ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, LA FALTA DE ALGÚN REQUISITO FORMAL EN LA EMISIÓN DE LA, ENCUADRA EN LA VIOLACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 238 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA. LA NULIDAD DECRETADA POR VICIOS FORMALES EN SU EMISIÓN, DEBE SER DECLARADA CON FUNDAMENTO EN LA PARTE FINAL DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Es conveniente a continuación determinar si existe, entre los Tribunales Colegiados mencionados, la contradicción de tesis denunciada.
Con ese objeto es necesario realizar las siguientes precisiones:
En la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con fecha trece de enero de mil novecientos noventa y cuatro, al resolver la revisión fiscal número 1980/93, interpuesta por el administrador de lo Contencioso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que se integró la jurisprudencia sustentada por dicho Tribunal Colegiado, se sostuvo lo siguiente:
"Respecto al tema consistente en que el artículo 16 constitucional y el 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación no exigen que la autoridad fiscal deba señalar específicamente los impuestos y contribuciones que serán objeto de la revisión, debe decirse que no le asiste la razón a la recurrente, porque, de esos mismos preceptos jurídicos se desprende que para que la orden de visita que tenga por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, se encuentre debidamente fundada y motivada y exprese el objeto o propósito de que se trate, es necesario que precise por su nombre los impuestos cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden verificar, pues sólo así la persona visitada conocerá en forma específica las obligaciones a su cargo que se van a revisar y los visitadores se ajustarán a la verificación de los renglones establecidos en la orden de visita. Así lo ha manifestado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia emitida al resolver la contradicción de tesis entre la sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, y las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en sesión de ocho de julio de mil novecientos noventa y tres, pendiente de su publicación, que a la letra dice: ‘ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS. De conformidad con lo establecido por la fracción II (sic) del artículo 16 constitucional y por la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, tratándose de las órdenes de visita que tengan por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por un principio lógico y de seguridad jurídica, deben estar fundadas y motivadas y expresar el objeto o propósito de que se trate; requisitos para cuya completa satisfacción es necesario que se precisen en dichas órdenes, expresando por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden verificar, pues ello permitirá que la persona visitada conozca cabalmente las obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los visitadores se ajusten estrictamente a los renglones establecidos en la orden. Sólo mediante tal señalamiento, por tratarse de un acto de molestia para el gobernado, se cumple con el requerimiento del artículo 16 constitucional, consistente en que las visitas deben sujetarse a las formalidades previstas para los cateos, como es el señalar los objetos que se buscan, lo que en tratándose de órdenes de visita se satisface al precisar por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento se trate. Adoptar el criterio contrario impediría, además, al gobernado cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación.’. Por otra parte, tiene razón la Sala Superior al considerar que la nulidad de las resoluciones impugnadas debe ser lisa y llana, porque la orden de visita se dictó en contravención a las disposiciones aplicadas, la cual provoca un vicio de origen en el procedimiento fiscalizador, y así, el caso quedó comprendido dentro de la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación. En efecto, es incuestionable que la causa de anulación de las resoluciones impugnadas se debió a que la orden de auditoría vinculada con ellas resultó violatoria de los artículos 16 constitucional y 38, fracción III, del Código Fiscal, al no expresarse de manera correcta el motivo y el objeto o propósito de la visita, lo cual trajo como consecuencia ineludible su nulidad, y por vía de consecuencia, de los actos que emanaron de dicha orden. En estas circunstancias, la causa de nulidad no puede quedar comprendida en la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada, porque para que así sea, el vicio tendría que darse necesariamente dentro del procedimiento de fiscalización y sin afectar el acto que le dio origen, como lo es, la orden de visita; sin embargo, cuando la causa de nulidad afecta a ésta, es nulo todo el procedimiento desde su origen y entonces deja de existir jurídicamente, es decir, cae por su base; por lo que en esta hipótesis sería contrario a la lógica jurídica imprimirle efectos a la nulidad, pues tales efectos no pueden ser para que se dicte una nueva orden de auditoría purgando el vicio de ilegalidad, debido a que con ello se provocaría un nuevo procedimiento de auditoría y no se culminaría el original, como sucede en la nulidad para efectos por vicios en el procedimiento. Es decir, si el procedimiento de fiscalización se inicia con la notificación de la orden de auditoría, que en el caso, ha quedado insubsistente por el vicio de que adolece, válidamente puede decirse que la autoridad fiscal no ha iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación y, en estas circunstancias, no hay vicios en el procedimiento de auditoría que, una vez subsanados, pueden dar lugar a la continuación de dicho procedimiento, como sucede, por ejemplo, en la indebida identificación de visitadores, que se da ya iniciado el procedimiento y que no trasciende ni afecta a la orden de auditoría. Lo anterior se corrobora con la transcripción, en lo que interesa, del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, vigente en 1991, cuyo contenido es el siguiente: ‘Art. 42. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de comprobar que los contribuyentes o responsables solidarios han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a las autoridades fiscales, estará facultada para: ... II. Requerir a los contribuyentes responsables solidarios o terceros relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran ... III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías ... Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.’. Así las cosas, si en la especie se ha estimado subsistente la causal de anulación de las resoluciones impugnadas por irregularidades de la orden de visita, no hay duda que la violación cometida no puede estar comprendida en la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal, porque como ya se dijo, para que exista un vicio en el procedimiento de fiscalización es indispensable que éste ya se haya iniciado y que el acto que le dio origen no haya sido impugnado, o habiéndose combatido se considere legal, lo cual no sucede en el caso. La hipótesis de ilegalidad de la resolución impugnada que la Sala Fiscal consideró configurada, es la comprendida en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. Dicho precepto dice así: ‘Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: ... IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas.’. A juicio de este tribunal, es correcta la anterior causal en la parte relativa a que la resolución administrativa proviene de un documento ‘contrario a las disposiciones que lo rigen’, como son los numerales 16 de la Constitución Federal y 38, fracción III del Código Fiscal de la Federación, por lo que la nulidad debe ser lisa y llana, en términos del artículo 239 fracción II del Código Fiscal, pues la nulidad para efectos sólo procede en los supuestos previstos en las fracciones II y III, y en su caso V, del artículo 238 del mismo código, por omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes en la resolución impugnada; por violaciones en el procedimiento; o, cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponde a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades, hipótesis que no encuadran al caso específico en estudio. Es aplicable al caso la tesis sustentada por este tribunal al resolver la RF. 1332/93, Decorex Cuauhtémoc, S.A., recurrente el administrador central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica de Ingresos, siendo ponente la Magistrada María Antonieta Azuela de Ramírez, en sesión de 29 de septiembre de 1993, que dice: ‘ORDEN DE AUDITORÍA. LA SENTENCIA FISCAL QUE DECLARA SU NULIDAD DEBE SER LISA Y LLANA Y NO PARA EFECTOS.’ ..."
Con la referida resolución se integró la jurisprudencia número 40, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 75, marzo de 1994, página 31, que dice:
"ORDEN DE AUDITORÍA. LA SENTENCIA FISCAL QUE DECLARA SU NULIDAD DEBE SER LISA Y LLANA Y NO PARA EFECTOS. El procedimiento de auditoría encuentra su origen en la orden de visita que tenga por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, se inicia con la notificación de dicha orden y culmina con la decisión de la autoridad fiscal en la que se determinan las consecuencias legales de los hechos u omisiones que se advirtieron en la auditoría. Por tanto, si la nulidad de la resolución fiscal impugnada se suscitó a consecuencia de que la orden de auditoría que le antecedió contiene vicios, por haberse dictado en contravención a las disposiciones aplicadas o por haberse dejado de aplicar las debidas, tal nulidad debe ser lisa y llana, en términos del artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ya que al ser nula la orden de visita es nulo todo el procedimiento de fiscalización desde su origen y, en estas circunstancias, válidamente puede decirse que la autoridad fiscal no ha iniciado sus facultades de comprobación, pues éstas se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente a fin de comprobar si ha cumplido con las disposiciones fiscales, como lo señala el artículo 42 del citado cuerpo legal. Luego, la ilegalidad en la orden de auditoría impide que la nulidad se declare para efectos, como si se tratara de vicios en el procedimiento de fiscalización, puesto que tal decisión sólo puede justificarse ante un procedimiento que jurídicamente se inició, pero no respecto de aquel que no llegó a instaurarse por haber estado viciado desde su origen."
Por otra parte, en la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dictada en la revisión fiscal 24/95, interpuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dictada por ese tribunal, el trece de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, en la parte que a este estudio interesa, se estableció lo siguiente:
"El tercero de los agravios es fundado en lo sustancial. La Sala Regional, para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución materia del juicio de nulidad, se apoyo en la jurisprudencia 40 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se publica en las páginas 31 y 32 de la Gaceta número 75, marzo de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, con la voz ‘ORDEN DE AUDITORÍA. LA SENTENCIA FISCAL QUE DECLARA LA NULIDAD DEBE SER LISA Y LLANA Y NO PARA EFECTOS.’. En tal jurisprudencia se sustentó, en concreto, que ‘si la nulidad de la resolución fiscal impugnada se suscitó a consecuencia de que la orden de auditoría que la antecedió contiene vicios’, ‘al ser nula la orden de visita es nulo todo el procedimiento de fiscalización desde su origen’, y que, ‘en estas circunstancias, válidamente puede decirse que la autoridad no ha iniciado sus facultades de comprobación, pues éstas se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente a fin de comprobar si ha cumplido con las disposiciones fiscales, como lo señala el artículo 42 del citado cuerpo legal’. Este Segundo Tribunal Colegiado no comparte las consideraciones que sustenta la citada jurisprudencia, toda vez que si la orden de visita es ilegal, desde luego que vicia todo el procedimiento, pero ello no implica que el aludido proceso de fiscalización no se haya iniciado. Esto es, el que las facultades de comprobación se hubieren iniciado ilegalmente, ello no quiere decir que tales facultades de comprobación no se iniciaran, sino únicamente que el procedimiento de fiscalización es ilegal por estar sustentado en una orden de visita que también es ilegal. En otro aspecto, cierto es que el artículo 42, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, dispone que las facultades de comprobación (de que los contribuyentes o responsables solidarios han cumplido con las disposiciones fiscales) se inician con el primer acto que se notifica al contribuyente; empero, esta disposición debe analizarse con referencia a la forma en que las autoridades fiscales deben ejercitar sus facultades de comprobación ‘respecto de contribuciones que se pagan mediante declaración periódica formulada por los contribuyentes’ (artículo 64); a la interrupción de las facultades de comprobación que prevé el artículo 67 del mismo Código Fiscal de la Federación, tocante a la extinción de esas facultades; y a las reglas que establece el artículo 73 del citado ordenamiento, respecto al cumplimiento espontáneo de obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones legales, a fin de no imponer multas. Mas lo preceptuado en el mencionado artículo 42 no debe interpretarse en el sentido de que si la orden de visita es ilegal, ello implique ‘que la autoridad fiscal no ha iniciado sus facultades de comprobación’. Más aún, la actual integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al decidir sobre la contradicción de tesis 17/93, el diecinueve de mayo del año en curso, de cuya resolución se recibió copia en este colegiado con el oficio número 397/2 de su Secretaría de Acuerdos, el doce de junio último, consideró que para resolver esa contradicción era ‘menester ubicar dentro del marco general del derecho tributario, la visita domiciliaria para poder determinar con posterioridad, si la observancia o no de las disposiciones que la rigen pueden ser consideradas como violaciones al procedimiento para efectos del cuarto párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación’, que debía señalarse en primer término que la visita domiciliaria constituye un medio de control y fiscalización del Estado para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes; es decir, las mismas forman parte de las facultades de las autoridades hacendarias y se ubican dentro de lo que la doctrina denomina ‘procedimiento administrativo’, el cual culmina con una resolución, en la que en su caso, se determina un crédito a cargo del contribuyente. De ello se sigue que la visita domiciliaria es un acto autoritario de naturaleza administrativa y encuentra su fundamento constitucional en el artículo 16, que en correlación con los diversos artículos 43 y 44 del Código Fiscal de la Federación, establecen las formalidades del acto de autoridad en comento, de ahí que pueda afirmarse que ‘la inobservancia de dichas formalidades produce vicios en el acto de autoridad por violaciones formales’; que ‘el artículo 16 constitucional dispone en la parte conducente, que la autoridad fiscal podrá practicar visitas domiciliarias, únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en este caso, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, las cuales se encuentran establecidas en el octavo párrafo del propio precepto constitucional, en los siguientes términos: (se transcribe)’; que ‘En concordancia con el citado precepto constitucional, los artículos 43 y 44 del Código Fiscal de la Federación, establecen las formalidades iniciales a que deben sujetarse las visitas domiciliarias, en los términos siguientes: (se transcriben)’; y que ‘De los elementos hasta aquí asentados, se puede concluir que la visita domiciliaria constituye una forma de control y fiscalización del Estado (acto autoritario), que debe practicarse conforme a las formalidades que establecen tanto el artículo 16 constitucional como las disposiciones relativas del Código Fiscal de la Federación y la violación a las citadas disposiciones, trae como consecuencia un vicio en las formalidades del acto administrativo que se ubican como ya se indicó, dentro de lo que la doctrina denomina derecho administrativo tributario o procedimiento administrativo.’. Según se ve, si la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la visita domiciliaria es un acto autoritario de naturaleza administrativa y encuentra su fundamento constitucional en el artículo 16; que este artículo, en su octavo párrafo, establece las formalidades a que deben sujetarse las órdenes de cateo, y en lo conducente que esas formalidades deben cumplirse en las órdenes de la ‘autoridad fiscal’, ‘para practicar visitas domiciliarias’, y que ‘de ahí que pueda afirmarse que la inobservancia de dichas formalidades produce vicios en el acto de la autoridad por vicios formales’, se concluye que cuando se declara la nulidad de una resolución fiscal porque se consideró que la orden de visita que la antecedió contiene vicios, al no cumplirse con las formalidades que señala el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 16 de la Constitución Federal, la nulidad no debe ser lisa y llana por no estarse en la hipótesis de la fracción IV del artículo 238, pues no es que los hechos que la motivaron no se realizaron; que fueran distintos o se apreciaran en forma equivocada, o bien que la resolución administrativa, se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o se dejó de aplicar las debidas, sino que se está en el supuesto de la fracción II del mismo artículo, porque se trata de la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afectan las defensas del particular y trascienden al sentido de la resolución impugnada. Por lo mismo, es que tiene la razón la inconforme en que es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia número 17/93 de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 18 y 19 de la Gaceta 72, diciembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: ‘NULIDAD. EFECTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO EXISTA INDEBIDA IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITADORES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR. La nulidad de la resolución por vicios de carácter formal, que se configura al actualizarse una omisión dentro del procedimiento fiscalizador, como lo es la indebida identificación de los visitadores o que no se haga constar en el acta respectiva de manera circunstanciada todos los datos relativos al documento de su identificación, encuadra dentro de la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, pues constituye un vicio de procedimiento que afecta las defensas del particular y trasciende al sentido de la resolución impugnada, por lo que en términos del último párrafo del artículo 239 del mencionado código, el Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que la autoridad demandada deje insubsistente la resolución reclamada y emita una nueva en la que declare nulo el procedimiento de la visita desde el momento en que se cometió la violación formal, sin que con ello se obligue ni se impida a la autoridad iniciar un nuevo procedimiento a partir de ese momento y de acuerdo con lo establecido por la ley, porque el ejercicio de esta última atribución queda dentro del campo de las facultades discrecionales de la autoridad. La garantía de seguridad jurídica queda resguardada desde el momento en que se deja insubsistente el procedimiento viciado, pero el alcance de esa garantía no se extiende al grado de que no pueda ser objeto de una nueva visita domiciliaria, porque el ejercicio de las facultades fiscalizadoras que son propias de la autoridad derivan de la ley y no de lo señalado en una sentencia de nulidad.’."
La anterior ejecutoria dio origen a la jurisprudencia número III.2o.A. J/2, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, diciembre de 1997, página 605, que dice:
"ORDEN DE VISITA. LA NULIDAD DEBE SER PARA EFECTOS Y NO LISA Y LLANA CUANDO CONTIENE VICIOS FORMALES. Cuando se declara la nulidad de una resolución fiscal porque se consideró que la orden de visita que la antecedió contiene vicios, al no cumplirse con las formalidades que señala el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 16 de la Constitución Federal, la nulidad no debe ser lisa y llana por no estarse en la hipótesis de la fracción IV del artículo 238, pues no es que los hechos que la motivaron no se realizaron, que fueran distintos o se apreciaran en forma equivocada, o bien, que la resolución administrativa se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o se dejaron de aplicar las debidas, sino que se está en el supuesto de la fracción II del mismo artículo, porque se trata de la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes que afectan las defensas del particular y trascienden al sentido de la resolución impugnada. Lo anterior se confirma si se atiende a que la actual integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al decidir sobre la contradicción de tesis 17/93, en concreto estableció ‘que la visita domiciliaria es un acto autoritario de naturaleza administrativa y encuentra su fundamento constitucional en el artículo 16’; que este artículo, en su octavo párrafo, establece las formalidades a que deben sujetarse las órdenes de cateo y, en lo conducente, que esas formalidades deben cumplirse en las órdenes de la ‘autoridad fiscal’ ‘para practicar visitas domiciliarias’, y que ‘de ahí que pueda afirmarse que la inobservancia de dichas formalidades produce vicios en el acto de autoridad por violaciones formales’. Si la orden de visita es ilegal, desde luego que vicia todo el procedimiento, pero ello no implica que el aludido proceso de fiscalización no se haya iniciado. Esto es, el que las facultades de comprobación se hubieren iniciado ilegalmente, no quiere decir que éstas no se iniciaran, sino únicamente que el procedimiento de fiscalización es ilegal por estar sustentado en una orden de visita que también es ilegal. Cierto es que el artículo 42, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, dispone que las facultades de comprobación (de que los contribuyentes o responsables solidarios han cumplido con las disposiciones fiscales) se inician con el primer acto que se notifica al contribuyente; empero, esta disposición debe analizarse con referencia a la forma en que las autoridades fiscales deben ejercitar sus facultades de comprobación ‘respecto de contribuciones que se pagan mediante declaración periódica formulada por los contribuyentes’ (artículo 64); a la interrupción de las facultades de comprobación que prevé el artículo 67 del mismo Código Fiscal de la Federación, tocante a la extinción de esas facultades; y a las reglas que establece el artículo 73 del citado ordenamiento, respecto al cumplimiento espontáneo de obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones legales, a fin de no imponer multas. Mas lo preceptuado en el mencionado artículo 42 no debe interpretarse en el sentido de que si la orden de visita es ilegal, ello implique que la autoridad fiscal no ha iniciado sus facultades de comprobación."
Finalmente, en la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, emitida en el amparo directo 277/96, promovido por Norma Elisa Ramírez Hope, en contra de actos de la Sala Regional de Guerrero del Tribunal Fiscal de la Federación, dictada por ese tribunal, el seis de junio de mil novecientos noventa y seis, se sustentó el siguiente criterio:
"En la sentencia reclamada, la Sala Regional de Guerrero del Tribunal Fiscal de la Federación, sostuvo, en lo que interesa a este estudio, que como la orden de auditoría no se encontraba debidamente fundada, toda vez que los artículos que se citaron como fundamento, fueron entre otros, el 117, 121 y 121-A de la Ley Aduanera, vigente hasta el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y seis, que éstos contienen diversas fracciones que contemplan diversas hipótesis; que por lo tanto, para que estuviera debidamente fundada debieron citarse en la orden de auditoría las fracciones aplicables de dichos preceptos, pero que no se hizo (que por ello existía violación a los artículos 16 constitucional y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación); que en ese orden de ideas, y al haberse demostrado que las demandadas no habían cumplido cabalmente con el requisito de fundamentación de la orden de visita domiciliaria, contenida en el oficio 1328 de dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, declaró la nulidad de la resolución combatida (en el juicio contencioso administrativo), por ser fruto de un acto viciado de origen, como lo es la referida orden de visita, dejando a salvo las facultades de las autoridades demandadas, a fin de que si lo estimaban pertinente iniciaran una nueva visita en la que se cumpla debidamente con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por los artículos 38, fracción III (del Código Fiscal federal) y 16 de la Constitución; citando como fundamento de su sentencia, entre otros, los artículos 238, fracción III y 239, fracción III, último párrafo, ambos del Código Fiscal de la Federación. Al respecto, la quejosa Norma Elisa Ramírez Hope, sustancialmente aduce, que la sentencia reclamada viola, en su perjuicio, la garantía individual prevista por el artículo 16 constitucional, por indebida fundamentación y motivación; que ello es así por lo siguiente: 1. Que en la sentencia impugnada no se dieron los requisitos de la debida fundamentación y motivación, por indebida aplicación de los artículos 238, fracción III y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; que ello es así porque la causa de anulación que hizo valer en su escrito de demanda y que surtió efectos, fue la consistente en que ‘la resolución impugnada se dictó en contravención de las disposiciones legales aplicables’, que esta hipótesis normativa está prevista por la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal en cita, y que este precepto fue el que debió aplicarse al dictarse la sentencia aquí reclamada; que el vicio de ilegalidad en que incurrió la autoridad demandada fue detectado en la orden de visita, y que toda vez que la motivación de la resolución impugnada fue el procedimiento de visita que derivó de la mencionada orden, al declararse ilegal ésta, la resolución (liquidación) impugnada se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas, porque los hechos en que la Sala apoyó su motivación fueron ilegales; que por tal situación, se debió declarar la nulidad lisa y llana pero no para efectos, como lo emitió la Sala responsable. El anterior planteamiento resulta infundado por lo siguiente: En primer lugar debe señalarse que el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo lo constituye una resolución administrativa definitiva, o sea, el oficio en el que se determinó el crédito fiscal, y por lo tanto, lo que se declara nulo en el juicio es precisamente dicha resolución. Esa liquidación o crédito fiscal emana, en el caso que se analiza, de un procedimiento de fiscalización consistente en la práctica de una visita al contribuyente para revisar su contabilidad, bienes y mercancías, que se inicia en términos generales con la notificación de la orden de auditoría, debiendo dicha orden estar formulada de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación, y concluye con el levantamiento del acta final de visita; es decir, los actos realizados por las autoridades fiscalizadoras en uso de dicha facultad de comprobación (formulación de la orden de auditoría, entrega de ésta, identificación de los visitadores y levantamiento de actas en las que consten en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido por los visitadores, y que concluye con el levantamiento del acta final, de acuerdo con los artículos 38, 42, 44 y 46 del Código Fiscal federal) constituye el procedimiento d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5743-b6c5a821/ordenes-de-visita-domiciliaria-la-falta-de-algun · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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