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SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. LA FACULTAD QUE EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, OTORGA AL TRIBUNAL FISCAL PARA DICTARLAS, PRESERVA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE A PESAR DE QUE LOS CRITERIOS DIVERGENTES HAYAN SIDO SUSTENTADOS EN JUICIOS DE AMPARO DIRECTO RESPECTO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE LAS CONCEDIDAS A LA AUTORIDAD. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/97. · Registro digital (IUS): 5159
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, , Pág. 7.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. La ejecutoria pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo número 2184/94, se apoya en las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Antes de proceder al análisis de los conceptos de violación que se hacen valer, conviene precisar algunas cuestiones sobre la naturaleza jurídica del juicio de nulidad y el alcance del artículo 239, fracción III, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, sirviendo de apoyo, en este sentido, algunas de las consideraciones vertidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 39/92, consultable en las páginas 246 a 277 del Tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación.

"Primero, los actos de cuya legalidad conoce el Tribunal Fiscal de la Federación, los constituirán siempre resoluciones administrativas definitivas, en términos del artículo 23 de la ley orgánica de dicho tribunal, y serán esos actos los que serán materia de anulación o de declaración de validez.

"De acuerdo con el modelo adoptado por nuestra legislación, el juicio contencioso administrativo tiene como finalidad, cuando se declare la nulidad de una resolución, que el Tribunal Fiscal señale a la autoridad los lineamientos que deberá seguir al dictar una nueva resolución, sin que con ello se obligue ni se impida a la autoridad a emitir una nueva resolución, siempre que no se dilucide el fondo de la cuestión planteada.

"Lo anterior obedece a una intención de dotar de mayor eficacia a esa clase de resoluciones, pues al fijar los términos precisos de la nueva resolución, se busca evitar que, bien por ignorancia o por mala fe, la autoridad administrativa emita, de nueva cuenta, una resolución ilegal, que obligaría al particular a promover una y otra vez juicios de nulidad, con el consecuente menoscabo de los principios de seguridad y certeza jurídica. Asimismo, se destaca el hecho de que las facultades de las autoridades administrativas para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales derivan de la ley, y no de una sentencia fiscal que, se repite, únicamente determina la legalidad o ilegalidad de una resolución administrativa.

"Una vez hechas estas acotaciones, se pasa al estudio del primer concepto de violación que esgrime el quejoso.

"Sostiene, esencialmente, que el artículo 239, fracción III y párrafos subsecuentes, del código tributario es contrario al artículo 16 constitucional y viola, además, la garantía de seguridad jurídica, puesto que el artículo constitucional en comento, no establece la posibilidad de subsanar un acto de molestia, ilegal, razón por la cual un acto de molestia que no reúna los requisitos de fundamentación y motivación debe ser declarado nulo totalmente, y no debe permitirse e incluso obligar a la autoridad a subsanar las deficiencias de una resolución.

"Son infundados estos argumentos, de conformidad con las siguientes consideraciones:

"El artículo 239, fracción III, párrafos subsecuentes del Código Fiscal, dispone:

"‘La sentencia definitiva podrá: ...

"‘III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto, o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses aun cuando haya transcurrido el plazo que señala el artículo 67 de este código.

"‘En caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.

"‘El Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se emita nueva resolución cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, y en su caso, V, del artículo 238 de este código.’

"Ahora bien, de la forma en que están planteados los agravios, pareciera que las facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las autoridades tuvieran su fundamento en las sentencias del Tribunal Fiscal y no en la ley.

"Así es, no olvidemos que en el propio artículo 16, párrafo segundo, de nuestra Carta Magna, se establece: ‘La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.’.

"Estas facultades se desarrollan, a su vez, en varios dispositivos del Código Fiscal, principalmente en el título III de ese cuerpo normativo.

"En este sentido, se advierte que no es una sentencia fiscal de nulidad la que, con fundamento en el artículo tachado como inconstitucional, ordena o permite a la autoridad fiscal el ejercicio de sus facultades sino, se repite, es la propia Constitución y, en el caso, el código tributario, los que otorgan dichas facultades.

"Por lo que ve a la supuesta vulneración de la garantía de seguridad jurídica que se da al permitir que la autoridad subsane las deficiencias o irregularidades de sus actos, deben recalcarse los siguientes puntos:

"La llamada nulidad ‘para efectos’ no implica un imperativo para la autoridad de reiterar el acto sino sólo en los casos en que está obligada a hacerlo (por ejemplo, cuando resuelve un recurso o una solicitud), pero no cuando actúa en ejercicio de facultades que la ley le concede y que constituyen, por tanto, una atribución propia de esa autoridad.

"Debe señalarse que esa nulidad para efectos se ha instituido con el propósito de salvaguardar, precisamente, la seguridad jurídica de los gobernados, puesto que permite al Tribunal Fiscal concretizar la forma en que deberá conducirse la autoridad para el caso, se insiste, en que decidiera y estuviera en aptitud de reiterar su resolución.

"La declaratoria de nulidad para efectos implica que la Sala fiscal no ha hecho un examen de fondo del asunto planteado y que tampoco ha determinado la incompetencia del funcionario que ordenó, tramitó o emitió la resolución impugnada.

"De esta forma, si la nulidad se decreta, como en la especie, por la existencia de vicios en el procedimiento del cual emana la resolución que es nulificada, el señalar los efectos de esa nulidad, es decir, la forma en que la autoridad ha restringido la posibilidad de defensa del particular, para que, si decidiera reiterar el acto, no cometa los mismos vicios, no puede considerarse como una violación de la garantía de seguridad jurídica, ya que por una parte, el acto ha dejado de existir jurídicamente, y por otra, se precisa la forma en que deberá conducirse la autoridad para el caso en que decidiera y estuviera en aptitud de reiterar el acto; facultades estas que, como ya se ha mencionado tienen su fundamento y medida en la ley.

"En este sentido, debe reiterarse que la seguridad jurídica se salvaguarda desde el momento en que se declara nula la resolución impugnada, y se refuerza con la demarcación del proceder de la autoridad para el caso de que se emita un nuevo acto.

"Pretender, como lo hace el quejoso, que por la existencia de un vicio formal se imposibilitara a la autoridad el ejercicio de las facultades que la ley le concede, implicaría un grave menoscabo a la función fiscalizadora del Estado, ya que si bien el proceder de las autoridades debe ser acorde con la legalidad, ello no quiere decir que al existir vicios puramente formales no pueda, una vez subsanados éstos, proceder a la comprobación efectiva de las cargas tributarias a las que los mexicanos estamos obligados, en términos de la fracción IV del artículo 31 constitucional, claro está que dentro de los parámetros que la propia ley establece.

"En su segundo concepto de violación, el quejoso aduce que el segundo párrafo de la fracción III del artículo 239, ya citado, también resulta inconstitucional.

"Dicho párrafo establece: ‘239. ... Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto, o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses aun cuando haya transcurrido el plazo que señala el artículo 67 de este código.’.

"El quejoso sostiene que este dispositivo violenta, en perjuicio del gobernado, la seguridad jurídica tutelada por el artículo 16 constitucional, ya que se obliga a la autoridad a molestar de nueva cuenta e innecesariamente al gobernado, se da la posibilidad de que incumpla con el artículo 67 del Código Fiscal, y que induce a las autoridades a pronunciar actos en perjuicio del particular sin otorgarle el derecho de defensa contra los mismos.

"Resultan infundados estos argumentos, como enseguida se expone:

"En primer término, se advierte que se parte de una errónea interpretación de este numeral, pues como ya se ha establecido, las facultades de comprobación les son otorgadas a las autoridades por la ley, y no por sentencias judiciales. Como también ya se ha indicado, el hecho de dotar de efectos a una sentencia, obedece a la necesidad, primero, de que la autoridad deje insubsistente el acto viciado y, segundo, de señalar a ésta los vicios u omisiones que deberá subsanar para el caso en que decidiera emitir un nuevo acto, de acuerdo con sus facultades, sin que ello implique que se esté obligando a la autoridad a reiterar el acto.

"Por lo que ve a la posibilidad de que se incumpla con el artículo 67 del mismo código tributario, debe decirse, en este aspecto, que el párrafo segundo de la fracción III, del artículo 239 que se analiza, no genera el incumplimiento a que alude el quejoso, sino que constituye un imperativo legal para que la autoridad cumpla, dentro de determinado plazo, con facultades que se encuentran previstas por la propia norma legal.

"Tampoco se advierte que el dispositivo en estudio provoque la emisión de actos en perjuicio de los particulares sin otorgarles, a estos últimos, la posibilidad de defensa.

"Como se ha sostenido a lo largo de este fallo, con la señalización de efectos en las sentencias de nulidad fiscales se busca, precisamente, la salvaguarda de los principios de seguridad y certeza jurídica, pues se restringe la posibilidad de que las autoridades administrativas reiteren actos ilegales.

"Huelga decir que tampoco se coarta la posibilidad de defensa de los particulares, pues cuentan con los recursos previstos por el propio Código Fiscal, la posibilidad de promover un nuevo juicio de nulidad o el juicio de amparo, según sea el caso.

"En el último concepto de violación, se alega que el artículo cuya constitucionalidad se cuestiona, transgrede, desde un punto de vista analógico, el artículo 23 de nuestra Ley Fundamental, pues permite a la autoridad juzgar dos veces al contribuyente por el mismo ejercicio fiscal.

"El artículo 23, en comento, dispone: ‘Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.’.

"En este punto, conviene aclarar que cuando el Tribunal Fiscal declara la nulidad para efectos, ello implica que esa juzgadora no ha entrado al análisis del fondo de la cuestión planteada, esto es, la Sala Fiscal no se pronuncia sobre la competencia del funcionario o sobre la validez de los fundamentos o motivos expresados por la autoridad (en cuyo caso se pronunciaría una nulidad lisa y llana, que conllevaría la imposibilidad de repetir el acto), sino que la Sala, en tratándose de la nulidad para efectos, está impedida para dilucidar el fondo de la cuestión planteada, puesto que ese análisis sería injusto en la medida en que fueron disminuidas las posibilidades de defensa del particular, o bien, imposible, cuando se desconocen los fundamentos y motivos del mismo.

"De esta forma, el principio de cosa juzgada es respetado en tanto que la autoridad está impedida para reiterar los vicios que se determinaron al decretar la nulidad, y, cuando ese pronunciamiento se refiera al fondo del asunto, también existirá ese impedimento.

"Así, se concluye que no existe la doble verificación de un mismo ejercicio en perjuicio del particular, sino que, en todo caso, cuando han existido violaciones de carácter formal, la Sala Fiscal no analiza el fondo del asunto, esto es, el ejercicio objeto de revisión; de ahí que no se pueda sostener, válidamente, que exista una vulneración en detrimento del principio de cosa juzgada.

"En las relatadas condiciones lo procedente es negar el amparo y la protección solicitados, de conformidad con las consideraciones vertidas a lo largo de esta sentencia.

"Por último, en cuanto a la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en las páginas 172 y 174 del Tomo VIII, correspondiente a noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, citada por el quejoso como apoyo de sus conceptos de violación, por las razones expresadas con anterioridad, este tribunal no comparte ese criterio. Por este motivo y toda vez que se puede estar en presencia de una contradicción de criterios, lo procedente es solicitar al tribunal de mérito copias certificadas de la resolución dictada en el juicio de amparo número 305/91, promovido por José Jorge Gómez Gil, y fallado en sesión de 5 de septiembre de 1991, para estar en aptitud de denunciar tal contradicción al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que lo dilucide, en términos de la jurisprudencia número XXX/94 (sic)."

CUARTO. La sentencia pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en el juicio de amparo directo número 305/91, se sustenta en las consideraciones siguientes:

"QUINTO. Es fundado el concepto de violación identificado con el inciso c), y suficiente para conceder el amparo.

"El quejoso refiere:

"a) Que la Sala responsable infringió el artículo 237, del Código Fiscal de la Federación, ya que no tomó en consideración lo que adujo en su concepto de nulidad y en sus alegatos, en cuanto a que las diferencias determinadas en el periodo sujeto a revisión (primero de enero de mil novecientos ochenta y seis al quince de julio de mil novecientos ochenta y siete), ya fueron cubiertas mediante el pago en parcialidades que efectuó, que inclusive la propia autoridad demandada al formular su contestación aceptó esta circunstancia. Que la responsable de igual manera no tomó en cuenta los recibos que exhibió donde se comprueba que cubrió las diferencias de impuestos que le fueron determinados en el periodo a revisión, a través de pagos parciales, de ahí que la responsable haya apreciado los hechos en forma distinta de como se plantearon. Que al haber pagado las diferencias determinadas en el periodo a revisión, es inconcuso que no tiene el carácter de deudor y la nulidad que declaró la responsable debe ser lisa y llana.

"b) Que la Sala responsable infringió el artículo 16 constitucional, ya que hizo una declaratoria para efectos, siendo que debió haber declarado la nulidad lisa y llana del oficio impugnado. Sigue diciendo, que si el acto de molestia no está fundado ni motivado, procede se declare la nulidad lisa y llana, toda vez que resulta ilógico que se dé a la autoridad emisora del mismo una nueva oportunidad para volverlo a emitir.

"c) Que no obstante, que la Sala responsable no invocó en la resolución reclamada el artículo 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, se presume que se fundamentó en dicha fracción, puesto que es la única que permite una declaración de nulidad para efectos, sin embargo tal precepto es inconstitucional por contravenir el artículo 16 de nuestra Carta Magna, ya que permite a la autoridad emisora del acto dictar uno nuevo, dándole oportunidad a ésta de corregir sus propios errores fundando y motivando el acto de molestia, provocando que el gobernado quede indefenso.

"Ahora bien, el concepto de violación identificado con el inciso c), resulta fundado y suficiente para conceder el amparo.

"El quejoso refiere que aun cuando la Sala responsable no citó el artículo 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, también es que debe presumirse que se fundó en el mismo, toda vez que declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emitiera otra debidamente fundada y motivada, que esto encuadra en la hipótesis prevista por el referido precepto; sin embargo, el mismo resulta inconstitucional, toda vez que la autoridad tiene oportunidad de corregir sus errores al emitir un nuevo acto, dejando al gobernado en estado de indefensión, a más de que tal declaratoria para efectos contraviene el artículo 16 constitucional, puesto que conforme a este precepto debió declararse la nulidad lisa y llana, dado que el acto de molestia fue omiso en reunir los requisitos constitucionales de fundamento y motivación.

"A fin de dar respuesta al concepto de violación en estudio, cabe inicialmente transcribir el artículo 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación así como los tres últimos párrafos del mencionado artículo que dice: ‘Art. 239. La sentencia definitiva podrá: ...

"‘III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto, o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, aun cuando haya transcurrido el plazo que señala el artículo 67 de este código.

"‘En caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.

"‘El Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se emita nueva resolución cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, y en su caso, V, del artículo 238 de este código.’

"Ahora bien, respecto a la inconstitucionalidad del último párrafo del precepto en comento, este Tribunal Colegiado hace suyo el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 178/87, mediante ejecutoria de fecha cuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, en donde se sostuvo lo siguiente: ‘... Asiste razón al quejoso en cuanto alega que el último párrafo de la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, es inconstitucional por incurrir en violación a las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el artículo 16 de la Constitución Federal. En efecto, del análisis de la primera parte de este precepto constitucional se advierte que por su mediación no sólo se protege todo el sistema de derecho objetivo mexicano, sino que consagra la garantía individual que mayor protección imparte la propia Constitución al gobernado, o sea la garantía que condiciona todo acto de molestia a que esté fundada y motivada la causa legal del procedimiento; por ello, dicho precepto es terminante al exigir, para la validez constitucional de todo acto autoritario de molestia, que el mismo reúna esos requisitos y deben necesariamente concurrir en el caso concreto para que aquél no implique una violación a la garantía de legalidad consagrada en el propio dispositivo señalado. Por consiguiente, es de tal manera importante la protección que contiene y tan terminante la exigencia de que al emitir un acto de molestia se cubran los requisitos esenciales que previene, de donde resulta claro que de carecer de los mismos, dicho acto es violatorio de garantías y necesariamente debe dejarse insubsistente, pues declarar únicamente su anulación relativa mediante la orden a la autoridad emisora de reponerlo pero debidamente fundado y motivado, implicaría no sólo una restricción a la mayor garantía de legalidad consagrada en favor del gobernado, sino el reconocimiento de validez constitucional de un acto de molestia carente de los citados elementos esenciales, lo que es inadmisible porque significaría, a su vez, la aceptación de que las autoridades puedan pronunciar actos en perjuicio de un particular sin otorgarle el derecho de defensa que contra el mismo pueda hacer valer, en tanto que desconoce éste, la ley supuestamente aplicada y los motivos de su emisión. En consecuencia no es debido que una ley secundaria permita y aun obligue al tribunal ante quien se solicite la revisión de la legalidad del acto de molestia, a pronunciar un fallo declarando la anulación relativa del mismo, esto es, la nulidad para el efecto de que la autoridad dicte otro debidamente fundado y motivado si se atiende a que, como antes se dijo, un acto de molestia carente de toda fundamentación o indebidamente fundado y motivado, necesariamente debe dejarse insubsistente por ser violatorio de la garantía de legalidad que contiene el derecho de defensa del particular contra tal acto; y en todo caso, no es legalmente posible obligar a la autoridad emisora del nuevo a que lo reponga o se abstenga de hacerlo, pues será a su juicio, que lo emita nuevamente, para fundarlo y motivarlo. Por ello, el texto del último párrafo de la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación actualmente en vigor, que previene la obligación de declarar la nulidad del acto impugnado para el efecto de que se reponga debidamente fundado y motivado, es inconstitucional por contravenir la esencia de la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Federal, o sea la referente a la garantía de fundamentación y motivación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza y pormenorizadamente se refiere en la jurisprudencia número 374, visible en la página 642, Tercera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1985, cuyo sumario es del tenor siguiente: «FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, AMPARO EN CASO DE LA GARANTÍA DE. Si el acto reclamado no es intrínseca y radicalmente anticonstitucional porque no evidencia en sí mismo la falta de norma alguna legal o reglamentaria que pudiera justificarlo (como sucedería, por ejemplo, respecto de un acto dictado sin competencia constitucional) para obtener, de modo indubitable, una conclusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto, que yendo más allá de su aspecto formal trascendería al fondo, esto es, a su contenido, sería preciso hacer un estudio exhaustivo de todas las leyes y reglamentos, a fin de poder determinar si existe o no alguna disposición que le sirva de apoyo, estudio que no es dable realizar en el juicio de amparo, llámese violación procesal o formal (los dos términos se han empleado indistintamente en la jurisprudencia, aunque el primero, en verdad no con intachable propiedad) a la abstención de expresar el fundamento y motivo de un acto de autoridad, lo cierto es que tal abstención impide juzgar el acto en cuanto al fondo, por carecerse de los elementos necesarios para ellos pues desconocidos tales fundamentos y motivos, los mismos no pueden ser objeto de apreciación jurídica alguna. La reparación de la violación cometida, mediante el otorgamiento del amparo consistente en dejar insubsistente el acto formalmente ilegal; pero no juzgada la constitucionalidad del propio acto en cuanto al fondo por desconocerse sus motivos y fundamentos, no puede impedirse a la autoridad que emita un nuevo acto en el que purgue los vicios formales del anterior, el cual, en su caso, podría reclamarse en un amparo, entonces sí, por violaciones de fondo concernientes a su fundamentación y motivación ya expresados. Si bien no puede impedirse a la autoridad que reitere el acto, con tal de que lo funde y motive, tampoco puede obligársele a que haga su reiteración, pues si la propia autoridad encuentra que, ciertamente, el acto reclamado no podría apoyarse en irreprochables motivos y fundamentos legales, estará en aptitud de no insistir en el mismo. En consecuencia, la concesión del amparo contra un acto no fundado ni motivado únicamente constriñe a la responsable a dejarlo insubsistente, mas no a reiterarlo purgando esos vicios formales.». Debe también tomarse en consideración que con el texto del precepto combatido, se hace evidente que el Poder Legislativo Federal infringe los artículos 40 y 41 de la Ley Fundamental, pues de hecho realiza las funciones jurisdiccionales al señalar de manera previa la obligación para el tribunal del conocimiento de emitir el fallo en el sentido que indica la ley, con lo cual no sólo resta firmeza a las resoluciones pronunciadas por el tribunal respectivo, sino que propicia un estado de inseguridad jurídica para el particular afectado con ese acto y una desigualdad de las partes en el juicio al permitir la reposición y perfeccionamiento del acto de molestia pronunciado por una autoridad en perjuicio del particular a quien se le dirige. En esas condiciones siendo inconstitucional la ley en que se funda la sentencia reclamada, misma que constituye el acto de aplicación de aquélla, acorde con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número 80, visible en la página 83, Segunda Parte del Informe rendido por su presidente al finalizar el año de mil novecientos ochenta y cuatro, con el rubro: «ACTO DE APLICACIÓN INCONSTITUCIONAL. LO ES EL FUNDADO EN LEY CONSTITUCIONAL.», dicha sentencia es también inconstitucional, esto es, violatoria de la garantía de legalidad del quejoso consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal, por lo cual debe concederse el amparo y protección solicitados para que la Sala responsable dicte otra donde declare la nulidad lisa y llana del acto administrativo materia del juicio planteado por el hoy quejoso ...’.

"Así pues, este tribunal estima que asiste razón al quejoso en cuanto a que es inconstitucional el último párrafo del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación y, en obvio de repeticiones se dan por no producidos los razonamientos antes transcritos, mismos que contienen el fundamento y razones legales que conducen a concluir que es inconstitucional el precepto en comento.

"Por consiguiente, lo procedente es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra, en donde declare la nulidad lisa y llana del acto administrativo materia del juicio de nulidad.

"En las relatadas condiciones, es innecesario abordar el estudio de los restantes conceptos de violación, esto con apoyo en la jurisprudencia número 440, visible a fojas 775, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos.’."

QUINTO. Por razón de método, debe examinarse, en primer lugar, la procedencia de la presente denuncia de contradicción de tesis, para lo cual es menester delimitar la materia sobre la que versa.

Al respecto, de las transcripciones realizadas en los considerandos tercero y cuarto, se desprende que los criterios que se indican como contradictorios fueron emitidos en juicios de amparo directo, en los que cada uno de los referidos Tribunales Colegiados se pronunció sobre la constitucionalidad de una ley federal, específicamente del artículo 239, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, llegando a conclusiones, al parecer, distintas.

Precisado lo anterior, es pertinente hacer relación del sistema legal que rige tanto la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, como el procedimiento para solucionar las contradicciones de tesis entre esos órganos.

El fundamento sobre la obligatoriedad de la jurisprudencia, se encuentra en el párrafo séptimo del artículo 94 de la Constitución General de la República, que dispone:

"Artículo 94. ...

"La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación."

Es de señalarse que ante la necesidad de determinar un procedimiento para unificar las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando las mismas son contradictorias, la fracción XIII del artículo 107 de la Carta Magna, señala:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

"I. ...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5159-60a78d7b/sentencias-de-nulidad-fiscal-para-efectos-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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