MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2001-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, Y SEGUNDO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. La sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en la queja 7/2001 sostiene, en su parte medular, lo siguiente:
"CUARTO. Los agravios expuestos por la recurrente resultan infundados. En efecto, de los antecedentes que informan el presente asunto, se desprende lo siguiente: Mediante escrito de fecha primero de febrero de dos mil uno, María del Pilar Guzmán Pérez, por su propio derecho, en su carácter de tercera extraña al juicio de origen solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, reclamando del Juez de lo Civil de Tecamachalco, Puebla, del diligenciario adscrito al mismo juzgado y del comandante de la Policía Judicial comisionado en dicho distrito judicial, la orden de lanzamiento decretada en el expediente número 513/99, relativo al juicio reivindicatorio promovido por Socorro Peregrina Lezama, en contra de Guillermina Mendoza Rodríguez, así como la ejecución de dicha orden. Por auto de uno de febrero de dos mil uno, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, al que correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de garantías, ordenando requerir a la quejosa para que en el término de tres días manifestara si el domicilio de la tercero perjudicada, Guillermina Mendoza Rodríguez, se ubicaba en el Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, o en esta ciudad, apercibiéndola que de no hacer alguna manifestación al respecto se le impondría una multa de mil pesos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil, el Juez Federal requirió a la quejosa para que en el término de tres días proporcionara el domicilio de Sergio Rivera Lezama, en virtud de que éste tenía el carácter de tercero perjudicado, puesto que del informe justificado rendido por el Juez responsable, se desprendía que era demandado en el juicio de origen; asimismo, en virtud de que la quejosa no dio cumplimiento a la prevención que se le hizo por acuerdo de uno de febrero de dos mil, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado, imponiéndole una multa de mil pesos, cero centavos, moneda nacional, requiriéndola nuevamente para que en el término referido informara si el domicilio de Guillermina Mendoza Rodríguez se ubicaba en el Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, o en esta ciudad, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondría una nueva multa de conformidad con lo establecido por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en los términos de su artículo 2o. El auto indicado constituye la materia del presente recurso de queja. En sus agravios, la inconforme sostiene que se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la resolución que recurre no está fundada y motivada, al expresar que se le impone una multa porque hizo caso omiso a una resolución anterior; sin embargo, el Juez Federal no tomó en cuenta que tiene facultades para hacerse llegar toda la información que necesite, y optó por lo más perjudicial para la inconforme, pues primero le debió requerir y después multarla. Que considera que el Juez de Distrito se excedió en el ejercicio de sus atribuciones legales, al imponerle una multa de mil pesos, siendo que el artículo 3o. bis de la ley de la materia lo faculta sólo para imponer un peso, por lo que estima procedente señalar que un Juez no puede imponer dos veces una multa. Que además, considera que es necesario citar las jurisprudencias de los rubros: ‘MULTAS. LAS ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 59 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEBEN FIJARSE EN VIEJOS PESOS.’, ‘MULTAS PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 59 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CUANTÍA DE LAS, DE ACUERDO CON EL DECRETO POR EL QUE SE CREA UNA NUEVA UNIDAD DEL SISTEMA MONETARIO.’, ‘MULTAS. LAS EXPRESIONES EN MONEDA NACIONAL CONTENIDAS EN LAS LEYES QUE ENTRARON EN VIGOR CON ANTERIORIDAD AL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, SE ENTENDERÁN REFERIDAS A LA UNIDAD MONETARIA QUE SE SUSTITUYE.’, ‘MULTAS PREVISTAS POR LA LEY DE AMPARO.’, ‘MULTA. NO LA CAUSA LA OMISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA EMPLAZAR AL TERCERO PERJUDICADO.’ y ‘JUEZ DE DISTRITO, MULTA IMPUESTA POR EL, DEBE RAZONAR Y MOTIVAR LA MALA FE DEL INFRACTOR.’. Ahora bien, en primer lugar, debe decirse que resultan inoperantes los argumentos de la recurrente consistentes en que se violaron en su perjuicio las garantías constitucionales consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, puesto que los Jueces de Distrito cuando actúan como órganos de control constitucional no violan las garantías individuales, como se establece en la jurisprudencia número 2/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/94, visible a fojas 5 y 6, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (se transcribe). Por otra parte, contrariamente a lo que expone la recurrente, el Juez Federal, antes de dictar el acuerdo recurrido por el que se le impuso una multa de mil pesos, cero centavos, moneda nacional, requirió a la entonces quejosa para que manifestara si el domicilio de la tercero perjudicada, Guillermina Mendoza Rodríguez, se encontraba en el Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, o en esta capital, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondría una multa en la cantidad indicada. En efecto, de las constancias que obran en autos, se advierte que por auto de primero de febrero de dos mil uno, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, al que correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de garantías, ordenando requerir a la quejosa para que en el término de tres días manifestara si el domicilio de la tercero perjudicada, Guillermina Mendoza Rodríguez, se ubicaba en el Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, o en esta ciudad, apercibiéndola que de no hacer alguna manifestación al respecto, se le impondría una multa de mil pesos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; acuerdo que le fue notificado por lista a la demandante del amparo, el seis de febrero de dos mil uno, según se desprende de la razón de notificación que obra a fojas once del expediente en que se actúa. También obra en autos el proveído recurrido, dictado el dieciséis de febrero de dos mil uno, a través del cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso acuerdo de primero del mismo mes y año, en virtud de que no dio cumplimiento al requerimiento indicado, imponiéndole una multa de mil pesos, cero centavos, moneda nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiriéndola nuevamente para que en el término de tres días informara si el domicilio de Guillermina Mendoza Rodríguez se ubicaba en el Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, o en esta ciudad, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondría una multa de conformidad con lo establecido por el numeral citado. En tal virtud, es inconcuso que el proveído recurrido se encuentra ajustado a derecho, ya que contrariamente a lo que expone la inconforme, primero se le requirió para que señalara la ubicación del domicilio de la tercero perjudicada indicada, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondría una multa de mil pesos, cero centavos, moneda nacional, y como la impetrante de garantías no dio cumplimiento a lo requerido, el Juez Federal le impuso la sanción indicada. No obsta para la anterior conclusión, lo que manifiesta la inconforme en el sentido de que el Juez Federal tenía facultades para hacerse llegar la información necesaria para investigar el domicilio de la tercero perjudicada, pues al respecto debe decirse que si bien es verdad que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en caso de que no conste el domicilio del tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe dictar las medidas necesarias para investigarlo, lo cierto es que la inconforme estaba obligada a cumplir con el requerimiento que le fue formulado o, en su caso, manifestar las razones que le impedían hacerlo, pues no debe perderse de vista que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116, fracción II, de la Ley de Amparo, en la demanda de garantías se debe indicar el nombre y domicilio del tercero o terceros perjudicados. Por otra parte, el artículo 146 del ordenamiento legal de referencia establece, en su primer párrafo: ‘Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo.’. Por consiguiente, resulta inconcuso que el Juez Federal procedió correctamente al solicitar a la quejosa que aclarara su demanda de amparo, señalando la ubicación del domicilio de la tercero perjudicada, antes de tomar las medidas necesarias para la investigación del mismo, ya que de lo dispuesto por los preceptos legales citados anteriormente, se desprende que el Juez de Distrito primero debe requerir al demandante de garantías que cumpla con los requisitos que establece el artículo 116 de la Ley de Amparo, y sólo en el caso de que el quejoso tenga la imposibilidad de señalar el domicilio del tercero perjudicado, entonces el Juez Federal estará obligado a dictar las medidas necesarias para investigarlo. En otro aspecto, no asiste razón a la inconforme en cuanto manifiesta que el Juez de Distrito se excedió en sus atribuciones al imponerle una multa de mil pesos, porque el artículo 3o. bis de la Ley de Amparo, sólo lo faculta para imponer un peso, pues al respecto debe indicarse que el precepto legal citado no se refiere al monto de las multas, sino al salario mínimo general que debe tomarse en cuenta cuando se impongan con base en la Ley de Amparo, y a cuándo deben imponerse dichas multas. Por otro lado, la multa en cuestión le fue impuesta a la inconforme con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en los términos de su artículo 2o., que establece: ‘Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio: I. Multa hasta de mil pesos.’. Por consiguiente, debe sostenerse que el Juez Federal se ajustó a derecho al imponerle a la quejosa una multa de mil pesos, cero centavos, moneda nacional, puesto que ésta es la cantidad establecida por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, precepto legal en que se apoyó para imponer a la inconforme la medida de apremio. En virtud de lo anterior, debe considerarse que el Juez Federal actuó correctamente al imponer a la inconforme una multa de mil pesos actuales, pues si bien la recurrente cita diversas tesis de distintos Tribunales Colegiados de Circuito, con los rubros: ‘MULTAS. LAS ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 59 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEBEN FIJARSE EN VIEJOS PESOS.’, ‘MULTAS PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 59 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CUANTÍA DE LAS, DE ACUERDO CON EL DECRETO POR EL QUE SE CREA UNA NUEVA UNIDAD DEL SISTEMA MONETARIO.’ y ‘MULTAS. LAS EXPRESIONES EN MONEDA NACIONAL CONTENIDAS EN LAS LEYES QUE ENTRARON EN VIGOR CON ANTERIORIDAD AL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, SE ENTENDERÁN REFERIDAS A LA UNIDAD MONETARIA QUE SE SUSTITUYE.’, en las que se establece que las multas previstas por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles deben fijarse en viejos pesos, este órgano colegiado no comparte tales criterios, puesto que si bien el artículo primero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, establece: ‘El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1993, con la excepción del décimo transitorio, el cual entrará en vigor el día siguiente al de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.’. Que por su parte, el artículo noveno transitorio de dicho decreto, dispone: ‘Las expresiones en moneda nacional contenidas en leyes, reglamentos, circulares u otras disposiciones, que hayan entrado en vigor con anterioridad al 1o. de enero de 1993, se entenderán referidas a la unidad monetaria que se sustituye. Al computar, expresar o pagar dichas cantidades en la nueva unidad monetaria, se aplicará la equivalencia establecida en el artículo 1o.’. Esta última disposición sólo debe entenderse aplicable para los casos en que con anterioridad a la entrada en vigor del citado decreto se hubieran contraído obligaciones monetarias, ya sea por convenio o por disposiciones legales o reglamentarias, puesto que no sería admisible que éstas se pagaran con base en la nueva unidad monetaria, porque con ello se causaría perjuicio al obligado; sin embargo, no existe razón lógica ni jurídica para sostener que al imponerse una multa por incumplimiento a un mandato judicial, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles debe atenderse a las disposiciones transcritas del decreto referido, sólo porque el código procesal invocado entró en vigor antes que dicho decreto, pues al disponer el precepto procesal civil: ‘Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio: I. Multa hasta de mil pesos.’, no está refiriéndose a una determinada unidad monetaria, sino que la multa de mil pesos debe fijarse con base en la unidad monetaria vigente cuando se cometa el desacato sancionado pues, de lo contrario, equivaldría a sostener que por el hecho de haber entrado en vigor el Código Federal de Procedimientos Civiles, antes que el decreto que creó una nueva unidad monetaria, quienes ahora desacaten un mandamiento judicial tienen adquirido el derecho de que las multas que les sean impuestas deben ser con base en la Ley Monetaria vigente cuando entró en vigor el Código Federal de Procedimientos Civiles que las contempla, lo cual carece de sentido jurídico y lógico, puesto que la medida de apremio que regula el artículo 59, fracción I, del citado ordenamiento, no está referida a ningún ordenamiento monetario vigente en una época determinada, sino que la multa debe imponerse con base en la unidad monetaria vigente cuando se incurrió en el desacato al mandamiento judicial. Cabe destacar que, aun suponiendo que el legislador al promulgar el Código Federal de Procedimientos Civiles hubiera pensado en el efecto que podría tener la imposición de una multa de mil pesos, ese hecho no es motivo para sostener que debe atenderse a la unidad monetaria vigente en la fecha en que se promulgó el código indicado, puesto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y dos (sic), fecha en que el peso como unidad monetaria tenía mayor valor adquisitivo que en la actualidad, por lo que esa circunstancia tampoco puede considerarse como una razón para establecer que debe tomarse como base la unidad monetaria de curso legal antes del decreto que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y tres. Por otra parte, contrariamente a lo que expone la recurrente, el proveído recurrido se encuentra debidamente fundado y motivado, porque el Juez Federal citó con precisión el precepto legal que le facultaba para imponer la multa correspondiente a mil pesos, es decir, el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, y expuso los razonamientos que tuvo en cuenta para imponerle a la quejosa la multa referida, pues en el proveído que se analiza se estableció que la inconforme no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo por acuerdo de primero de febrero de dos mil uno, existiendo adecuación entre los motivos aducidos por el Juez Federal y los preceptos legales que invocó. Atento lo anterior, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de queja."
Tal criterio sirvió de sustento para la siguiente tesis:
"MULTA IMPUESTA CON BASE EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. DEBE HACERSE CON BASE EN LA UNIDAD MONETARIA EN VIGOR CUANDO SE DÉ EL DESACATO AL MANDATO JUDICIAL QUE LA MOTIVÓ. Al establecer el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que los tribunales para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear a discreción, las medidas de apremio que dicho dispositivo enumera, entre ellas, la multa de mil pesos que establece en la fracción I, debe entenderse que se refiere a la unidad monetaria vigente en el momento en que se dé el desacato al mandato judicial que se sanciona, y no aquella que estuvo en vigor antes de que tuviera vigencia el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, la cual inició el primero de enero de mil novecientos noventa y tres, con excepción del artículo décimo transitorio; decreto que en el artículo noveno transitorio, dispone: ‘Las expresiones en moneda nacional contenidas en leyes, reglamentos, circulares u otras disposiciones, que hayan entrado en vigor con anterioridad al 1o. de enero de 1993, se entenderán referidas a la unidad monetaria que se sustituye. Al computar, expresar o pagar dichas cantidades en la nueva unidad monetaria, se aplicará la equivalencia establecida en el artículo 1o.’, pues este último numeral es aplicable sólo a los casos en que con anterioridad a la entrada en vigor de dicho decreto se hubieran contraído obligaciones monetarias, por convenio o por disposición legal o reglamentaria. Sin embargo, no existe ninguna razón legal o jurídica para sostener que al imponerse una multa como medida de apremio, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, deba atenderse a lo dispuesto por el decreto referido, sólo porque el ordenamiento procesal citado entró en vigor antes que dicho decreto, ya que al establecer el primero de ellos como medida de apremio la imposición de una multa de mil pesos, no se refiere a una determinada unidad monetaria; pues aun suponiendo que cuando se emitió el código procesal invocado, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y dos, para entrar en vigor treinta días después, según su artículo primero transitorio, el legislador hubiera pensado en el efecto que podría tener la imposición de una multa de mil pesos por desacato a un mandato judicial, es de destacarse que cuando entró en vigor el ordenamiento procesal multicitado, el peso como unidad monetaria, tenía mayor valor adquisitivo que la moneda de curso legal con posterioridad a la entrada en vigor del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos; por lo que esa circunstancia tampoco podría considerarse como una razón suficiente para sostener que debe tomarse en cuenta la unidad monetaria de curso legal antes de la entrada en vigor del decreto mencionado, que creó una nueva unidad monetaria."
TERCERO. La ejecutoria pronunciada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la queja 2/94, señala en su parte conducente:
"CUARTO. Argumenta la recurrente que el Juez de Distrito sin fundamento ni motivo le impuso una sanción de un mil nuevos pesos, aplicando indebidamente el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual prevé una sanción de un mil pesos, es decir, un nuevo peso. Es sustancialmente fundado el anterior argumento. Se destaca que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en el acto impugnado hizo efectivo el apercibimiento decretado mediante acuerdo de fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y tres, con apoyo en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, imponiendo una multa a la testigo Isabel Macías Oropeza, ahora recurrente, por la cantidad de un mil nuevos pesos, por no haber comparecido al desahogo de la prueba testimonial a su cargo. Si bien es cierto que el Juez Federal tiene plenas facultades para hacer cumplir sus determinaciones, pudiendo al efecto emplear como medidas de apremio la imposición de multas, lo es también que debe hacerlo dentro de los márgenes que la ley establece. En el presente asunto, el Juez de Distrito fundamentó en el artículo 59, fracción I, del código mencionado su determinación de imponer al recurrente una multa, lo cual es correcto; sin embargo, la cantidad impuesta rebasa los límites de la norma, pues ese precepto autoriza la imposición de multas hasta de mil pesos, y el Juez Federal impuso a la mencionada testigo una multa por la cantidad de un mil nuevos pesos, lo cual no es lo mismo. En efecto, el Decreto por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, en sus artículos primero y noveno transitorio dispone: ‘1o.’ (se transcribe). ‘Noveno transitorio.’ (se transcribe). De los preceptos transcritos se desprende que las expresiones en moneda nacional contenidas en las leyes que hayan entrado en vigor con anterioridad al primero de enero de mil novecientos noventa y tres, se entenderán referidas a la unidad monetaria que se sustituye. En el caso, el artículo 59, fracción I, establece que podrá imponerse una multa hasta la cantidad de mil pesos anteriores, que es la unidad monetaria que se sustituye a la actual ‘un peso’ y esa es la autorizada por esa norma. Por tanto, al imponer el Juez Federal una multa a la promovente del recurso, por la cantidad de un mil nuevos pesos (un millón de pesos anteriores), se excedió de los límites permitidos por el precepto aludido. En consecuencia, se declara fundada la queja promovida por Isabel Macías Oropeza, en contra del auto de fecha ocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 304/93."
Tal criterio dio lugar a la siguiente tesis:
"MULTAS. LAS EXPRESIONES EN MONEDA NACIONAL CONTENIDAS EN LAS LEYES QUE ENTRARON EN VIGOR CON ANTERIORIDAD AL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, SE ENTENDERÁN REFERIDAS A LA UNIDAD MONETARIA QUE SE SUSTITUYE. Si bien es cierto que el Juez Federal tiene plenas facultades para hacer cumplir sus determinaciones, pudiendo al efecto emplear como medidas de apremio, la imposición de multas, lo es también que debe hacerlo dentro de los márgenes que la ley establece. Si el Juez de Distrito fundamenta en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, su determinación de imponer una multa, ese precepto autoriza la imposición de multas hasta de ‘mil pesos’, que no es lo mismo que ‘un mil nuevos pesos’. En efecto, el decreto por el que se creó una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, en sus artículos primero y noveno disponen: ‘1o. Se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos equivalente a mil pesos actuales. La nueva unidad conservará el nombre de «peso» y se dividirá en cien «centavos». La unidad continuará representándose por el símbolo de «$» y los «centavos» se representarán por el símbolo «C». Noveno (transitorio). Las expresiones en moneda nacional contenidas en leyes, reglamentos, circulares u otras disposiciones, que hayan entrado en vigor con anterioridad al 1o. de enero de 1993, se entenderán referidas a la unidad monetaria que se sustituye. Al computar, expresar o pagar dichas cantidades en la nueva unidad monetaria, se aplicará la equivalencia establecida en el artículo 1o.’. De los preceptos transcritos se desprende que las expresiones en moneda nacional contenidas en las leyes que hayan entrado en vigor con anterioridad al primero de enero de mil novecientos noventa y tres, se entenderán referidas a la unidad monetaria que se sustituye. El artículo 59, fracción I, establece que podrá imponerse una multa hasta la cantidad de mil pesos anteriores que es la unidad monetaria que se sustituye a la actual ‘un peso’ y esa es la cantidad autorizada por esa norma. Por lo tanto si el Juez Federal impone una multa por la cantidad de un mil nuevos pesos (un millón de pesos anteriores), se excede de los límites permitidos por el precepto aludido."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió las quejas 292/94, 92/96, 112/97, 222/97 y 832/97. En la primera de las ejecutorias mencionadas se adujo en su parte conducente:
"CUARTO. Es fundado el agravio que hace valer la autoridad recurrente. Previo al estudio del citado agravio es necesario transcribir el auto de catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro, que en la parte que interesa dice: ‘México, Distrito Federal, a catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Visto; tomando en consideración que el director general Jurídico y de Estudios Legislativos manifiesta la imposibilidad para remitir las copias certificadas de los documentos que se le solicitaron, dígasele que se le concede el término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este proveído, para que justifique los trámites que esté realizando con Servicios Metropolitanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, para obtener la documentación que se le pidió. Se le apercibe que de no acatar dicho mandato dentro del plazo para ello establecido, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de abril pasado, consistente en imponerle una multa en la cantidad de trescientos cincuenta nuevos pesos, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles.’. Al respecto, los artículos 2o. de la Ley de Amparo y el 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dicen: ‘Artículo 2o. El juicio de amparo se sustanciará y decidirá con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en el presente libro, ajustándose, en materia agraria, a las prevenciones específicas a que se refiere el libro segundo de esta ley. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.’ y ‘Artículo 59. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio: I. Multa hasta de mil pesos.’. Ahora bien, del auto antes transcrito se observa que el Juez de amparo apercibe a la recurrente que de no acatar su mandato se le hará efectivo el apercibimiento que a su vez le decretó en el auto de cuatro de abril pasado, consistente en imponerle una multa en cantidad de N$350.00 (trescientos cincuenta nuevos pesos 00/100 M.N.), con fundamento en el artículo que ha quedado transcrito con antelación, la cual se hizo efectiva porque la autoridad no dio cumplimiento a lo mandado en proveído de catorce de abril pasado. Como se observa de los numerales antes transcritos, la Ley de Amparo prevé para efectos de la supletoriedad al código federal antes anotado; por su parte, el precepto citado en último término sostiene que los tribunales para hacer cumplir sus determinaciones pueden utilizar como medios de apremio, entre otros, el que señala en la fracción I, esto es, la multa hasta de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.); de ahí que, si como se ha señalado con antelación, el a quo toma dicho precepto como apoyo jurídico para sancionar a la autoridad omisa con una multa de N$350.00 (trescientos cincuenta nuevos pesos 00/100 M.N.), es evidente que el sustento jurídico es indebido, ya que como lo sostiene la recurrente, es una multa excesiva, ya que el precepto que se comenta lo constriñe únicamente a imponer multas hasta por el monto de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.), en la inteligencia de que este monto debe sujetarse a lo que señala el Decreto por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, el que sostiene en sus artículos 1o. y noveno transitorio lo siguiente: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). Preceptos que armonizados con el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles (apoyo de la multa que ahora recurre), como pretende el a quo, sino por el contrario, ésta tiene un monto de N$1,000.00 (mil nuevos pesos 00/100 M.N.), como pretende el a quo, sino por el contrario, ésta tiene un monto de N$1.00 (un nuevo peso 00/100 M
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17192-08273bcb/multa-como-medida-de-apremio-prevista-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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