SUBSIDIO A LA TORTILLA DE MAÍZ PARA CONSUMO HUMANO. LOS INDUSTRIALES DE LA HARINA DE MAÍZ TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO, EL DECRETO Y LAS NORMAS QUE LO REGULAN. SUBSIDIO. NATURALEZA JURÍDICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 134/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión de diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión 310/98, promovido por José Alejandro Adame Franco, estimó en lo conducente, lo que sigue:
"... el subsidio es una ayuda de carácter oficial que se concede a una persona o entidad y, en la especie, en el decreto aludido se estableció el subsidio a la tortilla de maíz para consumo humano de precio controlado ‘en favor de la población consumidora de tortilla de maíz de precio controlado en territorio nacional’, más no, propiamente, en beneficio particular de las industrias harinera y molinera del país, toda vez que éstas únicamente canalizan el referido subsidio, razón por la cual el quejoso, en su carácter de productor y vendedor de tortilla de maíz para consumo humano a precio controlado, carece de interés jurídico para impugnar la disminución del techo físico mensual global por empresa, como acertadamente se estableció en la sentencia que se revisa, toda vez que el beneficio del subsidio que pretende el promovente del amparo, no constituye un derecho adquirido por y para el referido peticionario de garantías. Lo anterior se pone de manifiesto si se toma en consideración que la intervención de los industriales de la masa y la tortilla en el proceso de canalización de ese subsidio, está condicionada a los términos que se preceptúan en el propio decreto, como lo es el relativo a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará y determinará, previo dictamen de la comisión, a propuesta de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, el monto máximo mensual de toneladas de grano de maíz que vía harinización o molienda, sean conducto del subsidio, lo que para efectos de dicho decreto se considerará como el techo físico global mensual, por lo que la dotación de harina de maíz subsidiada a los productores de tortilla, como acontece con el quejoso, en todo caso, depende del monto del referido techo físico global mensual. Luego, si la participación de las industrias harinera y molinera del país en la canalización del referido subsidio se otorgó bajo las condiciones indicadas, es inconcuso que no tienen un derecho adquirido para reclamar la disminución de dotación de maíz subsidiado, toda vez que en el propio se estableció la factibilidad de reducir el techo físico mensual global. Al respecto, tiene aplicación, por analogía, el criterio sustentado por la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en la página ciento cincuenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 151-156, Tercera Parte, que establece: ‘REVOCACIÓN DE RESOLUCIONES FISCALES. LOS SUBSIDIOS OTORGADOS BAJO CONDICIÓN NO SON RESOLUCIONES FAVORABLES A LOS PARTICULARES. No puede sostenerse válidamente que una determinación hacendaria que cancela un subsidio y requiere el pago total de un impuesto, es revocatoria de una anterior resolución favorable a un particular, en términos del artículo 94 del Código Fiscal de la Federación, si al otorgarse a la parte interesada determinado subsidio no se le libera en forma lisa y llana de la carga fiscal, sino que queda condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos. Por consiguiente, si el causante acepta incondicionalmente las obligaciones impuestas con el solo uso del subsidio y no comprueba haber cumplido con ellas, es incuestionable que la autoridad está facultada, sin necesidad de acudir al juicio fiscal, para dejar sin efecto el subsidio otorgado y exigir el cobro de los impuestos respectivos.’. Amparo directo 4196/80. Colortex, S.A. 10 de septiembre de 1981. Mayoría de tres votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Disidente: Atanasio González Martínez. Ahora bien, el recurrente argumenta en los agravios sexto, séptimo y octavo, en síntesis, que los actos reclamados sí afectan su interés jurídico porque con ellos se le está privando del derecho que tiene a dedicarse a la actividad industrial, de transformación de harina de maíz en tortilla para consumo humano, toda vez que la disminución del subsidio demostrado en autos, sin liberar el precio de la tortilla de maíz, se da en detrimento claro y directo del quejoso, al tener que seguir vendiendo el producto al mismo precio controlado, como si fuera subsidiado, pero que (sic) a costa de su propia ganancia, haciendo no rentable su empresa, con lo cual, concluye, se generará el cierre de industrias tortilleras y el desabasto de producto. Asimismo, arguye que los acuerdos tomados para fijar el precio controlado de venta de tortilla de maíz y el decreto que establece el subsidio correspondiente, son disposiciones de orden legal que no deben ser materia de prueba, por lo que lisa y llanamente deben ser tomados en consideración por el juzgador, el que, después de analizarlos cabalmente, debió tener por acreditado el interés jurídico de los quejosos, porque con esos decretos se demostró la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Los motivos de inconformidad en estudio son infundados, toda vez que la disminución del subsidio, de ninguna manera impide a los particulares que se sigan dedicando a la profesión, industria o comercio que vengan desarrollando y el solo hecho de que el peticionario de garantías pueda verse afectado económicamente por la reducción al subsidio que reclaman, no conduce a estimar acreditado el interés jurídico que se requiere para la procedencia del juicio de garantías. Cierto, el numeral 4o. de la Ley de Amparo establece que el ejercicio de la acción constitucional corresponde únicamente a la parte a quien perjudique el acto que se reclama. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente ha establecido que el concepto ‘perjuicio’, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, ni como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos legítimamente tutelados de una persona, ya que el interés jurídico al que se refiere la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponda, en relación con los derechos o posesiones conculcados; de donde se sigue, que el interés jurídico, no depende del detrimento económico que pueda sufrir el quejoso con los actos reclamados, ni de que acredite la existencia de éstos, ni de los vicios que les atribuya, sino de la titularidad que tenga en relación con los derechos o posesiones que defienda. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado en la jurisprudencia número 1032 que invocó el Juez de Distrito en la sentencia que se revisa, consultable en las páginas mil seiscientos sesenta y seis y siguiente del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que establece: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: «El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona.». Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, «no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados» (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, Tomo LXX del mismo Semanario Judicial.’. No obsta para la validez de lo expuesto lo aducido por el recurrente en el sentido de que el acto reclamado consistente en la orden para reducir la dotación de harina de maíz subsidiada que tenía autorizada afecta su interés jurídico, en razón de que, al haber sido inscrito en el Padrón Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, extendiéndole la Comisión Nacional de Subsistencias Populares la tarjeta inteligente, dicho organismo le está otorgando y reconociendo el derecho para adquirir harina de maíz subsidiada para procesarla y elaborar tortilla de maíz de precio subsidiado que vende al público consumidor. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que se autorizó al promovente del amparo a adquirir harina de maíz subsidiada, también lo es que tal autorización no debe desvincularse del referido decreto, ya que en éste se otorgó el subsidio relativo ‘en favor de la población consumidora de tortilla de maíz a precio controlado’, mas no propiamente, en beneficio particular de los industriales de la harina y del maíz, quienes únicamente canalizan el indicado subsidio, por lo que, repítese, la disminución de éste y, por tanto, de la dotación de harina de maíz que se venía proporcionando al ahora recurrente, no puede considerarse que lesione un interés legalmente tutelado de aquél, en razón de que no tiene derechos adquiridos en relación al referido decreto, ya que, en todo caso, únicamente sufriría un perjuicio de carácter económico. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional publicada con el número 44, en las páginas treinta y cinco y siguiente del Informe rendido por su presidente al finalizar las labores correspondientes a mil novecientos ochenta y cinco que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS MERAMENTE ECONÓMICO. Debe distinguirse entre interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo, y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica; surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, derivados de las normas del derecho objetivo. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y, si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio.’. Por otra parte, si bien es cierto que el Juez de Distrito no tomó en cuenta el acuerdo emitido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo del año en curso, mediante el cual se fijaron precios máximos de venta de masa y de tortilla de maíz, también es verdad que tal acuerdo, opuestamente a lo aducido por el quejoso, no acreditó el interés jurídico alegado, toda vez que como se dijo en relación con la tarjeta inteligente, este último acuerdo debe apreciarse en lógica concatenación con el decreto que estableció el indicado subsidio en beneficio de la población consumidora. Finalmente, se estima importante establecer que, en todo caso, lo que podría afectar el interés jurídico del promovente del amparo y exclusivamente en lo que respecta a la venta de tortilla elaborada con maíz no subsidiado, sería en sí mismo considerado el acuerdo que fija precios máximos de venta de la masa y de la tortilla de maíz, pues, como el propio recurrente refiere: ‘el retiro o disminución del subsidio que se tiene demostrado en autos, sin liberar el precio de la tortilla de maíz para consumo humano, no se da en el caso en perjuicio del público consumidor, como pretende el Juez de Distrito, sino en detrimento claro y directo de los quejosos, al seguir vendiendo el producto al mismo precio controlado, como si fuera subvencionado, pero a costa de su propia ganancia lícita, haciendo no rentable su empresa, por acto de autoridad, con el cual se generará el cierre de industrias tortilleras y desabasto del producto.’ (foja 9 del toca de revisión). También es inoperante el argumento relativo a que los actos reclamados consistentes en la orden de disminución de la dotación de harina de maíz subsidiada que tenía autorizada la parte quejosa, sí lesiona su esfera de derechos ‘al violentarse en su perjuicio sus derechos subjetivos públicos más elementales reconocidos por nuestra Carta Magna en el apartado de las garantías individuales, particularmente las garantías de igualdad, legalidad y seguridad jurídica, mismas que fueron oportunamente planteadas en los conceptos de violación de la demanda de amparo, los cuales pido se me tengan aquí por reproducidos, por lo que en estas condiciones resulta evidentemente infundada e improcedente la causal de improcedencia consistente en la falta de interés jurídico de la parte quejosa.’. La inoperancia del agravio en estudio estriba en que no es legalmente factible que, ocupándose de las cuestiones de fondo, se establezca el interés jurídico, como pretende el quejoso en el agravio en estudio, pues para que resulte jurídicamente posible estudiar aquel aspecto, esto es el determinar si los actos reclamados lesionan las garantías individuales del promovente del amparo, se requiere que sea procedente el juicio de garantías, toda vez que si se configura alguna causal de improcedencia, como acontece en la especie, no es factible ocuparse de ello. Tiene aplicación, a contrario sensu, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número P. XXVII/98, visible en la página veintitrés del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, que dice: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia del juicio deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una causal donde se involucre una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, si no se surte otra causal, y hacer el estudio de los conceptos de violación relativos a las cuestiones constitucionales propuestas.’. Por las razones señaladas, tampoco tienen aplicación, en este caso, las tesis que se invocan en el agravio en estudio, visibles bajo los rubros: ‘GARBANZO. SUBSIDIO PARA LA IMPORTACIÓN DE.’ y ‘CHICLE, ACUERDO DISMINUYENDO SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN DEL.’; toda vez que en la especie el subsidio no se otorgó propiamente, para beneficiar en lo particular a las industrias harinera y molinera del país, sino ‘en favor del precio controlado’, a diferencia de los subsidios a que se aluden en las referidas tesis, que se concedieron en beneficio directo de los exportadores de garbanzo y chicle respectivamente. Ahora bien, en lo que respecta al diverso criterio que se invoca en el escrito de agravios, consultable bajo el rubro: ‘SUBSIDIO OTORGADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL. LOS PARTICULARES QUE GOZAN DE SU BENEFICIO TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA ACUDIR AL AMPARO.’, es de señalarse que no lo comparte este órgano colegiado por las razones expuestas en esta ejecutoria, por lo que, en términos de lo dispuesto por el artículo 197, fracción A (sic), de la Ley de Amparo, deberá hacerse la denuncia de la posible contradicción de criterios a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, es ineficaz el argumento planteado en el quinto de los motivos de agravio, referente a que las facultades discrecionales no pueden llevarse a cabo de manera caprichosa y arbitraria, lesionando las garantías individuales de los gobernados, toda vez que, en la especie, el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías por estimar que los actos reclamados no afectaban el interés jurídico del promovente de amparo, porque, señaló ‘no puede considerársele como derecho subjetivo del gobernado, ya que la situación jurídica que se crea como consecuencia del disfrute de este subsidio, no forma parte de la esfera jurídica del gobernado, que esté en las garantías individuales, sino que únicamente constituye un incentivo del poder público, en favor de la población consumidora de tortilla de maíz, el cual será canalizado a través de las industrias harinera y molinera del país y, siempre de acuerdo a los recursos presupuestarios; así, la reducción al quejoso del techo físico mensual, no representa un agravio a un derecho subjetivo público, cuya transgresión pueda ser tutelada por la acción del amparo.’. Por las mismas razones, no tienen aplicación en la especie, los criterios que al respecto se invocan en el escrito de agravios, consultables bajo los rubros: ‘FACULTADES DISCRECIONALES, OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR LA AUTORIDAD CUANDO ACTÚA EN EJERCICIO DE.’ y ‘FACULTADES DISCRECIONALES.’. Lo hasta aquí considerado conduce a estimar que resultan inoperantes los restantes agravios que hizo valer la parte recurrente. Cierto, en el primero, segundo y tercero de los conceptos de inconformidad, se impugnan las consideraciones expuestas por el secretario del juzgado, encargado del despacho por vacaciones del titular, para negarse a diferir la celebración de la audiencia constitucional, impidiendo con ello, aduce el recurrente, que se aportaran pruebas con las que se pretendía demostrar la certeza de los actos reclamados; sin embargo a nada práctico llevaría el ordenar, en su caso, la reposición del procedimiento, pues el que se pruebe la existencia de los actos atribuidos a las autoridades que se precisan, no trascendería al resultado del fallo, dado que subsistiría la causal de improcedencia examinada con antelación en esta ejecutoria, relativa a que los actos impugnados no afectan el interés jurídico del peticionario de garantías. Por las razones indicadas, también resultan inoperantes los agravios hechos valer en el cuarto de los motivos de inconformidad -donde se alega que sí se desvirtuó en autos la negativa en sus informes justificados, manifestaron las autoridades precisadas en dicho agravio-, en razón de que, aunque resultaran fundados, serían insuficientes para revocar la resolución que se revisa, ya que subsistiría la citada causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico del quejoso. Expresado lo anterior, es de señalarse que se encuentra ajustada a derecho la determinación del Juez de Distrito de decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, al considerar que se configura la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 del citado ordenamiento legal, toda vez que la reducción del techo físico mensual por empresa, de maíz subsidiado, del que se duele el quejoso, no afecta su esfera de derechos, ya que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis, en el que se establecieron nuevas reglas para el otorgamiento del subsidio a la tortilla de maíz para consumo humano a precio controlado, repítese, se estableció que éste sería en favor de la población consumidora de tortilla de maíz a precio controlado. Al resultar jurídicamente ineficaces los agravios hechos valer, y no advirtiendo este tribunal queja deficiente que suplir al respecto, en términos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis, de la Ley de Amparo, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa."
TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión del día veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y seis, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión número 2444/96, promovido por el Grupo Industrial Maseca, S.A. de C.V., consideró en lo que interesa, lo siguiente:
"En efecto, de autos se advierte además que la parte quejosa, contra lo que afirman las recurrentes, sí tiene interés jurídico para promover el amparo como acertadamente concluyó la Juez de la causa, de tal suerte que, para llegar a la anterior conclusión debe hacerse una diferenciación entre perjuicio o interés jurídico como condición para la procedencia del amparo y el mismo perjuicio económico, perjuicio éste que, como lo señalan las recurrentes, efectivamente no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, puesto que pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica, así pues este interés jurídico surge cuando el acto reclamado se relaciona con la esfera jurídica del sujeto, entendiendo a ésta, como el cúmulo de derechos y obligaciones que posee. Conforme a lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión de que, con base en lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento, que el presupuesto, la contabilidad y el gasto público federal se encuentran programados en periodos de un año, incluso en el artículo 46 del reglamento citado, se prevé la circunstancia de que en caso de que no se hubiera ejercido la totalidad de la partida presupuestal que le hubiera otorgado al programa institucional deberá devolverse la cantidad sobrante. En esta tesitura, si los subsidios tienen como finalidad la de abatir el costo de operación, para la regulación de precios y abasto de los productos básicos en beneficio del consumo popular y no así del suyo propio, y éstos forman parte de los planes de desarrollo formulados por el Ejecutivo Federal, y de los programas institucionales, es obvio que las personas físicas o morales que estén vinculadas a ellos, como sucede en el caso, tienen un derecho que está jurídicamente tutelado, por lo que, cuando consideran que éste ha sido violado por las autoridades que están encargadas de dar cumplimiento a las normas que los rigen, cuentan con la potestad de solicitar su cumplimiento al través de los medios legales, tal y como en el caso aconteció con las quejosas al acudir al juicio de amparo. Cabe mencionar, que tampoco le asiste la razón al subsecretario de Comercio Interior en cuanto afirma que, al haber recibido el acuerdo impugnado las empresas coagraviadas por conducto del Grupo Industrial Maseca, al cual pertenecen por ser empresas subsidiarias del mismo, sólo se les causaba un perjuicio económico, lo cual hace que sea improcedente el juicio de garantías; pues al respecto debe decírsele que tal alegato resulta intrascendente pues no combate el razonamiento expresado por la Juez Federal en el sentido de que aunque el acuerdo que constituye el acto impugnado efectivamente le fue remitido al Grupo Industrial Maseca, S.A. de C.V., sí les causaba perjuicio a las empresas coagraviadas porque éstas son parte del referido grupo al formar un corporativo, en el que Maseca funge como la controladora para todos los efectos legales, y que por tanto cualquier tipo de compromiso trasciende inevitablemente a todas las empresas que controla; ya que se limita a decir que las empresas al formar parte del Grupo Industrial Maseca no reciben un perjuicio directo. No obstante todo lo anterior, debe decirse a las autoridades recurrentes que, la conclusión a que llegó la Juez Federal del conocimiento de conceder el amparo es correcta aunque por las razones que aquí se dan, como ya se dijo con anterioridad, lo que hace que sea legalmente imposible la revocación de la sentencia que se estudia, en virtud de que ningún beneficio les acarrearía. Ello es así, pues en el caso, el acto reclamado de las autoridades responsables es el acuerdo de 16 de enero de 1996, en el que se le comunica a las empresas quejosas, que la normatividad con la que se había venido operando el pago de subsidio de harina de maíz nixtamalizado, estaba diseñada para una situación de mercado en la que pocos agentes compraban la cosecha de maíz nacional, que las obligaba a comprarlo al inicio de la cosecha y almacenarlo, generándoles costos que eran reconocidos y resarcidos por el Gobierno Federal con recursos del presupuesto, por lo que ante las nuevas circunstancias consideraron que era necesario promover un precio de ‘indiferencia’ en zona de consumo en el mercado nacional que haga indistinto comprar el maíz en México o en el extranjero, lo que le permitirá reducir costos, al alcanzar mayor eficiencia en las operaciones de acopio, y a su vez racionalizar el costo fiscal, medida que considera generará ahorros para que se puedan canalizar a otros programas de interés nacional, por lo que ‘los firmantes resuelven que a partir del 1o. de febrero de 1996 se dejarán de aplicar las Normas para el Pago de Subsidio para la Producción y Venta de la Harina de Maíz vigentes a partir del 1o. de julio de 1993, mismas que serán sustituidas por una fórmula basada en el concepto del mencionado precio de indiferencia en zona de consumo, de acuerdo con los lineamientos de aplicación que, oyendo la opinión de esa sociedad y de las demás empresas interesadas, emitirán las dependencias competentes ... Por otra parte, se les comunica que el pago correspondiente al subsidio del periodo que corre del 16 de enero al 31 de enero del 1996 se hará provisionalmente de acuerdo con las normas cuya terminación de vigor se ha comunicado, en la inteligencia de que su importe definitivo se determinará conforme a las bases que en su oportunidad se determinen.’. Ahora bien, conforme a lo anterior se tiene que al emitir el acuerdo a que se ha hecho referencia las autoridades responsables dejaron sin efectos las Normas para el pago de Subsidio para la Producción y Venta de Harina de Maíz, vigentes a partir del 1o. de julio de 1993, e incluso le comunicaron a la empresa quejosa que sólo le pagarían con base en éstas el periodo comprendido entre el 16 al 31 de enero del presente año, pero en forma provisional, hasta en tanto se emitieran los nuevos criterios a seguir, por ello, es evidente que con su actuar se está dejando sin defensas a la empresa peticionaria del amparo, ello en virtud de que aunque es evidente que la autoridad administrativa tiene la facultad de modificar los subsidios, esta facultad debe ejercerla en forma congruente, esto es que al modificar el subsidio en cuestión le debió dar a conocer cuáles son las nuevas normas y no dejar un vacío legal entre la fecha en que resolvió dejar sin efectos las normas que regían el pago del subsidio, y dejar la inclusión del nuevo pago en forma indeterminada, pues hasta en tanto se emitan estas nuevas normas no es factible la aplicación de las normas derogadas ni las vigentes porque simplemente no existen, circunstancia que obviamente deja sin defensas a la quejosa, ya que tal actitud conculca la garantía de seguridad jurídica tutelada en el artículo 16 constitucional, máxime cuando ya quedó demostrado que las hoy quejosas ya eran titulares del subsidio, como lo demostraron en su demanda. Así las cosas, como se dijo, lo que en verdad lesiona a las empresas peticionarias del amparo es la indefinición en cuanto al tiempo en que se le deja para recibir el subsidio, por lo que debe concederse el amparo solicitado, para el efecto de que a las quejosas no se les haga efectivo el acuerdo hasta en tanto no exista el precio de indiferencia mencionado, o bien hasta en tanto no se le cubra el subsidio por el periodo comprendido de octubre de mil novecientos noventa y seis (que es el periodo reclamado) lo que suceda primero. Resulta entonces que, por los motivos indicados, debe confirmarse la sentencia que se estudia."
Así mismo, dicho tribunal, en sesión del día nueve de octubre de mil novecientos noventa y seis, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión número 1924/96, promovido por Harina de Maíz Atlacomulco, S.A. de C.V., consideró en lo que interesa, lo siguiente:
"Ahora bien
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5911-2e6bff55/subsidio-a-la-tortilla-de-maiz-para-consumo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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