CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JURÍDICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DE CONTENIDO DIFERENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-La sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dice en lo conducente:
"QUINTO.-La quejosa recurrente, en sus dos primeros agravios, aduce que no se actualiza la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito ya que ni en el oficio 20261, de cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, en el que se decretó la suspensión provisional de la venta de cartuchos deportivos, ni en el oficio número 1896 de tres de abril de mil novecientos noventa y cinco, referente a la cancelación provisional de su permiso, se señalaron sus vigencias, además de que no existe dispositivo legal que señale su vigencia, o bien que la cancelación definitiva viene a sustituirlas.-Agrega la recurrente que el director general del Registro de Armas de Fuego y de Explosivos no tiene la obligación de exhibir en cada acto que realiza su nombramiento.-Agrega la demandante que no se está en presencia de un procedimiento seguido en forma de juicio, ya que la autoridad que emite los actos de molestia antes citados es quien decidió sobre la cancelación definitiva.-En la sentencia que se revisa se sobreseyó respecto de los oficios números 9567, 20261 y 1896 de fechas veintisiete de septiembre y cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, así como tres de abril de mil novecientos noventa y cinco, respectivamente, toda vez que el a quo consideró que ha cambiado la situación jurídica del procedimiento administrativo de cancelación del permiso otorgado a la agraviada, por la emisión del oficio 22584/1 de catorce de junio de mil novecientos noventa y cinco, en que se cancela de manera definitiva dicho permiso otorgado para la compraventa de cartuchos deportivos, y que por tal motivo deben estimarse consumadas irreparablemente las violaciones cometidas en el procedimiento contenidas en los oficios citados en primer término.-Este Tribunal Colegiado estima que es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo, en atención a las siguientes consideraciones.-Del oficio 19567 de veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, se advierte que se comisionó al coronel de infantería Norberto Alvarado Gutiérrez para que inspeccionara el local comercial de la quejosa a fin de verificar si se cumplieron las medidas de control, seguridad y vigilancia, así como las relaciones y notas de compraventa de armas y cartuchos que se realizan en dicha negociación (folio 5 del expediente de amparo).-Mediante el oficio 20261 de cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco, que obra a fojas 242 a 244 del expediente de amparo, se advierte que por acuerdo del secretario de la Defensa Nacional se canceló provisionalmente a la quejosa el permiso general número 149 y se le concedió un término de quince días para que alegara lo que a su derecho conviniera y presentara las pruebas tendientes a demostrar que no infringió las disposiciones legales relativas al mencionado permiso.-Por último, con el oficio 22584/1 de catorce de junio de mil novecientos noventa y cinco, se canceló definitivamente el permiso de la quejosa, con base en la inspección practicada el veintiocho de septiembre del año anterior, en el depósito de cartuchos propiedad de la quejosa.-En suma, los actos reclamados por la quejosa forman parte de un procedimiento en el que se revisó el cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso general número 149, concedido por la Secretaría de la Defensa Nacional para dedicarse a la compraventa de cartuchos deportivos y sus elementos constitutivos, el cual fue resuelto al momento en que se decidió cancelarle definitivamente dicho permiso; esto es, si a la quejosa se le canceló su permiso de manera definitiva debe estimarse que ya fueron superadas las etapas procesales consistentes en la orden de comisión para efectuar la visita de inspección, la suspensión de las actividades amparadas en el permiso general 149 y la cancelación provisional del mencionado permiso, pues fueron actos previos al término de quince días que se le otorgó a la quejosa para desvirtuar las violaciones a disposiciones legales de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento, ya que con posterioridad a dicho término se canceló definitivamente el permiso general 149, lo que quiere decir que la cancelación definitiva puso fin al procedimiento y vino a sustituir procesalmente, cambiando la situación jurídica, a los actos reclamados por los que el Juez decretó el sobreseimiento.-No es obstáculo para la conclusión anterior el argumento de la quejosa de que no existe dispositivo legal que establezca la vigencia de los actos reclamados, así como que en su texto no se especificó que éstos estarían vigentes mientras no se decidiera sobre la cancelación definitiva.-En efecto, este órgano colegiado considera que no es necesario que en las disposiciones legales que rigen a los actos procesales, o bien en el texto de éstos, se señale su vigencia, pues es evidente que un procedimiento es un conjunto de actos concatenados entre sí y que a veces uno de los actos posteriores viene a sustituir a una etapa procesal ya superada, como ocurre en la especie.-SEXTO.-Por otra parte, las autoridades recurrentes, como idea medular, sostienen que el a quo aplicó, incorrectamente, el anterior Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que se exigía que los acuerdos del secretario en que delegara facultades debían ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el que no estaba prevista la existencia de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, pues en el reglamento interior vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación del uno de septiembre de mil novecientos noventa y dos, se prevé la existencia de la mencionada dirección general así como la facultad del secretario para delegar sus atribuciones en los titulares de los órganos y de las unidades administrativas de la mencionada secretaría de Estado, sin exigir el requisito de que el acuerdo delegatorio respectivo se publique en el Diario Oficial de la Federación.-Agrega la recurrente que el oficio reclamado reviste las características de documento público en términos de lo dispuesto en el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, además de que el Juez de Distrito no señala qué disposición legal establece que cada documento que expida un funcionario público debe ser acompañado con el nombramiento que lo acredite como tal.-El Juez de Distrito concedió el amparo porque: a) En el oficio reclamado debió precisarse el acuerdo mediante el cual se le concedía la facultad para fungir como director general y la de cancelar y suspender los permisos concedidos a los particulares ya que dentro de las atribuciones de las direcciones de que se compone la Secretaría de la Defensa Nacional no aparece la mencionada, por lo que si en el oficio reclamado no aparece la mención del acuerdo por medio del cual se le confieren las facultades necesarias a la autoridad emitente del acto, debe concluirse que no se fundó adecuadamente la competencia de la responsable, pues no se acredita la existencia del acuerdo delegatorio correspondiente que acredite la titularidad de la responsable dentro de la dirección multicitada, así como tampoco se tiende a acreditar las atribuciones concedidas respecto a cancelar o suspender un permiso otorgado. b) El secretario de la Defensa Nacional no publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo en que delegó facultades al director general del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.-El agravio resulta inoperante, porque no se combate la consideración del Juez de Distrito consistente en que en el acto reclamado no se citó el acuerdo delegatorio en que se le confieren facultades a la autoridad emitente del acto, razonamiento que lo llevó a conceder el amparo porque la autoridad responsable no fundó de manera adecuada su competencia y que resulta suficiente para sustentar el sentido de la sentencia que se revisa.-Consecuentemente, se debe confirmar la sentencia recurrida.-Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76 a 80, 90, 91 y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve:-PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.-SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio respecto de los actos reclamados del secretario y del director general del Registro de Armas de Fuego y Control de Explosivos, ambos de la Secretaría de la Defensa Nacional, consistentes en los oficios 9567, 20261 y 1896, respectivamente de fechas veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro y tres de abril de mil novecientos noventa y cinco.-TERCERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Prieto Mercantil, S.A. de C.V., contra el acto que reclama del secretario de la Defensa Nacional y del director general del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, de la Secretaría de la Defensa Nacional, consistente en el oficio 22584/1 de catorce de junio de mil novecientos noventa y cinco."
Para mejor información de este asunto, se transcribe la parte conducente de la sentencia recurrida, en donde el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento. Dicha parte dice así:
"De oficio se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que ha cambiado la situación jurídica del procedimiento administrativo de cancelación del permiso otorgado a la agraviada, mediante la emisión del oficio número 22584/1 de fecha catorce de junio de mil novecientos noventa y cinco, por el cual se cancela de manera definitiva dicho permiso otorgado para la compraventa de cartuchos deportivos, considerándose por tal motivo, consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento y específicamente en los oficios número 9567 de fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, oficio número 20261 de fecha cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro y el oficio número 1896 de tres de abril de mil novecientos noventa y cinco. Lo anterior es así pues, no obstante que no pasa desapercibido el hecho de que ni la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ni su reglamento regulan un procedimiento para la cancelación definitiva de los permisos otorgados, lo cierto es que la autoridad responsable, mediante los oficios combatidos, toma la determinación de la cancelación en comento al haber llevado a cabo, primeramente, una visita de inspección cuyo fin fue verificar las medidas de control, seguridad y vigilancia, así como las relaciones y notas de compraventa de armas y cartuchos que realizaba la quejosa al amparo de los permisos con que contaba, encontrando irregularidades; y, como consecuencia de ello, haber emitido el oficio por el cual se le cancelaba en forma provisional el oficio general número 149 concediéndole el término de quince días para hacer valer su derecho y posteriormente emitir el oficio que acordó que con las documentales ofrecidas durante este lapso no se desvirtuaban las actividades realizadas fuera del marco legal, cancelando de esta forma el permiso general número 149 definitivamente, de manera que con ello se concluye que el trámite que se siguió fue como el que se realiza en un procedimiento seguido en forma de juicio, por ende, toda vez que no se puede decidir sobre la inconstitucionalidad de los oficios número 9567 de fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro y el oficio número 1896 de tres de abril de mil novecientos noventa y cinco sin afectar la nueva situación jurídica; que es la emisión del oficio por el cual se cancela en forma definitiva el permiso general número 149 otorgado a Prieto Mercantil, Sociedad Anónima de Capital Variable, se consideran consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en los oficios previos a esta cancelación, lo que nos lleva a sobreseer en lo particular de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal invocado.-Al no existir otra causal de improcedencia pendiente de analizarse, pasaremos al estudio de los conceptos de violación formulados por la quejosa."
TERCERO.-La ejecutoria emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, expresa lo siguiente:
"CUARTO.-Son parcialmente fundados los agravios que expresan las autoridades recurrentes.-Respecto a lo aducido en el primero de ellos, es necesario destacar que para desestimar la causal de improcedencia que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, hicieron valer las autoridades hoy recurrentes, el Juez del conocimiento consideró que era infundada porque no se encuentra fehacientemente acreditado en autos que el quejoso haya tenido conocimiento del oficio reclamado, de fecha treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco (por el que se canceló el permiso número 130), con antelación a la fecha en que el propio quejoso señaló que se le había notificado por correo certificado (veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cinco), notificación que, agregó el a quo, se acreditó con las documentales que obran de fojas 97 a 100 del expediente del juicio de garantías; que las causales de improcedencia deben estar fehacientemente acreditadas y no establecerse a base de presunciones, por lo que la sola manifestación del quejoso contenida en el escrito de treinta de agosto de mil novecientos noventa y cinco, dirigido al presidente de la República (fojas 159), en el sentido de que se reconsiderara la cancelación del permiso, no acredita que el quejoso tuviera conocimiento del oficio de cancelación definitiva reclamado, porque éste es de fecha treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, es decir se emitió con posterioridad al mencionado escrito del quejoso, razón por la cual agregó el a quo que éste no pudo tener conocimiento del oficio reclamado un día antes de su emisión.-Ahora bien, contrario a lo que aducen las autoridades recurrentes, el Juez Federal no incurrió en indebido análisis de esa causal de improcedencia, pues el hecho de que en el escrito de treinta de agosto de mil novecientos noventa y cinco, se aluda a una cancelación del permiso 130, no significa que el quejoso tuviera conocimiento cierto de la cancelación que se iba a decretar con fecha posterior, esto es, al día siguiente de la fecha mencionada, sobre todo si se toma en cuenta que mediante un oficio anterior, número 2584, de catorce de junio del año en cita, se había decretado la cancelación provisional del mencionado permiso.-No obsta a lo anterior el hecho de que el quejoso no acreditara cuándo presentó su escrito en las oficinas de la presidencia de la República, que éste se hubiera presentado o no en fecha posterior a la en que se emitió el oficio reclamado, pues lo cierto es que dicho escrito ostenta fecha anterior a la de emisión de la cancelación reclamada.-En las relacionadas condiciones debe estimarse, como lo consideró el juzgador, que no se acreditó fehacientemente que el quejoso con antelación a la recepción por correo certificado del oficio reclamado, tuviera conocimiento del mismo, además de que las autoridades recurrentes no niegan que hubiesen remitido por correo certificado el oficio en cuestión, lo que se acreditó documentalmente por el quejoso.-En consecuencia, como la fecha exacta en que se conoce la existencia del acto reclamado reviste particular importancia, porque a partir de ella se inicia el cómputo del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda de garantías, el Juez de Distrito sólo debe tomar en consideración las pruebas que demuestren fehacientemente el día preciso en que se tuvo conocimiento del acto que se reclama, sin que ésta pueda inferirse a base de presunciones como lo pretenden las recurrentes.-Atento a lo anterior, no se actualiza el supuesto contemplado en la tesis de jurisprudencia que se invoca en el agravio en estudio y por lo que toca a la copia certificada del oficio de fecha diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, girado por la Coordinación de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, tampoco demuestra que el quejoso hubiera tenido conocimiento del oficio de cancelación reclamado, con antelación a la fecha que señaló en su demanda de garantías.-En cambio es fundado lo aducido en el segundo agravio, pues en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, la orden de practicar una visita domiciliaria no constituye una resolución definitiva, sino que inicia un procedimiento; de manera que cuando se reclama en un juicio de garantías la resolución definitiva con la cual culmina el procedimiento administrativo, los afectados se encuentran en posibilidad de combatir en el mismo juicio de garantías aquellos actos del procedimiento que estimen violatorios de dispositivos legales o constitucionales, pero sin señalar como acto destacado la orden con la cual se inició ese procedimiento.-En tales condiciones con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 fracción XVIII en relación con el 114 fracción II de la Ley de Amparo, se actualiza una causal de improcedencia respecto a la citada orden y en consecuencia debe sobreseerse con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la misma ley.-Son ineficaces los demás argumentos que expresan las autoridades recurrentes en el agravio en estudio en los que sostienen: que el artículo 2o. fracción III y 43 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, señalan que corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional la aplicación del citado ordenamiento legal, así como la facultad para suspender y cancelar los permisos generales cuando las actividades amparadas por los mismos entrañen peligro para la seguridad de las personas, instalaciones o puedan alterar la tranquilidad o el orden público; que los artículos 96 y 97 del reglamento de la ley invocada, establecen que la suspensión o cancelación de los permisos, así como las acciones que procedan por infracciones al propio reglamento o a las condiciones señaladas en el permiso, deben realizarse por conducto de la secretaría recurrente; que de lo dispuesto en los artículos 2o., 3o., 5o., 6o. fracción XXIX, 7o., 9o. y 48 fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, se advierte que corresponde a dicha dependencia el despacho de los asuntos que expresamente le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que sus órganos y unidades administrativas, deben planear, conducir, coordinar y supervisar el desarrollo de sus actividades, con base en el propio reglamento y en las disposiciones que emita el titular de la dependencia a quien corresponde la representación, administración y resolución de los asuntos de su competencia; que el secretario recurrente está facultado para delegar en los titulares de los órganos y de las unidades administrativas algunas de sus atribuciones y responsabilidades, sin que se especifique que tenga que expedir un acuerdo para realizar tales actos administrativos; que a la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos le corresponde participar en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y su reglamento desde el punto de vista administrativo, por lo que dicho director al haber ordenado la visita de inspección al negocio del quejoso por acuerdo del titular se apegó a las normas jurídicas antes indicadas que regulan el acto, señalando a continuación de manera detallada cómo se lleva a cabo la delegación de facultades; y que además la orden de visita de inspección se llevó a cabo como un acto delegatorio de facultades que tuvo su apoyo en los artículos 16, 21 fracción IV y 32 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, citando al respecto una tesis relativa a los requisitos legales y de eficacia temporal de la delegación de facultades.-Se dice que esos argumentos son ineficaces, porque por una parte, del examen de la respectiva orden de visita, que se estudia por derivar de ella la resolución definitiva reclamada, no se advierte que se hubiese emitido en uso de facultades delegadas, ni el Juez concedió el amparo por considerar que debía precisarse un acuerdo delegatorio y, por otra parte, no se desvirtúa la consideración esencial expresada por el Juez del conocimiento para estimar inconstitucional la orden de visita, de fecha trece de marzo de mil novecientos noventa y cinco, en el sentido de que los artículos 72 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 89 de su reglamento únicos preceptos citados como fundamento en la referida orden de visita, no facultan al director general de Armas de Fuego y Control de Explosivos, de la Secretaría de la Defensa Nacional, para su expedición.-Ahora bien, los numerales citados, textualmente disponen:-‘Artículo 72. La Secretaría de la Defensa Nacional, cuando lo estime necesario, inspeccionará las condiciones de seguridad de las instalaciones en fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes, polvorines y vehículos destinados a las actividades a que se refiere este título.’; y ‘Artículo 89. La secretaría podrá ordenar visitas de inspección a establecimientos, instalaciones o negociaciones que funcionen al amparo de permisos generales o extraordinarios, únicamente con el fin de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto por la ley y este reglamento.-El personal de estos establecimientos, instalaciones o negociaciones, está obligado a dar las facilidades necesarias al personal nombrado para la práctica de dichas visitas.’.-Luego de los preceptos transcritos que fueron efectivamente los únicos citados en la orden de visita, no se establecen facultades del director mencionado, para emitir órdenes de visita, sino que dicha atribución se confiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, esto es, a su titular.-En las relacionadas condiciones, dado que los diversos preceptos legales a que se refieren las autoridades recurrentes en el agravio en estudio, no fueron citados en la orden de visita mencionada (cuya copia certificada obra a fojas 133 del expediente de amparo), su invocación no resulta apta para demostrar la correcta fundamentación de la competencia con que cuenta el director ahora recurrente y, por ende, tampoco se desvirtúa esa consideración esencial expresada por el juzgador en la sentencia recurrida.-Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 10/94 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 85 y siguientes del tomo Jurisprudencia por Contradicción de Tesis del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Pleno, que dice: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.-Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, se pueda alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la Ley Fundamental o la secundaria.’.-Lo argumentado en el tercer agravio resulta ineficaz, en razón de que las actas levantadas en cumplimiento a la orden de visita, la suspensión de actividades decretada en el oficio número 13437, la cancelación provisional y la definitiva determinadas en oficios 22584 y 27131, éstos de fechas catorce de junio y treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco; son actos que resultan consecuencia de la orden de visita estimada inconstitucional y, por ende, la protección de la Justicia Federal debe hacerse extensiva a estos actos, por derivar de un acto viciado; ello sin necesidad de analizar las violaciones atribuidas al oficio de cancelación reclamado, porque éste es posterior y consecuencia de la referida orden, tal como lo razonó el Juez de Distrito. Cabe agregar que es irrelevante que el a quo no transcribiera la tesis que como apoyo de sus consideraciones citó en la sentencia recurrida, habida cuenta de que sí precisó los datos de publicación, además de que la citada tesis constituye jurisprudencia y por tanto, el a quo se encuentra obligado a acatarla en términos de lo dispuesto por el artículo 192, de la Ley de Amparo.-En consecuencia, al ser parcialmente fundados los agravios expresados, se impone modificar la sentencia recurrida.-Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 91 y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve:-PRIMERO.-Se modifica la sentencia recurrida, dictada el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis, por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo número 488/95.-SEGUNDO.-Se sobresee respecto del acto consistente en la orden de visita reclamada, por cuanto se señala como acto destacado.-TERCERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Paulino Prieto Díaz en términos de la sentencia recurrida."
CUARTO.-Del análisis de las ejecutorias transcritas se desprende que no existe la contradicción de tesis denunciada, ya que no se reúnen los requisitos necesarios para ello.
1. La ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tiene los antecedentes que a continuación se detallan:
En la demanda de amparo se señalaron como autoridades responsables a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Dirección General del Registro de Armas de Fuego y Control de Explosivos, dependiente de esa secretaría. Los actos reclamados se hicieron consistir en:
a) La orden de visita para verificar las medidas de control, seguridad y vigilancia, así como las relaciones y notas de compraventa de cartuchos, en la empresa quejosa Prieto Mercantil, S.A. de C.V., dedicada a la compraventa de cartuchos deportivos.
b) El oficio emitido por la citada dirección general, mediante el cual se ordena la suspensión de actividades de la quejosa, amparadas con el permiso número 149.
c) El oficio por el que se dispone la cancelación provisional del indicado permiso.
d) El oficio a través del cual se cancela definitivamente el susodicho permiso.
El Juez de Distrito del conocimiento, de oficio, advirtió la actualización de la causa de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, y sobreseyó con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la propia ley, sustentado en que se habían consumado irreparablemente las violaciones alegadas, puesto que no podía decidir sobre la alegada inconstitucionalidad de los actos marcados con los incisos a), b) y c), sin afectar la nueva situación jurídica creada por el oficio que canceló en forma definitiva el permiso.
Por otra parte, concedió el amparo respecto del oficio de cancelación definitiva citado, basado en que la autoridad responsable no fundó adecuadamente su competencia.
Tanto el quejoso como la autoridad responsable, interpusieron recurso de revisión.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, confirmó la sentencia recurrida con el razonamiento sustancial de que los actos reclamados forman parte de un procedimiento en el que se revisó el cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso 149, procedimiento que fue resuelto al momento en que se decidió cancelar definitivamente tal permiso; es decir, fueron superadas las etapas procesales consistentes en la orden de visita de inspección, la suspensión de actividades y la cancelación provisional del permiso, pues fueron actos previos al plazo de quince días que se otorgó a la quejosa para desvirtuar las violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento, ya que posteriormente se canceló definitivamente el permiso y este acto fue el que puso fin al procedimiento y sustituyó procesalmente a los actos reclamados por los que el Juez de Distrito sobreseyó.
2. El amparo en revisión resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tiene estos antecedentes:
En la demanda de amparo se señalaron las mismas autoridades responsables y los mismos actos reclamados que se mencionan en el punto 1 que antecede al presente y sólo se adicionaron dos actas de visita, además de que la propia demanda se refiere a una persona física, Paulino Prieto Díaz, y al permiso número 130.
El Juez de Distrito analizó la causal de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables, prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo y decidió que como los actos consistentes en la suspensión de actividades y la cancelación provisional del permiso, son parte del procedimiento administrativo llevado a cabo conforme a los artículos 72 de la Ley de Armas de Fuego y Control de Explosivos, y 89 de su reglamento, procedimiento que se inició con la orden de visita y concluyó con la reso
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4969-2e2ab685/contradiccion-de-tesis-es-inexistente-cuando-los-criterios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL. EN LAS CÉDULAS DE LIQUIDACIÓN DEBE ESTABLECERSE CON PRECISIÓN SU IMPORTE POR CADA TRABAJADOR. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- SOLAR URBANO NO TITULADO, EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS POR SU TENENCIA. SOLAR URBANO NO TITULADO. LOS TRIBUNALES DEL ORDEN (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TESIS DE JURISPRUDENCIA Y PRECEDENTES, SU CITA. NO CAUSA AGRAVIO EL QUE NO SE TRANSCRIBAN INTEGRAMENTE, SI SE PROPORCIONAN DATOS QUE INDUDABLEMENTE LA IDENTIFICAN. (s/clave)
- AGRAVIOS. (s/clave)
- JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. (s/clave)
- DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis