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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2000-PL. · Registro digital (IUS): 17143
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MAT
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, , Pág. 212.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2000-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Con el propósito de analizar si existe la contradicción de tesis denunciada, procede transcribir la parte conducente de las consideraciones contenidas en las respectivas sentencias de amparo.

1. EL Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho el recurso de queja número 83/97, interpuesto por Autobuses México-Toluca-Zinacantepec y Ramales, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del proveído de veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictado por el Juez de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo indirecto 228/95, determinó, esencialmente, lo siguiente:

"CUARTO. Se advierte que los agravios expresados por la empresa recurrente son parcialmente fundados. En efecto, Enrique Trujillo Arias, en su carácter de presidente del consejo de administración de la empresa Autotransportes México-Toluca-Zinacantepec y Ramales, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso recurso de queja en contra del auto de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, en el juicio de amparo número 228/95, dictado por el Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad de Toluca, en el que la apercibe que para el caso de no presentarse a recoger los edictos para su publicación en el término de tres días, se sobreseerá en el juicio de amparo en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 116, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora bien, del análisis efectuado al auto que por esta vía se recurre, se advierte que el a quo determinó emplazar a la tercero perjudicada por edictos, puesto que aun cuando se han dictado las medidas pertinentes para conocer el domicilio citado de la tercero perjudicada, tal búsqueda no ha tenido éxito; en efecto, como se desprende de las constancias que remitió el Juez de Distrito del conocimiento, por autos de diversas fechas el a quo solicitó informes sobre el domicilio de la tercero perjudicada, entre ellas a las autoridades responsables, incluso a la Policía Federal de Caminos, a fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, se agotaron los medios de investigación y de estas actuaciones se tiene constancia en los diez tomos relativos al expediente; de tal suerte que, atento lo dispuesto por el citado precepto 30, fracción II, último párrafo, la notificación en cita se deberá hacer por edictos. Sin embargo, como lo hace valer la empresa quejosa, el a quo no puede decretar el sobreseimiento del juicio como medida de apremio para el caso de incumplimiento de lo ordenado en dicho proveído, pues para que fuera procedente el sobreseimiento en comento, necesariamente tendría que acreditarse alguna causal de improcedencia, situación que, en la especie, no acontece. En efecto, el artículo 73 de la legislación de amparo, determina en sus dieciocho fracciones los casos en que procede declarar improcedente el juicio de amparo en estudio, asimismo, el diverso precepto 74 del mismo ordenamiento legal, establece en sus cinco fracciones en qué situaciones procede el sobreseimiento, ninguna de las cuales se actualiza en el presente caso. En la especie, el a quo indebidamente determina que, en caso de no cumplir con lo ordenado, se procederá a sobreseer en términos del artículo 73, fracción XVIII y 116, fracción II, de la ley de la materia, cuando dichos artículos son del tenor literal siguiente: 'Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley.'. 'Artículo 116. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: ... II. El nombre y domicilio del tercero perjudicado.'. De lo transcrito anteriormente, este tribunal no advierte que se actualice alguna de las causales de sobreseimiento, como lo determina el Juez. Si bien es cierto que el a quo tiene la facultad de requerir o apercibir a las partes cuando lo estime conveniente, con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones, toda vez que el requerimiento es el acto de intimar en una resolución judicial a una persona para que haga o se abstenga de hacer alguna cosa; sin embargo, la sanción anunciada en el apercibimiento sólo procede para aplicar alguna de las medidas de apremio que dispone la ley; por tanto, la sanción de sobreseimiento anunciada en el apercibimiento dictado por el a quo, es decir, sobreseer en el juicio de amparo por no recoger los edictos dentro del término de tres días, se aparta del ordenamiento legal que rige el juicio constitucional. En esas condiciones, y al advertirse que el Juez se excedió en la sanción impuesta en el auto recurrido, es procedente declarar fundado el presente recurso de queja."

a) De las consideraciones precedentes surgió la tesis publicada en la página 764, Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, No vena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"APERCIBIMIENTO DE SOBRESEER. ES ILEGAL SI NO SE ACREDITA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El Juez de Distrito no puede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, como medida de apremio, en caso de incumplimiento a lo ordenado en el proveído en el que apercibe para la recepción de edictos y su publicación en el término de tres días, toda vez que para que fuera procedente el sobreseimiento, necesariamente tendría que acreditarse alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 73, en relación con el 74, de la Ley de Amparo."

2. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el cinco de octubre de mil novecientos ochenta y ocho el amparo en revisión 154/88, interpuesto por Samuel López Ramírez, en contra del proveído de cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, dictado por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto 1032/87, determinó lo siguiente:

"III. Los agravios son fundados en la medida que a continuación se expondrá, supliendo parcialmente su deficiencia con apoyo en lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción V, de la Ley de Amparo. Como quedó establecido, el Juez de Distrito, para sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, argumentó, esencialmente, que lo hacía porque la promovente no había cumplido con el requerimiento que se le hizo en el auto admisorio de la demanda de garantías, es decir, por no haber exhibido los ejemplares en que aparecieran publicados los edictos que se ordenó expedir para emplazar al tercero perjudicado Lucas Valdez Iñiguez, ya que, sigue diciendo dicho juzgador federal, no se estaba en posibilidad de continuar el procedimiento constitucional con la intervención de todas las partes. Ahora bien, del análisis de los artículos de la Ley de Amparo que el Juez Federal cita como fundamento de su determinación, se arriba a la conclusión de que la causa de improcedencia en que se fincó el acuerdo recurrido, real mente no tiene apoyo en dispositivo legal alguno. En efecto, el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento invocado, regula lo relativo a las personas que tienen el carácter de terceros perjudicados en los juicios de garantías; el diverso numeral 116 señala los requisitos que debe reunir la demanda de amparo; la fracción XVIII del artículo 73 establece que, además de los casos que prevén las fracciones anteriores, el juicio constitucional es improcedente cuando ello sea el resultado de alguna disposición legal; finalmente, el último de los dispositivos que citan en el auto combatido, prevé que debe sobreseerse: 'Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.'. Así, es evidente que el hecho de no exhibirse los periódicos donde aparezcan las publicaciones de los edictos mediante los cuales se emplaza a algún tercero perjudicado, no origina el sobreseimiento en el juicio. El incumplimiento, en el caso, de lo que señalan los dos primeros artículos traería como consecuencia que el Juez de Distrito ordenara fueran subsanadas las irregularidades o deficiencias que pudiera contener la demanda, conforme a lo dispuesto por el precepto 146 de la ley en comento; en el concepto de que, si bien la sanción para el caso de incumplimiento en la satisfacción de los requisitos omitidos es la de tener la demanda por no interpuesta, es obvio que esa hipótesis es distinta a la que se viene estudiando. Por lo que ve a la fracción XVIII del citado artículo 73, aun cuando deja abierta la posibilidad de que pueda resultar del texto de la ley alguna otra causa de improcedencia, distinta de las enumeradas en las diecisiete fracciones anteriores del propio precepto, no está previsto en alguna parte de la legislación de amparo que la no exhibición de las publicaciones aludidas origine el sobreseimiento del juicio de garantías. En el entendido de que la hipótesis prevista en tal fracción, debe entenderse en el sentido de que se refiere a los casos y circunstancias que establece la indicada Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, o bien, de los que prevé la Carta Magna, porque de lo contrario se haría nugatorio el sistema respectivo adoptado por el primero de los ordenamientos invocados. Al respecto, se considera útil citar lo que dice don Ignacio Burgoa en su obra Juicio de Amparo, vigésima primera edición, 1984, páginas 485 y 486, al tratar lo correspondiente al tema que se comenta, en donde menciona que: 'K. La improcedencia del juicio de amparo por disposición legal (fracción XVIII). Es la fracción XVIII, la que consagra esa causa de improcedencia al establecer que: «El juicio de amparo es improcedente: XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.'». En ocasiones anteriores nos hemos referido a esta disposición de la Ley de Amparo. Interpretando literalmente dicha fracción, llegamos entonces a la conclusión de que no sólo es indebida, sino inconstitucional. En efecto, no obstante el sentido restrictivo en que se encuentran catalogadas por dicha ley las causas de improcedencia respectivas, la fracción XVIII viene propiamente a desnaturalizar o a desvirtuar tal sistema enumerativo, al permitir la posibilidad de que cualquier disposición legal, independientemente de su categoría jurídica, estime improcedente la acción de amparo. En tales condiciones, creemos que tanto dicha fracción, como cualquier ley o disposición no constitucional que apoyándose en ella haga improcedente el juicio de amparo en la materia por ella reglamentada, es inconstitucional, por dos motivos fundamentales: en primer lugar, porque la restricción y la denegación de la procedencia del juicio de amparo implícitamente equivalen a la subversión de las garantías individuales, desde el momento en que tácitamente sancionan y reconocen validez a las violaciones que contra ellas se cometen, al negar y hacer improcedente el medio jurídico de su preservación; y, en segundo término, porque se infringiría indudablemente el artículo 103 de la Ley Suprema que, sin restricción alguna (salvo las expresamente consignadas en ella misma) consagra la procedencia de la acción de amparo por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales o produzcan una contravención al régimen federativo. Consiguientemente, si tan amplia es la procedencia constitucional de la acción de amparo, si abarca cualquier acto o ley de autoridad que viole alguna garantía individual, el hecho de sustraer de ella cualquier acto o ley por algún cuerpo legal secundario, como acontecería en el caso de que éste considera improcedente el juicio de amparo, estaría en abierta contraposición con el artículo 103 constitucional. Además de estas dos razones de índole teórica, podemos acudir a una de carácter práctico para demostrar lo absurdo e indebido de la causa de improcedencia que consigna la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Es bien sabido que el juicio de amparo es una institución inmejorable para mantener a las autoridades estatales dentro de un régimen de constitucionalidad y de legalidad y que encuentra su base en la supremacía de la Ley Fundamental. Pues bien, apoyándose en la mencionada fracción, la actividad del Poder Legislativo ordinario podría hacer nugatorio el juicio de amparo, consignando su improcedencia en cada cuerpo legal que emitiera, llegando, a la postre, a eliminar dicho medio de control, dando así pábulo a la arbitrariedad.'. El último de los numerales en que se apoyó el juzgador federal no amerita mayores comentarios, dado que el mismo remite a los casos previstos en el multicitado artículo 73. Sobre el particular, se invoca la tesis visible en la página 322, del Informe de 1981, Tercera Parte, que señala: 'IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, POR SÍ SOLA, NO PUEDE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA DECRETAR LA. De la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no se deriva ninguna causal de improcedencia, pues dicho precepto legal sólo regula el caso en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y por ende únicamente puede ser aplicado en relación con otro dispositivo, ya sea de la propia codificación o de la Constitución General de la República, del cual se derive alguna improcedencia. De manera que si el Juez de Distrito no señala cuál es la norma legal de la que se derive la improcedencia del juicio de amparo y se limita a invocar la citada fracción XVIII, su consideración resulta ilegal.'. No está por demás mencionar que la consecuencia que acarrearía la omisión en que incurrió la quejosa, a lo sumo, sería la de que se hiciera uso en su contra de los medios de apremio que establece el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. Conviene aclarar que pudiera pensarse que la peticionaria de garantías consintió el acto de que se duele, por no haber combatido mediante el recurso previsto en el artículo 95, fracción VI, de la ley de la materia, el proveído que ordenó hacerle el requerimiento respectivo; sin embargo, en virtud de que se solicita la protección de la Justicia Federal, contra actos que afectan directamente bienes de un menor, procede suplir la deficiencia de la queja sobre ese aspecto, y establecer que tal acuerdo no es claro y da lugar a confusiones, ya que como el mismo señala, en lo conducente, que: 'Emplácese a los terceros perjudicados José Díaz Magaña y Lucas Valdez Iñiguez, al primero de ellos en el domicilio proporcionado, y por lo que ve al segundo de los indicados y en atención a que, según lo manifiesta la agraviada, se ignora su domicilio, practíquese su llamamiento a juicio por medio de edictos, de acuerdo con lo previsto por el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles; los que deberán publicarse a costa de dicha quejosa, por tres veces de siete en siete días, tanto en el Diario Oficial de la Federación como en el periódico Excélsior de la capital de la República y, una vez hecha la publicación indicada, exhiba oportunamente los ejemplares de ambos periódicos en donde conste lo anterior, apercibida que de no hacerlo, se sobreseerá en el presente juicio de garantías.'. Fácilmente puede advertirse que el a quo no precisó el término en que el amparista debía cumplir con la prevención ordenada, dado que el vocablo 'oportunamente' que utilizó para fijar el plazo correspondiente, válidamente puede interpretarse de varias maneras porque se trata de un lapso indefinido; pero, si acaso quiso decir que antes de la celebración de la audiencia constitucional -la que obviamente tendría que celebrarse hasta que estuvieran emplazadas la totalidad de las partes- no debe perderse de vista la circunstancia de que, a pesar de que la agraviada radica en esta ciudad, se le constriñó a realizar las publicaciones de referencia en medios de comunicación que tienen sus oficinas en la capital de la República, con los consiguientes contratiempos y retardos que ello implica; consiguientemente, bien pudo suceder que por alguna causa no imputable a ella, en la fecha fijada para la precitada audiencia de derecho aún no se hubieran llevado a cabo las publicaciones de los edictos aludidos; por esa razón, el juzgador debió considerar algún imprevisto de esa naturaleza y, en vez de adoptar la determinación apuntada, prevenir al interesado para que cumpliera con la orden o manifestara los motivos que le impedían hacerlo, pues el juicio de amparo debe conceptuarse como un remedio práctico y de fácil manejo establecido por la Constitución Federal para la protección de las garantías de los gobernados frente a los gobernantes, y no como un procedimiento lleno de tecnicismos que lo hagan funcionar como un laberinto procesal que obstaculice la defensa de los derechos individuales. Por las razones que las informan se invocan las tesis de las voces: 'AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN A MENORES DE EDAD. SUPLENCIA DE LA QUEJA.' y 'SUPLENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE EN CUESTIONES DE DERECHO FAMILIAR.', que aparecen publicadas, respectivamente, en las páginas 144 de la Tercera Parte del Informe de 1984 y en la 135 de la Segunda Parte, Tercera Sala, del Informe de 1987. Solamente a manera de comentario conviene señalar que habiéndose fijado para la celebración de la audiencia constitucional las diez horas con treinta minutos del cuatro de mayo del año en curso, la quejosa, con la debida oportunidad, realizó las gestiones necesarias para obtener tales publicaciones, tal como se desprende de los recibos que exhibió ante este colegiado expedidos el catorce de marzo y ocho de abril acabados de pasar, en los que consta que pagó el precio de las mismas."

b) Dicho órgano colegiado, al resolver el seis de junio de mil novecientos noventa y seis el amparo en revisión 423/96, interpuesto por Alma Rosa Aguilar del Toro, en contra de la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto 823/95-IV, resolvió lo siguiente:

"TERCERO. Son infundados e inoperantes los agravios hechos valer. Aun cuando es verdad que el contrato de compraventa que exhibió el quejoso, a fin de acreditar la propiedad del inmueble controvertido no se elevó a la categoría de escritura pública ni se inscribió en el Registro Público de la Propiedad, no deja de ser menos cierto que tiene eficacia, en virtud de que es de fecha cierta; calidad que adquirió por el hecho de haber sido presentado ante un funcionario en razón de su oficio, conforme lo establece la jurisprudencia 237, Tomo IV, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes.'. Ciertamente, dicho contrato adquirió fecha cierta desde el veintitrés de julio de mil novecientos noventa y uno en que fue presentado para su ratificación ante el notario público número 34 de esta ciudad, por lo que es obvio que tiene valor, pues permite la posibilidad de determinar si los actos reclamados se realizaron antes o después de la compra del inmueble aludido y, por eso mismo, surte efectos contra terceros. Sobre el particular, tiene especial aplicación la ejecutoria que aparece publicada en la Octava Época del Semanario citado, Tomo VI, julio a diciembre de 1990, Segunda Parte-1, página 522, que previene: 'DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE TERCEROS. VALOR PROBATORIO DE LOS QUE CONSIGNAN UN ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO. La fuerza de convicción del documento privado que contiene un acto traslativo de dominio, no abarca la fecha del documento, es decir, la eficacia probatoria que al documento le corresponda en atención a su calidad de privado, no se ex tiende a tener por demostrada la fecha que en él se consigna, para el efecto de tenerla como cierta con relación a terceras personas que no hayan intervenido, puesto que si fuera así, bastaría con que al redactar las mismas partes el documento antedataran la fecha, para pretender que la transmisión fue anterior y desconocer los derechos adquiridos por un tercero. El documento privado que contiene un contrato o acto traslativo de dominio, puede producir efectos contra terceros solamente desde que su fecha deba tenerse por cierta, lo que acontece a partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde la fecha en que el documento se entregue a un funcionario público por razón de su oficio.'. Dicho contrato, en lo que interesa, dice: 'En la ciudad de Guadalajara, Jal., a los 23 días del mes de julio de 1991, a las 12:00 hrs. comparecen, por una parte, el L.A.E. Waldo Fernando Madrigal Esquivel, en su carácter de apoderado de la señora Raquel Esquivel viuda de Madrigal, acreditando dicha personalidad con documento número 18,037 expedido el día 7 de marzo de 1989 ante el notario número 2 de la localidad de Chapala, Jal., Lic. Guillermo Martínez Ugarte, y por la otra parte el Sr. Martín García Soto, siendo los comparecientes hábiles para contratar y obligarse ...'. A su vez, la certificación que en ese documento se contiene es del tenor siguiente: 'Antonio García Medina, notario público número 34 treinta y cuatro de esta municipalidad. Certifico: Que comparecieron ante mí, por una parte, el señor L.A.E. Waldo Fernando Madrigal Esquivel, en su carácter de apoderado de la señora Raquel Esquivel viuda de Madrigal, me acredita dicha personalidad con el testimonio número 18,037 de fecha 7 de marzo de 1989, realizado ante la fe del notario número 2 de Chapala, Jalisco, Lic. Guillermo Martínez Ugarte, y por la otra parte el señor Martín García Soto, los comparecientes de generales mencionados con anterioridad, a quienes se da fe de conocer y de su capacidad legal para contratar y obligarse, dijeron: Que reconocen como de su puño y letra las firmas que con sus nombres aparecen puestas en el presente contrato, las que ratifican para todos sus efectos legales, firmando en unión del suscrito notario que autoriza y da fe. Guadalajara, Jalisco, 23 veintitrés de julio de 1991 mil novecientos noventa y uno, Martín García Soto. L.A.E. Waldo Fernando Madrigal Esquivel. Firmado: Dos firmas ilegibles. Al margen izquierdo un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. Antonio García Medina. Notario número 34. Guadalajara, Jalisco.'. Consiguientemente, es indudable que del propio contrato de compraventa se desprende que ante el fedatario, Waldo Fernando Madrigal Esquivel acreditó su carácter de mandatario de Raquel Esquivel, con quien compareció a celebrar la venta pues, incluso, hasta se asentaron los datos necesarios del testimonio respectivo, por lo que, es obvio, que sí se justificó la personalidad del apoderado. Por otra parte, son inoperantes las manifestaciones de la recurrente a través de las cuales aduce que no quedó justificada la identidad entre el inmueble reclamado y la materia del juicio natural, en virtud de que, afirma, no coinciden las medidas y linderos que se mencionan en la escritura 4868, que contiene el contrato de mutuo con garantía hipotecaria, cuyo cumplimiento se demandó en ese juicio, con las que se detallan en el contrato exhibido por el quejoso, pues, añade que: 'se entregaron como garantía dos fracciones del lote diez, de la manzana veinticuatro y lo en él construido, correspondiente al número 689 de la calle Roque Abarca, antes 12-A, en el Sector Libertad de esta ciudad, con una superficie de 290 metros cuadrados lo que, definitivamente, no coincide con lo señalado por el amparista; pues él reclama la finca 689 de la misma calle, con una superficie de 193.20 metros cuadrados.' (cabe aclarar que se equivoca la promovente al citar el número de tal finca, ya que en la demanda de amparo señaló la 699). Porque, se estima, aun cuando es verdad que esos predios tienen las superficies que refiere la revisionista, con su forma de expresarse deja de combatir los argumentos que el Juez de Distrito emitió, a fin de establecer que, no obstante la existencia de tales discrepancias en las medidas referidas, la identidad de todas maneras se da en atención a que: 'ciertamente el inmueble de la propiedad y posesión del quejoso se encuentra dentro y forma parte de aquel que fue dado en garantía hipotecaria y, por ende, también materia de la controversia en el juicio natural, pues así se constata de la prueba documental descrita en los incisos a), d) y e) de este considerando, lo que se corrobora con el croquis que se anexa a la escritura pública número 10,666, relativa a la liquidación de la copropiedad entre Manuel y Waldo, ambos de apellidos Madrigal Segura (foja 73), pues al norte linda en 12.50 metros con la calle Roque Abarca; mientras que al sur linda en igual medida con la finca número 689, de la propia calle Roque Abarca; en tanto que al poniente en 15.52 metros, con parte del lote 11, y por el oriente en igual medida con la calle Roque Abarca; luego, sumada esta medida lineal con los 7.75 metros que reporta la casa número 689 de la calle Roque Abarca, por los mismos puntos cardinales, nos da 23.37 metros, idénticas a las especificadas en el contrato de mutuo con garantía hipotecaria fundatorio de la acción en el juicio natural, las mismas que se especifican en el certificado de libertad de gravámenes descrito en el inciso c) de este considerando.'. Cobrando, por tanto, especial aplicación la jurisprudencia 38, del Tomo VI del Apéndice aludido, que dispone: 'AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios.'. En otro orden de ideas, se advierte que la jurisprudencia 389, del Tomo IV, del Apéndice citado, establece: 'TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO CIVIL. La disposición relativa de la Ley de Amparo, debe entenderse en el sentido de considerar terceros perjudicados a todos los que tengan derechos opuestos a los del quejoso e interés, por lo mismo, en que subsista el acto reclamado, pues de otro modo se les privaría de la oportunidad de defender las prerrogativas que pudiera proporcionarle el acto o resolución motivo de la violación alegada.'. Conforme al criterio transcrito, el artículo 5o. de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que en materia civil no sólo la contraparte del agraviado tiene el carácter de tercero perjudicado en el amparo, sino todos aquellos que tengan interés en que subsista el acto reclamado. Así, se estima que, en la especie, Waldo Fernando Madrigal Esquivel no tiene el carácter de tercero perjudicado, pues al ser sólo apoderado de la demandada en el juicio natural (y con ese mismo carácter compareció a vender al quejoso y a gravar ante la actora en el juicio natural), carece de un derecho que se vea afectado o menoscabado con la insubsistencia del acto reclamado, ya que no se le causa un perjuicio en su esfera jurídica, sino en todo evento a su poderdante Raquel Esquivel (quien por cierto sí fue emplazada al amparo y compareció a hacer manifestaciones), por lo que es obvio que tampoco tiene intereses opuestos a los del quejoso, a pesar de haber sido señalado como demandado en el juicio del que emanan los actos reclamados, máxime que ese señalamiento de demandado no lo fue en lo personal, sino de apoderado de la mencionada señora, madre del aludido Waldo Fernando. Al respecto, se invoca la tesis publicada en la Época y Semanario señalados, Tomo IX, mayo de mil novecientos noventa y dos, página 554, que previene: 'TER CERO PERJUDICADO, CARÁCTER DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Tiene el carácter de tercero perjudicado en el juicio de garantías quien se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo; sin embargo, las personas que pueden intervenir en el juicio constitucional con ese carácter no se encuentran limitadas necesariamente a lo señalado en el precepto legal mencionado, sino que lo puede ser todo aquel que tenga un derecho que se vea afectado o menoscabado por virtud de la insubsistencia del acto reclamado que traiga consigo la concesión del amparo, es decir, quien tenga derechos opuestos a los del quejoso o interés, por lo mismo, en que subsista el acto reclamado, por lo que, el Juez de amparo en cada caso concreto deberá analizar qué personas corren el riesgo de ver menoscabado su derecho con la insubsistencia del acto reclamado, quién tiene derechos opuestos a los del quejoso o interés, en que subsista el acto reclamado, y cuando se actualice alguna de las hipótesis mencionadas, deberá ser emplazada al juicio de garantías para hacer efectivo su derecho de defensa. Sin embargo, no en todos los casos se puede advertir con claridad si una persona debe ser llamada o no al juicio constitucional, ni se está en posibilidad de determinar, sin lugar a dudas, que una determinada persona no tiene tal carácter, lo que sólo podrá hacerse necesariamente llamando al juicio al posible tercero perjudicado para que éste manifieste lo que a su derecho corresponda y, en su caso, aporte pruebas, con lo que el órgano ju

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17143-0978cb33/emplazamiento-por-edictos-al-tercero-perjudicado-el-incumplimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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