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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2003-PL. · Registro digital (IUS): 17922
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO; EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO; EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, , Pág. 738.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2003-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO; EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO; EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en la ciudad de Puebla, al resolver el veintiocho de mayo del año dos mil tres el incidente de revisión 96/2003, en la parte conducente de dicha resolución, determinó:

"Resulta fundado pero inoperante el argumento expresado por la empresa recurrente. Ciertamente, como lo aduce, del capítulo respectivo de la demanda de amparo se advierte que la quejosa, ahora recurrente, solicitó la suspensión en los siguientes términos: ‘X. Suspensión: Solicito se conceda a mi representada la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva, única y exclusivamente en contra de las consecuencias de la resolución de 31 de diciembre de 2002, para el efecto de que no se prive a mi representada del derecho que tiene para prestar servicio de seguridad privada en el Estado de Puebla, ni se le desposesione de estos derechos, toda vez que se satisfacen los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, ya que lo solicita mi representada como agraviada, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y los daños y perjuicios que se le causen a mi representada con la ejecución del acto, son de difícil reparación.’ (fojas 47 y 48 del incidente de suspensión). En el considerando III de la sentencia interlocutoria que constituye la materia del presente recurso, el Juez de Distrito decidió negar la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados consistentes en todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo PA. 54/2002; la falta de emplazamiento y notificación del referido procedimiento; la resolución dictada con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil dos, mediante la cual se decretó la cancelación definitiva de la autorización y registro número 25 otorgado a la quejosa para prestar servicios de seguridad privada en la entidad, por la Procuraduría General de Justicia del Estado, estimando que los mismos tienen el carácter de consumados. Ahora bien, como se desprende del capítulo de suspensión de la demanda de garantías, la quejosa no solicitó la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados, siendo única y exclusivamente por lo que hace a las referidas consecuencias de la resolución de treinta y uno de diciembre de dos mil dos, providencia que fue concedida por el a quo en el considerando IV de la resolución recurrida, siendo que en el considerando III el Juez Federal negó la suspensión solicitada sobre un aspecto del cual no se solicitó dicha medida -requisito precisado en la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo-, por lo que en este aspecto, se estima fundado el agravio expresado. Sin embargo, lo inoperante del argumento hecho valer resulta porque que si bien el a quo negó la suspensión definitiva de determinados actos reclamados por razones jurídicas ajenas al argumento expuesto por el recurrente, relativo a que no solicitó la suspensión de los mismos, lo cierto es que tal ilegalidad de manera alguna le irroga agravio, en virtud de que la negativa de mérito al referirse a actos por los cuales no se solicitó dicha medida cautelar, constituye una consideración del a quo que no trasciende al resultado del fallo recurrido, en la materia de la revisión. Ello es así, porque en todo caso el pronunciamiento del Juez de Distrito acerca de la suspensión de los actos reclamados, a pesar de no haberlo solicitado la parte quejosa en el supuesto de la suspensión a petición del quejoso, ni tratarse de la suspensión de oficio, se traduce en la no actualización de la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo y, por ende, en la negativa de la medida cautelar de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia identificada con el número 461, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, visible en la página 398, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN, FUNDADOS PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el recurso de revisión se hace de un agravio se llega a la conclusión de que es fundado, pero de su análisis se advierte claramente que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, es insuficiente en sí mismo para resolver el asunto favorablemente a los intereses del recurrente, dicho agravio, aunque fundado, debe declararse inoperante.’. En las relatadas consideraciones, lo procedente es confirmar la sentencia interlocutoria recurrida, en la materia de la revisión."

"Voto aclaratorio que formula el Magistrado Miguel Ángel Zelonka Vela, en el incidente en revisión número IR. 96/2003. Se formula el presente voto aclaratorio, únicamente respecto de la parte considerativa de la presente ejecutoria, y no por cuanto hace a los puntos resolutivos, en virtud de que el suscrito disiente de las razones que la mayoría sostuvo para confirmar, en la materia del recurso, la interlocutoria recurrida. Es aplicable la tesis aislada número XIX/2003, que sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de treinta de abril del año en curso, pendiente de publicar, que es del tenor siguiente: ‘VOTO ACLARATORIO DE UN MAGISTRADO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. NO TIENE EFECTOS VINCULATORIOS, PUES NO RIGE EL SENTIDO DEL FALLO. De la interpretación armónica de los artículos 184, fracción II, de la Ley de Amparo y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprende que si un Magistrado de un Tribunal Colegiado de Circuito puede disentir totalmente del criterio mayoritario de los demás Magistrados que integran el tribunal y emitir un voto particular, que se engrosa luego de los resolutivos y de la declaratoria de votación de la sentencia, por mayoría de razón, puede emitir un voto aclaratorio, en el que, sin disentir totalmente del criterio mayoritario, exprese distintas razones para resolver en el mismo sentido. Sin embargo, en uno y otro caso, dicho voto no tiene efectos vinculatorios, pues no rige el sentido del fallo, ya que como lo dispone el referido artículo 35 el voto particular se insertará al final de la ejecutoria respectiva, pero sólo si es presentado por el disidente dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha del acuerdo, lo que significa que, con el voto o sin él, lo que constituye la ejecutoria de amparo es la decisión mayoritaria que se plasma en la parte considerativa de la sentencia y en el punto resolutivo regido por aquélla.’. Lo anterior es así, en mérito de las consideraciones que paso a exponer: En el juicio de garantías el quejoso reclamó de las autoridades señaladas como responsables ‘IV. Son actos reclamados: del subsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Puebla reclamo: a) La falta de emplazamiento y notificación en el procedimiento administrativo número PA. 54/2002, instruido en contra de Corps International, S.A. de C.V. b) Todo lo actuado en el procedimiento administrativo número RA. 54/2002. c) La resolución dictada con fecha 31 de diciembre de 2002, en el expediente administrativo PA. 54/2002, por la que se decretó la cancelación definitiva de la autorización y registro número 25, otorgado a mi representada, para prestar servicios de seguridad privada en la entidad, por la Procuraduría General de Justicia del Estado, con fecha 2 de diciembre de 1997. d) Las consecuencias de esa resolución que se traducen en la privación del derecho que tiene mi representada para prestar servicios de seguridad privada en el Estado de Puebla. e) La privación de los derechos de Corps International, S.A. de C.V., para dedicarse a una actividad lícita, que le acomoda de conformidad con su objeto social, como es la prestación del servicio de seguridad en las áreas específicas de investigación, encaminada a proporcionar informes comerciales o sobre solvencia de personas, vigilancia, custodia y localización de personas y bienes. f) La desposesión de los derechos de Corps International, S.A. de C.V., para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Puebla. Del C. Analista de la Dirección de Relaciones Institucionales, Alfredo Cruz Barajas, de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Puebla reclamo: a) La cita de espera de 13 de diciembre de 2002, realizada en el expediente administrativo número PA. 54/2002. b) La notificación de fecha 14 de diciembre de 2002, realizada en el expediente administrativo número PA. 54/2002. c) La notificación de fecha 18 de diciembre de 2002, realizada en el expediente administrativo número PA. 54/2002. De la encargada de la Dirección de Relaciones, de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Puebla, licenciada Arely Reyes Terán reclamo: a) El oficio número SPPC/07/2003/940, de fecha 19 de febrero de 2002 (fojas 3 a 5)’. Al rendir los informes previos, el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Puebla negó, por una parte, la existencia de uno de los actos reclamados y, por otra, confesó la existencia de los demás; por su parte, el analista de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Puebla, así como la encargada de la Dirección de Relaciones Institucionales de la misma secretaría, admitieron la certeza de los actos que a cada una le fueron reclamados. Por su parte, el Juez de Distrito al pronunciar el fallo que nos ocupa, de forma incongruente, analiza los actos reclamados sin tomar como premisa la certeza o no de los mismos, de acuerdo a los informes previos rendidos por las responsables y, decide negar la suspensión definitiva de todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo PA. 54/2002, así como de la falta de emplazamiento y notificación del referido procedimiento y la resolución de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil dos, por considerar que se tratan de actos consumados, otorgando la suspensión definitiva solicitada respecto de los efectos y consecuencias de la resolución de treinta y uno de diciembre de dos mil dos. Ahora bien, el suscrito estima que, en el caso, existe incongruencia en la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito, habida cuenta que debió precisar la certeza o inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, a fin de analizar la procedencia de la medida cautelar atendiendo a la naturaleza de cada uno de los actos; de ahí que, si por una parte negó la suspensión definitiva y, por otra la concedió, es incuestionable que lo hizo sin tomar en consideración como premisa la certeza o no de los actos reclamados, de acuerdo a los informes previos rendidos por las autoridades, ya que fue omiso en precisar en el considerando II de la sentencia tal aspecto, ya que sólo se limitó a mencionar que las autoridades responsables rindieron sus informes, pero sin indicar en que sentido fueron rendidos. Luego, y no obstante la existencia de la omisión apuntada por parte del Juez de Distrito, el suscrito estima que debió, de oficio, corregirse la incongruencia en que incurrió el a quo, en términos de la tesis aislada número I.3o.C.34 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1410, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SI EL TRIBUNAL REVISOR ADVIERTE QUE NO EXISTE PRONUNCIAMIENTO SOBRE TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, DEBE REPARAR ESA INCONGRUENCIA, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN. Tratándose del recurso de revisión interpuesto contra la resolución dictada en la audiencia incidental en un juicio de amparo, el tribunal revisor tiene la obligación de examinar, aun de oficio, que los pronunciamientos sobre la concesión o negativa de la medida cautelar comprendan todos y cada uno de los actos reclamados en el juicio, pero de advertir que se actualiza la omisión respecto de alguno de ellos, debe reparar inmediatamente esa infracción, según la regla prevista en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, conforme a la cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la evidente incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio al respecto, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente; además, si de conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la revisión.’. En tales circunstancias, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas para amparar por las realmente transgredidas, dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor que le corresponde corregir de oficio las incongruencias que se advierten en las sentencias, ajustando los puntos considerativos de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo, por tanto el considerando II de la sentencia que se revisa debió corregirse. Finalmente, el suscrito Magistrado también disiente del criterio mayoritario al declarar fundado el agravio de la parte quejosa, en el sentido de que el Juez de Distrito, en la resolución recurrida, examinó actos sobre los cuales no se le solicitó la suspensión. En efecto, contrario a lo que sostiene la mayoría, por cuanto hace a que el a quo negó la suspensión definitiva sobre un aspecto del cual no se solicitó dicha medida, porque la parte quejosa únicamente la pidió en relación a los efectos y consecuencias de la resolución de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil dos, debo decir, que dicho criterio no lo comparto, cuenta habida que los pronunciamientos sobre la concesión o negativa de la medida cautelar, necesariamente debe comprender todos y cada uno de los actos reclamados en el juicio de amparo, toda vez que la suspensión solicitada debe ser congruente con aquellos actos respecto de los cuales se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal y respecto de los cuales fueron rendidos los informes previos por las autoridades responsables. Se afirma lo anterior, toda vez que si bien es cierto la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo, señala que para la concesión de la medida cautelar, deberá satisfacerse entre otros requisitos el que lo solicite el agraviado, no menos exacto lo es que dicho precepto regula los requisitos que deben satisfacerse para conceder la medida cautelar solicitada, razón por la cual debe considerarse que dicho precepto, no implica, en modo alguno, que si tal solicitud sólo versa respecto de uno de los actos reclamados, el Juez a quo únicamente debe pronunciarse sobre el mismo, pues en aras del principio de congruencia que debe imperar en las sentencias, conforme lo dispone el diverso artículo 77 del mismo ordenamiento legal, el pronunciamiento respecto de la suspensión debe comprender todos y cada uno de los actos reclamados en el juicio de garantías. Sostener lo contrario, equivale a desconocer la naturaleza y fin que persigue el artículo 131 de la Ley de Amparo, toda vez que dicha norma expresamente dispone que las autoridades responsables deberán rendir sus respectivos informes previos, sin excluir a aquellas sobre las cuales no se solicitó dicha medida cautelar, razón de la que se desprende que el Juez deberá considerar y pronunciarse sobre su contenido en la sentencia correspondiente. Es también aplicable en lo conducente, la tesis I.3o.C.34 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1410, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ya reproducida y, cuyo rubro es el siguiente: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SI EL TRIBUNAL REVISOR ADVIERTE QUE NO EXISTE PRONUNCIAMIENTO SOBRE TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, DEBE REPARAR ESA INCONGRUENCIA, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN.’. Asimismo, es aplicable la tesis aislada número X.1o.12 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 609, Tomo II, noviembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, MANERA DE REALIZARSE EL ESTUDIO DE LA. Por razón de técnica en la suspensión definitiva del acto reclamado, deben analizarse; por su orden, las siguientes cuestiones: a) Si son ciertos los actos reclamados, los efectos y consecuencias combatidas (premisa). b) Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales). c) Si se satisfacen las exigencias previstas por el numeral 124 de la Ley de Amparo (requisitos legales); y d) Si es necesaria la exigencia de alguna garantía, por la existencia de terceros perjudicados (requisito de efectividad).’. Por todo lo anterior, el suscrito estima que debió, de oficio, corregirse la incongruencia en que incurrió el Juez a quo y declararse infundado el agravio hecho valer por la inconforme. Por lo anteriormente expuesto, se formula el presente voto aclaratorio en la parte considerativa precisada con antelación."

CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver la queja 36/2000, determinó que el recurso era fundado, basando su resolución en las siguientes consideraciones:

"V. Sin necesidad de abordar el estudio de los agravios planteados, el recurso de queja debe declararse fundado por las siguientes razones. En el cuaderno incidental remitido por el Juez de Distrito obra la demanda de garantías promovida por ... donde señaló como actos reclamados, textualmente, los siguientes (no se transcriben por no ser necesarios). Asimismo, en dicho escrito de demanda, el impetrante incluyó un capítulo especial de suspensión, donde expresó, literalmente: ‘con fundamento en los artículos 122, 124 y 136 de la legislación de amparo en vigor, solicito la suspensión provisional y luego la definitiva del acto reclamado para el efecto de que no se ejecute la orden de aprehensión reclamada ni se impida al quejoso que ejerza y cumpla con el cargo de diputado local con motivo de elección popular, y por los siguientes motivos concretos: ...’. Como se hace evidente de la transcripción anterior, el ahora recurrente señaló como actos reclamados no sólo una orden de aprehensión, sino también la violación al fuero que como diputado local ... tiene el quejoso y el impedimento ... para cumplir con la función de diputado local ... . Ahora bien, de la atenta lectura del acuerdo recurrido, se observa que el Juez Federal sólo se pronunció respecto de la suspensión provisional que solicitó el aquí inconforme contra el mandamiento de captura reclamado, soslayando emitir consideración alguna sobre los dos actos restantes también reclamados por aquél y que, a pesar de que en el capítulo de suspensión de la demanda de garantías se reiteran y el accionante expone las razones que estima convenientes para su procedencia, el Juez de Distrito desatiende su análisis, omisión que impide que este órgano de control constitucional aborde el tema en cuanto a la procedencia o improcedencia de la medida cautelar solicitada respecto de aquéllos actos reclamados, tomando en consideración que ello es facultad exclusiva del Juez de amparo conforme al artículo 122 de la ley de la materia, que dispone: ‘Artículo 122. En los casos de la competencia de los Jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada, con arreglo a las disposiciones relativas de este capítulo.’. Esto es, como en la especie se trata de un juicio de amparo indirecto, el Juez Federal está constreñido a resolver sobre la procedencia o improcedencia de la medida suspensional solicitada, no sólo respecto de uno de los actos reclamados o del que considere relevante, sino de todos ellos. En ese orden, como el Juez de amparo soslayó absolutamente pronunciarse respecto de todos los actos reclamados, limitando su actuación a conceder la suspensión provisional únicamente respecto de la orden de aprehensión reclamada, sin resolver sobre los restantes actos también combatidos en el juicio biinstancial, entonces, este Tribunal Colegiado está impedido para pronunciarse sobre ellos, pues de hacerlo, invadiría una facultad exclusiva del Juez Federal, quien fue omiso en resolver sobre la procedencia o improcedencia de aquellos actos, lo que conduce a declarar fundado el presente recurso de queja ante la insuficiente motivación que entraña la injustificada omisión en comento. Por similitud jurídica, es aplicable, en lo que interesa, la tesis aislada que en la página seiscientos treinta, aparece publicada en el Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: ‘QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA FUNDADA. Supuesto que el Tribunal Colegiado al resolver un recurso de queja previsto en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo carece de facultades para sustituirse en los Jueces de Distrito y negar por diversos motivos la medida cautelar provisional el efecto de la resolución que declara fundado el recurso es devolver jurisdicción al Juez del conocimiento para que determine sobre la procedencia o improcedencia de la medida cautelar, excluyendo los argumentos que fueron materia de la queja y que se consideraron incorrectos.’."

Con base en lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito, sustentó la tesis II.1o.P.32 K, que dice:

"Novena Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, junio de 2001

"Tesis: II.1o.P.32 K

"Página: 767

"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL JUEZ DE DISTRITO PRONUNCIARSE RESPECTO DE TODOS LOS ACTOS RECLAMADOS Y NO SÓLO EN CUANTO A UNO O DEL QUE CONSIDERE RELEVANTE. En un juicio de amparo indirecto el Juez Federal está constreñido a resolver sobre la procedencia o improcedencia de la medida suspensional solicitada, no sólo respecto de uno de los actos reclamados o del que considere relevante, por lo que si dicho Juez soslaya pronunciarse respecto de todos los actos reclamados, limitando su actuación a conceder la suspensión provisional únicamente respecto de la orden de aprehensión reclamada, sin resolver sobre los restantes actos también combatidos en el juicio biinstancial, el Tribunal Colegiado está impedido para pronunciarse sobre ellos, pues de hacerlo, invadiría una facultad exclusiva del Juez Federal quien fue omiso en resolver sobre la procedencia o improcedencia de aquellos actos, lo que conduce a declarar fundado el recurso de queja ante la insuficiente motivación que entraña la injustificada omisión en comento.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

"Queja 36/2000. 11 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Arturo Sánchez Valencia. Secretaria: Gabriela González Lozano."

QUINTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el incidente en revisión número 6483/2001, interpuesto por José Pérez Nieto, contra la resolución interlocutoria dictada por la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal el siete de agosto de dos mil uno, determinó, en lo conducente, lo siguiente:

"CUARTO. Del escrito de revisión se advierte que en el primero de los agravios aducidos, por una parte, el inconforme hace valer planteamientos relativos a que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, los que resultan sustancialmente fundados. Para poner de manifiesto lo anterior, en principio, conviene destacar que de la demanda de garantías se evidencia que el quejoso reclama los siguientes actos: La resolución dictada el diecinueve de junio de dos mil uno, por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca número 4892/99, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve, mediante la que el Juez Octavo de lo Civil del Distrito Federal, aprobó el remate del inmueble del quejoso, en el juicio natural y ordenó se turnaran los autos al notario para que se tire la escritura pública de adjudicación del bien a favor del actor. La ejecución de la resolución reclamada. Ahora bien, de la resolución recurrida se aprecia que la secretaria encargada del despacho por ministerio de ley del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, concedió la suspensión definitiva sobre la base de que el acto reclamado cumple con el requisito previsto en el artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se remitan los autos al notario a efecto de tirar la escritura de adjudicación. Las precisiones realizadas ponen de manifiesto que es verdad que la resolución recurrida carece de fundamentación y motivación, pues por una parte, no precisó los actos reclamados, ni emitió un pronunciamiento particular en cuanto a cada uno de ellos, sino que sólo se refirió al segundo de los citados, señalando que reunía uno de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin exponer las razones conducentes, ni analizar la reunión de los demás requisitos exigidos al respecto por el citado preceptos legal; asimismo, omitió pronunciarse respecto del primero de los actos reclamados, lo que además revela la actualización de una incongruencia. Dadas las reglas que establece el artículo 91 de la Ley de Amparo para la resolución del recurso de revisión contra determinaciones del Juez de Distrito, no es dable el reenvío, por lo que las irregularidades en comento deben ser reparadas por este Tribunal Colegiado de Circuito, máxime que la falta de pronunciamiento respecto de uno de los actos reclamados implica una incongruencia que debe ser corregida de oficio por el órgano revisor. En efecto, aun tratándose del recurso de revisión interpuesto contra la resolución dictada en la audiencia incidental de un juicio de amparo, el tribunal revisor tiene la obligación de examinar, aun de oficio, que los pronunciamientos sobre concesión o negativa de la medida cautelar comprendan a todos y cada uno de los actos reclamados en el juicio, de advertir que se actualiza la omisión respecto de alguno de ellos, no debe ordenar la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto reclamado no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni a alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, entrañando sólo una violación al resolver que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del citado artículo 91, conforme a la cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión. No representa obstáculo para la anterior conclusión, que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia, aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en la resolución que es materia de la revisión. Respecto de este último tópico, es aplicable por analogía, el criterio contenido en la jurisprudencia 58/99, sustentada por la honorable Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999. Página 35, que dice: ‘ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN. Si al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de lo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17922-8066885f/suspension-definitiva-cuando-el-quejoso-unicamente-solicite-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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