de manifiesto al tenor del contenido de la certificación expedida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco (folio 124 del cuaderno de pruebas dos), en el sentido de que el sindicato quejoso se encuentra registrado bajo el número 151 ante dicha autoridad, y que Juan Rodríguez Villegas tiene acreditada su personalidad ante esa oficina como secretario general del referido sindicato. Además, le asiste la razón al sindicato quejoso hoy recurrente, en el sentido de que es erróneo lo resuelto por el Juez de Distrito en cuanto a que para acreditar la legitimación procesal, debe acudirse a la materia sustantiva, como lo hizo la responsable, contenida en los artículos 377, fracción I y 387 de la Ley Federal del Trabajo, como lo establece la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en que fundamentó sus negativas para dar inicio a los procedimientos de huelga, toda vez que el Juez de Distrito, como el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje señalado como responsable, en forma desacertada sostienen que con apoyo en la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que se refiere a los requisitos para la iniciación de la huelga, se debe exigir que se cumplan con requisitos que tienden a demostrar la titularidad del derecho sustantivo generador de la acción ejercida, es decir, la legitimación ad causam que solamente es procedente su análisis al resolver el incidente de existencia o inexistencia de la huelga o de imputabilidad o inimputabilidad de la misma, y que no es un presupuesto procesal como erróneamente lo expuso la responsable y lo confirmó el Juez de Distrito al negar la protección federal, porque lejos de referirse al procedimiento o al válido ejercicio de la acción, contempla la relación sustancial, tal como lo dijo el Juez de Distrito al sostener en forma equivocada 'lo anterior es infundado, pues como ya se dijo, el capítulo a que alude de la Ley Federal del Trabajo prevé única y exclusivamente lo relativo al procedimiento de huelga y, por ende, respecto a la materia sustantiva debe acudirse, como lo hizo la responsable y se estableció en la susodicha jurisprudencia, a la normatividad sustantiva de la Ley Federal del Trabajo, como lo son los artículos 377, fracción I y 387 que fueron interpretados por la mencionada jurisprudencia'; es entonces una cuestión sustancial y no procesal lo que se está exigiendo al sindicato quejoso para el ejercicio de su acción, o dicho de otra manera, un presupuesto de la pretensión para la resolución del fondo del conflicto, confundiéndola obviamente con la legitimación al proceso, que sí es un presupuesto procesal, pues refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio, luego, es incorrecto que tanto el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco como el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa de este Tercer Circuito resuelvan que el sindicato quejoso carece de legitimación para ejercer la acción en contra del patrón, dejando de advertir que lo que pretenden que acredite incumbe al derecho sustancial y no a los llamados presupuestos procesales. Al respecto, el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito emitió una tesis aislada número VI.3o.47 C, que este Tribunal Colegiado comparte y se encuentra publicada en la página 820 del Tomo V, marzo de 1997, Novena Época, con número de registro del disco óptico IUS 2001 199,139, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 'LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Debe distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. En efecto, ésta consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva.'. Debe hacerse notar respecto a la cuestión de la legitimación ad procesum y la legitimación ad causam, que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al emitir la jurisprudencia X.1a. J/14, publicada en la página 935, Tomo XI, febrero de 2000, Novena Época, con número de registro 192,337 del disco óptico IUS 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 'HUELGA. REQUISITOS PARA SU INICIACIÓN. Si la Junta responsable requiere al sindicato solicitante que acredite que los trabajadores que laboran en la empresa estén afiliados, que aporte los nombres de los que están en servicio, y lo justifique con el documento idóneo, tal proceder no es violatorio de garantías, porque este requerimiento es con el objeto de que se justifique la legitimación para solicitar el emplazamiento a huelga, partiendo de la base de que la legitimación procesal es uno de los presupuestos que deben ser analizados de manera oficiosa por la autoridad responsable, por ende, antes de iniciar el procedimiento en cuestión, atento a lo dispuesto en los artículos 387, en relación con el 377, fracción I de la Ley Federal del Trabajo.'; hace mención que la legitimación procesal es uno de los presupuestos que deben ser analizados por la autoridad responsable antes de iniciar el procedimiento de huelga, con base en los artículos 387 en relación con el 377, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, tales dispositivos legales no se refieren a un presupuesto procesal de previo y especial pronunciamiento antes del inicio de una huelga, ya que únicamente refieren que el patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato, tiene obligación de celebrar con éste un contrato colectivo y que si se niega los trabajadores podrán ejercer el derecho de huelga y, por otra parte, que los sindicatos están obligados a proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicato, de ahí que no es factible que tales normas se relacionen con el procedimiento de huelga que prevén los artículos 920 a 938, que en ninguna de esas normas se exigen tales requisitos y como se ve, la pretensión de la responsable de que se acredite que los trabajadores que pertenecen a su sindicato tengan actividad en la empresa o empresas que se pretende emplazar a huelga, es una cuestión de fondo que no tiene nada que ver con el inicio del procedimiento de la huelga porque, como ya se dijo, es inclusive materia de excepción de la parte patronal, contrario a lo que afirma el Juez de Distrito en el sentido que el artículo 387 de la ley laboral establece el requisito de legitimación, previo a la resolución que dé inicio al procedimiento de huelga, toda vez que la comprobación o no, de que los trabajadores afiliados a determinado sindicato pertenecen a la empresa emplazada a huelga, será motivo de prueba ante la Junta responsable, mediante la excepción que, en su caso, interpusiera el patrón."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la revisión principal 98/2001, promovida por el Sindicato Nacional de la Industria de Trabajadores del Ramo de Autotransporte en General San Juan Teotihuacán determinó amparar al quejoso apoyándose, en lo conducente, en las siguientes consideraciones:

"Por otro lado, como se dijo, la Junta responsable decidió no dar trámite al conflicto de huelga de que se trata, toda vez que, adujo, el accionante omitió acreditar que más de dos de sus afiliados prestan sus servicios para la fuente de trabajo emplazada; aspecto este último que dice resulta indispensable para acreditar la legitimación del sindicato para solicitar el emplazamiento a huelga. Pues bien, sobre ese tema de la legitimación, cabe señalar que para que un sindicato pueda demandar a un patrono por la firma de un contrato colectivo, tiene que acreditar que está debidamente registrado ante la Junta competente, toda vez que es el hecho del registro lo que otorga a una agrupación de ese género la correspondiente personalidad jurídica, como lo establece el numeral 368 de la Ley Federal del Trabajo; luego, dicha cuestión queda de manifiesto al tenor del contenido de la certificación expedida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco (folio 12), en el sentido de que el sindicato quejoso se encuentra registrado bajo el número 151 ante dicha autoridad, y que Juan Rodríguez Villegas tiene acreditada su personalidad ante esa oficina como secretario general del referido sindicato. Ahora bien, según se advierte de lo transcrito, en su escrito de emplazamiento de huelga, entre otras cosas, el ahora quejoso expuso (folio 15): 'Tal como lo acreditamos con los documentos justificativos a los que hago referencia, el secretario general y el suscrito en mi calidad de apoderado especial del sindicato emplazante, representamos a la totalidad de los trabajadores operadores y transportistas que prestan sus servicios en la fuente de trabajo ubicada en Km. 4 (más) 800 Aprox. del camino a San José de los Pozos, Mpio. Acatlán de Juárez, Jal. II. Es el caso que la ahora empresa emplazada se ha negado en forma sistemática a celebrar con el sindicato que representamos el contrato colectivo que debe regir las relaciones obrero-patronales entre el sindicato y la empresa, en el gremio especializado de autotransporte, por tal motivo ocasiona el presente emplazamiento de huelga a fin de conseguir el equilibrio entre la fuerza, el trabajo y el capital, consecuentemente la firma del citado contrato colectivo que se adjunta.'. Hechos que no fueron controvertidos por la empresa emplazada, ya que no dio contestación a ese escrito. Así las cosas, el sindicato emplazante adujo que representaba a la totalidad de los trabajadores operadores y transportistas que prestan sus servicios en la fuente de trabajo emplazada, lo cual no fue controvertido por la misma al no haber comparecido a oponerse, debe tenerse por acreditada su legitimación, ya que bastaba con que se demostrara, como así se hizo, que el sindicato quejoso se encontraba debidamente registrado ante la Junta competente. Así es, siendo la presentación del pliego de peticiones el inicio del procedimiento de huelga mismo que se debe desarrollar de conformidad con las normas establecidas en los artículos del 929 (sic) al 938 de la Ley Fe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17513-a81adabe/huelga-cuando-se-solicita-la-firma-de-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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