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Modo: Corpus Pro

SUCESORES DE DERECHOS AGRARIOS. APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CUANDO EL TITULAR FALLECIÓ DURANTE SU VIGENCIA, NO SE HIZO LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE Y EXISTEN DOS O MÁS PERSONAS CON DERECHO A LA SUCESIÓN EN EL MISMO GRADO DE PREFERENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/98. · Registro digital (IUS): 5686
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, , Pág. 287.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver por mayoría de votos el cinco de abril de mil novecientos noventa y cinco, el juicio de amparo directo 141/95, promovido por Reyna María Conde Cruz, expresó las siguientes consideraciones:

"PRIMERO. Este tribunal es competente de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República, 158 de la Ley de Amparo, 44, fracción I, inciso b) y 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del contenido del acuerdo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de abril de mil novecientos noventa y tres, sobre definición de circuitos y fijación de competencia territorial, por reclamarse una sentencia pronunciada en un juicio agrario por una autoridad jurisdiccional residente en este circuito. SEGUNDO. La demanda de amparo fue presentada en tiempo en virtud de que la sentencia reclamada fue notificada a la quejosa el nueve de enero de mil novecientos noventa y cinco (foja 122 del expediente principal) y la referida demanda se presentó el treinta de enero de ese mismo año. Los días inhábiles que mediaron fueron 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de enero del citado año. La personalidad de la promovente quedó debidamente reconocida ante la autoridad responsable. TERCERO. Los conceptos de violación son del tenor literal siguiente: ‘La responsable pretende aplicar el artículo 82 de la derogada Ley Federal de la Reforma Agraria soslayando de plano que tal precepto además de aplicarse retroactivamente en mi perjuicio, es claro en cuanto señala que la asamblea de ejidatarios opinará quién será el sucesor, pero en definitiva será la Comisión Agraria Mixta quien resuelva y en el caso presente el órgano encargado de resolver es el propio tribunal agrario, mismo órgano jurisdiccional que nos sujetó a un proceso y en mi concepto está obligado a resolver, máxime si el propio tribunal agrario es la autoridad sustituta de la Comisión Agraria Mixta, no hacerlo así significa que el tribunal delega sus funciones de impartición de justicia a la opinión de las asambleas, si se quiere todo lo respetables que sean carentes del conocimiento profesional del derecho y sujetas las más de las veces a las habilidades oratorias de uno u otro bando. A criterio de la responsable, aplicar el precepto de ley en comento no se opone a la legislación agraria vigente, apreciación inexacta ya que en el caso concreto se viola un precepto superior, el artículo 14 constitucional. 2. La responsable ordena con fundamento en el artículo 191 de la Ley Agraria se proceda a realizar una asamblea general de ejidatarios para resolver la litis que se planteó. La responsable dejó de aplicar el mismo precepto que invoca para fundar su resolución, en efecto, de acuerdo a lo señalado por el artículo 188 de la Ley Agraria el tribunal agrario debió citar a las partes a oír sentencia y no consta en autos que así haya sido; de haberse citado a las partes se hubiera cumplido cabalmente con la fracción I del artículo 191, de lo que resulta que se violó en mi perjuicio el artículo 16 constitucional. 3. La responsable me causa perplejidad jurídica y advierte en su resolución que combato una mixtificación de leyes extrañas, en efecto: por una parte señala en la resolución que combato que se debe aplicar la anterior ley agraria, y concluye que para aplicar la anterior ley agraria las autoridades ejidales deben aplicar facultades que les confiere el artículo 23 fracción II de la Ley Agraria en vigor, todo esto en claro perjuicio de la suscrita quien además según la resolución que combato «... probó parcialmente (sic) su acción», los artículos mencionados no son complementarios, y en el caso concreto sí antagónicos.’. CUARTO. Los anteriores conceptos no combaten debidamente el fallo reclamado por lo que en suplencia de la queja, en términos del artículo 76 bis, fracción III, de la Ley de Amparo se complementará el estudio respectivo. Debe puntualizarse en principio que en el particular, como se precisará en lo sucesivo, la ley abrogada, específicamente el artículo 82, es aplicable en su implicación sustantiva, mas no así en la adjetiva. También es menester advertir que de manera contraria a lo que afirma la quejosa el hecho de que ya no exista la Comisión Agraria Mixta no constituye el factor que haga inaplicable el referido artículo, toda vez que los Tribunales Unitarios Agrarios, como bien lo señala la quejosa, son la autoridad sustituta de dicha comisión y como tal, les compete las funciones que atañían a ésta. Precisado lo anterior debe ahora decirse que la única implicación sustantiva derivada de lo dispuesto en el mencionado artículo 82, lo es el derecho preferente a heredar el bien ejidal por parte de las personas que ese artículo contemplaba, esto es: el cónyuge, persona con la que hubiera hecho vida marital o procreado hijos, uno de los hijos del ejidatario, la persona con la que hubiera hecho vida marital durante los dos últimos años y cualquiera otra persona de las que dependían económicamente de él; de manera que si ese derecho surgió a favor de dichas personas a partir del momento de la muerte de Petra Sofía Cruz Bello en el año de mil novecientos noventa, y en este tiempo aún estaba vigente la ley agraria abrogada, lo que corresponde es dejar incólume ese derecho adquirido y en la especie deberá tenerse como personas con derecho preferente a heredar las que determinaba el artículo en comento. Ahora bien, ese precepto también disponía que en el caso de que al fallecimiento de un ejidatario resultaran dos o más personas con derecho a heredar (como en la especie) la asamblea general opinaría quién entre ellas debería ser el sucesor y correspondía a la Comisión Agraria Mixta resolver en definitiva, como puede advertirse, estas disposiciones son de carácter procesal, puesto que se referían a la manera o procedimiento a seguir para la adjudicación de los derechos ejidales heredados; esto es, determinaban que una autoridad ejidal opinaría sobre el mejor sucesor y otra resolvería ese concurso de derechos en un plazo de treinta días y si dentro de los treinta días a dicha resolución el heredero renunciaba a sus derechos, se haría una nueva adjudicación respetando el orden de preferencia establecido. De manera que en tanto se trata de reglas procesales, éstas sólo fueron aplicables durante la vigencia de la antigua ley que las contenía y por ende no son aplicables al caso concreto; pues si bien el deceso de la de cujus ocurrió durante la vigencia de la ley agraria anterior, quienes se consideran con derecho a heredar acudieron al tribunal agrario hasta el diez de diciembre de mil novecientos noventa y tres, fecha en que ya estaba en vigor la actual ley y siendo así, ésta resulta aplicable en lo que hace al procedimiento de adjudicación de los derechos ejidales, el cual está previsto en los artículos 18 y 19 de la ley actual y toda vez que en el caso, como ya fue señalado, al fallecer la persona ejidataria le sobrevivieron más de dos con derecho a sucederla en los derechos ejidales, corresponde a éstas por disposición del citado artículo 18, decidir quién, entre ellas, conservará aquellos derechos y si no llegan a un acuerdo el tribunal agrario proveerá la venta de esos derechos en subasta pública y repartirá el producto por partes iguales entre las personas con derecho a heredar y en caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos. En esas condiciones, si en el caso no se está en presencia de un conflicto propiamente dicho, sino de la denuncia de un bien ejidal intestado, para la debida tutela de los derechos de las personas con derecho a heredar dicho bien, el tribunal agrario como órgano de tutela de dichos derechos debió haber prevenido a la denunciante para que manifestara si aparte de ella alguien más tenía ese derecho y proporcionara en su caso el domicilio respectivo para que fuesen llamadas a juicio, de modo que una vez llamadas las que demostraren tener interés mediante su apersonamiento y exhortados a que llegaren a un acuerdo, no lo hubiesen hecho, el tribunal procedería conforme lo dispone el referido artículo 18, parte final. Estimar lo contrario a lo antes pronunciado significaría ir contra la técnica jurídica y violar la garantía de audiencia de los herederos que no sean llamados a juicio, puesto que la sentencia relativa constituiría un acto de privación de los derechos preferentes que como herederos ya han adquirido desde el momento de la muerte de la de cujus. Bajo tal contexto procesal lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el tribunal agrario deje insubsistente la sentencia reclamada y reponga el procedimiento a partir del auto en que se dé entrada a la promoción inicial de denuncia de la aquí quejosa y ajustándose a los lineamientos antes precisados, provea lo necesario para el debido llamado a juicio de las personas con derecho preferente a heredar el bien ejidal, y a los que lleguen a apersonarse los exhorte a llegar a un acuerdo respecto a quién de entre ellos será el sucesor y sancione en su caso dicho acuerdo o bien de no llegar a éste, proceda en términos de la parte final del invocado artículo 18."

El mencionado criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, fue plasmado en la tesis publicada en la página 575, Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice:

"SUCESORES DE DERECHOS AGRARIOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY AGRARIA ANTERIOR, CUANDO NO SE HIZO LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE. Cuando un ejidatario haya fallecido durante la vigencia de la anterior Ley Federal de Reforma Agraria y le sobrevivan más de dos personas con derecho a heredar se atenderá a lo dispuesto por el artículo 82 de dicha ley en lo que hace a las personas ahí mencionadas con derecho a heredar, porque éstas ya han adquirido un derecho sustantivo en el orden de preferencia ahí establecido; en cambio por lo que toca al procedimiento para la adjudicación de esos derechos sí tendrán aplicación las normas adjetivas previstas en los artículos 18 y 19 de la nueva Ley Agraria."

CUARTO. Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver por unanimidad de votos, el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el juicio de amparo directo número 22/98, promovido por Eduarda Valenzuela Galindo, textualmente sostuvo en su parte conducente lo siguiente:

"I. Este Tribunal Colegiado es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V y VI de la Constitución General de la República, 44, 46, párrafo primero y 158 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, 37, fracción I, inciso b), 38 y quinto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se reclama una sentencia definitiva dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XIII, que corresponde a este tercer circuito. II. El acto reclamado es cierto, pues así lo manifiesta la autoridad señalada como responsable en su informe justificado. La sentencia que lo constituye se sustenta en las consideraciones siguientes: ‘PRIMERO. Que este Tribunal Unitario Agrario del Décimo Tercer Distrito, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con las facultades que se le han conferido por disposición expresa contenida en los artículos 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tercero transitorio del decreto por el que se reformó el aludido artículo constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación, de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; 163, 164, 189 y 5o. transitorio de la vigente Ley Agraria; 1o., 5o., 18, fracciones VII y XIV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; y el acuerdo plenario del Tribunal Superior Agrario de veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, por el cual se modifica la jurisdicción territorial del Distrito Décimo Sexto y se determina la nueva competencia de este Tribunal Unitario, publicado en el aludido órgano de difusión federal el veinticuatro de abril del año precitado. SEGUNDO. En el caso que nos ocupa, la litis se circunscribe en determinar a quién de entre las partes contendientes corresponde el mejor derecho a heredar los derechos agrarios de que fue titular la extinta ejidataria Magdalena Galindo Acosta, quien falleció el veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y seis, respecto de la unidad de dotación amparada con el certificado de derechos agrarios número 2499823, constituida por dos fracciones, a saber: una ubicada en el potrero «El Tepiolole» con superficie aproximada de 4-00-00 (cuatro hectáreas) y la otra en el potrero «Lote número 14» con extensión superficial de 2-00-00 (dos hectáreas). En la especie se trata de un conflicto sobre derechos sucesorios agrarios, para cuya elucidación la abrogada Ley Federal de Reforma Agraria disponía que debían de tomarse en consideración los requisitos que para asumir el derecho a heredar contemplaban los artículos 81 y 82, preponderantemente el relativo a la dependencia económica, que invariablemente debía concurrir. A fin de establecer si tales exigencias se colman entre otras circunstancias, en la propia ley invocada se establecía que ese procedimiento debía iniciar con la opinión que al respecto emitiera la asamblea general de ejidatarios, expresando a quién de los contendientes a su juicio le correspondía el derecho a heredar, opinión que desde luego debía emitirse razonadamente tomando en consideración aquellos requisitos establecidos por el segundo de los citados artículos. TERCERO. Eduarda Valenzuela Galindo y Esteban Valenzuela Galindo, actora y demandado en el controvertido, no ofrecieron pruebas de su intención en el presente sucesorio, a pesar de que como ya se dijo por auto de dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y seis, este tribunal acordó abrir el periodo probatorio común a las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 439 de la Ley Federal de Reforma Agraria, derecho que en ningún momento ejercitaron los litigiosos en tiempo y forma, ya que como se desprende de autos a fojas 317, 318 y 319 el acuerdo aludido les fue notificado de manera legal. No obstante lo anterior, y en estricto acatamiento al principio de verdad material e histórica de que está influido el procedimiento agrario (artículo 186, segundo párrafo, de la Ley Agraria), esta instancia agraria estima pertinente realizar el estudio valorativo de los medios de prueba ofertados por los referidos, en el procedimiento desahogado ante la Comisión Agraria Mixta, probanzas a las que se concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 186 y 189 de la Ley Agraria, en relación con los diversos 197, 202 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; empero con ninguno de dichos medios de prueba ambas partes acreditan haber sido designados sucesores y mucho menos haber dependido económicamente de los frutos que obtenía la de cujus de la explotación de la parcela de la cual era titular, lo anterior se robustece con el contenido del oficio de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cinco, remitido a este tribunal por el subdelegado de Registro y Asuntos Jurídicos, de la Delegación del Registro Agrario Nacional en la entidad, del que se advierte que Magdalena Galindo Acosta, titular del certificado de derechos agrarios número 2499283, no designó ni registró sucesores; documental a la que se concede pleno valor probatorio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 150 y 189 de la Ley Agraria, en relación con los diversos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. No es óbice a lo anterior, el hecho de que obra en el sumario acta de asamblea extraordinaria de ejidatarios, verificada en el poblado del caso, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, relativa a la opinión de la asamblea respecto a quién de los litigiosos, corresponde heredar los derechos en disputa, de la que se tiene que el máximo órgano jurisdiccional se pronunció por mayoría en favor de Esteban Valenzuela Galindo; en virtud de que del análisis del contenido de la referida acta, se colige que dicha opinión no fue emitida tomando en cuenta la dependencia económica de los involucrados en el sucesorio, con respecto a la explotación de la parcela en el tiempo anterior a la muerte de la de cujus; luego entonces, es inconcuso que la multicitada opinión, no puede producir ánimo en la convicción de esta magistratura, para resolver en tal o cual sentido. En congruencia con lo anterior, con fundamento en los artículos 72, 81, 82 y 84 de la Ley Federal de Reforma Agraria, se declara vacante la unidad parcelaria que correspondió a Magdalena Galindo Acosta y se cancela el certificado número 2499823, para que sea el máximo órgano ejidal del poblado de antecedentes, el que la adjudique en los términos establecidos por el primero de los numerales invocados.’. III. Los conceptos de violación hechos valer son del tenor siguiente: ‘Se violan en mi perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales porque en el caso que nos ocupa se pretende privarme del derecho a suceder en los derechos de mi extinta madre Magdalena Galindo Acosta quien fuera titular del certificado de derechos agrarios número 2499823, en razón de que la responsable argumentó que no se acreditó haber tenido el carácter de sucesor en el juicio en comento, ignorando y pasando por alto, la lista que se plasmó en la solicitud al Registro Agrario Nacional de fecha veinticuatro de enero de mil novecientos ochenta y seis, donde la titular realizó la designación, para el caso de fallecimiento, donde a la suscrita la nombra en segundo lugar y en primero al C. Salvador Valenzuela Hernández (nieto) y toda vez que este último no se presentó a reclamar conforme a ese orden establecido en dicha designación corresponde suceder a la suscrita en sus derechos agrarios; asimismo el tribunal agrario señala en su resolución que el Registro Agrario informó que no existe designación de sucesores por la extinta titular, dicho señalamiento no es obstáculo para invalidar la designación que sí se realizó en la solicitud, en la cual manifiesta su consentimiento estampando su firma y huella digital como consta en las actuaciones del expediente natural y que no fue objetada, por lo que considera la de la voz que se cumplió correctamente con lo ordenado por el numeral 81 de la anterior Ley Federal de Reforma Agraria que a la letra dice: «El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la unidad de dotación y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, de entre su cónyuge e hijos, y en defecto de ellos, a la persona con la que haga vida marital, siempre que dependan económicamente de él ...». De lo que se deduce, que la no inscripción no afecta la validez de dicha designación, a lo que resulta aplicable el siguiente criterio jurisprudencial: «AGRARIO. SUCESORES, DESIGNACIÓN DE. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL NO LA AFECTA. A la designación de sucesores, sobre los derechos de tierras de ejidatarios, no le afecta la ausencia de su inscripción en el Registro Agrario Nacional, porque si bien, de acuerdo con el artículo 443 de la Ley Federal de Reforma Agraria, la anotación en el Registro Agrario Nacional, acredita los derechos de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios sobre tierras, bosques, pastos y aguas; sin embargo, la función de dicho registro, como institución análoga al Registro Público de la Propiedad, es la de dar publicidad a los actos jurídicos y de que éstos surtan efectos contra terceros.». Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito. Amparo directo 436/94. Isabel Pérez López. 20 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretaria: Julieta Ma. Elena Anguas Carrasco. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: Octava Época. Tomo: XV-II Febrero. Tesis: II.1o.C.T.89 A. Página: 194. Por otro lado la responsable viola en mi perjuicio los artículos 82 de la anterior Ley Federal de Reforma Agraria en relación con el 18 de la nueva Ley Agraria al declarar que la parcela quedara vacante, pues suponiendo sin conceder que no se acreditara haber sido designado sucesor, debió abrirse la sucesión legítima pues de las documentales presentadas en el expediente natural iniciado en la extinta Comisión Agraria Mixta, aparece plenamente demostrado mi entroncamiento con la de cujus, con el acta de nacimiento correspondiente, así mismo el acta de defunción de mi extinta madre, situación esta que el Tribunal Unitario Agrario no contempló, por lo que ante tal supuesto el procedimiento correcto es el que señalan los artículos 18 y 19 de la Ley Agraria para realizar la adjudicación, por lo que considero que en el caso a estudio de adecua (sic) a lo que resalta el primero de estos numerales, pues señala que cuando resultan dos o más personas con derecho a heredar, gozaran éstos de un término para ponerse de acuerdo quién de entre ellos conservará esos derechos y para el caso de que no se pusieran de acuerdo, el tribunal agrario proveerá a la venta de dichos derechos ejidales, repartiendo el producto, en partes iguales entre las personas con derecho a heredar, robusteciendo lo anterior con la siguiente tesis jurisprudencial que a la letra dice: «SUCESORES DE DERECHOS AGRARIOS DURANTE LA LEY AGRARIA ANTERIOR, CUANDO NO SE HIZO LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE. Cuando un ejidatario haya fallecido durante la vigencia de la anterior Ley Federal de Reforma Agraria y le sobrevivan más de dos personas con derecho a heredar se atenderá a lo dispuesto por el artículo 82 de dicha ley en lo que hace a las personas ahí mencionadas con derecho a heredar, porque éstas ya han adquirido un derecho sustantivo en el orden de preferencia ahí establecido; en cambio por lo que toca al procedimiento para la adjudicación de esos derechos sí tendrán aplicación las normas adjetivas previstas en los artículos 18 y 19 de la nueva Ley Agraria.». Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. Amparo directo 141/95. Reyna María Conde Cruz. 5 de abril de 1995. Mayoría de votos. Ponente: Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Disidente: Nicolás Nazar Sevilla. Secretaria: Griselda Sáenz Horta. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Época: Novena Época. Tomo: II, diciembre de 1995. Tesis: XVIII.2o.1 A. Página: 575. Con esto se demuestra que la autoridad responsable violó mis garantías de legalidad y seguridad jurídica, al dictar la resolución aquí combatida razón por la cual acudo a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se reponga el procedimiento atendiendo las violaciones aquí expresadas.’. IV. Los conceptos de violación transcritos son jurídicamente ineficaces para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, y ni aun supliendo su deficiencia como lo disponen los artículos 76 bis, fracción III y 227 de la Ley de Amparo, se llegaría a conclusión contraria, como enseguida se verá. En efecto, el tribunal responsable, para determinar que ninguno de los contendientes demostró tener derecho alguno a heredar la unidad de dotación amparada con el certificado de derechos agrarios número 2499823, que perteneciera a Magdalena Galindo Acosta y como consecuencia para declarar vacante la unidad de dotación, consideró en lo que atañe a la quejosa, medularmente que la abrogada Ley Federal de Reforma Agraria disponía, respecto de los derechos sucesorios, que debían tomarse en consideración los requisitos que contemplaban los artículos 81 y 82 de dicha ley, preponderantemente el relativo a la dependencia económica; que ni Eduarda Valenzuela Galindo ni Esteban de los mismos apellidos, hijos de la extinta titular, ofrecieron pruebas en el juicio sucesorio a pesar de que se abría el periodo probatorio común de las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 439 del mencionado ordenamiento legal, ello a pesar de que el acuerdo relativo les fue notificado de manera legal; que sin embargo al analizar y valorar los medios de prueba ofrecidos en el procedimiento desahogado ante la Comisión Agraria Mixta, a las que les dio pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 186 y 189 de la Ley Agraria en relación con el 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles; concluyó que de esos medios de convicción ninguna de las partes acreditaron haber sido designados como sucesores y mucho menos haber dependido económicamente de los frutos que obtenía la de cujus de la explotación de la parcela; que ello se robustecía con el contenido del oficio de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cinco remitido por el subdelegado de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional, del que se advertía que la titular del certificado de derechos agrarios no designó ni registró sucesores, documental a la que dio pleno valor probatorio. Tal determinación del Tribunal Agrario responsable no se encuentra objetivamente incorrecta, ya que, en primer lugar, como lo consideró la responsable en el caso, la ley aplicable es la Ley Federal de Reforma Agraria derogada pues el fallecimiento de la titular de los derechos agrarios en conflicto, acaeció en la vigencia de esa ley. Por tanto, es correcta la aplicación de los preceptos legales mencionados por el Magistrado agrario. Ahora bien, es cierto que en la sentencia reclamada el Magistrado sostuvo que ninguna de las partes acreditaron haber sido designados sucesores, sin mencionar la solicitud de fecha veinticuatro de enero de mil novecientos ochenta y seis, en la que, al parecer la titular designó como sucesores, en primer lugar a Salvador Valenzuela Hernández, en segundo a Eduarda Valenzuela Galindo (aquí quejosa) y en tercero a Ignacio Valenzuela Galindo (foja 23 del juicio agrario), también es verdad que estableció que el subdelegado del Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en esta entidad, signó un oficio del que se advertía que la titular de los derechos no designó ni registró sucesores; documental a la que otorgó pleno valor probatorio. Luego, no obstante que existiera el documento a que alude la quejosa, como el mismo nunca fue presentado ante el Registro Agrario Nacional para el efecto de que se realizara la inscripción correspondiente, éste no surte efectos como lo pretende la referida quejosa. Razón por la que este tribunal no comparte las tesis bajo el rubro: ‘AGRARIO. SUCESORES, DESIGNACIÓN DE. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL NO LA AFECTA.’, que se hace valer, y en cambio comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito plasmado en la tesis del texto siguiente: ‘AGRARIO. DESIGNACIÓN DE SUCESORES DE DERECHOS DE CARÁCTER, DEBEN CONSTAR EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. La facultad que establece el artículo 81 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en favor de los titulares de derechos agrarios, para designar a sus sucesores, no se ejerce con la simple elaboración de la solicitud relativa, sino que es necesario que ésta se haga llegar al Registro Agrario Nacional y que ante esa oficina registral se realicen las inscripciones o asientos y, en su caso las cancelaciones de anteriores designaciones, para que así pueda producir efectos el uso de la facultad a que alude el artículo 81 de la repetida ley, pues el diverso artículo 443 de la misma, refiere que la inscripción ante el Registro Agrario Nacional acreditará los derechos de los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, sobre tierras, bosques, pastos o aguas, así como la modificación que sufran esos derechos.’. Pero lo más importante resulta en que el tribunal agrario consideró que la Ley Federal de Reforma Agraria, en casos como el presente, que no había designación de sucesores, establecía como requisito preponderante para heredar, la dependencia económica, requisito que, sostuvo, ninguna de las partes había acreditado. Por ende, es evidente que se trató de una sucesión legítima, y que la quejosa tuvo oportunidad de aportar las pruebas que estimara pertinentes, lo que no hizo, pues para ello no basta que haya demostrado su entroncamiento con la de cujus y la defunción de esta última. Aquí es pertinente destacar que durante el trámite del conflicto posesorio; esto es, antes del cambio a sucesorio, la quejosa ofreció pruebas testimonial y confesional a cargo de Esteban Valenzuela Galindo (tercero perjudicado), en éstos se formularon cuestiones que atañen a la dependencia económica. En la testimonial, la pregunta décima es de tenor siguiente: ‘A la décima. Que diga el testigo si sabe y le consta que la señora Magdalena Galindo Acosta estuvo bajo la dependencia económica de la señora Eduarda Valencia Galindo.’ (foja 70); el testigo José Ayala Vega contestó: ‘Que sí le consta.’; Calixto Barco Bañuelos, respondió: ‘Que no le consta.’, y por último Jesús Sigala Ramos dijo: ‘Que sí le consta.’. Como se ve, uno de los testigos señaló que no le constaba la dependencia económica y si bien los restantes respondieron que sí, es evidente que la pregunta formulada llevaba implícita la respuesta; es decir; los testigos no convinieron en lo esencial y segundo, los dos que dijeron les constaba la dependencia económica, no declararon por sí mismos los hechos, sino que en la pregunta se encontraba

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5686-c1e544c0/sucesores-de-derechos-agrarios-aplicacion-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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