DEMANDA AGRARIA. LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA SU DESECHAMIENTO PARCIAL NO PONE FIN AL JUICIO, PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. DEMANDA. SU DESECHAMIENTO PARCIAL SIN ULTERIOR RECURSO, ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. DEMANDA. SU DESECHAMIENTO PARCIAL SIN ULTERIOR RECURSO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/99-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo en materia agraria 68/96 el catorce de agosto de mil novecientos noventa y seis, determinó lo siguiente:
"ÚNICO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito no es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo directo. En efecto, los artículos 44, 46 y 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, respectivamente, establecen: ‘Artículo 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta ley.’. ‘Artículo 46. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.’. ‘Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.’. A su vez, el numeral 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en lo conducente, preceptúa: ‘Artículo 52. Los Jueces de Distrito en materia administrativa conocerán: ... V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio.’. Ahora bien, en la demanda de garantías que nos ocupa, Pedro y Ramón, ambos de apellidos Arceo Sahagún, ejercitan la acción constitucional contra el acto del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 13, que se hace consistir en ‘El auto de fecha 28 de noviembre de 1990, pronunciado por el H. Tribunal Unitario Agrario en el expediente número 155/95, del índice de su archivo, mediante el que me desechó, de plano, la demanda agraria que formulé en contra de los CC. Secretario de la Reforma Agraria y coordinador (antigüamente denominado delegado) de la misma secretaría, en esta entidad federativa.’. En la propia demanda de garantías, en lo conducente, se dice: ‘Hechos: 1. Con fecha 28 de noviembre de 1995 presenté ante la autoridad hoy señalada como responsable, escrito mediante el que a nombre de mis poderdantes, los hoy quejosos, promoví acción agraria por conflicto de límites, entre los terrenos propiedad de mis referidos mandantes y el núcleo de población ejidal denominado «El Membrillo» del Municipio de Cuautla, Jal. En dicho ocurso señalé como demandados, además del ejido en cuestión, a los CC. Secretario de la Reforma Agraria y coordinador (antigüamente denominado delegado) de tal secretaría de Estado, en esta entidad federativa. Este hecho lo acredito con la copia de la demanda indicada, que contiene el sello de agua, original, de recibida, en la Oficialía de Partes del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Trece con residencia en esta ciudad. 2. La autoridad a quien hoy señalo como responsable emitió auto de fecha 28 de noviembre de 1995, mediante el que únicamente admite la demanda de referencia, respecto de los actos que le demandé al núcleo de población ejidal denominado «El Membrillo» del Municipio de Cuautla, Jal., pero desechándomela respecto de los actos que le demandé a los CC. Secretario de la Reforma Agraria y coordinador de dicha dependencia en esta entidad federativa ...’ (foja 7 del cuaderno de amparo). El acuerdo parcialmente impugnado es del tenor siguiente: ‘Guadalajara, Jalisco, a 28 de noviembre de 1995. Auto de admisión. Visto el escrito de cuenta y sus anexos, por el cual Isidoro Sánchez González, en carácter de apoderado legal de Pedro y Ramón, de apellidos Arceo Sahagún, promueve juicio agrario de conflicto de límites y la entrega y devolución de 52-00-00 hectáreas del predio «Potrero Grande» y 80-00-00 hectáreas del predio «La Sombrilla», en contra del poblado «El Membrillo», Municipio de Cuautla, Estado de Jalisco; visto lo solicitado y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 163, 170, 178, 185 al 193 de la Ley Agraria en vigor 1o., 2o., fracción II y 18, fracción I, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se acuerda: Se admite lo solicitado en la vía y forma propuestas; hecha excepción, por cuanto hace al secretario de la Reforma Agraria y el coordinador agrario en el Estado, ya que las pretensiones que a éstos se reclaman no se encuentran previstas en ninguno de los supuestos competenciales a que se refiere el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; en el caso concreto, no se invoca nulidad de resolución dictada por autoridad agraria prevista por la fracción IV de dicho precepto; por otro lado, no es un conflicto por tenencia de tierra ejidal o comunal a la que se refiere la fracción V, ya que la tierra que en vía de conflicto de límites se reclama y se admite es, según la parte promovente, propiedad privada; con independencia de lo anterior y para mejor proveer en este juicio, gírese atento oficio al oficial mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria, para que informe a este tribunal sobre el cumplimiento que se haya dado a lo preceptuado por el artículo 309 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, con motivo de la modificación del mandamiento gubernamental de primera instancia, por resolución presidencial definitiva del veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de junio del citado año, por concepto de dotación al poblado de que se trata; en la inteligencia de que se deja a salvo el derecho de la actora respecto de los alcances que a su favor devienen del citado precepto, como posibles vendedores de la superficie que reclaman, por lo que se ordena formar y registrar expediente conforme al número que le corresponda en el libro de gobierno; y se ordena correr traslado y emplazar a los integrantes de la directiva del comisariado ejidal, con las copias simples de la demanda, para que contesten la incoada en su contra, a más tardar en la audiencia de ley, que se verificará a las doce horas del día once de enero de mil novecientos noventa y seis, previniéndose a las partes de que en la misma se desahogarán las pruebas que deberán ofrecer en términos de lo dispuesto por los artículos 170, 180, 185, fracciones I y V, y 187 de la Ley Agraria en vigor, en virtud de lo cual, deberán presentar a sus testigos y peritos que deseen se les recepcionen, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, dichas probanzas se les declararán desiertas. Por otro lado, se previene a los demandados se presenten a dicha audiencia debidamente asesorados, en la inteligencia de que la Delegación de la Procuraduría Agraria en el Estado, con domicilio en Avenida Libertad número 1722, Sector Juárez, proporciona asistencia gratuita en la obligación que le imponen los artículos 135 y 136 de la precitada ley, para ese efecto. Notifíquese el presente auto a la referida dependencia, por último, téngase a la parte actora señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; y por autorizado para tal efecto a los profesionistas que se indican en el de cuenta. Notifíquese personalmente.’ (foja 92 del juicio natural). Como se advierte de lo transcrito, en el acuerdo reclamado el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 13 admitió la demanda planteada por los ahora peticionarios de garantías en la vía y forma propuestas ‘hecha excepción, por cuanto hace al secretario de la Reforma Agraria y el coordinador agrario en el Estado’, determinación esta última que es precisamente materia de impugnación en la demanda de garantías que nos ocupa. Pues bien, como en el caso concreto se reclama un acuerdo que dada su naturaleza no constituye una sentencia definitiva, ni tampoco se trata de una resolución que haya puesto fin al juicio, entendiéndose por tal, en términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo, aquella que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, en forma tal que ya no sea factible seguir actuando en el mismo. Cierto, el auto reclamado a través del cual se admitió parcialmente la demanda agraria, evidentemente no es una resolución que ponga fin al juicio agrario respectivo, puesto que no lo da por concluido y, por ello, no puede ser materia de un amparo directo. Sobre el particular se comparte, por las razones que lo informan, el criterio sustentado en la tesis que aparece publicada en la página trescientos once del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, septiembre de 1993, cuyos rubro y texto, son los siguientes: ‘RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO, NOTA DISTINTIVA DE LAS (ARTÍCULO 46, PARTE FINAL, DE LA LEY DE AMPARO).’ (se transcribe). Por tanto, es claro que la determinación que se impugna no encuadra en las mencionadas hipótesis que establecen los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo. Por el contrario, el acto reclamado, dada sus características, se ubica en la hipótesis contemplada por el artículo 52, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que, como se vio, preceptúa que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán, entre otros supuestos, de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, como acontece en el caso concreto que nos ocupa. Por tanto, la controversia de que se trata debe plantearse en el juicio de amparo biinstancial. Consecuentemente, con apoyo en el último párrafo del artículo 47 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo que en el caso procede es remitir la demanda de amparo y demás constancias relativas a la oficialía de partes respectiva para su turno correspondiente; y al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 13, las copias certificadas del expediente de donde emana el acto reclamado, a fin de que, en su caso, cumpla con la obligación de rendir informe con justificación en términos del artículo 149 de la ley de la materia. Precisa señalar que la decisión a que arriba este Tribunal Colegiado no implica que se esté resolviendo acerca de la procedencia de la acción de amparo, sino únicamente determinándose que la vía procedente es el amparo indirecto. No es obstáculo a la anterior determinación que en acuerdo de doce de abril de mil novecientos noventa y seis, el presidente de este tribunal hubiera admitido la demanda de garantías promovida en contra del mencionado acto reclamado, en razón de que tales autos no causan estado."
De la ejecutoria anterior se originó la tesis aislada III.2o.A.22 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 631, con el rubro y texto que a continuación se transcriben:
"DEMANDA AGRARIA, DESECHAMIENTO PARCIAL. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, 46 y 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procede el amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados; entendiéndose, para los efectos del juicio de garantías, como resoluciones que ponen fin al juicio aquellas que, sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido e impiden o paralizan definitivamente su trámite. Y, en términos del artículo 52, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Jueces de Distrito en Materia Administrativa son competentes, legalmente, para conocer, entre otros supuestos, de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio. Consecuentemente, es impugnable en amparo indirecto el acuerdo que desecha parcialmente una demanda agraria, precisamente, en razón de que no impide la prosecución del juicio."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver por mayoría de votos el amparo directo en materia agraria 25/98, el cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y ocho estableció, en la parte que interesa, lo que enseguida se transcribe:
"PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo que disponen los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 y 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se trata de una resolución que puso fin a juicio, dictada para (sic) un tribunal agrario. La competencia de este Tribunal Colegiado para conocer en única instancia del presente juicio de amparo, está determinada por la circunstancia de que el acto reclamado se hizo consistir en la resolución dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Noveno Distrito, residente en Tepic, Nayarit, en la que desechó parcialmente una demanda presentada por el quejoso, resolución que, dadas sus características, debe entenderse comprendida para efectos del amparo dentro de aquellas que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal, según expresión empleada por el legislador en los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo. En efecto, basta examinar los motivos considerados para reformar las reglas de competencia de la citada Ley de Amparo que entraron en vigor el día quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, para concluir que resoluciones como la ahora combatida no deben ser materia de un juicio de garantías biinstancial. Con anterioridad a las reformas en comento, la acción constitucional enderezada en contra de resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debía intentarse en la vía directa sólo cuando se reclamaran sentencias definitivas o laudos, entendiéndose por las primeras aquellas que decidieran el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedieran recurso o medio de defensa ordinario gracias al cual pudieran ser revocadas o modificadas. Las resoluciones pronunciadas por dichos tribunales que no correspondieran a esta descripción debían ser combatidas a través de la vía indirecta. Sin embargo, este sistema de impugnación sufrió una variación cuando por virtud del decreto de reformas a la Constitución del veintinueve de julio de mil novecientos ochenta y siete, en vigor a partir del día quince de enero del año siguiente, en términos de su artículo único transitorio, se adicionó la fracción III del artículo 107 para establecer, en su inciso a), la procedencia del amparo en la vía directa en contra de las resoluciones que ponen fin al juicio. El concepto así introducido por el Constituyente fue recogido y reglamentado por el autor de la Ley de Amparo, en sus artículos 44 y 46 que a (sic) letra se transcriben: ‘Artículo 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio ...’. ‘Artículo 46. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.’. Con arreglo a estas prevenciones, procede el juicio de garantías en la vía directa ante los Tribunales Colegiados y por conducto de la autoridad responsable, si se reclaman resoluciones pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que pongan fin al juicio, entendiendo por ellas las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, según la interpretación del legislador ordinario sobre el concepto jurídico introducido en la Ley Fundamental. Como se puede ver, el amparo directo contra resoluciones que pongan fin al juicio, tiene la finalidad de eliminar la instancia del Juez de Distrito. El legislador buscó con esto que todas las resoluciones jurisdiccionales o judiciales, salvo aquellas que requieran una instrucción, deben ser de una sola instancia. Si bien resultó evidente que las sentencias de sobreseimiento que dictaban las Salas de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo, son resoluciones que ponían fin al juicio, se discutió si los desechamientos que dictaban dichas autoridades no eran resoluciones que pusieran fin al juicio, entablándose en ese entonces la discusión de si contra las mismas no era procedente el amparo directo, sino elindirecto, es decir, el que se promueve ante el Juez Federal. La anterior discusión quedó dilucidada al pronunciar la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la jurisprudencia que a continuación se transcribe: ‘DEMANDA FISCAL, DESECHAMIENTO DE LA. EL AMPARO DIRECTO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO CONFIRMA.’ (se transcribe). Como se puede ver en la contradicción de tesis, la Sala se inclinó por considerar que las demandas de desechamiento constituyen resoluciones que ponen fin al juicio. Ahora bien, en el presente caso se estima que una demanda desechada parcialmente goza de las mismas características de las resoluciones que ponen fin al juicio, pues es evidente que respecto de una de las controversias que se pusieron a decisión del tribunal, éste ya se pronunció, y no existe posibilidad de remedio alguno, es decir, emitió un juicio respecto a ese punto, el cual ya no va a ser posible examinarse al dictarse la sentencia definitiva. En efecto, tratándose de un desechamiento parcial, al igual que un desechamiento total, no es necesaria una instancia ante el Juez de Distrito para que se abra una instrucción, o sea, para la reunión de pruebas, procedimientos y formalidades para poner un asunto en estado de sentencia, por tanto, como ya no se requiere un procedimiento posterior, no será necesaria la instancia ante el Juez y el caso debe comprenderse dentro del supuesto de ‘resoluciones que ponen fin al juicio’. Si bien lo anterior se estima suficiente para considerar que una demanda desechada parcialmente debe ser materia de amparo directo, también se pueden argumentar motivos de lógica y equidad, que se explican con el siguiente ejemplo: Si dos personas, en forma separada, intentaran sendas demandas y les son desechadas, procedería amparo directo; ahora bien, si estas dos personas intentan su acción en un mismo escrito y respecto de uno de ellos se admite la demanda y por el otro se desecha, tendríamos una demanda parcialmente desechada contra la cual, si se considerara que no puso fin al juicio, habría que remitirla a un Juzgado de Distrito a que agotara un juicio biinstancial, lo que a la luz de la perspectiva de la cual este tribunal está partiendo, resulta contrario a la lógica, pues existiendo dos problemas semejantes se les darían soluciones distintas ahorrando, en un caso, trámites innecesarios y obligando en otro, de iguales características, a recorrer un camino que al otro ya se le allanó. A mayor abundamiento, también hay que decir que aquí cabría aplicar el principio general de derecho de que donde existe la misma razón, debe aplicarse la misma disposición. Finalmente, el exacto cumplimiento de la Constitución sólo puede lograrse si su intérprete, liberándose de las ataduras de quienes se encargan simplemente de aplicar los textos legales (expresión positivizada del derecho) comprende que su función no se agota en la mera subsunción automática del supuesto de hecho al texto normativo, ni tampoco queda encerrada en un positivismo formalizado superado muchas décadas atrás, sino comprende básicamente una labor de creación del derecho en la búsqueda de la efectiva realización de los valores supremos de justicia. Es precisamente en el campo de las normas constitucionales, las que difieren esencialmente de las restantes que conforman un sistema jurídico determinado, en razón no únicamente de su jerarquía suprema sino de sus contenidos, que se inspiran rigurosamente en fenómenos sociales y políticos preexistentes de gran entidad para la conformación de la realidad jurídica en que se halla un pueblo determinado, que la jurisprudencia -pasada la época del legalismo- se ha convertido en una fuente de derecho, que aunque subordinada a la ley que le otorga eficacia normativa, se remonta más allá de ella cuando el lenguaje utilizado por el Constituyente (al fin y al cabo una obra inacabada por naturaleza) exige una creación por la vía de la interpretación para el efecto de ajustarla a las exigencias impuestas por su conveniente aplicación. Así, el intérprete de la Constitución en el trance de aplicarla tiene por misión esencial magnificar los valores y principios inmanentes en la naturaleza de las instituciones, convirtiendo a la norma escrita en una expresión del derecho vivo, el derecho eficaz resulta no sólo de la reconstrucción del pensamiento y voluntad que yace en el fondo de la ley escrita (a través de los métodos clásicos de orden gramatical, lógico, histórico o sistemático), sino también de la búsqueda del fin que debe perseguir la norma para la consecución de los postulados fundamentales del derecho. Lo anterior determina que tratándose de la norma constitucional ahora discutida, las argumentaciones tomadas en consideración por este tribunal para establecer que una demanda parcialmente desechada es de las comprendidas dentro del supuesto de las resoluciones que ponen fin al juicio, descansa en la experiencia adquirida por los Jueces de amparo en relación con los problemas y los inconvenientes del sistema de impugnación prevaleciente hasta el año de mil novecientos ochenta y siete, así como por las razones expuestas en la exposición de motivos de la citada reforma y del contenido de los argumentos que se virtieron en la contradicción de tesis anteriormente transcrita. Pues con motivo de la distinción establecida en el artículo 107 constitucional entre los actos ejecutados en juicio, fuera de juicio o después de concluido, la Suprema Corte de Justicia ha establecido en numerosos y constantes precedentes que cuando su autor emplea el vocablo ‘juicio’ no pretende ceñirse al sentido estricto que le atribuye la ciencia procesal, sino a un sentido más amplio que corresponde a las necesidades impuestas por los sistemas de impugnación del amparo en la vía directa y en la indirecta que, en este caso, son de economía procesal."
QUINTO. Como cuestión previa, debe resolverse si existe o no la contradicción de tesis denunciada, la cual estriba en determinar si el desechamiento parcial de una demanda agraria pone fin o no a un juicio de esta naturaleza.
Del análisis comparativo de las resoluciones descritas se advierte claramente la existencia de la contradicción de tesis denunciada, porque mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito considera que el desechamiento parcial de una demanda agraria no es una resolución que pone fin al juicio respectivo, puesto que no lo da por concluido, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en franca oposición al criterio del tribunal citado en primer término, considera que el desechamiento parcial de una demanda agraria constituye una resolución que pone fin al juicio, pues esa resolución ostenta las mismas características que la demanda que se desecha en su totalidad y, al igual que esta última, es impugnable en la vía de amparo directo.
Establecido el punto de la contradicción, a continuación esta Segunda Sala procede a dilucidar cuál es el criterio que permita restablecer la seguridad jurídica que no existe por ahora sobre la cuestión debatida, objeto fundamental que persigue el procedimiento de contradicción.
SEXTO. La decisión a la que ha de llegar esta Segunda Sala exige considerar lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44 y 46, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que disponen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de a cuerdo a las bases siguientes:
"...
"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia;
"...
"V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:
"...
"b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal."
"Artículo 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta ley."
"Artículo 46. ...
"Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas."
Asimismo, resulta pertinente atender a lo dispuesto en el artículo 158 de la ley de la materia, que establece:
"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Col
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17140-b5c2d4ca/demanda-agraria-la-resolucion-que-decreta-su-desechamiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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