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Modo: Corpus Pro

CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 68/2006-PS. · Registro digital (IUS): 19868
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 129.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 68/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de materia civil, de la competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, habida cuenta de que la formuló el presidente del Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

TERCERO. Los criterios que originaron la denuncia de contradicción de tesis que ahora se resuelve, son los siguientes:

1. El Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo civil en revisión 894/2005, derivado del juicio de amparo 665/03, fallado en sesión de cuatro de mayo de dos mil seis, estableció, en lo que al tema planteado se refiere, lo siguiente:

"QUINTO. El estudio de los agravios conduce a las siguientes consideraciones: ... Los restantes agravios son fundados en lo esencial, en los términos que enseguida se exponen: En la sentencia recurrida se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Adelaida Robledo Cruz en contra del auto reclamado, al considerar a Arturo Gerardo Benavides Lozano causahabiente del demandado en el juicio natural Juan Marcos Cortez Bautista, por lo cual se estimó no podía ser considerado como tercero extraño a juicio; sin embargo, como lo considera el recurrente, para considerarlo causahabiente era necesario que tuviera conocimiento de que el inmueble en cuestión se encontraba en litigio, lo cual no se acreditó hasta el momento de la emisión del acto reclamado, según se expone enseguida. Doctrinalmente se ha definido al causahabiente como el sucesor de los derechos de una persona, de quien ha adquirido un derecho o propiedad, lo cual puede ser a título universal o particular. Empero, para que se actualice esa figura jurídica, desde el punto de vista procesal, tratándose de adquisición de inmuebles, es necesario que el adquiriente lo haga con conocimiento de que el bien en cuestión está sujeto a una controversia judicial o reporte un gravamen, lo cual puede ser de su conocimiento, si la demanda que origina la contienda o el gravamen en comento están inscritos en el Registro Público de la Propiedad, o si dicho conocimiento previo se demuestra con algún otro medio de prueba idóneo. En este sentido, tiene aplicación la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, cuyo criterio desde luego se comparte, publicada en la página 1270 del Tomo XV, enero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: ‘CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, NO SE ACTUALIZA SI EL QUEJOSO NO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL O GRAVAMEN A QUE ESTÁ SUJETO EL BIEN ADQUIRIDO.’ (se transcribe). Igualmente, es dable citar, en lo conducente, la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1457 del Tomo XVII, marzo de 2003, época y órgano de difusión judicial citados, del tenor literal siguiente: ‘CAUSAHABIENTES. PERSONAS QUE TIENEN ESTE CARÁCTER, TRATÁNDOSE DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS.’ (se transcribe). En el mismo sentido se pronunció el entonces Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, en la tesis consultable en la página 37, tomo 127-132, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, en donde se consideró: ‘CAUSAHABIENCIA.’ (se transcribe). Ya desde la Quinta Época, se había pronunciado en este sentido la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 2872, Tomo XIII, de la apuntada época del Semanario Judicial de la Federación, ello en los términos siguientes: ‘CAUSAHABIENTES.’ (se transcribe). Así también se pronunció la citada Tercera Sala, en la diversa tesis visible en la página 1251 del Tomo XCV, época y órgano de difusión judicial, en donde se apuntó: ‘CAUSAHABIENTES, NECESIDAD DE QUE TENGAN CONOCIMIENTO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA SUS CAUSANTES, PARA QUE LES AFECTE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL MISMO (LEGISLACIÓN DE NUEVO LEÓN).’ (se transcribe). En el caso concreto, se advierte de las constancias que al momento de desahogarse la diligencia de fecha ocho de junio de dos mil cinco, relativa a la ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, visible a foja seiscientos veinticuatro, practicada por el secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, se apersonó el ahora tercero perjudicado y recurrente Arturo Gerardo Benavides Lozano, quien manifestó que el predio en donde se practicaba dicha diligencia era de su propiedad, exhibiendo el primer testimonio del acta número tres mil ochocientos veintitrés del volumen sexagésimo tercero del protocolo a cargo del notario público número cincuenta y tres con residencia en esta ciudad, en la cual se hace constar el contrato de compraventa celebrado entre el demandado en el juicio natural Juan Marcos Cortez Bautista como vendedor y Arturo Benavides Lozano como comprador de dos bienes inmuebles, los cuales ahí se identifican -uno con superficie de 2-00-00 has. (dos hectáreas) y otro con superficie de 5-58-89.2 has. (cinco hectáreas, cincuenta y ocho centiáreas y ochenta y seis [sic] dos décimos de áreas), en la cual se hizo constar que los bienes en cuestión se encontraban libre de todo gravamen y al corriente de las obligaciones fiscales, controlados con las claves catastrales 31-04-1878 y 31-04-1879. En la mencionada diligencia el citado secretario de Acuerdos se hizo acompañar del perito nombrado para la misma, arquitecto Marco Favio López Márquez, a quien interrogó en los términos siguientes: (se transcribe). En base de lo anterior, el Juez responsable dictó acuerdo de fecha cinco de julio de dos mil cinco, en el cual, en relación con la solicitud de la parte actora, en la que solicitaba se llevara a cabo la ejecución de la sentencia; proveyó que no había lugar a acordar de conformidad en atención a que el artículo 646, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, establece que la ejecución de las resoluciones judiciales únicamente afectará al deudor y a su patrimonio y no a terceras personas cuyos bienes y derechos deben ser respetados, situación que estimó se actualizaba en razón de la citada diligencia de ocho de junio de dos mil cinco, en donde se pudo identificar el inmueble materia del juicio, así como el excedente que se venía haciendo referencia en autos, se señaló que resultaron ser coincidentes con los datos que identifican el inmueble cuya propiedad justificó tener el señor Arturo Gerardo Benavides Lozano. En contra de ese proveído la parte actora, ahora quejosa, interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto en fecha diecisiete de agosto de dos mil cinco, auto que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. En este orden de ideas, debe señalarse que el artículo 78 de la Ley de Amparo, establece que en el juicio de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Así las cosas, es claro que hasta el momento de dictarse la resolución reclamada no se acreditó que el ahora recurrente tuviera conocimiento de la existencia del juicio natural puesto que no se advierte que se hubiere solicitado y ordenado inscribir anotación marginal en el Registro Público de la Propiedad en el sentido de que el inmueble en cuestión se encontraba sujeto a litigio, puesto que de haberse procedido de esa manera es claro que no se podría considerar al aquí agraviado como tercero adquiriente de buena fe; igualmente, tampoco se demostró hasta el momento de la emisión de la resolución señalada como acto reclamado con cualquier otro medio de prueba, el conocimiento de la existencia del juicio por parte de Arturo Gerardo Benavides Lozano, por lo cual no se puede válidamente considerar como causahabiente del demandado en el mismo (Juan Marcos Cortez Bautista). Ahora bien, en relación con la anotación marginal, en la sentencia venida en revisión se estableció que ésta únicamente tenía efectos publicatorios (sic) pero no constitutivos de derechos, y en la especie el bien jurídico que tutela la acción interdictal es la posesión interina, por lo que se estimó intrascendente la inscripción registral; criterio con el cual no se coincide, puesto que, como señala el recurrente, la anotación marginal en el Registro Público de la Propiedad en el Estado de Tamaulipas, previsto en el artículo 251, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, tiene por objeto la publicidad de que el inmueble se encontraba en litigio, por lo que de realizado, es claro que si le hubiere perjudicado al ahora agraviado, en virtud de que es obvio que en ese supuesto éste no podía alegar desconocimiento y entonces debería ser considerado como causahabiente del demandado, al efecto, es conveniente invocar el dispositivo legal citado, el cual establece: (se transcribe). Luego entonces, si en el caso concreto no se realizó esa anotación marginal, ni se demostró por cualquier otro medio de prueba hasta el momento de la emisión de la resolución reclamada que el aquí recurrente tenía conocimiento de la existencia del juicio, es claro que no se le puede considerar causahabiente del demandado, y no podía perjudicarle el mismo. Por las razones que la informan, se invoca la tesis de jurisprudencia por contradicción 99/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77, Tomo XXI, enero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en donde se establece: ‘CAUSAHABIENCIA. NO SE SURTE RESPECTO DE UN BIEN ADQUIRIDO DESPUÉS DE EMBARGADO, PERO ANTES DE QUE LA TRABA SE INSCRIBA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.’ (se transcribe). Efectivamente, aun cuando la tesis transcrita se refiera al embargo, las razones contenidas en la misma sirven de base para considerar que aquel quien adquiere un inmueble sujeto a litigio, no puede ser considerado causahabiente si lo adquirió cuando no se había inscrito anotación marginal en el Registro Público de la Propiedad, en el sentido de que el inmueble se encontraba sujeto a litigio. No pasa inadvertido el hecho de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito haya establecido la tesis visible en la página 1423 del Tomo XXI, mayo de 2005, época y órgano de difusión judicial citados, del tenor literal siguiente: ‘CAUSAHABIENCIA. SE ACTUALIZA CUANDO EL ADQUIRENTE DE UN BIEN COMPRA CON POSTERIORIDAD A LA INSTAURACIÓN DE LA DEMANDA SEGUIDA CONTRA SU CAUSANTE CON INDEPENDENCIA DE QUE LA DEMANDA NO HUBIERA ESTADO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y, POR TAL MOTIVO, NO ESTUVIERA ENTERADO DEL LITIGIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribe). Sin embargo, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio contenido en la tesis recién transcrita, por lo que en su oportunidad se deberá denunciar la contradicción de tesis, ello de conformidad con las siguientes consideraciones: El artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, establece: (se transcribe). Por su parte, el artículo 255, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, dispone: (se transcribe). Ahora bien, la circunstancia de que en ambos ordenamientos adjetivos se establezca que el actor podría solicitar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de que el inmueble en cuestión se encuentra en litigio, si bien es cierto implica que ello no es obligatorio y, por ende, es potestativo; ello no puede resultar que en el supuesto de adquirir un tercero extraño el bien relativo sin tener conocimiento de la existencia del juicio, le devenga el carácter de causahabiente. Efectivamente, si bien es cierto que la medida de conservación en comento es opcional para el actor, ello implica que en el supuesto de solicitarla y tramitar su inscripción, si un tercero adquiere el inmueble estará a las resultas del juicio y le deparará perjuicios la sentencia; pero en el caso contrario, es claro que ello le perjudicara al actor por no haber ejercido oportunamente su derecho; pues en tratándose de la medida de conservación en comento, el hecho de que no se tramite le causa perjuicios al actor, en virtud de que precisamente por no haber tramitado la inscripción marginal no puede alegar conocimiento del tercero adquirente, tal como sucede en el caso de los embargos, según se estableció en la tesis de jurisprudencia 99/2004 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país antes invocada. El promovente del juicio tiene derecho a solicitar las medidas de conservación que prevé la ley, pero en caso de no hacerlo, tal circunstancia sólo le puede deparar perjuicio al mismo y no a terceros adquirentes de buena fe, en virtud de que sólo él es responsable de su conducta omisiva. Tampoco pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, el hecho de que la parte quejosa ofreció testimoniales en el juicio de amparo en primera instancia a efecto de justificar que el ahora recurrente, Arturo Gerardo Benavides Lozano, tenía conocimiento de la existencia del juicio natural; empero, debe estarse al hecho de que el acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable según lo dispone categóricamente el artículo 78 de la Ley de Amparo, por lo cual, si en el caso concreto el acto reclamado lo constituye el auto que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte actora en contra del auto de cinco de julio de dos mil cinco, y no aparece que ante la responsable se hayan ofrecido y desahogado esas pruebas testimoniales, es claro que tampoco pueden ser tomadas en consideración en el presente juicio constitucional. Tiene aplicación en este sentido, la tesis de jurisprudencia del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 279 del Tomo III, febrero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: ‘ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL. NO RENDIDA ANTE LA RESPONSABLE.’ (se transcribe). En el mismo sentido la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 492, Tomo II, noviembre de 1995, época y órgano judicial de difusión antes citados, con el rubro y texto siguientes: ‘ACTO RECLAMADO, APRECIACIÓN DEL, AL TENOR DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Por consiguiente, al resultar fundados los agravios analizados, lo procedente es analizar los conceptos de violación que no fueron estudiados en la sentencia de primer grado, en términos de lo establecido en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo (fojas 16 vuelta a 27 vuelta del toca). SÉPTIMO. El estudio de los conceptos de violación conduce a las siguientes consideraciones: Los conceptos relativos a que el tercero Arturo Gerardo Benavides Lozano es causahabiente devienen infundados, puesto que según se analizó en el considerando quinto de esta ejecutoria, al estudiar los agravios esgrimidos por el recurrente en contra de la sentencia de primer grado, el citado tercero no tiene esa cualidad, por no demostrarse hasta el momento de la emisión del acto reclamado que tenía conocimiento de la existencia del juicio, por lo cual en este considerando deviene innecesario su análisis. Aduce también como motivo de inconformidad la parte quejosa, que en el juicio natural Arturo Gerardo Benavides Lozano no justificó fehacientemente ser el legítimo poseedor del predio en cuestión, agregando que en el contrato de compraventa exhibido por el mismo en ninguna de las cláusulas se estipuló que el enajenante haya hecho entrega material y dado posesión física del bien al citado tercero, lo cual era fundamental para el caso, toda vez que el juicio natural es un interdicto para recuperar la posesión y suspensión de obra; lo cual es infundado en razón de que como lo consideró el Juez natural, el tercero Arturo Gerardo Benavides Lozano acreditó ser propietario del inmueble que amparaba el contrato de compraventa exhibido en la diligencia antes citada de fecha ocho de junio de dos mil cinco, y en esa actuación se hizo constar que ese inmueble era el mismo en el cual se pretendía ejecutar la sentencia del juicio. En este orden de ideas, debe señalarse que el artículo 683 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, establece que el propietario tiene la posesión originaria del bien, de ahí que aun cuando no se haya hecho constar en el contrato traslativo de propiedad de referencia que el vendedor hizo entrega física y material del inmueble en cuestión, es claro que el comprador tiene la posesión originaria de ese inmueble a virtud de haber adquirido la propiedad del mismo, de ahí lo infundado del argumento que se analiza. Por las razones que la informan y en lo conducente, es dable citar la tesis de jurisprudencia 40/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 320 del Tomo XIV, julio de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en donde establece: ‘PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL CONTRATO DE COMPRAVENTA ES UN MEDIO APTO PARA ACREDITAR LA POSESIÓN EN CONCEPTO DE DUEÑO, AUN CUANDO SE ENCUENTRE PENDIENTE DE SATISFACER EL PAGO RESPECTIVO. Para demostrar la posesión en concepto de dueño es necesario acreditar la existencia de un título del que se derive la posesión originaria, es decir, de un título cuya naturaleza sea traslativa de dominio; por consiguiente, si el contrato de compraventa, cuando es de fecha cierta y tratándose de un bien cierto y determinado, tiene tal carácter, es inconcuso que es apto para acreditar que el comprador posee a título de dueño, resultando irrelevante la falta de pago del precio, pues ese incumplimiento no afecta el carácter de la posesión originaria del comprador, la cual se detenta en virtud de un título cuya finalidad es la transmisión permanente de la propiedad, misma que no se altera por la omisión en el pago, toda vez que ello es materia del cumplimiento del contrato, que no modifica su naturaleza y, por ende, la de la posesión originaria.’. En los conceptos de violación a estudio también se afirma que el Juez responsable omitió analizar el fondo del asunto, toda vez que en el caso el derecho controvertido es la posesión interina de una cosa; lo cual también es infundado en razón de que si bien el juicio natural versa sobre el interdicto para recuperar la posesión y ello es en forma interina, y no se pueden hacer valer cuestiones de propiedad, lo cierto que ello es únicamente entre las partes contendientes, actor y demandado, Adelaida Robledo Cruz y Juan Marcos Cortez Bautista, y como lo consideró el Juez natural, Arturo Gerardo Benavides Lozano tiene el carácter de tercero, y acorde lo establecido en el artículo 646, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles, la ejecución de las resoluciones judiciales no puede afectar a terceras personas; así las cosas, si el citado tercero es adquirente de buena fe del inmueble en cuestión y por ello propietario, es claro que disfruta de la posesión originaria, la cual no puede ser afectada, ni siquiera interinamente, a virtud de un juicio en el cual no fue parte, puesto que ello iría en contravención de la garantía de previo juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En las relatadas condiciones, al resultar fundados los agravios del tercero perjudicado Arturo Benavides Lozano en contra de la sentencia venida en revisión e infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, sin que en el caso exista motivo legal para suplencia, lo procedente es revocar la sentencia de primer grado, para en su lugar negar el amparo y protección impetrados por Adelaida Robledo Cruz en contra del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." (fojas 28 vuelta a 30 vuelta del toca).

Cabe mencionar que el criterio de este Tribunal Colegiado no fue plasmado en tesis alguna.

2. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la revisión principal 381/2004, derivada del juicio de amparo 57/99, en sesión de quince de octubre de dos mil cuatro, resolvió, en lo conducente, lo que a continuación se transcribe:

"SEXTO. Unos agravios son infundados, y otros fundados pero inoperantes, de acuerdo con las siguientes consideraciones. ... ‘CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO.’ (se transcribe). Por otro lado, sostiene, en resumen, que no comparte el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto a que la causahabiencia se actualizó por el hecho de que la adquisición del bien inmueble fue formalizada con posterioridad al llamamiento de los demandados al juicio natural, pues, afirma, pierde de vista que la recurrente es adquirente de buena fe del bien raíz, y que sus escrituras se encuentran registradas en el Registro Público de la Propiedad, y que no han sido canceladas, ya que el Juez de instancia ordinaria está respetando sus derechos como tercero adquirente de buena fe. Agrega, que la desposesión del inmueble afecta su interés jurídico, ya que no fue oída ni vencida en juicio, pues de las actuaciones judiciales del juicio natural, no se advierte actuación alguna que demuestre que haya tenido conocimiento del juicio instaurado en contra de Martha Alicia Becerra Serratos, para haber podido defender sus derechos. También afirma, que además de no tener conocimiento del juicio original, el actor al promover la demanda debió haberla registrado en el Registro Público de la Propiedad para darle publicidad, como lo ordenan los numerales 1252, 1253 y 1254 del Código Civil del Estado de Jalisco, y la Ley del Registro Público de la Propiedad en el Estado, en el capítulo III, ‘Del Registro Inmobiliario’, en el artículo 38, fracciones I, II y XIX, ya que arguye, que la publicidad de las inscripciones del Registro Público de la Propiedad, ponen de manifiesto la condición de los inmuebles en cuanto a sus modificaciones o mutaciones, gravámenes y restricciones que limitan su valor y circulación, con la finalidad de evitar fraudes y abusos provenientes de ocultaciones, e imprimen certidumbre y seguridad de los hechos y actos jurídicos en lo que ve a las partes y a los terceros; por lo que al haber omitido la parte actora la inscripción de su demanda, la quejosa recurrente no tuvo conocimiento del juicio instaurado en contra de Martha Alicia Becerra Serratos, hasta el día en que se llevó a cabo la diligencia de lanzamiento, y que de haber tenido conocimiento de dicho juicio no hubiera adquirido el inmueble, lo que pone en evidencia que la parte actora incumplió con la ley para darle publicidad al actor jurídico para surtir efectos contra terceros, los que prevalecen sobre los derechos de las personas que obtienen la nulidad del título del enajenante. Sus alegaciones son infundadas. Para establecer lo anterior, resulta necesario indicar lo que el Juez de Distrito argumentó en la sentencia materia de revisión, el cual estableció lo siguiente: (se transcribe). En principio, se torna indispensable indicar que el juicio de donde emana el acto reclamado, fue promovido por el apoderado legal de Rebeca Franco Román, en la vía civil ordinaria, en contra de Martha Alicia Becerra Serratos viuda de Madrigal y Luis Villegas Franco, entre otros, a los que demandó lo siguiente: (se transcribe). En sentencia de trece de septiembre de dos mil (fojas [sic] 236), el Juez de instancia ordinaria absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas y condenó a la actora al pago de costas de esa instancia. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, el que por razón de turno tocó conocer a la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, la que por resolución de veintiuno de enero de dos mil dos (fojas 252 a 270), declaró fundados los agravios del apelante para revocar la sentencia recurrida, y reasumiendo jurisdicción, declaró improcedente la nulidad de la escritura 12,739, de fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, que contiene el poder general judicial para pleitos y cobranzas y actos de administración y de dominio, otorgado por Otilio Franco González, a favor de Luis Villaseñor Franco; condenó a los demandados a las prestaciones reclamadas, esto es, determinó la nulidad de la escritura 25,756, de fecha dos de enero de mil novecientos noventa y cinco, que contiene el contrato de compraventa celebrado por Otilio Franco González, representado por su apoderado legal Luis Villegas Franco, como vendedor y Martha Alicia Becerra Serratos viuda de Madrigal, como compradora, respecto del predio marcado con el número 5, de la manzana 111, de la Avenida Jerusalén, Fraccionamiento San Remo, del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y como consecuencia de ello, la reintegración mutua de las partes, como es la devolución del precio recibido por parte del vendedor, con sus respectivos intereses, y a la supuesta compradora la restitución del referido inmueble; también condenó al demandado Luis Villaseñor Franco, por el pago de daños y perjuicios; y absolvió a la demandada Martha Alicia Becerra Serratos viuda de Madrigal, por el pago de gastos y costas. Posteriormente, en proveído de veintidós de febrero de dos mil dos (foja 251), la ad quem realizó una aclaración de sentencia, donde especificó, en la proposición sexta, el nombre de las partes quienes deben restituirse las prestaciones contenidas en la referida proposición. Luego, en diligencia de veinticuatro de noviembre de dos mil tres (fojas 310 y 311), se puso en posesión del inmueble materia de la controversia a la parte actora. Hechas las anteriores precisiones, como se dijo, sus agravios son infundados. Ello, porque de lo reseñado en líneas que anteceden, se destacan varias situaciones, la primera, que la parte quejosa Gloria Elena Camarena Manzo, ahora recurrente, no figura como parte en el juicio natural; la segunda, que la transmisión de la propiedad por compraventa que hiciera la demandada aquí tercera perjudicada Martha Alicia Becerra Serratos viuda de Madrigal, a la recurrente quejosa Gloria Elena Camarena Manzo, del terreno urbano marcado con el número 5, de la manzana III, ubicado en la Avenida Jerusalén, Fraccionamiento San Remo, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se realizó, según la copia de la escritura pública relativa allegada por la impetrante, el dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve, esto es, cuando el juicio natural se encontraba en trámite, pues la demanda fue admitida por el Juez natural en auto de fecha veintiséis de enero de mil novecientos noventa y nueve (foja 94), la demandada Becerra Serratos viuda de Madrigal, fue emplazada el primero de junio de mil novecientos noventa y nueve (foja 114), y se le tuvo contestando la demanda en proveído de doce de abril de dos mil (foja 136), y el juicio se falló en resolución de trece de septiembre de dos mil tres (fojas 236 a 240); de lo que se sigue, que cuando adquirió la recurrente quejosa el bien raíz, ya se había instaurado el procedimiento en contra de la referida vendedora, actualizándose así la figura jurídica de la causahabiencia. Ahora bien, en este punto, es necesario establecer el significado de la causahabiencia, para ello se acude a la obra del jurisconsulto Eduardo Pallares, titulada ‘Diccionario de Derecho Procesal Civil’, editada en el año de mil novecientos noventa y ocho, por Editorial Porrúa, donde en las páginas 149 y 150, se lee lo siguiente: ‘CAUSAHABIENTE.’ (se transcribe). Sobre el mismo tema, cabe citar la definición de causahabiente contenida en el ‘Diccionario Jurídico Mexicano’, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado por Editorial Porrúa, en el año de mil novecientos noventa y siete, página 435, que establece lo siguiente: ‘CAUSAHABIENTE.’ (se transcribe). Bajo esa perspectiva, como se dijo, al haber adquirido la quejosa recurrente el bien raíz cuando ya se había instaurado la demanda de reivindicación por dicho inmueble en contra de su supuesta vendedora, es inconcuso que se actualiza la figura de la causahabiencia, entendiéndose como tal la sustitución de un titular por otro. Para dar claridad a lo anterior, se cita la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que se comparte, consultable en el Tomo XIII, marzo de 1994, página 322 de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘CAUSAHABIENTE.’ (se transcribe). Sin que pase inadvertido que la quejosa recurrente desconocía que al momento de adquirir el predio en cuestión, se estuviera tramitando un procedimiento en contra de quien le transmitía la propiedad del inmueble, en el que precisamente se dirimía la cuestión de la propiedad de ese bien raíz. No obstante ello, esa circunstancia no hace inaplicable la figura jurídica de la causahabiencia, pues no es requisito sine qua non para su procedencia que el adquirente estuviera enterado del juicio que se tramitaba en contra de la vendedora del bien inmueble que le transmitía la propiedad, debido a que la c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19868-6853160d/causahabiencia-para-efectos-procesales-su-actualizacion-requiere-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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