TRIBUNALES AGRARIOS. PROCEDE ANTE ELLOS LA ACCIÓN DE NULIDAD PREVISTA EN LA LEY QUE LOS RIGE, AUN CUANDO LOS ACTOS CUYA NULIDAD SE DEMANDA HAYAN ACONTECIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA DEROGADA LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, inciso a) de la Constitución General de la República; 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción I, del Acuerdo I/97, adoptado por el Tribunal Pleno el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, relativo a la determinación de la competencia por materias de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al envío de asuntos de la competencia del Pleno a dichas Salas; toda vez que en la especie, la denuncia de contradicción de tesis corresponde a la materia agraria.
SEGUNDO.-Es procedente la denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con los siguientes razonamientos:
Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental establecen, en la parte conducente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"...
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia, y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
Ley de Amparo:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Los preceptos antes reproducidos establecen los lineamientos para la integración de la jurisprudencia por el sistema de unificación, a través de la resolución de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Tanto el artículo 107, fracción XIII, de la Carta Magna, como el 197-A de la Ley de Amparo, establecen que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis contradictorias hubieran sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios. Como se advierte, la enumeración de los órganos, servidores públicos o personas que pueden denunciar la contradicción es limitativa y se reduce a los anteriormente señalados.
En el presente caso, la contradicción de tesis fue denunciada por el Magistrado presidente del Primer Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, quien está facultado para realizarla en su calidad de integrante de uno de los Tribunales Colegiados contendientes, de conformidad con lo ordenado por los preceptos jurídicos mencionados.
TERCERO.-En primer término debe destacarse que la posible contradicción de tesis materia de este expediente, se constriñe exclusivamente a los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 187/97, y por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el amparo directo 73/94; y no respecto de los criterios sostenidos por el órgano colegiado señalado en primer término en los diversos juicios de amparo directo números 997/96 y 1002/96, que pudiesen resultar contrarios al criterio que posteriormente sostuvo al resolver el amparo directo 187/97. Ello es así en virtud de que cuando un tribunal, eventualmente expresa al resolver los asuntos de su competencia criterios que pudieran considerarse en pugna, debe considerarse que ese órgano jurisdiccional ha modificado su criterio, y no que exista contradicción de tesis, pues para que el planteamiento de una posible contradicción de tesis en el ámbito de la Justicia Federal resulte procedente, es necesario que los criterios posiblemente contradictorios hayan sido pronunciados por tribunales diferentes.
El criterio expresado, ha sido sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis que a continuación se transcriben:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS QUE SE CONSIDERAN CONTRARIOS DEBEN PROVENIR DE ÓRGANOS DIFERENTES.-El planteamiento de una contradicción de tesis en el ámbito de la Justicia Federal, ya sea en juicios de amparo o en revisiones de contenciosos administrativos, supone por esencia la existencia de criterios diferentes al conocer de un determinado problema jurídico de condiciones similares. Así, en aras de la seguridad jurídica, un tribunal jerárquicamente superior debe decidir cuál de las tesis contrarias debe prevalecer con características obligatorias, por lo que los razonamientos a examen deben provenir de órganos diferentes. Ello es así porque cuando los criterios que se consideran en pugna provienen de un mismo tribunal se está en presencia de una modificación o variación de criterio, mas no de una contradicción de tesis." (Página 42, Tomo X-Agosto, tesis 2a. VI/92, Segunda Sala, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS, IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA DE, SI SON SUSTENTADAS POR EL MISMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.-Los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, fracción XIII, 24, fracción XII, 25, fracción XI, 26, fracción XI y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea en Pleno o en Salas, resolver las contradicciones de tesis que en los amparos de su competencia, sustenten dos o más Salas, o dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refieren los artículos 196 párrafo final y 197-A de la Ley de Amparo, de lo que se desprende que para que se configure dicha contradicción, es menester que las tesis sean sustentadas por dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, pues la misma consiste en la existencia de criterios divergentes que provengan de dos o más de esos órganos que versen sobre una misma cuestión jurídica y no a cambios de criterio de los integrantes de un mismo Tribunal." (Página 79, Tomo XI-Mayo, tesis 4a. VII/93, Cuarta Sala, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación).
CUARTO.-El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el seis de junio de mil novecientos noventa y siete, el juicio de amparo directo 187/97, promovido por Froylán y Rita ambos de apellido Juárez García, y Víctor Juárez Benítez, expresó las siguientes consideraciones:
"SEXTO.-Previamente al análisis de los motivos de inconformidad que expresa el quejoso, debe analizarse la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable, por ser una cuestión de orden preferente, y de oficio de acuerdo con lo que dispone el último párrafo del artículo 73, de la Ley de Amparo.
"Contrario a lo que afirma la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario responsable, la demanda de garantías que interponen los quejosos, se encuentra presentada dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 21, de la Ley de Amparo, según se analiza enseguida.
"De acuerdo con la certificación del secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto Distrito, y con la constancia de notificación respectiva, los quejosos fueron notificados del acto reclamado, el trece de enero de mil novecientos noventa y siete, y presentaron su escrito de demanda de garantías, el cuatro de febrero del mismo año.
"Ahora bien el artículo 21 de la Ley de Amparo, dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame.
"A su vez, la legislación agraria no prevé cuándo surten efectos las notificaciones, pero en el numeral 167 dispone que el Código Federal de Procedimientos Civiles, es aplicable supletoriamente cuando no exista disposición expresa en dicha ley, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de ese título (justicia agraria), y que no se opongan directa o indirectamente. Pues bien, el artículo 321 del código federal citado, hace referencia a que toda notificación surtirá sus efectos al día siguiente al en que se practique; de tal suerte que la notificación realizada a los quejosos, surtió sus efectos el catorce de enero, y el término de quince días se computa así: 1. quince, 2. dieciséis, 3. diecisiete, 4. veinte, 5. veintiuno, 6. veintidós, 7. veintitrés, 8. veinticuatro, 9. veintisiete, 10. veintiocho, 11. veintinueve, 12. treinta, 13. treinta y uno, todos de enero; 14. tres, y 15. cuatro, ambos de febrero, sin tomar en cuenta los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de enero, uno y dos de febrero, por ser sábados y domingos, y por ende, inhábiles, en términos del diverso numeral 23 de la ley de la materia.
"De lo que se colige que si los quejosos presentaron su demanda de garantías el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, se encontraban dentro de los quince días que exige la ley y por lo mismo, no resulta extemporánea la promoción del presente juicio constitucional.
"SÉPTIMO.-Son esencialmente fundados los conceptos de violación que hacen valer los quejosos, y suficientes para concederles la protección federal que solicitan, en atención a las siguientes consideraciones:
"Erróneamente la autoridad responsable consideró que no era procedente la acción de nulidad de la resolución dictada por la Comisión Agraria Mixta el veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y siete, en el expediente 99 No. (5048), que la demandada Rita Juárez García, reconvino al dar contestación a la demanda de restitución instaurada por Bonifacio Juárez Benítez.
"Se afirma lo anterior, dado que para tal efecto, Rita Juárez García se apoyó en el hecho de que el titular de la parcela en litigio, era su padre Virginio Juárez Lugo, quien falleció el diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta, que ella era la sucesora preferente, que desde la muerte de su padre, ha estado en posesión de dicho bien, y sin embargo se privó a Virginio Juárez de los derechos, y a la hoy quejosa, como sucesora preferente, sin que jamás se le hubiera llamado a la investigación o al juicio. En consecuencia, en sus conceptos de violación, los quejosos aducen que no tuvieron conocimiento de que Bonifacio Juárez fuera nuevo titular de esos derechos, y por lo tanto, no se interpuso el recurso a que hace referencia la autoridad responsable.
"En efecto, del material probatorio que obra en el expediente del que emana el acto reclamado destaca lo siguiente:
"El once de julio de mil novecientos ochenta y seis, el delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante el oficio 22/DELEG/DA003385, comisionó al director de Desarrollo Agrario, de Tlaxcoapan Hidalgo, para que realizara trabajos de investigación general de usufructo parcelario ejidal (foja 133); el veinte de agosto de mil novecientos ochenta y seis, el representante de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de Hidalgo, y los representantes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia del poblado de San Bartolomé Doxey, Municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, convocaron a todos los ejidatarios con derechos legalmente reconocidos, a la asamblea general extraordinaria que tendría verificativo el treinta de agosto de tal año, en la que entre otros puntos, se trataría la investigación ejidal de usufructo parcelario ejidal (foja 134); el treinta de agosto, se levantó acta de no verificativo de dicha asamblea, por falta de quórum legal, y el mismo treinta de agosto, se emitió la segunda convocatoria en la que se señaló el ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, para que tuviera verificativo la asamblea mencionada, obrando asimismo la constancia de segunda convocatoria para ello (fojas 136, 138 y 139); el ocho de septiembre de ese año, se informó al delegado agrario, que se había realizado inspección ocular en todas las unidades de dotación del ejido (foja 132).
"El ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, se levantó acta de asamblea extraordinaria de ejidatarios, en la que se solicitó la iniciación de juicio privativo de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones, respecto de titulares y sucesores que hubieran abandonado por más de dos años, el cultivo personal, o con su familia de sus parcelas; entre ellos Virginio Juárez como titular, quien tenía registrados como sucesores a Merced García, Rita y Luis Juárez García y como nuevo adjudicatario se proponía a Bonifacio Juárez Benítez (fojas 140 a 155); el dos de marzo de mil novecientos ochenta y siete, se emitió acta de desavecindad, en la que el representante de la Comisión Agraria Mixta en el Estado de Hidalgo, asentó que se constituyó en el poblado de San Bartolomé Doxey, Municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, para citar personalmente a los titulares y sucesores que se mencionan en la cédula notificatoria, para que concurrieran a la audiencia de pruebas y alegatos que se verificaría el diecisiete de marzo de tal año, que por encontrarse desavecindados del poblado desde hace más de dos años según lo hacían constar cuatro ejidatarios que firmaron dicha acta; les notificaba por medio de cédula que fijó en las oficinas municipales y en los lugares más visibles del lugar; en la cédula notificatoria respectiva, con el número progresivo 41 se aprecia el nombre de Virginio Juárez como titular, y como sucesores, Merced García, Rita y Luis Juárez García (fojas 298 a 303).
"La Comisión Agraria Mixta consideró procedente la solicitud formulada, acordó iniciar el procedimiento de juicio privativo; se verificó audiencia de pruebas y alegatos, y el veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y siete, la Comisión Agraria Mixta en el Estado de Hidalgo, decretó la privación de los derechos agrarios de Virginio Juárez, y reconoció derechos agrarios y adjudicó la unidad de dotación a Bonifacio Juárez Benítez, resolución que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo, del dieciséis de octubre del citado año (fojas 278 a 283, 255 y 256).
"De lo anterior se sigue, que el procedimiento de investigación y usufructo parcelario, así como el procedimiento de privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones, se instauró y prosiguió respecto de la parcela amparada con el certificado de derechos agrarios en favor de Virginio Juárez, a quien en la resolución de veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y siete se determinó privar de sus derechos agrarios, y se reconoció como nuevo adjudicatario al hoy tercero perjudicado Bonifacio Juárez Benítez.
"Ahora bien, el deceso del titular de los derechos agrarios, ocurrió el diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta, según acta de defunción visible en la foja 69; lo que implica que el procedimiento se inició, cuando ya había fallecido dicho titular, y por ende, el juicio privativo se llevó contra las normas de la Ley Federal de la Reforma Agraria, en perjuicio de Rita Juárez García, ya que ésta acreditó debidamente que el extinto Virginio Juárez, tenía registrados como sucesores a Merced García, esposa del titular (preferente), a la promovente Rita Juárez y a Luis Juárez, como consta en la inspección verificada por la actuaría del tribunal responsable en el libro de registro de parcelas del ejido de Doxey (fojas 227 a 229); y al fallecer Merced García antes que el titular, según se aprecia en el acta de defunción que obra en la foja 70, es obvio que Rita quedó como sucesora preferente, por lo que debió ser debidamente notificada de la resolución agraria en la que se adjudicó la parcela a Bonifacio Juárez Benítez, y al no haber sido así, contrario a lo que sostuvo el Tribunal Agrario responsable, sí era procedente la acción de nulidad de la mencionada resolución de veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y siete, dictada en el expediente 99N(5048). Máxime que el propio Bonifacio Juárez Benítez, al dar contestación a la posición adicional número seis que le fue formulada en la confesional a su cargo, dijo: ‘que diga el absolvente si es cierto como lo es, que sabe que en el juicio privativo de derechos y nuevas adjudicaciones en ningún momento se le notificó a su articulante. Que no, agregando que no se le notificó y que se vinieron esas investigaciones y fue cuando se le reconocieron derechos al absolvente.’(fojas 197 vuelta y 198).
"Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 786, visible a fojas 596, del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, que dice: ‘JUICIO PRIVATIVO DE DERECHOS AGRARIOS, ES INCORRECTO SEGUIRLO EN CONTRA DE UN EJIDATARIO FALLECIDO.-La muerte del titular de un derecho agrario da base para que la asamblea general de ejidatarios se aboque al conocimiento sobre quién debe heredar la parcela y los demás derechos inherentes. En caso de disputa, aquélla se limita a verter opinión sobre a quién de entre dos o más contendientes corresponde el derecho sucesorio, para que sea la Comisión Agraria Mixta la que resuelva en definitiva, según lo prevé el artículo 47, fracción XI; en relación con el 81 al 84 de la Ley Federal de Reforma Agraria. En su caso podrá declararse vacante la unidad de dotación y procederse a adjudicarla siguiendo el orden de preferencia señalado por el artículo 72 de la misma ley de la reforma agraria. Por ello no es lógico ni jurídico pretender que el fallecimiento de un ejidatario propicie un juicio privativo de derechos, que tiene su origen en otros hechos según lo dispone el artículo 85 de dicha ley. Luego, si la Comisión Agraria Mixta resolvió mediante un procedimiento privativo de derechos agrarios, un conflicto sucesorio, se apartó de las normas que integran la Ley Federal de Reforma Agraria a cuya observancia está obligada porque ésta es de orden público por disposición expresa de su artículo 1o.’.
"Sin que sea obstáculo para lo anterior, lo considerado por la responsable, en el sentido de que Rita Juárez García no hizo valer la expectativa de derecho que le asistía desde la muerte del titular, hasta antes de que se dictara la resolución de veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y siete, que además si se encontraba inconforme, hubiera hecho valer el recurso contemplado por el artículo 432 de la Ley Federal de la Reforma Agraria. Lo anterior es así, dado que aun cuando dicha quejosa tenía una expectativa de derecho, esto era mientras no falleciera el titular del mismo, pero al fallecimiento de Virginio Juárez, su expectativa se tradujo en un derecho verdadero, dado que también había muerto la sucesora preferente, y si como se dijo el juicio privativo se instauró sin notificar a Virginio Juárez, quien no se encontraba desavecindado como se asentó en el acta respectiva sino ya había muerto, y tampoco se notificó de manera personal a la sucesora preferente que resultaba ser Rita Juárez García, es evidente que no estuvo en aptitud de inconformarse con la mencionada resolución, y a pesar de que contra dichos actos interpuso demanda de garantías que le fue desechada el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, encargado del despacho por ministerio de ley, en el cuaderno auxiliar número A-180/94-3, ello no le impedía hacer valer sus derechos, como lo hizo a través de la reconvención que planteó en el expediente del que deriva el acto reclamado, dado que en el anterior juicio de garantías no se hizo pronunciamiento sobre la notificación para iniciar el juicio privativo de derechos agrarios antes aludido toda vez que la demanda de garantías respectiva se desechó.
"Así las cosas, es inconcuso que el acto reclamado resulta violatorio de garantías individuales en perjuicio de los quejosos, y lo procedente es concederles el amparo que solicitan para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis, dictada en el expediente 47/95-14, y en su lugar emita otra en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, declare procedente la acción de nulidad ejercitada en reconvención por la hoy quejosa Rita Juárez García, y por lo tanto improcedente la acción de restitución deducida por Bonifacio Juárez Benítez; sin que sea necesario analizar los conceptos de violación relacionados con la declaración que hizo la responsable, sobre la procedencia de la acción restitutoria intentada por el hoy tercero perjudicado contra la quejosa, toda vez que el amparo que se concede, trae como efecto que dicho acto y sus consecuencias se nulifiquen, puesto que si la citación al juicio privativo de derechos agrarios resulta nula, ello conlleva a la nulidad del procedimiento correspondiente, incluida la resolución que reconoce derechos agrarios como nuevo titular a Bonifacio Juárez Benítez, y por ende, la falta de derecho de éste para reclamar la restitución de las parcelas ejidales en conflicto.
"No pasa inadvertido para este órgano colegiado, que al resolver los diversos juicios de amparo directo números 1002/96 y 997/96, en sesiones de veinte de febrero y nueve de mayo de mil novecientos noventa y siete, respectivamente, se haya sostenido criterio en el sentido de que es improcedente la acción de nulidad que prevé el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, cuando el juicio privativo de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones se inició, tramitó y culminó durante la vigencia de la Ley Federal de la Reforma Agraria, ya que ello implicaría la aplicación en forma retroactiva de dicha ley orgánica en perjuicio de un tercero, que adquirió derechos con motivo de un procedimiento agrario que se siguió conforme a la derogada Ley Federal de Reforma Agraria.
"En dichas ejecutorias de amparo, se hizo propio el diverso criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 203, del Tomo XV-1, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de febrero de 1995, del tenor: ‘LEY AGRARIA, IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD PREVISTA POR LA. SI LOS ACTOS CUYA NULIDAD SE DEMANDA ACAECIERON BAJO LA VIGENCIA DE LA DEROGADA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA.’ (Se transcribe).
"En el caso, este tribunal federal a partir de un acucioso estudio del caso concreto, considera que debe apartarse del criterio sostenido con antelación, por los motivos siguientes.
"Si bien es verdad que los actos emitidos durante la vigencia de la Ley Federal de Reforma Agraria, podrían impugnarse a través del juicio de amparo indirecto por la parte que estimara resentir un perjuicio con los mismos, no es lógico ni jurídico exigir la promoción de ese juicio constitucional a quien no hubiere tenido conocimiento de esos actos, con antelación a que tal ordenamiento legal fue derogado, máxime cuando dicha parte conoce de su existencia hasta que estando en vigor la nueva Ley Agraria, se le demanda la restitución por quien resultó favorecido en un juicio privativo de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones, porque de estimar que precluyó su derecho, ya fuera para promover el juicio de amparo biinstancial, o la nulidad del procedimiento agrario ante el desconocimiento de este último, se le estaría privando de ser oído en defensa de los derechos que no pudo hacer valer precisamente por desconocer los actos que las autoridades agrarias llevaron a cabo, sin su intervención.
"También cabe destacar, que respecto de los términos de que dispone el inconforme para combatir las actuaciones verificadas bajo la vigencia de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, no debe confundirse el derecho de acudir al juicio de amparo indirecto, por violación a la garantía de audiencia con el de intentar una acción de nulidad ante las autoridades agrarias, ya que cada uno es autónomo y reviste sus propias características; es decir, la parte que estime resentir un perjuicio por actos de autoridades agrarias emitidos cuando se hallaba en vigor la Ley Federal de Reforma Agraria, en los que no tuvo intervención alguna, tiene a su alcance dos medios para impugnarlos: el juicio de amparo indirecto por violación a la garantía de audiencia, dentro de los términos que prevé la Ley de Amparo, a partir de que tuvo conocimiento de ellos; o bien, la acción de nulidad a que se refiere el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dentro de los términos al efecto conducentes.
"Pero en el supuesto de que el agraviado haya tenido conocimiento de los referidos actos, cuando le fue demandada la restitución de un determinado bien por la parte que obtuvo el derecho correspondiente, con la actuación de las autoridades agrarias verificada durante la vigencia de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria; es inconcuso que el momento para hacer valer sus derechos, sea en la contestación de la demanda instaurada en su contra y en el propio expediente agrario, sin que tenga que promover de manera independiente un juicio de amparo indirecto ante Juez de Distrito, porque de ser así se estarían ventilando dos juicios que podrían dar lugar a sentencias contradictorias, en atención a que en uno podría declararse procedente la acción de restitución, porque el actor entre otros requisitos, acreditó ser el titular de derechos agrarios; mientras que en el amparo podría resolverse que las actuaciones que favorecieron al tercero perjudicado (actor en el expediente agrario sobre restitución) fueran violatorias de garantías en perjuicio del quejoso (demandado en el juicio de restitución) por haber acreditado este último, tener derechos sobre el bien en litigio, y como consecuencia quedaran sin efectos las actuaciones de las autoridades agrarias que reconocieron los derechos en los que dicho actor en el juicio de restitución, apoyó su acción.
"En lo que atañe a la circunstancia de que de estimar procedente la acción de nulidad de actuaciones verificadas bajo la vigencia de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria se estaría aplicando retroactivamente la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en perjuicio del adquirente de derechos, es preciso destacar que el principio de irretroactividad de la ley que consagra el artículo 14 constitucional, tiene la finalidad de que la retroactividad no se aplique en perjuicio de persona alguna; pero en el caso de acatar estrictamente dicho principio, por no vulnerar derechos de una parte se estarían vulnerando los de la otra, siendo que a ambas tutela la legislación agraria, al grado de que los tribunales deban suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho sobre una parcela ejidal, con motivo de un procedimiento en el que no se cumplieron los requisitos legales en la notificación al entonces titular de derechos agrarios para privarlo de los mismos; de paso vale decir, que tal omisión constituye la violación más grave, dado que es una violación manifiesta de la ley que dejó inaudito a dicho titular, y la demandada hoy quejosa, es quien al fallecimiento del titular de esos derechos, los adquirió por ser la sucesora preferente.
"De tal forma que este tribunal considera, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, resulta procedente la acción de nulidad de actuaciones llevadas a cabo por autoridades agrarias, durante la vigencia de la derogada ley de reforma agraria, aun cuando dichas actuaciones hubiesen concluido antes de que entraran en vigor las nuevas disposiciones agrarias, porque la nueva legislación agraria no contempla de manera expresa algún medio para impugnar dichas actuaciones, ni estableció disposición alguna en el sentido de que tales actos de las autoridades agrarias quedaran firmes e irrevocables; máxime que no es lógico ni jurídico que el demandado en un juicio de restitución, al comparecer a éste únicamente nieg
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4981-66305615/tribunales-agrarios-procede-ante-ellos-la-accion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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