ACCIÓN REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE SI SE INTENTA CONTRA QUIEN DETENTA LA POSESIÓN QUE DERIVA DEL VÍNCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, POR LO QUE DEBE EJERCERSE LA ACCIÓN PERSONAL BASADA EN LA DISOLUCIÓN DE ESE VÍNCULO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de materia civil, de la competencia exclusiva de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se encuentra facultado para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver con fecha once de mayo de dos mil seis, el juicio de amparo directo número 58/2006, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"... es necesario atender a las figuras jurídicas involucradas en la especie, a saber, la acción reivindicatoria, en general y en particular la ejercida entre quienes fueron cónyuges, y el litisconsorcio pasivo necesario, así como los antecedentes del asunto que tienen relevancia en la especie. En cuanto a la acción reivindicatoria, el artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dispone: ‘Artículo 4o.’ (se transcribe). Asimismo, la jurisprudencia número 21 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo IV, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Sexta Época del rubro y texto siguientes, establece: ‘ACCIÓN REIVINDICATORIA. SUS ELEMENTOS.’ (se transcribe). Por tanto, cuando el actor ejerce esa acción es necesario, para la procedencia de la misma, que demuestre tener la propiedad del bien, la posesión de éste por su contraparte y la identidad respectiva. Sin embargo, la mera acreditación de esos elementos puede ser insuficiente para la procedencia de la mencionada acción real, como ocurre, verbigracia, si la posesión es derivada, o sea, concedida al poseedor por el propietario en virtud de algún acto jurídico que permita a aquél retener temporalmente la cosa, según la diferenciación entre posesión originaria y derivada que establece el artículo 791 del Código Civil para el Distrito Federal: ‘Artículo 791.’ (se transcribe). De manera que, la existencia de una relación personal de carácter contractual entre actor y demandado que justifique la posesión de este último (arrendamiento, comodato, etcétera) excluye el ejercicio de una acción real como la reivindicatoria, y precisa que se ejerza la acción personal respectiva. Así, se deriva de los criterios reiterados de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ‘ACCIÓN REIVINDICATORIA, PROCEDENCIA DE LA.’ (se transcribe), ‘ACCIÓN REIVINDICATORIA, PROCEDENCIA DE LA.’ (se transcribe) y ‘ACCIÓN REIVINDICATORIA IMPROCEDENTE (POSESIÓN DERIVADA).’ (se transcribe). Aunque el caso más común de esa posesión derivada que impone el ejercicio de una acción personal, con exclusión de la reivindicatoria, es el del arrendatario, existen otros actos jurídicos que pueden dar lugar a esa clase de posesión, como, por ejemplo, el matrimonio. En efecto, los artículos 146, 163, 212 y 266 del Código Civil para el Distrito Federal, establecen: ‘Artículo 146.’ (se transcribe). ‘Artículo 163.’ (se transcribe). ‘Artículo 212.’ (se transcribe). ‘Artículo 266.’ (se transcribe). La interpretación sistemática de esos preceptos, lleva a establecer que el matrimonio constituye un acto jurídico, en tanto nace a partir de la libre manifestación de la voluntad de los contrayentes y requiere para su celebración ciertos requisitos legales; que los esposos habitan en un domicilio conyugal, cuando en éste actúan con plena autoridad e iguales consideraciones; que en el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges conserva la propiedad y administración de sus respectivos bienes; y, que el divorcio disuelve el vínculo jurídico matrimonial, permitiendo a los cónyuges contraer otro. Los esposos, en virtud del matrimonio, pueden establecer su domicilio conyugal en un inmueble que no sea propio de ninguno de ellos, en tanto gocen de la autoridad propia antes indicada; que sea propiedad de ambos; o, que el dominio pertenezca sólo a uno de ellos, ya sea que lo haya adquirido antes o durante el matrimonio. Cuando se da este último supuesto, y existe un régimen de separación de bienes, el inmueble sede del hogar permanecerá en todo momento como propiedad del cónyuge respectivo, quien conservará la posesión originaria, mientras que el diverso integrante de la pareja tendrá una posesión derivada, cuya causa se encuentra en el acto jurídico del matrimonio. Sin demérito de ese dominio exclusivo de uno de los cónyuges, el bien raíz deberá ser destinado preponderantemente a la satisfacción de los alimentos del otro cónyuge y de sus hijos, si los hubiere, cubriéndose así, específicamente, el rubro habitación, como uno de los diversos satisfactores que comprende la figura de los alimentos, que deben proporcionarse los cónyuges entre sí y los padres a los hijos, en términos de los artículos 302, 303 y 308 del invocado Código Civil para el Distrito Federal: ‘Artículo 302.’ (se transcribe). ‘Artículo 303.’ (se transcribe). ‘Artículo 308.’ (se transcribe). Por ende, una vez que se disuelve el matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, dejándose a los cónyuges en aptitud de celebrar otro, sin haber hijos procreados por ambos esposos, el cónyuge que tenga el carácter de poseedor derivado deberá desocupar el inmueble, pues terminó el acto jurídico causal de la posesión, a lo cual podrá, incluso, ser condenado, si se reclamó así, en la sentencia que declare el divorcio, como consecuencia de este último. Si dicho cónyuge poseedor derivado tiene derecho a alimentos, también procederá la desocupación del bien, pero en tal supuesto, el diverso esposo deudor alimentario deberá otorgarle el valor correspondiente al rubro de habitación que dejará de cubrirse con el que fuera domicilio conyugal. En caso de que no exista la condena a la desocupación y entrega del inmueble en la sentencia de divorcio, y el cónyuge poseedor derivado se abstenga de desocuparlo voluntariamente tras la disolución del vínculo matrimonial, el propietario del bien tiene derecho a recuperar la posesión, empero, no podrá ejercerlo a través de una acción real, como la reivindicatoria, sino que deberá intentar la acción personal basada en dicha disolución. Así es, dado que la posesión que detenta el cónyuge que carece del carácter de propietario es derivada, precisamente porque tiene su origen en un acto jurídico (matrimonio) por virtud del cual el detentador (cónyuge propietario) le entregó la posesión del inmueble (domicilio conyugal), y los poseedores derivados sólo pueden ser compelidos a restituir un bien a través de acciones personales relacionadas con el vínculo jurídico que les hizo entrar a poseerlo. De similar forma, es decir, mediante el ejercicio de la acción personal correspondiente, se podrá reclamar la desocupación del bien a los hijos con derecho a alimentos que, tras el divorcio de sus padres, hayan permanecido en el mismo a fin de satisfacer la habitación como parte integrante de la obligación alimenticia, lo que implicará otorgarles el valor correspondiente a ese rubro. Igual acción personal deberá ejercerse si el cónyuge o los hijos, como acreedores alimentarios, permanecieron en el inmueble con posterioridad al divorcio por virtud de un convenio o sentencia que así lo previnieran, ya que, en esa hipótesis, la modificación o cesación de la obligación alimenticia que promueva el cónyuge propietario del bien podrán llevar a la desocupación del mismo. Todo ello, permite concluir que la acción reivindicatoria es improcedente entre cónyuges y entre quienes han dejado de serlo, por lo que este tribunal no comparte el criterio invocado por la Sala responsable en el acto reclamado, y sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en la tesis II.3o.C.45 C, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, noviembre de dos mil dos, página 1111, que es del tenor siguiente: ‘ACCIÓN REIVINDICATORIA. PROCEDE ENTRE CÓNYUGES CUANDO EXISTE DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe)."
El anterior criterio dio origen a la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIV, julio de 2006
"Tesis: I.3o.C.556 C
"Página: 1110
"ACCIÓN REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE ENTRE QUIENES DEJARON DE SER CÓNYUGES, POR LO QUE DEBE EJERCERSE LA ACCIÓN PERSONAL DERIVADA DE DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 146, 163, 212 y 266 del Código Civil para el Distrito Federal, el matrimonio constituye un acto jurídico, en tanto nace a partir de la libre manifestación de la voluntad de los contrayentes y requiere para su celebración ciertos requisitos legales; los esposos habitan en un domicilio conyugal, cuando en éste actúan con plena autoridad e iguales consideraciones; en el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges conserva la propiedad y administración de sus respectivos bienes; y, el divorcio disuelve el vínculo jurídico matrimonial, permitiendo a los cónyuges contraer otro. Los esposos pueden establecer su domicilio conyugal en un inmueble que no sea propio de ninguno de ellos, en tanto gocen de la autoridad propia antes indicada; que sea propiedad de ambos; o, que el dominio pertenezca sólo a uno de ellos, ya sea que lo haya adquirido antes o durante el matrimonio. Cuando se da este último supuesto, y existe un régimen de separación de bienes, el inmueble sede del hogar permanecerá en todo momento como propiedad del cónyuge respectivo, quien conservará la posesión originaria, mientras que el diverso integrante de la pareja tendrá una posesión derivada, cuya causa se encuentra en el acto jurídico del matrimonio. Sin demérito de ese dominio exclusivo de uno de los cónyuges, el bien raíz deberá ser destinado preponderantemente a la satisfacción de los alimentos del otro cónyuge y de sus hijos, si los hubiere, cubriéndose así, específicamente, el rubro habitación, como uno de los diversos satisfactores que comprende la figura de los alimentos, que deben proporcionarse los cónyuges entre sí y los padres a los hijos, en términos de los artículos 302, 303 y 308 del invocado Código Civil. Por ende, una vez que se disuelve el matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, dejándose a los cónyuges en aptitud de celebrar otro, sin haber hijos procreados por ambos esposos, el cónyuge que tenga el carácter de poseedor derivado deberá desocupar el inmueble, pues terminó el acto jurídico causal de la posesión, a lo cual podrá, incluso, ser condenado, si se reclamó así, en la sentencia que declare el divorcio, como consecuencia de este último. Si dicho cónyuge poseedor derivado tiene derecho a alimentos, también procederá la desocupación del bien, pero en tal supuesto, el diverso esposo deudor alimentario deberá otorgarle el valor correspondiente al rubro de habitación que dejará de cubrirse con el que fuera domicilio conyugal. En caso de que no exista la condena a la desocupación y entrega del inmueble en la sentencia de divorcio, y el cónyuge poseedor derivado se abstenga de desocuparlo voluntariamente tras la disolución del vínculo matrimonial, el propietario del bien tiene derecho a recuperar la posesión, empero, no podrá ejercerlo a través de una acción real, como la reivindicatoria, sino que deberá intentar la acción personal basada en dicha disolución. Así es, dado que la posesión que detenta el cónyuge que carece del carácter de propietario es derivada, precisamente porque tiene su origen en un acto jurídico (matrimonio) por virtud del cual el detentador (cónyuge propietario) le entregó la posesión del inmueble (domicilio conyugal), y los poseedores derivados sólo pueden ser compelidos a restituir un bien a través de acciones personales relacionadas con el vínculo jurídico que les hizo entrar a poseerlo. De similar forma, es decir, mediante el ejercicio de la acción personal correspondiente, se podrá reclamar la desocupación del bien a los hijos con derecho a alimentos que, tras el divorcio de sus padres, hayan permanecido en el mismo a fin de satisfacer la habitación como parte integrante de la obligación alimenticia, lo que implicará otorgarles el valor correspondiente a ese rubro. Igual acción personal deberá ejercerse si el cónyuge o los hijos, como acreedores alimentarios, permanecieron en el inmueble con posterioridad al divorcio por virtud de un convenio o sentencia que así lo previniera, ya que, en esa hipótesis, la modificación o cesación de la obligación alimenticia que promueva el cónyuge propietario del bien podrá llevar a la desocupación del mismo. Todo ello, permite concluir que la acción reivindicatoria es improcedente entre cónyuges y entre quienes han dejado de serlo."
B) Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el dos de julio de dos mil dos, el amparo directo número 116/2002, consideró lo siguiente:
"Antes de realizar el estudio de los conceptos de violación, resulta necesario precisar lo que al efecto dispone el artículo 766 del Código Civil para el Estado de México, el que a la letra dice: ‘Artículo 766.’ (se transcribe). De lo establecido en dicho numeral, se colige que la posesión derivada es aquella que se obtiene en virtud de un acto jurídico mediante el cual el propietario entrega la cosa por título que importe obligación de devolverla, concediendo a su co-contratante el derecho de retenerla temporalmente en su poder, con el carácter de usufructuario, arrendatario, acreedor prendario, comodatario, depositario, por ello sus efectos se regirán por las normas específicas del acto jurídico de que se trate, en todo lo relativo a los derechos sobre la cosa, frutos, gastos, responsabilidad por pérdida o menoscabo. Asimismo, se estima de suma importancia citar los artículos del citado código sustantivo relativos a la sociedad conyugal a la institución jurídica del divorcio, mismos que son del tenor literal siguiente: ‘Artículo 169.’ (se transcribe). ‘Artículo 170.’ (se transcribe). ‘Artículo 183.’ (se transcribe). ‘Artículo 189.’ (se transcribe). ‘Artículo 190.’ (se transcribe). Del divorcio. ‘Artículo 252.’ (se transcribe). ‘Artículo 267.’ (se transcribe). ‘Artículo 269.’ (se transcribe). ‘Artículo 270.’ (se transcribe). ‘Artículo 271.’ (se transcribe) y ‘Artículo 272.’ (se transcribe). Tomando en cuenta lo dispuesto en los citados numerales, en relación con la sociedad conyugal, se colige en lo que interesa, que dicho régimen matrimonial nace con el matrimonio o durante él, en el cual pueden comprender no sólo los bienes de que sean dueños los cónyuges al convenirla, sino también los bienes futuros que adquieran durante la vigencia del matrimonio, además, que la citada sociedad concluye con la disolución del matrimonio (divorcio), por voluntad de los consortes, o por la sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente, eventos que una vez actualizados de acuerdo a lo expuesto, imponen a los cónyuges la obligación de proceder a la formación del inventario respectivo, hecho el cual se procederá al pago de los créditos que hubieren contra el fondo social, haciéndose la devolución a cada cónyuge de lo que llevó al matrimonio, dividiéndose el sobrante entre ambos en la forma convenida. Así también de lo establecido en los dispositivos legales relativos al divorcio, se advierte en lo que importa, que dicha institución jurídica disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro, así como extingue los efectos de dicho vínculo jurídico, de ahí que el juzgador en la sentencia que decrete el divorcio deberá determinar todo lo relativo a la guarda, custodia, patria potestad y bienes de los hijos de matrimonio, además se colige que el cónyuge que diera causa al divorcio perderá todo lo que se le hubiere dado o prometido por su consorte o por otra persona en consideración a éste, siendo el cónyuge inocente quien conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado en su provecho, de ahí que ejecutoriado el divorcio los cónyuges deberán proceder a la división de los bienes comunes, siempre y cuando el matrimonio se haya pactado bajo el régimen de sociedad conyugal, por tanto, debe estimarse que el divorcio extingue los efectos jurídicos del matrimonio. Lo anterior hace necesario citar los artículos del Código Civil, que regulan el régimen matrimonial de separación de bienes, los que textualmente establecen lo siguiente: ‘Artículo 193.’ (se transcribe). ‘Artículo 194.’ (se transcribe). ‘Artículo 196.’ (se transcribe). ‘Artículo 198.’ (se transcribe). ‘Artículo 199.’ (se transcribe). De lo dispuesto en los citados dispositivos legales, en lo que interesa, se advierte que en el régimen matrimonial de separación de bienes, pueden comprenderse no sólo bienes de que sean dueños los consortes al celebrar el matrimonio, sino también los que adquieran después, así la separación puede ser absoluta o parcial, la primera, es regida específicamente por las disposiciones relativas a ese régimen matrimonial, mientras que la segunda, es regulada por las capitulaciones expresas, pero los puntos que no estén comprendidos en ellas se regirán por los preceptos relativos a la sociedad conyugal, de tal manera, que en el régimen de separación de bienes, cada consorte conserva la propiedad y administración exclusiva de los bienes que adquiera a su nombre así como sus frutos y accesiones, en términos del citado artículo 198, por ello debe decirse que el cónyuge que adquiere determinado bien inmueble durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, es propietario absoluto y administrador exclusivo del mismo, así como de sus frutos y accesiones, de ahí que en el caso de la disolución del vínculo matrimonial cada cónyuge conserva la propiedad de sus bienes, a quienes se les deberán entregar los mismos una vez concluido el matrimonio, ya que no existe comunidad respecto a ellos. Ahora bien, de la concatenación de lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que al ejecutoriarse la sentencia que decretó el divorcio entre consortes únicamente se procederá a la división de los bienes adquiridos por los cónyuges antes o después de la celebración del vínculo matrimonial, cuando dicho consenso se haya celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal o cuando así lo hubieren pactado los consortes, pues sólo bajo estas hipótesis los consortes guardan una comunidad respecto de dichos bienes, que hace necesaria la liquidación de la sociedad para efecto de dividir los mismos, lo cual no acontece cuando se declara la disolución del matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, en el que cada consorte es propietario de los bienes que estén a su nombre, caso en el cual no es necesaria la liquidación a que se hizo alusión, por ello debe decirse que en los casos de divorcio en el que se disuelve un vínculo matrimonial pactado bajo el régimen de separación, no existe la necesidad de proceder a la liquidación aludida, sino que cada consorte una vez disuelto el matrimonio está en aptitud de que le sean entregados o requerir la entrega de los bienes de su propiedad, ante la conclusión del matrimonio, lo que conlleva a estimar que al decretarse el divorcio se extinguen los efectos del matrimonio y a su vez los consortes que estuvieron casados bajo el citado régimen de separación de bienes, pueden válidamente con el fin de recuperar sus bienes ejercitar las acciones civiles correspondientes, en caso de negativa a la entrega de los mismos, en razón a la insubsistencia del matrimonio y sus efectos. En ese orden de ideas, debe señalarse, que en la especie los demandados no tienen posesión derivada del bien inmueble en litigio, por el hecho de que dicho bien en su momento sirvió de domicilio conyugal del accionante y su ex cónyuge Idalia Ortiz Montaño así como en virtud de la pensión alimenticia pactada en el diverso juicio 1308/99, a favor de la menor Ana Ali Miranda Ortiz y por la medida alimentaria a la que fue condenado el actor en el expediente 873/2000, a favor de Aldo Miranda Ortiz. Ello es así, pues con independencia de que el accionante haya entregado la posesión del inmueble en litigio a su ex cónyuge Idalia Ortiz Montaño en virtud del vínculo jurídico del matrimonio y en el cual se constituyó el domicilio conyugal, sin embargo, tal circunstancia no implica considerar que la posesión que ahora detenta la referida ex cónyuge, respecto al inmueble en controversia, pueda considerarse por ese evento como derivada, pues no debe perderse de vista que efectivamente la posesión alegada tuvo su origen en el matrimonio celebrado con el actor bajo el régimen de separación de bienes, acto jurídico que no puede equipararse con los actos que dan origen a la citada posesión derivada, ya que en este caso la detentación alegada obviamente termina en el momento que se extingue el consenso matrimonial, es decir, a partir de que se decretó el divorcio de los cónyuges en litigio, en razón de que es a partir de tal evento que cesan los efectos de dicho vínculo jurídico, ya que fue celebrado bajo el régimen de separación de bienes, en el cual no existe la necesidad de realizar la liquidación de los bienes del matrimonio, puesto que cada cónyuge es propietario de sus respectivos bienes. De tal manera, que la mencionada posesión no puede estimarse derivada, dado que se otorgó con el fin de cumplir con las obligaciones inherentes al matrimonio, es decir, la misma fue otorgada como una finalidad del matrimonio, establecida en los artículos 149 y 150 del Código Civil para el Estado de México, en el sentido de que los cónyuges deben vivir juntos en el domicilio conyugal y que el (sic) marido le corresponde la obligación de dar alimentos, dentro de los que se encuentra comprendida la vivienda, entendiéndose estas obligaciones para con los cónyuges, durante la vigencia del matrimonio, mas no con posterioridad al divorcio de los consortes; por tanto, la posesión que ostenta la ex cónyuge del accionante no puede considerarse derivada, pues la misma se extinguió como antes se dijo, al decretarse el divorcio de los cónyuges. Luego, si de las constancias de autos, se advierte que la causa que dio origen a la posesión en cuestión se ha extinguido, es decir, el matrimonio celebrado entre el accionante e Idalia Ortiz Montaño ha dejado de existir, por razón del divorcio decretado en el diverso juicio 442/2000 en el que se disolvió el vínculo conyugal y el contrato del matrimonio, resulta evidente que tales actos dejaron de producir sus efectos, tanto en relación con los cónyuges como respecto de terceros, de conformidad con lo previsto por el artículo 252 del Código Civil del Estado de México, por ello la posesión en cuestión por la causa que le dio origen ha dejado de subsistir al extinguirse el matrimonio, la que en base a tal evento no puede ser considerada derivada, supuesto que los efectos del contrato matrimonial se encuentran extinguidos por el divorcio decretado en el citado juicio 442/2000, en donde se declaró cónyuge culpable a la ex cónyuge del accionante, además, no debe perderse de vista de que el citado matrimonio fue celebrado bajo el régimen de separación de bienes, régimen en el que cada consorte conserva la propiedad y administración exclusiva de los bienes que adquiera a su nombre así como sus frutos y accesiones, en términos del citado artículo 198, de ahí que aun cuando el accionante adquirió el bien inmueble en litis durante la vigencia del matrimonio, es obvio que él es propietario absoluto y administrador exclusivo del mismo, así como de sus frutos y accesiones, lo que lo legitima para ejercitar en contra de su ex cónyuge la acción reivindicatoria y no la personal, en razón de la disolución del matrimonio y porque dicho vínculo se pactó bajo el régimen de separación de bienes, lo que implica considerar que no existen limitantes a tal derecho y en última instancia cesó el derecho que pudiera existir en el uso y disfrute del inmueble por parte de la ex cónyuge como consecuencia de la terminación de la vida conyugal. En base a lo expuesto, se colige que independientemente de que el accionante, hoy quejoso, por razón del aludido matrimonio haya entregado la posesión del inmueble en litigio a su ex cónyuge, no le limita el derecho de ejercitar la acción real reivindicatoria, pues ésta en términos de lo previsto por el artículo 477 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, compete a quien no está en posesión de la cosa, de la cual tiene la propiedad. Al caso es aplicable en lo conducente la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-1, enero a junio de 1990, página 293, que dice: ‘MATRIMONIO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL, SON AUTÓNOMOS E INDEPENDIENTES DE LAS ACCIONES CIVILES.’ (se transcribe). Así como en lo conducente la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, del mes de mayo de 1996, tesis IV.2o.8 C, página 698, que dice: ‘SEPARACIÓN DE BIENES, LOS CÓNYUGES CONSERVAN LA PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES QUE ADQUIERA CADA UNO, ASÍ COMO SUS FRUTOS Y ACCESIONES (LEGISLACIÓN DE NUEVO LEÓN).’ (se transcribe)."
El anterior criterio, originó la siguiente tesis aislada:
"Novena Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVI, noviembre de 2002
"Tesis: II.3o.C.45 C
"Página: 1111
"ACCIÓN REIVINDICATORIA. PROCEDE ENTRE CÓNYUGES CUANDO EXISTE DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De lo dispuesto en los artículos 193, 194, 196, 198 y 199 del Código Civil del Estado de México deriva que en el régimen matrimonial de separación de bienes, pueden comprenderse no sólo los bienes de que sean dueños los consortes al celebrar el matrimonio, sino también los que adquieran después; así, la separación puede ser absoluta o parcial. La primera se regula específicamente por las disposiciones relativas a ese régimen matrimonial, mientras que la segunda es regulada por las capitulaciones expresas, pero los puntos que no estén comprendidos en ellos se regirán por los preceptos relativos a la sociedad conyugal; de tal manera que en el régimen de separación de bienes cada consorte conserva la propiedad y administración exclusiva de los bienes que adquiera a su nombre, así como sus frutos y accesiones, en términos del artículo 198. Por ello, debe decirse que el cónyuge que adquiere determinado inmueble durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, es propietario absoluto y administrador exclusivo del mismo, así como de sus frutos y accesiones; de ahí que en el caso de la disolución del vínculo matrimonial cada cónyuge conserva la propiedad de sus bienes a quien se le deberán entregar los mismos una vez concluido el matrimonio, ya que no existe comunidad respecto a ellos, lo que lo legitima para ejercitar en contra de su excónyuge la acción reivindicatoria y no la personal, en razón de la disolución del matrimonio; máxime que cesó el derecho que pudiera existir en el uso y disfrute del inmueble como consecuencia de la terminación de la vida conyugal, por lo que procede la acción reivindicatoria en términos del artículo 477 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México."
CUARTO. Como una cuestión previa, cabe precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, ha considerado que dichos preceptos regulan lo relativo a la contradicción de tesis sobre una misma situación jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia y, que por tesis, debe entenderse la posición que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias, adopta el tribunal en la solución de un negocio jurídico.
Asimismo, este Alto Tribunal ha considerado que, para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que prevalezca debe existir cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas, vertidas dentro de la parte considerativa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19941-0dcb1631/accion-reivindicatoria-es-improcedente-si-se-intenta-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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