NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2003-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los criterios en posible contradicción son los
siguientes:
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el diecisiete de septiembre de dos mil dos, al resolver el recurso de queja 28/2002, interpuesto por Guadalupe Cruz Gutiérrez de Peralta, sostuvo lo siguiente:
"CUARTO. Conforme a los precedentes argumentos debe desestimarse lo aducido en primer término por la recurrente. Ciertamente, los alegatos consisten en que no obstante haberse ordenado por parte del Juez Federal a quo que fuese notificada personalmente la sentencia dictada en el juicio, ello no fue observado por parte del actuario adscrito, quien realizó por lista tal notificación y no en el domicilio ‘señalado’ para tal efecto; además de que el actuario tuvo por notificada la sentencia sin cerciorarse de que la misma fuese listada, ya que ello no aparece hecho así, según las listas correspondientes al período respectivo. Que por tanto, en el criterio de la inconforme, todas las actuaciones posteriores a la notificación del fallo resultaban nulas de pleno derecho, conforme a lo establecido por el artículo 32 de la Ley de Amparo. Lo anterior no tiene eficacia al ser inconducente, porque tales alegatos no guardan correspondencia con el acuerdo recurrido, sino más bien con el incidente de nulidad de notificación promovido por María Guadalupe Cruz Gutiérrez de Peralta, que el Juez de Distrito indicó a ésta que tal incidente resultó notoriamente improcedente, por la extemporaneidad en su promoción. Luego, si lo alegado en dicho primer agravio no está en estrecha vinculación con el referido acuerdo, sino con un incidente de nulidad de notificación, que fue inadmitido, entonces los argumentos relativos no pueden ser atendidos, pues debe precisarse que las inconformidades se dirigieron a impugnar el hecho de que, según la recurrente, a pesar de que en la sentencia constitucional dictada en el juicio de garantías 1055/2001 se ordenó que fuese notificada personalmente, el actuario respectivo incumplió con dicho mandato; argumentos que, en definitiva, no están dirigidos a controvertir las razones en las que se sustentó la inadmisión del incidente de nulidad propuesto. En cuanto a lo alegado en el segundo de los agravios, debe anotarse que opuestamente a lo ahí esgrimido el acuerdo recurrido en queja se encuentra debidamente fundado y motivado, pues al efecto el Juez de Distrito sustentó su decisión en la tesis que lleva por título: ‘INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. CUÁNDO DEBE INTERPONERSE PARA QUE RESULTE PROCEDENTE.’. De manera que, en cuanto a la motivación o justificación de su decisión, el resolutor federal a quo precisó que el incidente de nulidad propuesto por María Guadalupe Cruz Gutiérrez de Peralta resultó notoriamente improcedente por su extemporánea promoción, pues dicha incidencia debió intentarse antes del proveído emitido con fecha veintiuno de junio de dos mil dos, a través del cual se declaró ejecutoriada la sentencia definitiva que sobreseyó en el aludido juicio de garantías. Ello acotó el resolutor del amparo en razón de que la interlocutoria que llegare a dictarse en el incidente de nulidad de actuaciones no tendría ya la fuerza legal necesaria para dejar sin efectos el acuerdo por el que se declaró ejecutoriado el fallo constitucional respectivo. Lo anterior indudablemente constituye la fundamentación y motivación debidas de todo acto de autoridad, en los términos exigidos por el artículo 16 de la Ley Fundamental de la Unión Federal. En abundancia de los argumentos que expuso el Juez de Distrito conviene denotar que el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Amparo, no es un medio de impugnación que ha de ejercerse al libre albedrío o al capricho de las partes en el juicio, sino que su promoción se encuentra supeditada, en casos como el suscitado, al hecho de que no se hubiere dictado ya sentencia definitiva en el juicio de que se trate, o bien que su promoción pueda hacerse hasta antes de declararse ejecutoriada la sentencia inicial. Lo anterior en razón a que la sustanciación del juicio constitucional se desarrolla por diversas etapas y cada una de ellas se rige por disposiciones diversas; por ende, si en este particular y por virtud del acuerdo de veintiuno de junio de dos mil dos que obra en la foja 385 del expediente de amparo, se determinó que por no haber sido recurrida la sentencia constitucional dictada en el juicio, la misma causó estado, de lo que se sigue que dicho fallo adquirió el carácter de inalterable, o sea, inmutable y, por lo mismo, las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, a través de la sentencia y hasta que ésta se declaró ejecutoriada o firme mediante el referido acuerdo, ya no pueden ser impugnadas a través del incidente de nulidad propuesto. Ello es así porque, como ya se indicó, dicho medio de impugnación sólo podrá intentarse dentro de cada fase prevista por la ley; de ahí que si en el evento suscitado María Guadalupe Cruz Gutiérrez de Peralta hizo valer un incidente de nulidad de notificación de la sentencia, pero tal promoción la presentó después de que el Juez de Distrito decretó que el fallo respectivo ya causó estado, de ello se concluye, legal e incontrovertiblemente, la improcedencia de dicho incidente, pues resultó notoria y tangiblemente inoportuno. Al respecto resulta exactamente aplicable la jurisprudencia que por contradicción de tesis número P./J. 30/94 sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a su anterior estructura, publicada en la página 12 del Número 82, octubre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título y contenido siguientes: ‘NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. NO PROCEDE CONTRA ACTUACIONES PRACTICADAS CON ANTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA EJECUTORIA.’ (se transcribe). Por otra parte, en atención a los diversos alegatos de la inconforme, debe decirse, a mayor abundancia de datos y de argumentos jurídicos, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, cuando no conste en autos el domicilio del quejoso ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones de carácter personal, éstas deberán practicarse por lista. Consecuentemente, si en este particular, mediante proveído de seis de noviembre de dos mil uno, que obra en la foja 52 del juicio de garantías, el Juez de Distrito determinó que al tener en consideración que el domicilio que señaló María Guadalupe Cruz Gutiérrez de Peralta para oír y recibir notificaciones se encontraba fuera de la jurisdicción del juzgado, como consecuencia de ello y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las notificaciones inherentes a dicho juicio se practicarían por medio de lista hasta en tanto se señalara algún domicilio dentro de la residencia del Juzgado de Distrito; ante ello es concluyente que como la citada promovente nunca señaló domicilio en los términos requeridos, de ello se obtiene la conclusión de que fue adecuada la notificación hecha, que aunque se ordenó fuese personal se realizó por lista en estricta observancia de lo dispuesto por el precitado artículo 30 de la Ley de Amparo, reiterándose que la quejosa nunca señaló domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción del órgano de control constitucional a quo (foja 282 vuelta del expediente de amparo número 1055/2001, que se tiene a la vista). Lo anterior se esclarece no obstante ser notoria la improcedencia del incidente de nulidad y que son de desestimarse por insostenibles los argumentos de la inconforme en cuanto atribuyó una supuesta irregularidad en la notificación del fallo constitucional dictado dentro del juicio de garantías número 1055/2001. Por último, en relación con su alegato de que la notificación de la sentencia no se agregó en las listas del Juzgado de Distrito, debe precisarse que no lo demostró, en tanto omitió aportar las copias certificadas con que acreditara ello. En las supracitadas condiciones, sólo es de concluir que resultó infundada la queja planteada, sin que este órgano jurisdiccional federal comparta el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, según la tesis que lleva por título: ‘NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. ES PROCEDENTE CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO, AUNQUE SE HAYA DECLARADO EJECUTORIADA.’, en tanto ahí se omite exponer argumentación alguna, clara y precisa, que sustentara el título de la misma, máxime que de cualquier forma prevalece el criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia anteriormente invocado, donde claramente se indica que una vez ejecutoriada la sentencia se cierra toda posibilidad material y jurídica de procedencia del incidente de nulidad respecto de actuaciones practicadas con anterioridad a dicho período procesal, ya que no puede destruirse a través de una sentencia interlocutoria, de carácter accesorio, la firmeza que haya adquirido previamente el fallo respectivo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se declara infundada la queja formulada por María Guadalupe Cruz Gutiérrez Peralta, a que este toca se contrae."
Las consideraciones anteriores, dieron origen a la tesis que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVI, noviembre de 2002
"Tesis: II.2o.C.74 K
"Página: 1155
"NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN AMPARO INDIRECTO, INCIDENTE DE. OPORTUNIDAD PARA SU PROCEDENCIA. Conforme a una correcta y objetiva interpretación del artículo 32 de la Ley de Amparo, en cuanto establece la procedencia de la nulidad de notificaciones antes de dictarse sentencia definitiva, se concluye que el incidente respectivo no es un medio de impugnación que ha de ejercerse al libre albedrío o al capricho de las partes en el juicio, sino que su promoción se encuentra supeditada al hecho de que no se hubiere dictado ya sentencia definitiva en el juicio de que se trate, o bien, que su promoción pueda hacerse hasta antes de declararse ejecutoriada la sentencia inicial. En tales condiciones, si la sustanciación del juicio constitucional se desarrolla sistemáticamente por diversas etapas, y cada una de ellas se rige por disposiciones diversas, por ende, cuando ha causado estado la sentencia constitucional dicho fallo adquiere el carácter de inalterable, o sea, inmutable y, por lo mismo, una vez que se declare ejecutoriada o firme ésta mediante el acuerdo respectivo, ya no podrán combatirse por medio del incidente de nulidad propuesto las actuaciones practicadas después de concluido el juicio de garantías. De consiguiente, si la inconforme hace valer un incidente de nulidad de notificación de la sentencia, pero tal promoción se presenta después de que el Juez de Distrito ya decretó que la resolución respectiva ha causado estado, de ello se concluye legal e incontrovertiblemente la improcedencia de dicho incidente, por resultar notoria y ostensiblemente inoportuno.
"Queja 28/2002. María Guadalupe Cruz Gutiérrez de Peralta. 17 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretario: Faustino García Astudillo."
QUINTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión de fecha veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y uno, al resolver la queja 4/1991, presentada por Mario Fernández Hurtado, sostuvo lo siguiente:
"CUARTO. Los agravios son parcial y sustancialmente fundados. ... Sin embargo, en lo que tiene razón el recurrente es en que sí es procedente el incidente que planteó. El artículo 32 de la Ley de Amparo, que prevé el incidente de nulidad de notificaciones y, por consecuencia, de las actuaciones posteriores a la notificación cuya nulidad se pide, no es suficientemente claro y ha dado origen a diversos criterios de interpretación por los tribunales federales. De estos criterios destaca que no es la sentencia de primera instancia a la que se refiere el citado artículo 32 como límite de su promoción, sino la sentencia definitiva que puede ser la de segunda instancia; que, por tanto, una vez dictada la sentencia de primera instancia sí procede la nulidad de notificaciones, siempre que éstas no sean anteriores a la sentencia misma, o en su caso, a la resolución de segunda instancia. También se ha establecido que procede la nulidad de notificaciones realizadas con posterioridad a la sentencia de segunda instancia. El problema se complica en los casos en que la notificación tachada de nula es aquella que atañe a la sentencia del Juez de Distrito y, con base en ella, en parte el Juez declara ejecutoriada la sentencia. En estos supuestos, lógicamente, no hay sentencia de segunda instancia. Y puede ocurrir que el auto de ejecutoria en unos casos se notifique personalmente, en otros por lista y en otros más, aunque se notifique en forma personal, la parte interesada argumente que también esta última notificación es ilegal. De aceptarse el criterio de que el auto que declaró ejecutoriada la sentencia es un obstáculo para la procedencia del incidente de nulidad, porque ese auto dio origen a una diversa situación jurídica, se llegaría a un extremo que implica una distinta cuestión: si en el auto que declaró ejecutoriada la sentencia no se notifica personalmente a la parte que se dice perjudicada y se adopta estrictamente la interpretación de que la nulidad de notificaciones solamente procede ya respecto de las actuaciones posteriores al auto de ejecutoria, y si se interpusiera el recurso de queja previsto por la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, como lo sostiene el Juez, en la fecha en que la parte se hizo sabedora del propio auto de ejecutoria (extemporáneamente desde luego), tendría que considerarse que primero debió promoverse el incidente de nulidad contra la notificación de este auto, pero al decidirse el incidente podría argumentarse que la notificación de tal auto no debió ser, por necesidad, de manera personal, sino que sólo procedía hacerse de esa manera si el Juez lo estimaba pertinente en uso de sus facultades discrecionales, creando así un estado total de indefensión al interesado que alega la nulidad de la notificación de la sentencia. No se desatiende que hay casos en que, indudablemente, aun cuando implican un problema de notificación sí debe interponerse el recurso de queja. Éstos serán aquellos en que no existe notificación, correcta o incorrecta, a la parte afectada, aquellos en que se alegue que no transcurrió el término correspondiente, o aquellos en que se afirme que el recurso de revisión se interpuso oportunamente, pues en estos supuestos indiscutiblemente el auto de ejecutoria podría ser ilegal por vicios propios, mas no por derivarse de una notificación atacada de ilegal. Por ende, en los casos que se plantean en la primera parte de esta consideración se concluye que lo procedente es el incidente de nulidad de notificación, porque de otra manera, para la procedencia del recurso de queja tendría que analizarse en este recurso la validez o invalidez de la notificación del auto que declaró ejecutoriada la sentencia y, como se dijo, el supuesto de que esa notificación se hubiera hecho por lista podría llevar a considerar que, por no ser necesariamente personal, el recurso fuera extemporáneo, situación a la que podría llegarse inclusive aunque se promoviera primero el incidente de nulidad contra la notificación del auto de ejecutoria. También hay que añadir que si se declara procedente la nulidad de la notificación de la sentencia, tendrá por consecuencia que se deje sin efecto el auto que declaró ejecutoriado el referido fallo, según la parte final del mencionado artículo 32 de la Ley de Amparo, que ordena que, en su caso, se reponga el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, mas no la sentencia misma. Como los agravios son parcial y sustancialmente fundados y los artículos 98 y 99 de la Ley de Amparo no ordenan el reenvío, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la misma ley, aplicado por analogía, procede revocar la interlocutoria recurrida y entrar al análisis de los conceptos de nulidad transcritos en la misma interlocutoria, a su vez transcrita en la presente resolución. QUINTO. Los conceptos de nulidad son fundados. Según lo aceptó el a quo en la interlocutoria impugnada, y se corrobora con las dos copias certificadas que obran en esta queja (fojas 33 y 76), el quejoso, ahora recurrente, en su escrito presentado en el Juzgado de Distrito en el Estado de Colima, el veintisiete de abril de mil novecientos ochenta y siete, señaló ‘como nuevo domicilio para oír notificaciones, en sustitución del anteriormente señalado, la casa No. 129, de la Calle de Filomeno Medina, de esta ciudad’ (Colima). A pesar de ello, la actuaria, para notificarle la sentencia que se terminó de engrosar el veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y nueve, se constituyó en Nicolás Bravo 131, de la misma ciudad de Colima, y asentó que estando cerrado el domicilio procedió a dejarle citatorio en la puerta de acceso; que constituida nuevamente en el domicilio no encontró al quejoso y procedió a notificarle la resolución por lista (fojas 24 y 25 de esta queja). Con ello indudablemente se infringió lo dispuesto por el artículo 30, fracción I, de la ley que reglamenta el juicio de garantías y 307 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado por analogía y en sentido inverso, causando al quejoso el consiguiente estado de indefensión. Por ello, procede declarar fundado este incidente de nulidad y, con apoyo en el ya citado artículo 32 de la ley que reglamenta el juicio de amparo, ordenar la reposición del procedimiento justamente a partir de la notificación al quejoso de la sentencia que se terminó de engrosar el veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y nueve. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se revoca la interlocutoria recurrida. SEGUNDO. Se declara la nulidad de la notificación de la sentencia que se terminó de engrosar el veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y nueve, dictada en el juicio de amparo número 310/86 del Juzgado de Distrito en el Estado de Colima, y se ordena la reposición del procedimiento a partir de la misma notificación."
SEXTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en sesión de fecha veintidós de mayo de dos mil dos, al resolver la queja 20/2002, presentada por María de las Nieves Alicia Bonilla López, sostuvo lo siguiente:
"CUARTO. Las argumentaciones planteadas por la recurrente en su único agravio deben desestimarse por las razones que enseguida se precisan. En principio, cabe señalar que los argumentos expuestos por la quejosa consistentes en que el auto recurrido es inconstitucional porque viola en su perjuicio las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 del Pacto Federal deben desestimarse por inoperantes, en atención a que la resolución recurrida fue dictada por un Juez de Distrito en un juicio de garantías, medio de control de la Constitución Federal que dentro de una técnica jurídica no admite una violación de garantías, resultando procedentes para remediar los vicios de legalidad en que pudiera incurrir el Juez de Distrito el ejercicio de los recursos que contempla la propia ley de la materia, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en las páginas 5 y 6 del Tomo V, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que aparece con el rubro: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’. Por otra parte, manifiesta la recurrente que es ilegal la consideración del a quo para no dar trámite al incidente de nulidad planteado, basándose en que de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Amparo, las partes sólo pueden pedir la nulidad de notificaciones hasta antes de dictarse sentencia definitiva; sin embargo, si bien la segunda parte del primer párrafo del precepto legal antes señalado dispone que el momento procesal oportuno para promover incidente de nulidad de notificaciones es hasta antes de dictarse sentencia definitiva, debe considerarse que tal disposición se refiere a los casos en que la notificación practicada en forma irregular ocurre antes de pronunciarse la sentencia que se dicta en el expediente, pero esto no impide que en los casos en que ya fue dictada la sentencia, como aconteció en el presente asunto, no pueda promoverse tal incidente respecto a notificaciones hechas con posterioridad, ya que pretender lo contrario sería tanto como permitir deficiencias en dichas notificaciones, dejando en estado de indefensión a las partes, contraviniendo lo dispuesto en la primera parte del artículo 32 de la Ley de Amparo, que señala que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida por la ley serán nulas. Admitir la consideración en que se sustentó el a quo es como aceptar que el incidente de nulidad de notificaciones sólo se puede promover hasta antes de dictarse sentencia definitiva; sin embargo, se dejarían firmes notificaciones realizadas contra la ley, lo que resultaría inequitativo y produciría perjuicios irreparables a las partes, dejándolas en estado de indefensión. Son infundados los argumentos previamente resumidos. Para mejor comprensión de la cuestión planteada es conveniente reseñar los siguientes antecedentes del asunto: 1. El tres de octubre de dos mil uno se verificó la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1188/2001, al tenor del acta respectiva (foja 54 de este toca). 2. El trece de noviembre siguiente, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, dictó sentencia (fojas 54 vuelta a 62 del presente expediente) en la que concedió la protección constitucional solicitada. 3. Por escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil uno (foja 70), la quejosa María de las Nieves Alicia Bonilla López solicitó copia certificada de la resolución mencionada en el punto precedente, a esa petición recayó el acuerdo fechado el día diecinueve del mes y año últimamente mencionados (foja 71) en el sentido de autorizar la expedición solicitada. 4. Inconforme con la sentencia del Juez de Distrito, el director Jurídico, de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión por oficio presentado el treinta de noviembre del año próximo pasado (foja 72). 5. En proveído de siete de diciembre de dos mil uno (foja 73), la secretaria encargada del despacho por ministerio de ley, tuvo por recibido el oficio correspondiente y ordenó la remisión de los autos y anexos respectivos a la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para la sustanciación del recurso de revisión. 6. Por ejecutoria de treinta de enero de dos mil dos (fojas 75 a 99), pronunciada en el toca RA. 38/2001, este Tribunal Colegiado revocó la sentencia recurrida y negó el amparo solicitado. 7. Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil dos (foja 100), el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Puebla, encargado del despacho por vacaciones del titular, tuvo por recibidos los autos del juicio de garantías y dio a conocer a las partes los puntos resolutivos de la ejecutoria referida en el apartado 6 que antecede. 8. Mediante escrito presentado el nueve de abril del año en curso (fojas 101 a 108), la quejosa promovió incidente de nulidad de notificaciones, en términos del artículo 32 de la Ley de Amparo; al efecto solicitó que en sentencia interlocutoria se declarara la nulidad de todas y cada una de las actuaciones practicadas a partir de la notificación del auto de siete de diciembre de dos mil uno, mencionado en el punto 5 anterior, y que en consecuencia se ordenara al actuario adscrito al juzgado que procediera a notificar nuevamente el proveído últimamente referido. 9. En acuerdo de nueve de abril de dos mil dos (foja 110 de este toca), entre otras cosas, el Juez a quo denegó la tramitación del incidente de nulidad, pues mediante ejecutoria de treinta de enero anterior, pronunciada en el toca RA. 38/2001, este órgano colegiado revocó la sentencia recurrida y negó la protección constitucional solicitada. Dicho proveído constituye la materia del presente recurso de queja. Ahora bien, en la especie resulta legal la determinación del Juez Federal al negar la tramitación del incidente de nulidad de notificaciones promovido por la quejosa. El primer párrafo del artículo 32 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: (transcribe). En cuanto al tema de la nulidad de notificaciones en el juicio de garantías, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 180/91, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. A continuación se reproduce la ejecutoria de mérito, en la parte que a este asunto interesa: (transcribe). La ejecutoria anterior dio lugar a la jurisprudencia P./J. 5/94, publicada en la página 12 del Número 76, correspondiente al mes de abril de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. PROCEDE CONTRA LAS QUE SE LLEVAN A CABO CON POSTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA.’ (se transcribe). De las transcripciones anteriores se advierte que en la contradicción de tesis 180/91, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que si bien el artículo 32 de la Ley de Amparo establece que las partes perjudicadas podrán pedir la nulidad de la notificación que se estime irregular antes de la sentencia definitiva, ello no debe interpretarse en el sentido de que las notificaciones efectuadas con posterioridad a la emisión de aquella sentencia no pueden ser combatidas a través del incidente de nulidad respectivo, pues dicha exigencia opera lógicamente respecto de las notificaciones practicadas antes de que se haya dictado la resolución definitiva, pero no para las realizadas después del pronunciamiento del fallo. En esas condiciones, resulta necesario examinar las siguientes hipótesis, que en la práctica pueden presentarse, atendiendo al momento procesal en que se halle el juicio de garantías: 1. En el primer supuesto, el Juez de Distrito, o el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, en su caso, aún no ha dictado la sentencia definitiva en la audiencia constitucional. Así, en contra de notificaciones practicadas antes del pronunciamiento de esa resolución definitiva es procedente el incidente de nulidad previsto en el artículo 32 de la ley de la materia. 2. En el segundo caso el juzgador constitucional ya emitió la sentencia. En este punto se presentan, a su vez las siguientes variantes: a) La resolución del a quo aún no causa estado, es decir, se encuentra transcurriendo el término legal para impugnarla. Por consiguiente, en esta etapa del procedimiento es procedente plantear la nulidad de las notificaciones efectuadas después de fallado el juicio en primera instancia, iniciando desde luego con la notificación de la propia sentencia dictada en la audiencia constitucional; b) Se interpuso el recurso de revisión, pero el Tribunal Colegiado todavía no resuelve en segunda instancia. De actualizarse esta hipótesis puede pedirse también la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a la resolución del Juez de Distrito o Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito y hasta antes de que el Tribunal Colegiado dicte la sentencia ejecutoriada. Es conveniente resaltar que si se interpusiera queja en contra del auto del juzgador de amparo por el que se haya denegado la tramitación del incidente de nulidad, promovido en contra de la notificación de la sentencia de primera instancia (por ejemplo), el Tribunal Colegiado que conozca del asunto debe resolver dicho medio de impugnación en forma previa al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional; y, c) Ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de primera instancia. Por ello, el a quo dictó un auto en el que declaró ejecutoriada la precitada resolución. Fenece el término para la interposición del recurso de queja en contra de este último proveído. En este momento procesal, es decir, ya concluido el término para interponer la queja contra el auto que declara que la sentencia de primera instancia ha causado ejecutoria, alguna de las partes promueve la nulidad de la notificación de la resolución pronunciada en la audiencia constitucional. Sin embargo, el Juez de Distrito no da trámite a la promoción respectiva, señalando como motivos, primero, que el auto que declaró ejecutoriada la sentencia es un obstáculo para la procedencia del incidente de nulidad porque dicho auto dio origen a una diversa situación jurídica; y, segundo, que en contra de ese acuerdo procede el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la ley de la materia. Inconfo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18085-52953777/nulidad-de-notificaciones-es-procedente-el-incidente-relativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DEMANDA DE AMPARO. LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN NO MOTIVA QUE EL JUZGADOR PREVENGA AL QUEJOSO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2003-PL)
- PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A (CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2003-PS)
- PAGARÉ. LA PROMESA INCONDICIONAL DE PAGAR UNA SUMA DETERMINADA DE DINERO, ES UN REQUISITO DE EXISTENCIA. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2003-PS)
- MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2001-PL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TESIS DE JURISPRUDENCIA Y PRECEDENTES, SU CITA. NO CAUSA AGRAVIO EL QUE NO SE TRANSCRIBAN INTEGRAMENTE, SI SE PROPORCIONAN DATOS QUE INDUDABLEMENTE LA IDENTIFICAN. (s/clave)
- LAUDO PRONUNCIADO EN CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL. (s/clave)
- TESIS AISLADAS DE TRIBUNALES COLEGIADOS. LOS JUECES DE DISTRITO NO ESTÁN IMPEDIDOS PARA APOYAR EN ELLAS SU CRITERIO. (XVII.4o.4 K )
- AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CITA ERRONEA DE LA TESIS QUE APOYA EL ACUERDO DE LA NEGATIVA A DIFERIRLA. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis