PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES ES APLICABLE EN FORMA SUPLETORIA A LA LEY RELATIVA EN CUANTO A LA FORMA EN QUE SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 355/96, en sesión de trece de febrero de mil novecientos noventa y siete, sostuvo:
"CUARTO.-Son infundados los agravios que se hacen valer.-En efecto, previamente a su análisis es pertinente referir que la parte quejosa reclama del delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en esta ciudad, la resolución administrativa que pronunció el veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis, dentro del expediente 556/95, que inició el tercero perjudicado en contra del quejoso; la notificación que la propia quejosa tilda de deficiente, que el notificador de dicha delegación realizó a la quejosa el veintinueve de marzo del mismo año y de las demás autoridades mencionadas en el resultando primero de esta ejecutoria la inconforme reclama su ejecución.-En la sentencia recurrida, el Juez a quo decretó el sobreseimiento del juicio, respecto del acto reclamado consistente en la resolución descrita, considerando extemporánea la presentación de la demanda de amparo, pues el cómputo del término legalmente establecido para tal efecto, lo realizó a partir de la notificación que la quejosa considera incorrecta; y por lo que toca a este último, el Juez de Distrito consideró que la misma debió haber sido impugnada a través de un incidente de nulidad conforme a la legislación procesal federal civil.-Señalado lo anterior, como se dijo al inicio de este considerando, que los agravios resultan infundados, siendo de advertir en esta parte, que dado el planteamiento de los actos reclamados y para resolver lo relativo a la oportunidad o inoportunidad en la presentación de la demanda de amparo, es pertinente ocuparse en primer término, de la cuestión relativa a la eficacia de la notificación realizada al quejoso el veintinueve de marzo del año próximo pasado, pues de ello depende, como se dijo, determinar si la demanda se presentó dentro de dicho término.-Al respecto, resultan infundadas las alegaciones de la recurrente, pues este tribunal considera, como se señala en la sentencia recurrida, que en el caso resultan aplicables las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.-Es cierto, como alega el quejoso, que en la Ley Federal de Protección al Consumidor se previene de manera expresa la procedencia del recurso de revisión, pues a él se refiere el artículo 135 de ese ordenamiento; ello, independientemente de la facultad que a la autoridad otorga el artículo 134 para condonar, reducir o conmutar las multas y sanciones en general que hubiera impuesto y, por ende, debe considerarse que no cabe la aplicación supletoria de ordenamientos legales diversos en lo relativo a la procedencia de otro recurso, pues tal supletoriedad se daría en el supuesto de que la Ley Federal de Protección al Consumidor ningún recurso estableciera para impugnar las resoluciones contempladas en sus disposiciones.-Al respecto, resulta de cabal aplicación la tesis que el quejoso invoca en sus agravios; sin embargo, lo anterior no impide considerar que en el caso opera un motivo de improcedencia que el Juez de Distrito argumentó para sobreseer en el juicio por lo que a dicha notificación se refiere.-En efecto, considerar que la validez de esa notificación debe cuestionarse a través del incidente de nulidad, no implica la indebida aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, puesto que el mismo no constituye propiamente un recurso cuyos efectos procesales sean los de revocar o modificar alguna resolución pues, en estricto sentido, es un medio de defensa existente dentro del procedimiento, mediante el cual se determina la validez y eficacia de las actuaciones habidas en el mismo proceso, en la especie, tal notificación que se considera indebida. Ello es así, porque en la Ley Federal del (sic) Consumidor se prevén únicamente los casos en que serán personales las notificaciones que realice la procuraduría, los cuales se encuentran debidamente especificados en el artículo 104; sin embargo, ni ese dispositivo o algún otro señala las formalidades que han de observarse para practicarse la notificación personal ni dispone tampoco cuándo surtan efecto las practicadas por el notificador ni cuando se hagan por correo certificado, siendo de advertir que en la última parte del mencionado artículo 104 se dispone que las notificaciones personales deberán realizarse por notificador o por correo certificado con acuse de recibo del propio notificado, o por cualquier otro medio fehaciente autorizado por la ley, esto es, que implícitamente se remite a lo que respecto de las notificaciones prevenga la ley, siendo la aplicable, supletoriamente, el Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que con las mismas se complementan las deficiencias de una ley expedida por el Congreso de la Unión de aplicación en toda la República por autoridades federales, siendo de advertir que los artículos 310, 311, 312 y demás relativos de dicho código federal procesal, señalan las formalidades que deben observarse para la práctica de las notificaciones personales, previniendo el diverso artículo 319, la procedencia del incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado cuando una notificación se hiciera en forma distinta de lo prevenido legalmente. En tal virtud, resulta que el quejoso debió haber impugnado a través del mismo incidente, la notificación de la resolución reclamada, lo cual no hizo y por ende en este juicio de amparo no puede abordarse tal cuestión, pues la misma puede ser reparada ante la propia autoridad responsable, configurándose el motivo de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, determinado como fue, es válida la notificación del acto reclamado que se hizo al quejoso el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, y es partir de que dicha notificación surte efectos, o sea, al día siguiente, según lo previene el diverso numeral 321 del aludido código, que debe hacerse el cómputo de quince días que para la promoción del juicio de amparo previene el diverso precepto 21 de la ley de la materia, por lo que, tomando en consideración que la demanda se presentó hasta el día veintiséis de septiembre siguiente, resulta evidente que para esa fecha había transcurrido con exceso el término de quince días a que se refiere el precitado artículo 21, operando por ello, la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del ya referido artículo 73 de la ley de la materia."
Las consideraciones transcritas dieron origen a la siguiente tesis:
"INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.-Considerar que la validez de la notificación de una resolución dictada con base en las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor deba determinarse a través del incidente de nulidad previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, no implica la indebida aplicación de este ordenamiento adjetivo, puesto que el citado incidente no constituye propiamente un recurso cuyos efectos sean revocar o modificar alguna resolución, sino un medio de defensa dentro del procedimiento, mediante el cual se determina la validez y eficacia de las actuaciones habidas en el proceso. Esto es así, porque si bien en el artículo 104 de la citada ley, se prevén los casos en que deben hacerse personalmente las notificaciones que realice la Procuraduría Federal del Consumidor, ni tal precepto ni ninguno otro señalan las formalidades que han de observarse para efectuarlas, ni establecen cuándo surten efectos las practicadas por el notificador, o por correo certificado con acuse de recibo del propio notificado, o por cualquier otro medio fehaciente autorizado por la ley; esto es, que implícitamente se remite a lo que respecto de las notificaciones prevea la ley, siendo aplicable supletoriamente, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual prevé en sus artículos 310, 311, 312 y demás relativos, las formalidades que deben cubrir las notificaciones personales y en su diverso 319, la procedencia del incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, cuando una notificación se hiciere en forma distinta a lo prevenido legalmente." (Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, agosto de mil novecientos noventa y siete, página setecientos treinta y ocho).
CUARTO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión I-192/96, en sesión de cinco de septiembre de mil novecientos noventa y seis, se basó en las siguientes consideraciones:
"III.-Son infundados los agravios. Contrariamente a lo aducido por el recurrente, no se encuentra incorrecto que el a quo haya tomado como punto de partida para efectuar el cómputo de los quince días, que para la presentación oportuna de la demanda de garantías establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, la fecha en que el quejoso manifestó haber tenido conocimiento de los actos reclamados, es decir, el cinco de junio de mil novecientos noventa y seis, en que se practicó la visita relativa al acta número 04497, que señaló como primer acto concreto de aplicación del acuerdo de veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, emitido por el director general de Políticas Comerciales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, impugnado como ley heteroaplicativa, ni que esto lo haya llevado a la conclusión de que para el veintisiete de junio siguiente en que se interpuso dicho libelo, ya había transcurrido con exceso el indicado término, pues ciertamente la Ley Federal de Protección al Consumidor, con base en la cual se emitió aquel acto concreto de aplicación, no dispone en qué momento surten sus efectos las notificaciones que se practiquen en el procedimiento respectivo, por lo que entonces, dicho cómputo, en el caso, debe hacerse con apoyo en la fecha en la que el promovente del amparo señaló haber tenido conocimiento de los actos reclamados, de acuerdo con lo dispuesto por la última parte del citado artículo 21 de la ley de la materia. No es obstáculo para determinar lo anterior, lo argumentado en los agravios, sobre que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 104, 135 y 138 de la mencionada Ley Federal de Protección al Consumidor, debe considerarse que la aludida demanda de amparo fue presentada oportunamente, pues de la lectura de tales preceptos no se aprecia que prevengan cuándo surten sus efectos las notificaciones en cuestión, ni establecen, como se sugiere, que en relación con aquel tema (fecha en que surten efectos las notificaciones), deba aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. En efecto, los invocados artículos dicen: ‘Artículo 104. Las notificaciones que realice la procuraduría serán personales en los siguientes casos: I. Cuando se trate de la primera notificación; II. Cuando se trate del requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; III. Cuando se trate de notificación de laudos arbitrales; IV. Cuando se trate de resoluciones que impongan un medio de apremio o una sanción; V. Cuando la procuraduría notifique al acreedor haber recibido cantidades en consignación; VI. Cuando la autoridad lo estime necesario; y VII. En los demás casos que disponga la ley.-Las notificaciones personales deberán realizarse por notificador o por correo certificado con acuse de recibo del propio notificado o por cualquier otro medio fehaciente autorizado por la ley.’, ‘Artículo 135. En contra de las resoluciones de la procuraduría dictadas con fundamento en las disposiciones de esta ley y demás derivadas de ella, se podrá interponer por escrito recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efecto la notificación de la resolución recurrida.’ y ‘Artículo 138. Si se ofrecen pruebas que ameriten desahogo, se concederá al interesado un plazo no menor de ocho ni mayor de treinta días para tal efecto. La autoridad podrá allegarse los elementos de convicción que considere necesarios. En lo no previsto en esta ley en materia de pruebas, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.’. Como puede verse, el artículo 104 sólo alude a las notificaciones personales; el numeral 135 al recurso administrativo que procede en contra de las resoluciones dictadas por la Procuraduría Federal del Consumidor con fundamento en la propia ley, así como el término en que debe hacerse valer; y el artículo 138, que si al interponer tal recurso, ameritara el desahogo de pruebas, se concederá cierto plazo al interesado, que la autoridad podrá allegarse los elementos de convicción que estime necesarios, y que en lo no previsto en esa ley en materia de pruebas, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Empero, como se dijo, ninguno de esos preceptos precisa el momento en que surten sus efectos las notificaciones practicadas en el procedimiento del que emanó el primer acto de aplicación del acuerdo combatido y, en esas condiciones, insístese, el Juez Federal obró atinadamente al tomar como punto de partida para hacer el cómputo del lapso para la promoción oportuna de la demanda de garantías, la fecha en que el quejoso se ostentó sabedor de los actos reclamados, atento a la última regla que para ello prevé el artículo 21 de la ley de la materia. Finalmente, resulta inaplicable en la especie la tesis jurisprudencial que sobre la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, se invoca en apoyo de los citados agravios, pues, como se vio, el artículo 138 de la Ley Federal de Protección al Consumidor sólo establece la aplicación supletoria de ese código, por cuanto a las pruebas que se aporten al hacer valer el aludido recurso de revisión previsto por su artículo 135, pero no en tratándose del tema de las notificaciones."
Las consideraciones transcritas dieron origen a la siguiente tesis:
"SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. NO OPERA PARA ESTABLECER EN QUÉ MOMENTO SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES QUE SE PRACTIQUEN EN EL PROCEDIMIENTO QUE REGLAMENTA.-Para poder precisar el cómputo de la interposición de la demanda de garantías, en caso de que el acto reclamado se haya emitido con base en la Ley Federal de Protección al Consumidor, debe tomarse como punto de partida la fecha en que el peticionario del amparo señaló haber tenido conocimiento de los actos reclamados, de acuerdo con la última regla que para la realización de ese cómputo establece el artículo 21 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, ya que la referida Ley Federal de Protección al Consumidor no dispone en qué momento surten efectos las notificaciones que se practiquen en el procedimiento administrativo que prevé, y la única supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, que admite expresamente, conforme a su artículo 138, es en relación a las pruebas que se aporten al hacer valer el recurso de revisión previsto por su numeral 135, no respecto de las notificaciones." (Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, página quinientos veintiuno).
QUINTO.-Resulta necesario determinar si en el asunto en estudio existe la contradicción de tesis que se ha denunciado, para lo cual es conveniente tener en cuenta el siguiente criterio jurisprudencial:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Tesis publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo cincuenta y ocho, octubre de mil novecientos noventa y dos, página veintidós).
Las consideraciones que hizo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión I-192/96, transcritas en el considerando anterior, revelan que dicho tribunal estima que el Código Federal de Procedimientos Civiles no es aplicable supletoriamente a la Ley Federal de Protección al Consumidor, tratándose de la forma en que surten efectos las notificaciones, puesto que esa supletoriedad no está autorizada expresamente por la ley, como sí sucede en relación con las pruebas.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al resolver el juicio de amparo en revisión 355/96 sostuvo, básicamente, que la Ley Federal de Protección al Consumidor establece las notificaciones que deben realizarse en forma personal y, además, dispone que podrán realizarse "... por cualquier otro medio fehaciente autorizado por la ley ..."; por lo que debe entenderse que, implícitamente, remite al Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual sí es aplicable en forma supletoria respecto a las notificaciones, particularmente a la forma en que surten sus efectos y al incidente de nulidad.
Como puede advertirse, sí existe la contradicción de tesis que se ha denunciado, pues ambos Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre cuestiones jurídicas esencialmente iguales, a saber, si el Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio a la Ley Federal de Protección al Consumidor, respecto a la forma en que surten efectos las notificaciones, y cada uno llegó a conclusiones diversas, pues en tanto que el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito estimó que sí existe tal supletoriedad, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió que, al no estar autorizada expresamente, no existe supletoriedad alguna entre los ordenamientos referidos.
SEXTO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis que se precisará más adelante, que coincide en esencia con el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.
En primer lugar resulta pertinente precisar que el tipo de problema que motivó la contradicción de tesis que se resuelve consiste en la falta de una norma jurídica que, dentro de la Ley Federal de Protección al Consumidor, regule la forma en que surten efectos las notificaciones realizadas en el procedimiento administrativo previsto en esa ley. Ante dicho problema jurídico, un Tribunal Colegiado de Circuito consideró que el Código Federal de Procedimientos Civiles sí es aplicable supletoriamente a la Ley Federal de Protección al Consumidor; por su parte, el otro tribunal involucrado estimó que la supletoriedad no se encontraba expresamente autorizada y, por lo mismo, no podía realizarse.
En esas condiciones, ante la falta de una norma expresa en la Ley Federal de Protección al Consumidor que regule cómo surten efectos las notificaciones realizadas en el procedimiento regulado por dicha ley, es necesario partir de lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente establece:
"14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."
El precepto constitucional transcrito establece, en su cuarto párrafo, que en los juicios del orden civil la sentencia se dictará conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ella, con base en los principios generales del derecho. Tal disposición incluye, entre otras, dentro de la expresión "... juicios del orden civil ..." a los procesos relativos a las materias laboral, mercantil, familiar y administrativa, pues el Legislador Constituyente la utilizó en contraposición de lo dispuesto en el párrafo tercero del mismo artículo 14, en que se refiere a los "... juicios del orden criminal ...".
La regla contenida en el artículo 14, cuarto párrafo, constitucional, a que se ha hecho referencia, debe aplicarse no solamente para resolver aquellos casos en que al dictar una sentencia definitiva no existe una norma jurídica aplicable al caso, sino también para resolver todos aquellos problemas que se presenten durante la tramitación de un proceso y que tampoco sean regulados por una norma específica, como el que ahora nos ocupa, en que la Ley Federal de Protección al Consumidor no contiene una disposición para regular la forma en que surten efectos las notificaciones que se realicen durante el trámite de los procedimientos que ella misma instrumenta, en atención a los siguientes argumentos:
a) El cuarto párrafo del artículo 14 constitucional tiene su antecedente inmediato en el artículo 20 de los Códigos Civiles de 1884 y 1870, de los cuales, el último establecía lo siguiente: "Cuando no se pueda decidir una controversia judicial ni por el texto ni por el sentido natural o espíritu de la ley, deberá decidirse según los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso.". De lo que puede inferirse que esa disposición podía aplicarse a cualquier problema surgido durante la tramitación de "una controversia judicial".
b) Si el artículo 14 de la Constitución General de la República ofrece una solución para el acto jurídico procesal por antonomasia, como lo es la sentencia, y faculta al Juez para acudir a la interpretación de la ley y a los principios generales del derecho, por identidad de razón, igual solución debe darse cuando dicha situación, es decir, la falta de ley, se presente durante el desenvolvimiento del proceso, como cuando se refiere a las notificaciones que se dictan dentro de aquél.
Precisado lo anterior, para resolver el problema que se presenta con la falta de una disposición que regule dentro de la Ley Federal de Protección al Consumidor la forma en que surten efectos las notificaciones y, en general, cualquier problema de falta de ley, es necesario acudir a su interpretación jurídica y a los principios generales del derecho, tal como lo consigna el artículo 14 constitucional, antes citado.
Interpretación proviene del latín interpretatio y éste, a su vez, del verbo interpretor que significa "servir de intermediario" o "venir en ayuda de", de lo que se sigue "explicación" o "esclarecimiento". Interpretar quiere decir desentrañar el significado de una cosa y, tratándose de la ley, lo que se busca desentrañar es el espíritu de ella.
"Toda ley debe expresar un pensamiento en forma tal que valga como norma. Quien interprete, pues, una ley, debe analizar el pensamiento contenido en la ley, debe investigar el contenido de la ley. Interpretación es lo primero: reconstrucción del contenido de la ley." (Savigny, Friedrich Karl Von. Metodología Jurídica. Depalma, Buenos Aires, trad. J. J. Santa-Pinter, 1994, p. 12).
En cierta medida, la interpretación parte de la idea de que un sistema jurídico, en sí mismo, es completo y congruente y, por lo mismo, no permitiría la existencia de una laguna, la cual, si llegare a presentarse, sería sólo en apariencia, pues otra norma jurídica tendría que regular el supuesto aparentemente no regulado. Uno de los instrumentos de que se vale la interpretación para dar coherencia al sistema jurídico es la analogía.
Analogía proviene del griego analogía, compuesto de aná "conforme a" y de lógos "razón" o "medida" y significa relación de semejanza entre cosas distintas. En el ámbito del derecho, el "argumento por analogía" o "el procedimiento argumentativo permite trasladar la solución prevista para un determinado caso, a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero." (Atienza, Manuel. Sobre la Analogía en el Derecho. Ensayo de análisis de un razonamiento jurídico. Madrid, 1986, p. 29).
El empleo del argumento por analogía se encuentra sujeto a los siguientes requisitos:
a) Que un ordenamiento jurídico presente una laguna o, como se vio con anterioridad, una laguna aparente, respecto de un caso no regulado.
b) La existencia de otra norma jurídica que regule un caso semejante al que carece de regulación. Este requisito tiene importancia en tanto que la semejanza que existe entre uno y otro caso debe radicar en los elementos jurídicamente relevantes y no en aquellos accidentales o accesorios. Debe tenerse en cuenta el objeto y la finalidad de la norma.
c) La inexistencia de una voluntad del legislador contraria a la aplicación analógica. Debe recordarse que en nuestro sistema jurídico nacional, la ley es la fuente más importante de derecho, de manera que el uso del argumento por analogía puede limitarse por una prohibición expresa del legislador en ese sentido o bien por la limitación que se haga del ámbito de aplicación de una norma que excluyera su extensión a los casos análogos.
Entendida en ese sentido, es decir, como la aplicación de las consecuencias jurídicas previstas para un supuesto a otro que resulta semejante, la analogía puede asimilarse a la supletoriedad, la cual consiste, precisamente, en la aplicación complementaria de una ley respecto de otra y que, en doctrina, suele ser conocida como "integración interpretativa del derecho", que no es otra cosa que la aplicación supletoria de usos, costumbres y principios generales del derecho contenidos en otros ordenamientos, que permitan colmar el vacío existente.
En el caso que se resuelve, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece el trámite de un procedimiento dentro del que, como en cualquier otro, se dictan una serie de resoluciones que la autoridad requiere darlas a conocer a sus destinatarios, lo cual se cumple a través de las notificaciones; sin embargo, la ley referida no establece todas las consecuencias jurídicas que se originan al realizar una notificación, a saber, la forma en que surten sus efectos, omisión que adquiere relevancia si se toma en consideración que a partir de ese momento deben empezar a contarse los plazos para la realización de cualquier acto jurídico relacionado con la determinación que se notifica.
De lo expuesto hasta ahora puede decirse que ante la falta de ley aplicable al caso, tal como sucede tratándose de la forma en que surten efectos las notificaciones realizadas al amparo de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y como el juzgador tiene la obligación de resolver todas aquellas controversias que se le presenten, en la medida que el artículo 14, cuarto párrafo, constitucional, autoriza a recurrir a la interpretación jurídica de la ley, sí es posible aplicar supletoriamente un ordenamiento jurídico a otro, aunque éste último no prevea expresamente tal supletoriedad, pues ello obedece al empleo de un argumento por analogía, propio del método interpretativo, mediante el que se atribuyen las consecuencias previstas para determinado supuesto en un ordenamiento jurídico general a un caso no contemplado en otro ordenamiento legal, por ejemplo, en el asunto que motivó esta contradicción de tesis, el Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Ahora bien, el artículo 14 constitucional, cuarto párrafo, señala que, además de la interpretación, ante la falta de ley aplicable para resolver una controversia es necesario acudir a los principios generales del derecho.
Puede decirse que los principios generales del derecho son "... aquellas normas fundamentales o esenciales que inspiran y orientan al conjunto del ordenamiento jurídico, las cuales se encuentran explícita o implícitamente dentro de éste, y tiene la función primordial de integrar el propio ordenamiento jurídico supliendo las omisiones de la ley." (Ovalle Favela, José, En Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones. México, 1994, T. III, p. 109).
La concepción apuntada de los principios generales de derecho, como aquellas premisas que pueden ser extraídas de un sistema jurídico, fue reconocida por la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, que sustentó el siguiente criterio:
"PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO.-El artículo 14 de la Constitución General de la República, dispone que en los casos de omisión o deficiencia de la ley, debe acudirse, para resolver la controversia judicial, a los principios generales de derecho, debiendo entenderse por tales, no la tradición de los tribunales que, en último análisis no son más que prácticas o costumbres que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6587-984d2bd3/proteccion-al-consumidor-el-codigo-federal-de-procedimientos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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