REVISIÓN FISCAL INTERPUESTA POR CORREO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 118/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 1/1997, dictado por el Tribunal Pleno el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, relativo a la determinación de la competencia por materia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al envío de asuntos competencia del Pleno a dichas Salas, aprobado el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de ese mismo año, y toda vez que se presenta una denuncia de contradicción de tesis en materia administrativa entre el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa.
SEGUNDO.-La posible denuncia de contradicción de tesis fue denunciada por persona legitimada para ello, de conformidad con lo siguiente:
Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establecen en la parte conducente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"...
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
Ley de Amparo:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Los preceptos antes reproducidos establecen los lineamientos para la integración de la jurisprudencia por el sistema de unificación, a través de la resolución de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Tanto el artículo 107, fracción XIII, del Código Político, como el 197-A de la Ley de Amparo, establecen que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes o los Magistrados que los integran o las partes que intervinieron en los asuntos en que tales tesis contradictorias hubieran sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios. Como se advierte, la enumeración de los órganos, servidores públicos o personas que pueden denunciar la contradicción es limitativa y se reduce a los anteriormente señalados.
En el presente caso, la contradicción de tesis es denunciada por el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual está facultado por la Constitución y por la Ley de Amparo para hacerlo.
TERCERO.-Las consideraciones de la ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal No. 1764/94, establecen, en lo conducente, lo siguiente:
"SEGUNDO.-Resulta innecesario transcribir las consideraciones en que se apoya la resolución recurrente, así como los agravios expresados, toda vez que el presente recurso resulta improcedente.-En efecto, tal y como se advierte en el oficio remitido por el Servicio Postal Mexicano (foja 140 del juicio fiscal), la sentencia combatida fue notificada a la autoridad recurrente el día veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, situación que se corrobora con la propia manifestación de dicha autoridad (foja 132).-Por otra parte, se observa que el recurso en cuestión ostenta sello de recibido de la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Fiscal de la Federación, de fecha veintidós de junio de mil novecientos noventa y cuatro (foja 2 del toca).-De lo anterior, se sigue entre la fecha en que, de conformidad con el artículo 248 del Código Fiscal, comenzó a correr el término para la interposición del recurso (veinticinco de mayo) y la fecha en que fue presentado ante la Sala Regional (veintidós de junio) median, descontando los días inhábiles que fueron veintiocho y veintinueve de mayo, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de junio, más de los quince días que para la interposición del mismo establece tal artículo, con lo cual se concluye que el mismo resulta extemporáneo y debe, por tanto, desecharse.-No es obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que la pieza postal que, al parecer contenía el recurso de mérito, hubiera sido depositada en la Administración de Correos de Chihuahua, Chihuahua, el día catorce de junio de mil novecientos noventa y cuatro, ello en virtud de que, del artículo 248 ya invocado, se desprende que el recurso de revisión debe ser presentado ante la propia Sala Regional, y no contempla que deba tenerse como fecha de presentación, aquella en que fue enviado por correo certificado, lo cual, dicho sea de paso, es una posibilidad establecida por el artículo 207 del Código Fiscal en favor del demandante, y sólo en el caso de la demanda de nulidad.-Lo anterior se advierte con toda claridad en el numeral citado que, en lo conducente, señala: ‘248. Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad, a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante esta última dentro del término de quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación ...’. En las anteriores condiciones, es claro que si bien la autoridad depositó la pieza postal dentro del término, no puede tomarse esa como fecha de presentación porque, se repite, esa posibilidad sólo está consignada en favor del demandante de nulidad y en cuanto a la presentación de la demanda, no de los ulteriores recursos. De esta forma, se concluye que el presente recurso resulta extemporáneo y debe, por tanto, desecharse por improcedente."
CUARTO.-Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver la reclamación administrativa número 7/98, dicen, en lo que interesa a la presente denuncia de contradicción de tesis, lo siguiente:
"SEGUNDO.-El auto materia de la reclamación a la letra dice: ‘Torreón, Coahuila, a uno de junio de mil novecientos noventa y ocho.-Por recibido el oficio número 121-I-44825 signado por el Magistrado presidente y secretario de la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, con residencia en esta ciudad y anexos que al mismo se acompañan. Acúsese recibo, fórmese y regístrese el toca relativo al juicio de nulidad número 451/95, promovido por Cifunsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante legal José Navarro García (f. 182 y 189).-Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 248 del Código Fiscal de la Federación, se admite el recurso de revisión fiscal que interpone el jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Coahuila, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en contra de la resolución dictada en el juicio de nulidad número 451/95, por la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, con residencia en esta ciudad.-Dése vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito para que manifieste lo que a su representación convenga, túrnese el presente expediente al Magistrado relator, tan luego como se encuentre en estado de resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 184, fracción I, de la Ley de Amparo.-Proceda la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal Colegiado a desglosar de los autos remitidos el original y copia del recurso de revisión fiscal, para la debida integración del presente expediente.-Se tiene como delegados de su parte en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona en su recurso.-Por su parte, y en relación a la promoción de José Navarro García, representante legal de la actora Cifunsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el sentido de que debe desecharse por extemporáneo el recurso de revisión fiscal de la autoridad demandada, Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Estado de Coahuila, toda vez que el mismo fue recibido vía postal en la Sala Fiscal el veinticuatro de abril del año en curso y el hecho que se haya depositado en el Servicio Postal Mexicano el veinte de dicho mes y año, según el promovente no interrumpe el término que señala el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, lo anterior lo fundamenta en la tesis que indica en su promoción de rubro: «REVISIÓN FISCAL. INTERPOSICIÓN POR CORREO DEL RECURSO DE. NO INTERRUMPE EL TÉRMINO CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.».-Ahora bien este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el promovente, mismo que apoya en la tesis que invoca, en razón de que cuando se está ante la presencia de un recurso de revisión fiscal que es el medio de defensa con que cuentan las autoridades para impugnar una resolución que estiman les agravia por no encontrarse ajustada a derecho y cuyo domicilio se encuentra fuera de la residencia de la autoridad que conoció del juicio, el término para la interposición del recurso se interrumpe a partir del momento en que el escrito respectivo se deposita en el Servicio Postal Mexicano, lo anterior es así, en razón de que los artículos 104, fracción I-B, constitucional y 25 de la Ley de Amparo, autorizan expresamente esa circunstancia, a fin de evitar que por razón de la distancia, quienes se estiman agraviados por una resolución fiscal no interpongan en tiempo sus promociones y si esto es así, el momento a partir del cual se debe contar la temporalidad de la presentación de la revisión, es aquel en que se deposita el escrito respectivo en el Servicio Postal Mexicano. Por las razones antes expuestas es por lo que se estima que no es aplicable la tesis que invoca el promovente en el escrito de cuenta. En apoyo de lo anterior resulta aplicable la tesis visible en la página 52 del Tomo XCVIII, Tercera Parte, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, que dice: «REVISIÓN FISCAL, CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA INTERPONERLA, NOTIFICACIONES POR CORREO.-La fecha que constituye el punto de partida para el cómputo del término dentro del cual ha de interponerse la revisión fiscal, es aquella que aparezca en la tarjeta postal de acuse de recibo, y no la que conste en el sello que le imprime al oficio respectivo el empleado de la autoridad notificada.».-Expídanse al promovente tres copias certificadas a su costa, del presente proveído.-Lo anterior previo recibo que se deje en autos.-Notifíquese.-Así lo acordó y firma el Magistrado presidente de este Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Elías Álvarez Torres, ante el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.’.-TERCERO.-La parte recurrente expresó como agravios los siguientes: ‘Único. La resolución recurrida viola en perjuicio de su poderdante lo dispuesto por los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por indebida interpretación y aplicación del artículo 104, fracción I-B, del mismo ordenamiento jurídico y 248 del Código Fiscal de la Federación, así como los artículos 8o., 10 y 11 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, en términos del artículo 5o. del código tributario.-En efecto, el decreto reclamado contiene una interpretación literal del artículo 104, fracción I-B, de nuestra Constitución, de tal manera que establece como aplicable de manera absoluta y total a la Ley de Amparo, en el recurso de revisión fiscal, cuando de una interpretación lógica del citado precepto y por integración de los ordenamientos jurídicos en pugna en el presente caso, encontramos que el texto constitucional no debe entenderse en el sentido de que la Ley de Amparo es aplicable totalmente al recurso de revisión, ya que de dársele esa connotación encontramos que el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, no tendría aplicación alguna, es decir, sería ocioso, cuando este artículo establece una serie de requisitos de procedibilidad del recurso de revisión, descritos en cada una de las fracciones que forman parte de dicho numeral, mismo que de no satisfacerse, el recurso sería repelido de manera natural y, sin embargo, la Ley de Amparo no contempla en absoluto requisitos con características ni siquiera parecidas a los del Código Fiscal, de tal suerte que la aplicación de la Ley de Amparo, según lo prevé nuestra Constitución, iniciará su aplicación en el recurso de revisión fiscal ya una vez que se hayan satisfecho los requisitos de procedibilidad establecidos de manera tajante, clara y rotunda en el precepto tributario que nos ocupa.-En apoyo a lo expuesto basta citar que por ejemplo, para la procedencia de la demanda de garantías o recurso de revisión en amparo biinstancial, la Ley de Amparo no prevé como requisito ineludible de procedencia que el negocio sea de cuantía mayor a 3,500 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, ni que el caso de importancia y trascendencia, etc., más aún el término para interponer el recurso de revisión en materia de amparo indirecto, es de diez días hábiles y el de revisión fiscal es de quince días hábiles, luego entonces, es evidente que la Ley de Amparo será aplicable en la presente materia ya una vez satisfechos los requisitos del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, lo que nos lleva a concluir que el artículo 25 de la Ley de Amparo es inaplicable tratándose de la revisión fiscal, porque contraviene a todo el sistema dispuesto en el código tributario de aplicación previa a la Ley de Amparo, en el seguimiento del trámite del citado medio de defensa, consecuentemente si el invocado precepto 248 determina que el recurso de revisión fiscal deberá interponerse ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, mediante escrito que presente la autoridad ante la Sala Regional, así lo debió haber hecho el instituto demandado, no siendo legítimo hacer uso del beneficio contenido en el artículo 25 de la Ley de Amparo, ya que éste es inaplicable en atención al previamente citado numeral 248 y el mismo artículo 104, fracción I-B de nuestra Constitución.-Ahora bien, si la Ley de Amparo regulara todo el recurso de revisión fiscal, como lo afirma el decreto impugnado, entonces el término para interponerlo es de diez días hábiles y no quince, y aunque esta aseveración pudiera parecer absurda en una primera apreciación, esto no es así, ya que sus Señorías respetan el contenido del invocado artículo del código tributario federal, en relación a los términos y requisitos de procedencia, luego entonces es ilegítimo transgredirlo por lo que se refiere a la forma en que debe presentarse, no siendo válido que para algunas situaciones previstas en el artículo 248, éste sí tenga aplicación y vigencia y para otras no, ya que el criterio no sería uniforme porque, o se resuelve que el multicitado código establece reglas propias para la revisión fiscal diferentes a la Ley de Amparo, o se resuelve que esta última ley rige en su integridad el recurso de revisión, cuestión esta última que transgrede el propio texto del artículo 104 constitucional, siendo fundado el presente recurso, debiéndose revocar el decreto combatido.-En este sentido las reglas de interpretación y aplicación de leyes, contenidas en los artículos 8o., 10 y 11, del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal apoyan lo antes expuesto, al disponer que: «Artículo 8o. Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.».-«Artículo 10. Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario.».-«Artículo 11. Las leyes que establecen excepción a las reglas generales no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes.».-En consecuencia, siendo que el Código Fiscal de la Federación establece de forma clara, precisa y contundente la forma y tiempo en que las autoridades fiscales deben presentar el recurso de revisión, será nulo lo actuado en contra de esta disposición, ya que las normas del procedimiento contencioso administrativo son de orden e interés público, tampoco se puede alegar desuso, costumbre o práctica en contrario, como acontece en la especie, en donde el IMSS y otras autoridades fiscales, sin fundamento legal alguno presentan las revisiones por correo certificado no obstante que no tienen este derecho, por lo tanto, aunque la costumbre y la práctica así ha sido, esto no es pretexto para desobedecer a la ley; finalmente, el artículo 25 de la Ley de Amparo es una norma de carácter general que encuentra su límite tanto en este mismo ordenamiento jurídico como en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación y, por lo tanto, es inaplicable en la especie ya que tratándose del recurso de revisión en materia de amparo indirecto éste debe presentarse directamente al Juez de Distrito o ante la autoridad que conozca del juicio, más aún, la interposición del recurso, en forma directa, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el propio colegiado, según sea el caso, no interrumpirá el transcurso del término de diez días hábiles, por lo tanto, si ni siquiera la presentación del recurso ante una autoridad que forma parte del mismo Poder Judicial Federal interrumpe el término, mucho menos si el recurso se presenta por correo certificado. Con lo antes expuesto, se demuestra la inaplicabilidad de la norma general como lo es el artículo 25 de la Ley de Amparo, sobre el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación y 86 de la misma Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por lo cual en términos del artículo 11 del Código Civil antes invocado aplicado a contrario sensu, la norma especial (artículo 248 del Código Fiscal de la Federación) prevalece en su aplicación sobre la norma general (artículo 25 de la Ley de Amparo).-A mayor abundamiento, el recurso de revisión fiscal es un medio de defensa inmerso en el procedimiento contencioso administrativo, que tiene sus propias reglas procesales, diferentes al proceso civil, mercantil, laboral, penal e incluso al juicio de amparo, de tal manera que otorga ciertas prerrogativas y cargas procedimentales a las partes, distintas a otros procesos jurisdiccionales lato sensu, tal es el caso de favorecer a los demandantes en el juicio fiscal para que entablen su demanda vía correo certificado, interrumpiendo el término, sin embargo, este es un derecho exclusivo del actor y así lo quiso delimitar el legislador, porque de haber sido otra su intención, simplemente hubiera incorporado en el Código Fiscal un precepto idéntico o similar al artículo 25 de la Ley de Amparo, pero al no hacerlo así es claro que la prerrogativa establecida para la presentación de la demanda es única y exclusivamente para esta instancia y no para otras como es el recurso de revisión fiscal.-Ahora bien, el anterior razonamiento no es gratuito, sino que obedece al hecho de no dejar en estado de indefensión al particular, y facilitarle el uso y goce de los derechos constitucionales de defensa que tiene en contra de los actos de autoridad, ya que de por sí, el procedimiento contencioso administrativo es sumamente especializado y desconocido, incluso para muchos abogados, y todavía adicionar requisitos más onerosos al inicio del juicio lo volvería más difícil e inaccesible, ya que las Salas Fiscales, regularmente se ubican en la capital de los Estados de la República que a veces están situadas a gran distancia de otros lugares del mismo Estado, por lo cual el legislador facultó al particular para iniciar su demanda de nulidad vía correo certificado, pero ya una vez empezado el juicio, tanto la parte actora como la parte demandada en el juicio de nulidad están obligadas a darle seguimiento y atención al juicio, a observar estrictamente las reglas para la presentación de sus promociones, ya sean de trámite o medios de defensa y si una de las partes no tiene debido cuidado de estos aspectos procesales, va en su perjuicio, como es el caso que nos ocupa.-En este mismo sentido el artículo 25 de la Ley de Amparo garantiza el acceso fácil a la protección jurisdiccional federal, en materia de garantías individuales, pero no hay que dejar de observar la importancia de la Ley de Amparo y la explicación lógica del artículo, previamente invocado, al facultar de manera general a las partes para presentar sus promociones y recursos por correo certificado, previendo que lo que está en juego es la violación de los derechos fundamentales del ser humano, de tal suerte que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, concede esta prerrogativa exclusiva de este ordenamiento legal, y si está establecida para las partes, esto es, en aras de la igualdad procesal y la importancia de las cuestiones a dilucidar en el juicio de amparo, por lo tanto, la inaplicabilidad del citado numeral en el asunto que nos ocupa salta a la vista, porque aquí no estamos en presencia de un juicio de garantías en donde esté en riesgo uno de los derechos fundamentales del gobernado, sino que tan sólo es un simple recurso de revisión fiscal, equiparable a una apelación, que no debe gozar de las prerrogativas de la Ley de Amparo.-Por otra parte, haciendo una interpretación lógica e histórica del artículo 25 de la Ley de Amparo, también encontramos su razón de ser que de acuerdo a la publicación originaria de esta ley, esto es el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, las comunicaciones en el país eran diferentes a las actuales, de tal forma que en algunos casos, quizás el traslado de un lugar a otro representaba invertir la totalidad de los términos concedidos en la ley y a esto obedece el citado precepto, pero actualmente esto ya no es así, y en el presente asunto, nótese que de la ciudad de Saltillo a la ciudad de Torreón, existen múltiples formas de comunicación, como es por autobús, automóvil, avión, etc., y el traslado representa cuando mucho tres horas y media, todo lo cual nos lleva a concluir que el artículo 25 de la Ley de Amparo es inaplicable, ya que esta prerrogativa ni está en el Código Fiscal de la Federación ni propiamente en la Ley de Amparo, tratándose del recurso de revisión fiscal y como tampoco obedece a su razón histórica, entonces la inaplicabilidad de este artículo es notoria.-Finalmente, el auto impugnado se fundamenta en una tesis que no tiene relación con el presente asunto ya que se refiere a la fecha a partir de la cual corre el término a las autoridades para interponer el recurso de revisión, pero para nada hace hincapié en que el término se interrumpirá a partir de la presentación de la revisión ante la oficina de correos, resultando infundado el acuerdo reclamado por esta vía. A mayor abundamiento, la tesis que nos ocupa es del año de 1965, cuando la organización del Tribunal Fiscal de la Federación era completamente distinta a la actual e incluso la tramitación de la revisión fiscal era diferente ya que en términos del entonces vigente Código Fiscal de la Federación, las resoluciones dictadas por las Salas del Tribunal Fiscal primero serían recurribles ante el mismo Tribunal en Pleno y luego, en contra de lo resuelto en este recurso, cabía la revisión fiscal cuya competencia era de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el recurso debía presentarse ante la misma Corte, por lo tanto, la tesis invocada en el auto impugnado por este medio interpretaba artículos ya derogados, de tal suerte que la tesis también perdió vigencia, haciendo notar que tanto el recurso de revisión y el recurso de revisión fiscal únicamente se interponían ante el Pleno del Tribunal Fiscal de la Federación y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ambos con sede única en el Distrito Federal y obviamente era entendible que se valiera la interposición del recurso por correo certificado, situación actualmente inexistente.-Consecuentemente, reitero que la presentación por correo certificado de la revisión fiscal no interrumpe el término para su interposición y en consecuencia deberá revocarse el decreto recurrido dictando otro en su lugar en el cual se deseche por extemporáneo el medio de defensa intentado por mi contraparte, sirviendo de apoyo la siguiente tesis: Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación.-Época 8a. Tomo XV-2-Febrero.-Tesis I.4o.A.837 A, página 534.-Clave: TC014837 Adm.-«REVISIÓN FISCAL, INTERPOSICIÓN POR CORREO DEL RECURSO DE. NO INTERRUMPE EL TÉRMINO CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-Del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que el recurso de revisión fiscal debe presentarse directamente ante la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación que haya conocido del juicio de nulidad, sin que esté prevista la interposición por correo certificado del recurso en cuestión, pues ésta es una posibilidad establecida por el artículo 207 del código tributario exclusivamente en favor del demandante de nulidad, y sólo en el caso de la demanda.».-Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (transcribe precedente).’.-CUARTO.-Son infundados los anteriores agravios.-El inconforme interpuso reclamación en contra del auto del presidente de este tribunal de fecha (01) uno de junio del año en curso, mediante el cual se admitió a trámite el recurso de revisión fiscal que interpuso la autoridad demandada en el juicio de nulidad fiscal número 451/95, que promovió la ahora inconforme.-En dicho acuerdo, se desestimó la petición de la actora en el juicio de nulidad, de que se aplicara el criterio respecto a que no se interrumpe el término consignado en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, para la interposición por correo del recurso de revisión fiscal.-Ahora, en su primer agravio, dice el quejoso que en el auto recurrido se determina como aplicable de manera absoluta y total, en la revisión fiscal, la Ley de Amparo. Lo anterior resulta infundado por los siguientes motivos: Los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 248, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, textualmente disponen: ‘Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer: I ... I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno.’.-‘Artículo 248. Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5697-3b429dfa/revision-fiscal-interpuesta-por-correo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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