DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Por cuanto a los asuntos concretos, se impone transcribir las partes conducentes de las sentencias pronunciadas por los órganos colegiados de acuerdo con las copias certificadas que obran en autos, señalándose en primer término el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 4634/96, que establece:
"SEXTO. Son infundados los agravios expresados por los recurrentes. Contrariamente a lo que aluden, el Juez de Distrito formuló el pronunciamiento respectivo, en relación a la objeción de falsedad efectuada en contra de la documental relativa a la licencia de funcionamiento exhibida por el quejoso al promover el juicio de amparo, pues así se constata de la lectura del texto de la sentencia; y fue correcta la determinación en el sentido de desestimar tal objeción, en virtud de que como lo expresó el Juez, no se formuló en términos de lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley de Amparo. El precepto en cita, en lo conducente establece: ‘Art. 153. Si al presentarse algún documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el Juez suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes; en dicha audiencia se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento. ...’. Considerando lo dispuesto en el artículo transcrito resulta que, el momento procesal oportuno para objetar de falso un documento, es aquel en el que, al tener verificativo la audiencia constitucional, el Juez, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley de Amparo, provee sobre la admisión de las pruebas, en atención a que, el artículo 153 invocado, expresamente regula que, la objeción de falsedad de un documento implica la suspensión de la audiencia y esto sólo es factible si en ella la parte interesada la plantea, pues si como en el caso, se formula antes de que la audiencia tenga verificativo, obviamente no puede proveerse sobre la suspensión de ésta. Por otra parte, es conveniente hacer notar, que la facultad del Juez de relacionar en la audiencia constitucional las pruebas documentales ofrecidas con anterioridad a la fecha de celebración, aun cuando el interesado no formule gestión alguna en ese sentido, implica que se tomen en cuenta aquellas pruebas con las que se pretende justificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; por lo que el Juez, en su oportunidad, les otorgará el valor probatorio que corresponda; pero no está dentro de sus facultades desestimar la autenticidad de las pruebas documentales, si al efecto, tal hecho no queda acreditado; y, tampoco es potestad del Juez efectuar trámites oficiosos para constatar aquélla, aun cuando haya sido alegada, si el interesado no impulsa el procedimiento que expresamente prevé el artículo 153 de la Ley de Amparo, y aun cuando el artículo 78 del ordenamiento legal invocado autoriza al Juez para recabar oficiosamente pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto, tal actuación no implica que, además se cerciore si son o no auténticas dichas pruebas, ya que el interés del juzgador consiste en resolver sobre si existe o no violación a las garantías individuales del quejoso, con los elementos probatorios aportados por las partes, tanto ante las autoridades responsables como en el juicio de amparo. Consecuentemente, si la objeción de falsedad de un documento, se plantea en forma distinta de la establecida en la ley de la materia, únicamente puede ser considerada como una objeción genérica, que no obliga al Juez a aplicar el procedimiento previsto en el multicitado artículo 153 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 228, visible en la página 154 y 155, contenida en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, bajo la voz: ‘DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN NO PUEDE PLANTEARSE COMO AGRAVIO EN LA REVISIÓN. Si las partes dejan de concurrir voluntariamente a la audiencia para la cual se les ha emplazado desde el auto de admisión de la demanda, con esa abstención están renunciando de antemano a toda posibilidad de objetar legal y oportunamente los documentos que la contraparte ofrezca y le sean admitidos por el Juez en el momento de la verificación de la audiencia constitucional, pues el proceso en el juicio de amparo está dividido en diversos periodos claramente distintos los unos de los otros, de tal manera que no puede iniciarse uno sin que haya terminado el que lógica y legalmente debe precederlo; dicha división obedece a exigencias jurídicas y de carácter práctico, que, de no ser atendidas, producirán perjuicios evidentes y situaciones legales absurdas; para que esa división tenga eficacia jurídica y sea respetada, debe ser aplicado al proceso del juicio constitucional el principio de eventualidad, con la sanción correlativa de la pérdida de un derecho o de una facultad procesal, no ejercitada en tiempo oportuno. Por virtud del primero, las partes deben hacer valer y ejercitar en cada uno de los periodos los hechos y cuestiones sobre los que deseen una decisión judicial, para el evento de que más tarde les pueda ser útil, aunque por el momento no lo sea; por ello, si no lo hacen, pierden el derecho de hacerlo más tarde. Esta imposibilidad es la que se establece mediante el sistema de las preclusiones, o sea, la pena de la pérdida de un derecho o de una facultad procesal, que no fue ejercitada en tiempo oportuno. Es natural que si el quejoso no aprovechó la oportunidad para objetar los documentos presentados por las partes dentro de la audiencia constitucional, como lo dispone el artículo 153 de la Ley de Amparo, por efectos del principio de eventualidad, precluyó su derecho para formular cualquier impugnación de esta índole, ya que el recurso de revisión no es el momento procesal oportuno para impugnar de falso un documento.’."
Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito al resolver el AR. 2/94, el veinte de enero de mil novecientos noventa y cuatro, señaló:
"... V. ... Por otro lado, de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo, se aprecia que en el juicio de garantías las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental, que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Por otra parte, de lo establecido en el numeral 153 de la invocada Ley de Amparo, se constata que si al presentarse algún documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el Juez suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes; en dicha audiencia se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento. Ahora bien, de una interpretación sistemática de lo que se dispone en tales preceptos y atendiendo a los fines prácticos que caracterizan al juicio de amparo, se llega a la conclusión de que si la prueba documental por su naturaleza puede presentarse con anterioridad a la audiencia del juicio, nada impide que la objeción a una documental también pueda hacerse por escrito antes de la audiencia y, por lo mismo, en este último supuesto (que se objete por escrito un documento antes de la audiencia constitucional) el Juez de Distrito no debe desechar dicha objeción bajo el argumento de que no es el momento procesal oportuno para formularla, sino que, en su caso, debe tener por manifestada la objeción, sin perjuicio de hacer nuevamente relación de ella en la audiencia constitucional y tenerla por hecha en ese acto, o bien, reservar el acuerdo correspondiente a la objeción para el momento de la celebración de la referida audiencia constitucional. En esas condiciones, no fue correcto el proceder del Juez de Distrito a quo al desestimar sin mayores razones y fundamentos la objeción planteada por escrito por el tercero perjudicado ahora recurrente antes de la audiencia del juicio, y, en cambio, con ello violó en su perjuicio, las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo; motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar el fallo recurrido y ordenar se reponga el procedimiento para el efecto de que el Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta capital, deje insubsistente la parte del auto de fecha veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, en la que desestima la objeción formulada por el tercero perjudicado ahora recurrente, señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, en ella tenga por hecha tal objeción y, resuelva como en derecho proceda."
CUARTO. Como cuestión previa debe establecerse si en el caso existe contradicción de criterios o no.
Para ello es conveniente precisar que la contradicción de tesis, se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicas iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes; además, la diferencia de criterios debe presentarse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose, además que los distintos criterios provengan del examen de elementos esencialmente idénticos.
A propósito de lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 4a./J. 22/92, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, del tomo 58, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, correspondiente a octubre de mil novecientos noventa y dos, cuyo texto enseguida se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Ahora bien, de las transcripciones hechas en el considerando tercero de esta ejecutoria se advierte que los Tribunales Colegiados antes precisados, analizaron cuestiones esencialmente iguales que provienen de elementos similares adoptando, a través de sus razonamientos, criterios jurídicos discrepantes de donde se sigue que sí existe la contradicción de tesis.
Efectivamente, en los asuntos ya reseñados el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, en la ejecutoria pronunciada en el toca 4634/96, consideró que conforme al artículo 153 de la Ley de Amparo, el momento procesal oportuno para objetar de falso un documento, lo es cuando tiene verificativo la audiencia constitucional, porque implica la suspensión de ésta, lo cual es factible si en ella se formula tal objeción, por lo que si ésta se hace antes de la audiencia no puede proveerse sobre la suspensión de la misma.
De esa resolución, derivó la tesis I.4o.A.215 A, publicada en el Tomo VII, mayo de 1998, página 1009, Tribunales Colegiados, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"DOCUMENTOS, OBJECIÓN DE. DEBIDA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a lo dispuesto en el artículo señalado el momento procesal oportuno para objetar de falso un documento, es aquel en que, al tener verificativo la audiencia constitucional, el Juez, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 155 de la ley de la materia, provee sobre la admisión de las pruebas, en atención a que el artículo en estudio, expresamente regula que la objeción de falsedad de un documento implica la suspensión de la audiencia, si la parte interesada la plantea, pues si ésta se formula antes de que la audiencia tenga verificativo, obviamente no puede proveerse sobre la suspensión de ésta."
En cambio, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito al pronunciar sentencia en el toca 2/94, consideró que la objeción de documentos puede hacerse valer con anterioridad a la celebración de la audiencia de ley, partiendo de la base que el Juez a quo, puede tener por formulada la objeción que se le plantee sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional, es decir, reservar el acuerdo correspondiente para el momento de celebración de la misma.
De dichas consideraciones, derivó la tesis que aparece publicada en la página trescientos sesenta y cuatro, Tomo XIII-Abril, Tribunales Colegiados, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De una interpretación sistemática de lo que se dispone en los artículos 151 y 153 de la Ley de Amparo, y atendiendo a los fines prácticos que caracterizan al juicio de garantías, se llega a la conclusión de que si la prueba documental por su naturaleza puede presentarse con anterioridad a la audiencia constitucional, nada impide que la objeción a una documental también pueda hacerse por escrito antes de la referida audiencia y, por lo mismo, en este último supuesto (que se objete por escrito un documento antes de la audiencia constitucional) el Juez de Distrito no debe desechar dicha objeción bajo el argumento de que no es el momento procesal oportuno para formularla, sino que, en su caso, debe tener por manifestada la objeción, sin perjuicio de hacer nuevamente relación de ella en la audiencia constitucional y tenerla por hecha en ese acto, o bien, reservar el acuerdo correspondiente a la objeción para el momento de la celebración de la mencionada audiencia constitucional."
En conclusión, el punto de contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados se limita a determinar si la objeción de documentos puede hacerse valer antes de la celebración de la audiencia de ley, o únicamente cuando ésta tiene verificativo, ello conforme a lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley de Amparo.
QUINTO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio que se precisará más adelante y que coincide, esencialmente con el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, por las razones siguientes:
En efecto, de acuerdo con el sistema que rige la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de garantías, que regula la Ley de Amparo, en los artículos 151, 153 y 155, las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, con excepción de la prueba documental que podrá presentarse con anterioridad.
Dichos preceptos dicen:
"Artículo 151. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental, que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. ..."
De dicho numeral se advierte que tratándose de pruebas documentales, su presentación es perfectamente válida con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, es decir, la presentación de dicha prueba puede darse, tanto en el momento de la audiencia de ley, como con antelación a la misma.
Por su parte, el artículo 153 de la ley de la materia, en la parte que interesa dice:
"Artículo 153. Si al presentarse algún documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el Juez suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes; en dicha audiencia se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento."
De dicho precepto se desprende la forma en que deberá sustanciarse el incidente de falsedad de documentos durante la tramitación del juicio de garantías.
En efecto, en términos de dicho numeral, si al presentarse algún documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el Juez de amparo, debe suspender la audiencia constitucional y reanudarla dentro de los diez días siguientes a fin de dar oportunidad de presentar pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad, para que el juzgador esté en aptitud de resolver en la propia audiencia sobre la objeción planteada.
Asimismo, el artículo 155 de la Ley de Amparo dice:
"Artículo 155. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. ..."
De conformidad con lo que establece este numeral, se sigue que en la audiencia constitucional se reciben las pruebas, alegatos y se dicta sentencia, por lo que el a quo está en aptitud de resolver en la misma sobre la objeción de falsedad de un documento que se le hubiere planteado.
Ahora bien, de una interpretación sistemática de los artículos antes relacionados, se desprende que en tratándose del ofrecimiento de la prueba documental, por su naturaleza puede presentarse en cualquier momento del juicio de garantías o, en el momento de la audiencia de ley, ya que su desahogo se lleva a cabo sin mayores trámites a diferencia de otras pruebas (testimonial y pericial); de manera que, si antes de la audiencia constitucional se ofrece un documento por ejemplo (informes justificados o cualquier otro que las partes exhiban como pruebas), es evidente que de ser admitidos por el Juez del conocimiento, cualquiera de las partes desde ese momento está en aptitud de objetarlos en términos del artículo 153 de la ley invocada.
Ciertamente, el hecho de que alguno de los interesados, objete la autenticidad de un documento con antelación a la audiencia de ley, no contraviene lo dispuesto por el artículo 153 en cuestión, porque en su caso se puede admitir sin perjuicio de que el Juez haga relación de ésta en el momento procesal oportuno, esto es, que llegado el momento de la citada audiencia, el a quo, proceda a acordar lo que en derecho corresponda, en cuanto a la objeción que se le plantee, sin que por ello se altere o afecte el procedimiento que señala dicho numeral.
Precisado lo anterior, se debe decir que para objetar la falsedad de un documento, el momento procesal oportuno no lo es únicamente cuando tiene verificativo la audiencia de ley, sino que se puede hacer valer con anterioridad a ésta, pues aun en el caso de que al Juez de Distrito, le fuera planteada la objeción de algún documento antes de la audiencia, éste la puede tener por ofrecida sin perjuicio de hacer relación de ella en su momento; es decir, reservar su derecho para relacionarla en la audiencia respectiva en la que puede o no admitirla y, acordar lo correspondiente en cuanto a si suspende o no la audiencia de ley, para los efectos que precisa el citado artículo 153 de la ley de la materia.
Cabe destacar, que si bien es cierto que el artículo antes señalado prevé el supuesto en el que el Juez de Distrito suspenderá la audiencia cuando una de las partes objete de falso un documento; también lo es, que no limita la fase procesal en que puede hacerse, tal objeción.
Esto es comprensible, si se toma en cuenta que la prueba documental por su naturaleza se puede presentar en cualquier momento; luego, es incuestionable que también desde ese momento son susceptibles de ser objetadas.
La obligación que impone el artículo 153 de la Ley de Amparo es de que el juzgador acuerde lo procedente hasta el momento de la audiencia respectiva; además, donde la ley no distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo.
Así las cosas, debe entenderse que la objeción a un documento, puede presentarse durante la celebración de la audiencia constitucional, o bien con anterioridad a la misma, ello es así, porque si se objeta antes de la audiencia no existe apoyo para diferir o aplazar la misma, sino que es en la celebración de ésta cuando se da cuenta de las pruebas y si ya existió una objeción con anticipación, es el momento y no antes de suspender la audiencia.
Luego, se llega al conocimiento que si tal precepto contiene una disposición obligatoria, ésta debe entenderse dirigida al juzgador (suspender la audiencia para iniciar el incidente de falsedad), no a las partes, quienes en cualquier momento del procedimiento (incluso al momento de la celebración de la audiencia) podrán hacer valer su objeción.
En conclusión, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que la objeción de falsedad de documentos puede hacerse valer con anterioridad a la celebración de la audiencia de ley, en virtud de que el artículo 153 de la Ley de Amparo, no indica en qué fase procesal puede hacerse; en tal virtud, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio que sostiene este Alto Tribunal, que coincide con el del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito en contra del que sustenta el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por las razones antes apuntadas, que dice:
-De una interpretación sistemática de lo que se dispone en los artículos 151, 153 y 155 de la Ley de Amparo, y atendiendo a los fines prácticos que caracterizan al juicio de garantías, se llega a la conclusión de que si la prueba documental puede presentarse con anterioridad a la audiencia constitucional, nada impide que la objeción a una documental también pueda hacerse por escrito antes de la referida audiencia constitucional y, por lo mismo, en este supuesto, el Juez de Distrito no debe desechar dicha objeción bajo el argumento de que no es el momento procesal oportuno para formularla, sino que, en su caso, debe tener por manifestada la objeción, sin perjuicio de hacer nuevamente relación de ella en la audiencia constitucional y tenerla por hecha en ese acto, o bien, reservar el acuerdo correspondiente a la objeción para el momento de la celebración de la mencionada audiencia constitucional. Además, si el citado artículo 153 de dicho ordenamiento prevé la posibilidad de que una de las partes objete de falso un documento, sin indicar en qué fase procesal puede hacerse, debe entenderse que la objeción puede presentarse durante la celebración de la audiencia constitucional, o bien con anterioridad, ya que donde la ley no distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO.-Sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, al fallar los amparos en revisión 4634/96 y 2/94, respectivamente.
SEGUNDO.-Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia obligatoria la tesis sustentada por este Alto Tribunal, en términos del último considerando de este fallo.
TERCERO.-Remítase de inmediato la tesis jurisprudencial de que se trata al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, para su publicación así como a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo.
Notifíquese y cúmplase; y en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de ocho votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Aguinaco Alemán, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Sánchez Cordero, y presidente en funciones Castro y Castro. No asistieron los señores Ministros presidente Genaro David Góngora Pimentel, por estar realizando otras actividades oficiales; Juan N. Silva Meza y Humberto Román Palacios, por estar cumpliendo una comisión de carácter oficial.
Nota: La tesis de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.", citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, abril de 1994, página 364, con el número XIII.1o.186 K.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6326-ae0d1c50/documentos-su-objecion-puede-formularse-antes-o-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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