SOLAR URBANO NO TITULADO, EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS POR SU TENENCIA. SOLAR URBANO NO TITULADO. LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN POR SU TENENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo Plenario Número 1/1997 de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, en virtud de que se trata de una denuncia de posible contradicción de tesis sustentada sobre materia agraria.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que, al parecer, sustentan tesis contradictorias, a saber, el Magistrado presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar por mayoría de votos el amparo directo número 28/93 promovido por Moisés Molina García, mediante resolución de treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y tres, expuso las consideraciones que son del siguiente tenor:
"PRIMERO. La existencia de los actos reclamados quedó acreditada con los autos del expediente TUA 272/15/93 que remitió el tribunal responsable como informe justificado. SEGUNDO. El acuerdo que se impugna, dice: ‘Por recibido el escrito con número de entrada 590 de fecha seis de abril del año en curso, signado por el C. Moisés Molina García, mediante el cual se presenta ante este Tribunal Unitario Agrario, Distrito Quince a demandar al C. Adolfo Cortés Ureña, por la tenencia del lote urbano que afirma le corresponde al compareciente, el cual se ubica en el ejido de Verde, Municipio de El Salto, Jalisco, el cual describe en el escrito de cuenta. Del análisis a la demanda y documentación que anexa a la misma, se llega al conocimiento, de que la vía y acción propuesta, no está ajustada a derecho, apareciendo que resulta notoriamente improcedente, ya que el predio respecto del cual se trata, es un lote parte constitutiva de la zona urbana del ejido ya mencionado y de acuerdo a la Ley Agraria en vigor, en su artículo 44 dispone que «Para los efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, se dividen en: I. Tierras para el asentamiento humano; II. Tierras de uso común; y, III. Tierras parceladas.». Y en cuanto a la primera fracción el diverso 63 especifica que «Las tierras destinadas al asentamiento humano integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los terrenos en que se ubique la zona urbanización y su fundo legal.». Asimismo el último párrafo del 68 expresa «... Cuando se trate de ejidos en los que está constituida la zona de urbanización y los solares ya hubieren sido asignados, los títulos se expedirán en favor de sus legítimos poseedores.». Y de conformidad al artículo 56 es facultad de la asamblea de cada ejido con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley el poder determinar el destino de las tierras que no están formalmente parceladas; consecuentemente podrá destinarlas al asentamiento humano; y en relación a todo ello, el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares resulta aplicable en cuanto al procedimiento a seguir en la especie y en concreto los artículos 47 fracción I, 48 fracción V, 52 y demás relativos del citado reglamento. En el presente caso acorde con lo antes expuesto es la asamblea ejidal la que debe tratar y resolverlo, con las atribuciones que le confiere la ley de la materia, adminiculado a que el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en ninguno de sus apartados les otorga competencia para conocer de este tipo de asunto, máxime también que si en el caso ya existe certificado de derecho a solar urbano o que a futuro expida el Registro Agrario Nacional, los actos subsecuentes serán regulados por el derecho común, según reza el precepto 69 del ordenamiento jurídico invocado, además si se tratara en la especie de algún ilícito será la autoridad judicial quien deba conocer del presente caso; por lo tanto, resulta evidente desechar por improcedente la demanda ahora promovida.’. TERCERO. El quejoso expresa los siguientes conceptos de violación: ‘Primero. Me causa agravios la autoridad responsable al no darle entrada a mi demanda violando en mi perjuicio el artículo 14 constitucional el cual me da el derecho de garantía de audiencia, así como el derecho protegido que comprende la vida, la libertad, propiedades, posesiones y derechos, con lo cual se abarca toda clase de privación, pudiendo destacarse la relativa a la posesión, en virtud de que según la jurisprudencia, se tutela la simple detentación de bienes sin perjuicio de su calificación jurídica posterior a través de un proceso ordinario, acorde al concepto clásico del interdicto posesorio. Segundo. La responsable, viola en mi perjuicio el artículo 16 constitucional, porque nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Fui afectado en mis intereses particulares por no existir un procedimiento fundado y apoyado en la ley, la responsable dictó un acuerdo que carece de base de sustentación y se convierte en arbitrario. De ahí que la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación exprese que las autoridades no tienen más facultades que las otorgadas por una ley, porque de no ser así, sería fácil suponer implícitas todas las necesarias para sostener actos que puedan convertirse en arbitrarios. Tercero. Por otra parte, la responsable viola en mi perjuicio el artículo 18, fracciones V y VI de la Ley Agraria en vigor que a la letra dice: «Art. 18. Los Tribunales Unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo ... fracción V. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales; fracción VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población.». Es obvio, que los únicos autorizados para aplicar la Ley Agraria en los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra ejidal, es y debe ser, los Tribunales Unitarios Agrarios y no como lo manifiesta la responsable, que debe ser la asamblea ejidal del ejido El Verde, quien debe decidir sobre esta controversia judicial que hoy tengo con el señor Adolfo Cortés Ureña, porque entonces dicha asamblea ejidal se convertiría en Juez y parte, además de que las asambleas ejidales no se les ha revestido de jurisdicción para decidir controversias de carácter judicial que se les planteen, debo aclarar que, el ejido El Verde conoce del conflicto ejidal que tengo con el hoy tercer perjudicado, y nos ha llamado a esclarecer y tratar de dar solución a nuestro problema, pero, esto ha sido inútil, razón por la cual me ví precisado a recurrir a la autoridad competente para hacer valer mis derechos y considero que es el Tribunal Unitario Agrario, Distrito Quince el que debe conocer de esta controversia que existe y resolver quién es el que tiene mejor derecho o que está apegado a la ley.’. CUARTO. Por ser una cuestión de orden público, es procedente analizar, previamente a la cuestión de fondo planteada, la causal de improcedencia aducida por el tercero perjudicado Adolfo Cortés Ureña en su escrito presentado ante este Tribunal Colegiado el dos de agosto de mil novecientos noventa y tres (fojas 54 a 55). El citado tercero perjudicado alega la improcedencia de este juicio de amparo, porque, dice, es falso que el quejoso sea el propietario del terreno materia de la controversia, lo cual, según señala, demostrará en su oportunidad. La circunstancia de que esté o no acreditada la propiedad del quejoso respecto del terreno en cuestión, no es motivo para sobreseer en este juicio, pues ello es ajeno a la litis, que consiste en resolver sobre la constitucionalidad del auto de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, pronunciado por el Tribunal Unitario Agrario, Distrito Décimo Quinto, para lo cual el tema de la propiedad y posesión de ese terreno no influye en nada, dado que el punto medular es la competencia o incompetencia del órgano jurisdiccional mencionado para conocer del asunto. En tales condiciones, no ha lugar a sobreseer por tales motivos. QUINTO. Es fundado el alegato en que se aduce violación al artículo 18, fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. En efecto, en el acuerdo combatido de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Décimo Quinto, desechó por improcedente la demanda promovida por Moisés Molina García, bajo las consideraciones siguientes: que el predio de que se trata es parte constitutiva de la zona urbana ejidal, por lo que corresponde tratar y resolver el caso, a la asamblea, pues conforme al artículo 56 de la Ley Agraria, puede determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, consecuentemente, dijo, podrá destinarlas al asentamiento humano; que resultan aplicables en cuanto al procedimiento a seguir, los artículos 47, fracción I, 48, fracción V, 52 y demás relativos del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares; que lo anterior se adminicula a que el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, no otorga competencia a ese Tribunal Unitario para conocer de ese tipo de asuntos, y ‘... que si en el caso ya existe certificado de derechos a solar urbano o que a futuro expida el Registro Agrario Nacional, los actos subsecuentes serán regulados por el derecho común, según reza el precepto 69 del ordenamiento jurídico invocado ...’; por último, agregó, que si se tratara de algún ilícito será la autoridad judicial quien deba conocer. Aun cuando es verdad que el artículo 45 de la Ley Agraria faculta a la asamblea de cada ejido, para determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, y puede dedicarlas al asentamiento humano, sin embargo, esa facultad de ninguna manera significa que deba resolver conflictos sobre su tenencia, entre ejidatarios, comuneros, avecindados o posesionarios, pues son cuestiones enteramente distintas. La primera se refiere al uso que deberá darse a las tierras no parceladas formalmente, en tanto que la segunda, a los conflictos que surjan sobre la posesión de la tierra, y como en el caso no se trata de delimitar ni destinar tierras ejidales para el asentamiento humano o para cualquier otro fin, sino de resolver sobre un problema de tenencia de un solar urbano, no resultan aplicables los artículos invocados por la responsable del reglamento en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, pues tratan sobre la primera de esas cuestiones. A mayor abundamiento cabe señalar que ningún precepto de la Ley Agraria faculta a la asamblea ejidal para resolver conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, y sí, en cambio, esa facultad, como se aduce en los conceptos de violación, y contrariamente a lo sostenido en la resolución que se revisa, está otorgada a los Tribunales Unitarios, por lo que ve al caso que nos ocupa, concretamente en la fracción VI del artículo 18 de la ley orgánica que los rige, pues se trata de una controversia en materia agraria, por disputarse la posesión de un solar urbano ejidal, entre avecindados. Tampoco resulta aplicable el artículo 69 de la Ley Agraria, que dispone que los actos jurídicos subsecuentes a la expedición de los títulos de solar, se regirán por el derecho común, pues no está demostrado, ni se señala siquiera, que el solar materia del conflicto haya sido titulado. Por último, si de los hechos a que se refiere la demanda presentada por Moisés Molina García ante el Tribunal Unitario Agrario, se desprendiera la comisión de un ilícito, efectivamente correspondería su conocimiento a otra autoridad, sin embargo, el planteamiento de este escrito se refiere a un conflicto por la tenencia de un solar ejidal, del que debe conocer el Tribunal Unitario Agrario por las razones que se señalaron. Al haber inadvertido lo anterior, el Tribunal Unitario Agrario violó, en perjuicio del quejoso, las garantías de seguridad jurídica establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo cual procede otorgarle el amparo que solicitó para el efecto de que esa autoridad deje insubsistente el auto combatido y pronuncie uno diverso en el que atienda los lineamientos de esta ejecutoria."
El mencionado criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, fue plasmado en la tesis publicada en la página 985, Tomo XII, diciembre de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice:
"TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SURGIDOS ENTRE AVECINDADOS CON MOTIVO DE LA TENENCIA DE SOLARES URBANOS NO TITULADOS. En términos del artículo 18, fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Unitarios Agrarios, y 69 de la Ley Agraria, la competencia para conocer de conflictos que se susciten entre avecindados, con motivo de la tenencia de un solar urbano no titulado, se surte en favor de dichos órganos jurisdiccionales, en virtud de que tales controversias aún son de naturaleza agraria y se disputa el mejor derecho a poseer la tierra."
Cabe precisar que el voto particular que formuló el Magistrado Rogelio Camarena Cortés en el asunto antes descrito, se circunscribió a considerar que debió negarse la protección constitucional concedida al quejoso porque los conceptos de violación planteados son infundados e inconducentes, dado que el acto que se reclama sí está fundado y motivado por un lado y por el otro, las inconformidades expuestas no logran desvirtuar las consideraciones jurídicas por las cuales el Tribunal Unitario Agrario se consideró incompetente.
CUARTO. Las consideraciones expuestas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la ejecutoria que dictó al resolver el juicio de amparo directo número 692/97 promovido por Herlinda Guerrero Barreto, resuelto el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, son las siguientes:
"PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, es competente para conocer del presente negocio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 fracción VI, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 158 y 161 de la Ley de Amparo y 37 fracción I, inciso b) del capítulo III, título tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de juicio de amparo directo en el que se reclama sentencia definitiva en materia agraria, dictada por autoridad administrativa del orden federal en el Estado de Michoacán. SEGUNDO. El acto reclamado es cierto, pues así lo reconoce la autoridad responsable en su informe justificado y además se desprende del expediente respectivo agrario número 10/96 que remitió anexo a dicho informe. Los terceros perjudicados fueron debidamente emplazados a juicio, según constancias que obran en autos. TERCERO. La resolución recurrida es del tenor literal siguiente: ‘Segundo. La litis consiste en determinar si procede o no el conflicto por la posesión de un solar urbano ejidal y como consecuencia la desocupación y entrega del mismo. En la vía de reconvención la devolución y entrega del solar de mérito. Tercero. La actora aportó al procedimiento las siguientes pruebas: 1. Documentales que obran en el sumario. 2. Confesional a cargo de la demandada. 3. Testimonial a cargo de Victoriano Rodríguez González, Juan Antonio Vázquez Ruán y Victoriano Godínez Barajas, así como los integrantes del Comisariado Ejidal del ejido de «Apatzingán». 4. Reconocimiento de firma y contenido del acta del 6 de agosto de 1990. 5. Inspección judicial. 6. Pericial en topografía. 7. Presuncional legal y humana. 8. Instrumental de actuaciones. Cuarto. La parte demandada ofreció: 1. Las documentales que aportó. 2. La confesional a cargo de Pedro Guerrero Fierros y Hortencia Jalavera Chávez. 3. La prueba testimonial a cargo de Moisés Radillo Díaz. Dio contestación a la demanda en los siguientes términos: ... Opuso como excepciones y defensas; ... y reconvino de la siguiente manera ... Quinto. Pedro Guerrero Fierros y Hortencia Jalavera Chávez dieron contestación a la reconvención en los siguientes términos: ... Sexto. El peritaje del ingeniero Sergio Alonso Molina Martínez, perito tercero en discordia se rindió en los siguientes términos: «Cuestionario de la parte actora. 1. El perito identificará el solar urbano ejidal materia de este juicio, precisando su superficie exacta, sus medidas, sus colindancias y su estado actual. El solar materia del conflicto, se encuentra en el lote 164 de la manzana No. 37, de la colonia El Varillero, en la localidad de Apatzingán, Michoacán. Su superficie es de 373.03 m2. sus medidas y colindancias son las siguientes: al norte: 14.16 m. con la privada de Esteban Vaca Calderón y con el señor Victoriano Bautista Prado. Al sur: 11.85 m., con Guadalupe Aguilar Rodríguez. Al oriente: 28.74 m., con Victoriano Rodríguez Barajas y Clara Landa Jiménez. Al poniente: 31.96 m., con Pedro Madriz Alonso. Actualmente cuenta con 3 (tres) cuartos, uno de madera con estructura de lámina de cartón negra que funciona como cocina, la cual usa la señora Herlinda Guerrero Barreto (ver foto No. 1), un cuarto de firme de concreto pulido, muros de tabique de barro y estructura de lámina de cartón negra que la demandada usa como recámara (ver fotos No. 2 y 3) y otra construcción de piso de concreto pulido, muros de tabique de barro pintados con pintura vinílica en su exterior, y estructura de lámina galvanizada (ver foto No. 4) que el actor usa como recámara. Cuenta también con diferentes árboles frutales (mango, naranjo, limón y plátano). Respecto a la edad aproximada es la siguiente: para las construcciones de estructura de lámina de cartón de aproximadamente de 30 (treinta) años, y para la estructura de asbesto es de 20 (veinte) años (según declaraciones textuales de las partes). Cabe mencionar que la demandada me indica que el lote conflicto es el <No. 165-bis>. Se anexa plano No. 1 (uno). 2. El perito precisará la ubicación del solar urbano ejidal materia de este juicio, especificando el número de manzana donde se localiza, colonia, poblado y Municipio. El solar urbano en cuestión se localiza en la manzana 37, colonia El Varillero del ejido de Apatzingán, Municipio de Apatzingán, Michoacán. 3. El perito precisará si el solar urbano ejidal marcado con el No. 164, materia de este juicio, se encuentra fraccionado y si en el mismo se localiza alguna vivienda, en caso afirmativo deberá de identificar dicha vivienda, especificando el tipo de material con que se encuentra construida y su antigüedad. Sobre el particular se observa que el lote 164 no se encuentra fraccionado, respecto a si en el mismo se localiza alguna vivienda, anexo a la presente la foto (1, 2, 3 y 4), misma que describo en la pregunta No. 1 (uno). 4. El perito determinará si el solar urbano ejidal No. 164, en controversia forma parte de algún otro terreno que perteneciera al original propietario Victoriano Godínez Barajas, considerando que dicha persona fue el original titular de dicho solar, disposición de la asamblea general de ejidatarios del ejido de Apatzingán, demostrada tal circunstancia con el certificado o título del solar urbano de referencia que obra a fojas 7 (siete) del sumario. De acuerdo al estudio practicado y a la entrevista con el señor Victoriano Godínez Barajas, propietario del certificado No. 25833 de fecha 31 de julio de 1958, se pudo constatar que el predio en controversia formaba parte del solar de este último. 5. El perito determinará si el solar urbano ejidal marcado con el No. 164, corresponde al mismo que se encuentra amparado por el título de derecho a solar urbano No. 25833, asignado al sumario, o en su defecto se trata de terrenos distintos al que es materia de esta controversia. En base a la respuesta anterior se deduce que el solar urbano No. 164, sí se encuentra amparado por el título de propiedad No. 25833, del señor Victoriano Godínez Barajas. 6. El perito precisará en su dictamen, las técnicas o instrumentos que haya considerado para emitir el dictamen pericial correspondiente. Sobre el particular, le informo que para elaborar dicho dictamen fue necesario levantar dichos predios por el método de <levantamiento con cinta> y el estudio de los documentos que obran en autos a la fecha. Cuestionario de la parte demandada. 1. Los peritos manifestarán y determinarán la existencia de 2 predios numerados 164 y 165, que se describen en el plano de organización del ejido de <Apatzingán>. La ubicación es en la manzana No. 37 colonia El Varillero su superficie es de 713.62 m2. Sus medidas y colindancias son las siguientes: al norte: 37.90 m. con Victoriano Bautista Prado y propiedad particular. Al sur: 32.90 m. con Guadalupe Aguilar Rodríguez. Al oriente: 15.60 m. con la calle Ignacio Allende. Al poniente: 28.74 m. con (lote No. 164) Pedro Guerrero Fierros y Herlinda Barreto. 4. Los peritos manifestarán si el predio que se describe en el plano organización del ejido de <Apatzingán>, coincide con la ubicación, medidas y colindancias que tiene el predio urbano ejidal materia de este juicio. Sobre el particular se detecta que el predio en conflicto coincide con la ubicación (L-14, manzana 37), las medidas varían y un poco y sus colindancias también, sin embargo el lote en conflicto me fue señalado por las dos partes, mismos que me proporcionaron sus colindantes actuales. 5. Los peritos manifestarán si el plano organización del ejido de <Apatzingán>, representa la real división y distribución de predios existentes en la manzana 37, de la colonia El Varillero, de la ciudad de Apatzingán. Efectivamente en la manzana No. 37, de la colonia El Varillero existen diferencias respecto al plano de organización del ejido. 6. Los peritos manifestarán y determinarán la existencia de predios urbanos ejidales no descritos en la manzana No. 37 de la colonia El Varillero en el ya citado plano. Se pudo notar físicamente que hay predios urbanos que no están dentro de dicho plano, en particular en la manzana No. 37. 7. Los peritos manifestarán y determinarán si el predio urbano ejidal materia del presente juicio se describe en el multicitado plano. Al respecto se pudo constatar que efectivamente el predio en conflicto se encuentra ubicado dentro del citado plano.». De los dictámenes emitidos por los peritos de la parte actora y del tercero en discordia se desprende que el original propietario del solar urbano motivo de la litis lo fue Victoriano Godínez Barajas merced al certificado de derecho a solar urbano número 25833, de fecha 31 de julio de 1958. Que el predio en pleito formaba parte de aquél y que sus medidas y colindancias son las que se describen en la respuesta a la pregunta número cuatro del cuestionario de la demandada antes transcrito. Lo que hace prueba plena para este juzgador en virtud de que coinciden el arte y la ciencia de los peritos señalados con las pruebas desahogadas en autos, entre ellas el reconocimiento judicial que puede verse a fojas 128 a la 133 del expediente, con fundamento en los artículos 197, 211 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria. Séptimo. Conviene aplicar la siguiente tesis de competencia y los preceptos legales del anterior ordenamiento derogado, pero vigente en el tiempo de los hechos: «TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SURGIDOS ENTRE AVECINDADOS CON MOTIVO DE LA TENENCIA DE SOLARES URBANOS NO TITULADOS. En términos del artículo 18, fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Unitarios Agrarios, y 69 de la Ley Agraria, la competencia para conocer de conflictos que se susciten entre avecindados, con motivo de la tenencia de un solar urbano no titulado, se surte en favor de dichos órganos jurisdiccionales, en virtud de que tales controversias aún son de naturaleza agraria y se disputa el mejor derecho a poseer la tierra.» (datos de la tesis). Como es evidente en el criterio transcrito la competencia para conocer de los conflictos suscitados entre avecindados posesionarios y los órganos de representación del núcleo, por la posesión de una fracción de un solar urbano titulado se surte a favor de los tribunales agrarios y en el caso, para que se acredite el mejor derecho para poseer del accionante sobre el solar de mérito a falta de escritura o testimonio de compraventa y aun de la posesión, es menester probar que la asamblea general de ejidatarios le adjudicó el solar en controversia, así el demandante con las documentales relacionadas en el tercer considerando que antecede probó actos de dominio que sirven de prueba fundada de que él es quien tiene mejor derecho para poseer, pues la Ley Agraria en su artículo 68 establece que los solares serán de propiedad plena de sus titulares y que una vez satisfechas las necesidades de los ejidatarios, los solares excedentes podrán ser arrendados o enajenados por el núcleo de población ejidal a personas que deseen avecindarse, debiendo expedirse los títulos en favor de sus legítimos poseedores, ya que la asamblea general de ejidatarios en sesión de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y uno visible a fojas de la 9 a la 13 por unanimidad acordó adjudicar el solar del conflicto a Pedro Guerrero Fierros, como lo confiesa en forma categórica, expresa y voluntaria Herlinda Guerrero Barreto al dar contestación al hecho cuarto de la demanda entablada en su contra, adminiculada con todas y cada una de las posiciones de las cuales fue declarada confesa en la audiencia de ley (foja 91) de las que se deduce que el original propietario del solar del conflicto lo fue el ejidatario Victoriano Godínez, que la absolvente antes del año de 1991, tenía su domicilio en la finca marcada con el número 558 de la calle Esteban Vaca Calderón de la colonia El Varillero en esa ciudad, que ella fue la que se introdujo al solar donde ya vivía su demandante con su propia familia, que la asamblea le ratificó en su posesión al actor en lo principal; lo que hace prueba plena de conformidad con los artículos 93, 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles en relación con los diversos 2o. y 167 de la Ley Agraria. Es conveniente transcribir los siguientes artículos de la Ley Federal de la Reforma Agraria que textualmente dicen: «Art. 93. Todo ejidatario tiene derecho a recibir gratuitamente, como patrimonio familiar, un solar en la zona de urbanización cuya asignación se hará por sorteo. La extensión del solar se determinará atendiendo a las características, usos y costumbres de la región para el establecimiento del hogar campesino, pero en ningún caso excederá de 2,500 metros cuadrados. Los solares excedentes podrán ser arrendados o enajenados a personas que deseen avecindarse, pero en ningún caso se les permitirá adquirir derechos sobre más de un solar, y deberán ser mexicanos, dedicarse a ocupación útil a la comunidad y estarán obligados a contribuir para la realización de obras de beneficio social en favor de la comunidad. El ejidatario o avecindado a quien se haya asignado un solar en la zona de urbanización y lo pierda o lo enajene, no tendrá derecho a que se le adjudique otro.», «Art. 95. Los contratos de arrendamiento o de compraventa de solares que el núcleo de población celebre, deberán ser aprobados en la asamblea general y por la Secretaría de la Reforma Agraria, la cual vigilará el exacto cumplimiento de dichos contratos, de acuerdo con los preceptos contenidos en este capítulo.», «Art. 98. El abandono del solar durante un año consecutivo, tratándose de avecindados y de dos si se trata de ejidatarios, dentro del plazo fijado para la adquisición del dominio pleno, implicará la pérdida de los derechos de su poseedor, salvo causas de fuerza mayor. El solar se declarará vacante y la asamblea general podrá disponer de él; lo adjudicará preferentemente a ejidatarios que carezcan de solar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de esta ley, o bien lo venderá o lo dará en arrendamiento. Los compradores de solares que no llegaren a adquirir el dominio pleno sobre ellos, no podrán reclamar la devolución de las cantidades que hayan entregado al núcleo de población en pago del precio.», «Art. 100. La Secretaría de la Reforma Agraria expedirá los certificados de derecho a solar que garantice la posesión, tanto a ejidatarios como a no ejidatarios, y cuando cumpla con todos los requisitos fijados en este capítulo se les expedirán los correspondientes títulos de propiedad; éstos se inscribirán en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Propiedad de la entidad correspondiente.». De su correcta interpretación hermenéutica, nos permite arribar a las siguientes conclusiones: a) Al ejidatario, en primer término, es a quien le corresponde el derecho al solar urbano, por lo que los excedentes serán rentados o enajenados por la asamblea general de ejidatarios a avecindados con los requisitos, entre otros de dedicarse a una ocupación úti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5442-2c752ae1/solar-urbano-no-titulado-el-tribunal-unitario-agrario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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