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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2000-PL. · Registro digital (IUS): 7115
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO EN CONTRA DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, , Pág. 268.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2000-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO EN CONTRA DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-La parte considerativa de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja número 6/2000, es del tenor siguiente:

"PRIMERO.-Este Tribunal Colegiado de Circuito, es competente para conocer y resolver el presente recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.-SEGUNDO.-El auto materia de la queja, textualmente expresa: ‘Celaya, Guanajuato, a nueve de febrero de dos mil.-Vistos los autos del cuaderno principal del juicio de garantías de cuenta y como se ordena en auto de esta fecha, con fundamento en los artículos 124, 130, 131 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 67/2000, promovido por Nicolás Martínez Romero, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia Civil, con sede en la ciudad de León, Guanajuato, y otra autoridad. En consecuencia, pídase el informe previo que deberán rendir las responsables por duplicado dentro del término de veinticinco horas, contado a partir de la fecha en que reciban el oficio de notificación, enviándoles al efecto copia simple de la demanda. Cítese a las partes a la audiencia incidental que deberá tener verificativo a las nueve horas con quince minutos del diecisiete de febrero próximo.-Ahora bien, toda vez que se encuentran reunidos en el caso los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, ya que en primer lugar, esta suspensión fue solicitada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, no se contravienen disposiciones de orden público, puesto que no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni mucho menos se le infiere daño alguno, además que de ejecutarse el acto reclamado sería difícil la reparación de los daños y perjuicios; en consecuencia, se decreta la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan, esto es, el impetrante de garantías no sea molestado en la posesión que dice tener sobre el bien inmueble ubicado en la calle Francisco I. Madero, número 26 (veintiséis) de la ciudad de Uriangato, Guanajuato, a que se refiere la escritura pública que acompaña a su escrito inicial de demanda, siempre y cuando no se hayan ejecutado los actos desposesorios reclamados, hasta en tanto se les notifique a las responsables la resolución que sobre la suspensión definitiva se pronuncie en el presente incidente; lo anterior, en virtud de que el quejoso acredita presuntivamente el interés jurídico que le asiste con las constancias que allega, consistente en el testimonio original de la escritura pública número 12,371 (doce mil trescientos setenta y uno), pasada ante la fe del licenciado Arturo Alvarado Chávez, notario público número 3, de la ciudad de Yuriria, Guanajuato, datada el dos de junio de mil novecientos noventa y cinco, relativo al contrato de compraventa celebrado por Roberto Rosiles Pérez, en su carácter de vendedor y el quejoso Nicolás Martínez Romero, como comprador, relativo al bien inmueble cuya desposesión se reclama.-La anterior medida suspensional surtirá sus efectos hasta en tanto la parte quejosa exhiba una garantía a satisfacción de este juzgado, por la cantidad de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 M.N.), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, a excepción de la hipoteca, cantidad que corresponde al diez por ciento del valor actual aproximado señalado por el propio quejoso en su escrito aclaratorio del bien inmueble objeto de la desposesión reclamada, suma que es fijada para garantizar a los terceros perjudicados los posibles daños y perjuicios que se les pudieran ocasionar con la suspensión decretada, en caso de que la parte quejosa no obtenga sentencia favorable en el amparo.-Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, como lo solicita la parte quejosa expídase a su costa y previa razón de entrega que se deje en autos, copias certificadas por duplicado de la presente suspensión.-Notifíquese.’.-TERCERO.-Nicolás Martínez Romero, se encuentra legitimado para interponer el presente recurso de queja, toda vez que figura como parte quejosa en el juicio de amparo donde se emitió la resolución recurrida. Asimismo, dicho recurso ha sido interpuesto dentro del plazo de veinticuatro horas a que se refiere el artículo 97, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que el acuerdo recurrido se notificó por medio de lista, el diez de febrero del dos mil, notificación que conforme a lo dispuesto por la fracción II del artículo 34 de la citada ley, surtió efectos el día hábil siguiente, esto es, el once del indicado mes y año, por lo que el término para la interposición del recurso feneció el 14 de febrero último, fecha en la que se interpuso el recurso.-CUARTO.-El apoderado del recurrente, expresó como agravios los siguientes: ‘I. En primer lugar se impone establecer que la resolución recurrida en lo conducente dice: «... se decreta la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan, esto es, el impetrante de garantías no sea molestado en la posesión que dice tener sobre el bien inmueble ubicado en la calle Francisco I. Madero, número 26 de la ciudad de Uriangato, Guanajuato, a que se refiere la escritura pública que acompaña a su escrito inicial de demanda, siempre y cuando no se hayan ejecutado los actos desposesorios reclamados, hasta en tanto se les notifique a las responsables la resolución que sobre la suspensión definitiva se pronuncie en el presente incidente ...».-Ahora bien, según se advierte, el alcance de la suspensión concedida estriba en que no sea molestado en la posesión del inmueble ubicado en la calle Francisco I. Madero, número 26 de la ciudad de Uriangato, Gto., al que se refiere la escritura que acompaño al escrito inicial de demanda; esto es incongruente con la naturaleza y efectos del acto reclamado.-Se afirma lo anterior, porque esencialmente la reclamación consiste en el embargo y remate de la mencionada finca, la cual tiene efectos privativos del derecho de propiedad, y así mismo, de molestia en el mismo.-Luego entonces, tomando en cuenta que la medida suspensional tiende a evitar que se actualicen los efectos del acto reclamado es incuestionable que la providencia de que se trata, en este caso, debe impedir que se realice la privación de la propiedad como consecuencia del remate del inmueble y no solamente de evitar las molestias consiguientes.-Así las cosas, queda claro que la suspensión concedida por el Juez de Distrito resulta evidentemente limitada en razón de que se ocupa exclusivamente de los efectos desposesorios dejando de lado la afectación inminente de mi propiedad, como consecuencia del procedimiento de remate.-Luego entonces, se impone que ese tribunal declare fundada la presente queja, procediendo a conceder la suspensión provisional, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de realizar adjudicación alguna del inmueble multicitado en el procedimiento de remate reclamado, lo mismo que de realizar cualquier acto de molestia que pudiera traducirse en desposeimiento en perjuicio del suscrito.-II. Por otro lado, no pasa desapercibida la circunstancia de que se estableció que la suspensión surtiría sus efectos una vez que otorgara la fianza al respecto fijada; sin embargo, esa determinación se aparta del artículo 139 de la Ley de Amparo en vigor, en el sentido de que surte sus efectos desde luego, pero deja de surtirlos si no se otorga la fianza dentro de los 5 (cinco) días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del proveído, luego entonces, también se debe de declarar fundada esta impugnación con la modificación consecuente.’.-QUINTO.-Resultan fundados en parte e infundados en otra, los motivos de agravio expuestos por el recurrente, como se pondrá de manifiesto con las consideraciones siguientes: En el primero de los motivos de inconformidad, aduce el impugnante que el Juez Quinto de Distrito en el Estado, quien emitió el acuerdo recurrido, indebidamente limitó los alcances de la medida cautelar concedida en el incidente de suspensión relativo, pues sólo expresó que aquélla tendría el efecto de que el quejoso no fuera molestado en la posesión del inmueble ubicado en la calle Francisco I. Madero, número 26 de la ciudad de Uriangato, Guanajuato, lo cual, a juicio del recurrente, deviene en una incorrección del citado juzgador federal, dado que los actos reclamados en el juicio constitucional se hicieron consistir en la diligencia de embargo, su aprobación y el acuerdo relativo que ordena sacar a remate los bienes secuestrados judicialmente dentro del juicio ejecutivo mercantil número 300/94, y que por lo tanto, la providencia de que se trata, debe también impedir que se realice la privación de la propiedad como consecuencia del remate del inmueble de su propiedad, y no solamente suspender los actos de molestia consiguientes.-En el mismo orden de ideas, continúa argumentando el promovente del amparo, ahora recurrente, que los efectos de la suspensión provisional del acto reclamado deben establecerse de manera que las autoridades señaladas como responsables, se abstengan de realizar la adjudicación del bien raíz identificado en la demanda de garantías y respecto del cual ostenta el derecho real de propiedad, lo mismo que de realizar cualquier acto de molestia que pudiera traducirse en un desposeimiento de aquel inmueble.-En primer término, resulta pertinente establecer que, tal cual lo asevera el promovente del recurso de nuestra atención, la suspensión del acto reclamado tiene como fin primordial evitar que se actualice la consumación del acto reclamado o de sus efectos inherentes, preservando de esa manera la materia del juicio constitucional; empero, en virtud de que es norma de orden público que las contiendas judiciales no se vean paralizadas y que se diluciden en el menor tiempo posible, no es correcto mandar suspender el procedimiento encaminado a sacar a remate los bienes embargados en el juicio de que se trata, ni aun so pretexto de con ello evitar la afectación al derecho de propiedad, en este caso del impugnante, porque tal circunstancia implicaría la interrupción del procedimiento judicial de ejecución en el juicio de origen, que se encuentra pendiente de realizarse; luego, en el caso del procedimiento de remate, la suspensión no puede otorgarse sin restricción alguna; atento a lo expuesto, es procedente concederla buscando evitar, por una parte, que los actos reclamados no causen al quejoso perjuicio de difícil o imposible reparación y por otra, que el procedimiento judicial no se vea interrumpido con motivo de la providencia cautelar solicitada.-Ahora bien, cuando se reclama en el juicio de garantías, como ocurre en el caso concreto, el posible remate de bienes, resulta patente que sí existe materia de suspensión, aun respecto de los efectos consiguientes de la venta judicial, tales como la escrituración, la inscripción en el Registro Público y la puesta en posesión del adjudicatario del inmueble correspondiente; por ello, cabe conceder en esos supuestos la suspensión provisional y, en su caso, la definitiva de aquellos actos que se constituyen como consecuencia directa y necesaria del que es reclamado en el juicio de amparo, pues como ya se tiene expuesto, la materia de la suspensión no se circunscribe al acto reclamado en sí mismo, en este caso, el acuerdo que ordena sacar a remate el bien inmueble que aduce es de su propiedad, sino también deben considerarse los efectos que racionalmente pueda llegar a producir, o sea, la ejecución, específicamente lo relativo al tiraje de la escritura de traslación de dominio, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y la entrega de la posesión, pues no obstante que aquellos aún no se producen y ni siquiera se han ordenado, ello no imprime a tales actos la característica de inciertos o improbables, porque son consecuencia inmediata y directa del remate y su aprobación, impugnados en el juicio constitucional.-Con base en la anterior exposición, cabe concluir que en el caso particular, la medida cautelar otorgada al inconforme no sólo debe evitar un acto de molestia a la posesión o detentación material del inmueble referido, sino que ha de incluir en sus efectos que la autoridad responsable se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a la actualización de los efectos directos del remate, tales como los que se han precisado con antelación, pues sólo de esa manera la suspensión del acto reclamado cumplirá la función, que por cierto es de vital importancia, consistente en mantener viva la materia del juicio de garantías, evitando que se consuma el acto reclamado o sus efectos, con los consecuentes perjuicios de difícil reparación para el quejoso.-Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 3060, Tomo LXXXIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: ‘REMATES, SUSPENSIÓN DE LOS.-La suspensión procede no para impedir el remate, sino para que no se realicen las consecuencias necesarias y forzosas que de él se deriven, como son el que se otorgue la escritura de adjudicación respectiva, se inscriba esa escritura en el Registro Público de la Propiedad y se desposea al quejoso de los bienes rematados, porque tales actos son inminentes, en razón de que forzosamente tendrán que realizarse como una consecuencia del remate.’. Consecuencia de lo anterior, es ordenar la modificación del acuerdo impugnado, para que el resolutor federal, con base en los lineamientos del presente fallo, considere en los efectos de la suspensión las consecuencias inherentes del remate reclamado en el juicio de garantías, tales como el otorgamiento de la escritura respectiva al adjudicatario y la inscripción condigna ante la institución de difusión y registro relativa.-SEXTO.-Por cuanto atañe a lo aducido por el inconforme, en el sentido de que también debe suspenderse la adjudicación como consecuencia directa del remate, tal pretensión es insostenible jurídicamente, pues el remate en sí mismo constituye una diligencia del orden procesal inscrita en el procedimiento de ejecución forzosa que no puede dejar de llevarse a cabo porque importaría la paralización de una serie de actos que tienen como finalidad la ejecución de una condena de carácter irrevocable y que por lo tanto no puede suspenderse, en la medida que la sociedad tiene interés en que las sentencias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales se cumplimenten, en este caso, a través del trance y remate de los bienes embargados, para con su producto satisfacer la obligación de pago que pesa sobre el perdidoso en el juicio de origen; luego, en ese orden de ideas, resulta evidente la improcedencia de la medida cautelar contra la citada adjudicación; además, la venta judicial en sí misma considerada no representa aún desde un punto de vista meramente objetivo, una afectación a la esfera patrimonial del quejoso, pues tal afectación sólo se materializará cuando se proceda a la escrituración, a la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y a la entrega de la posesión al beneficiado, en tanto que la molestia por la declaratoria de la adjudicación en la almoneda, desaparece en el caso de que obtenga resolución favorable por cuanto ve al fondo del asunto.-Por otra parte, deviene igualmente fundado el segundo agravio expuesto por el inconforme, en el que manifiesta que el resolutor de amparo, inobservó lo establecido en el artículo 139 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues no obstante que tal dispositivo establece que la suspensión concedida surtirá efectos desde luego, aunque se interponga recurso de revisión y que dejará de surtirlos sólo si el agraviado no cumple con las condicionantes que al efecto le fueron impuestas, el Juez de Distrito del conocimiento, condicionó la vigencia de los efectos de la suspensión ‘hasta en tanto’ se constituyera el monto de la garantía que le fue fijada y que se ubicó en catorce mil pesos, importe que, por cierto, no fue impugnado a través del recurso de queja que ahora se resuelve.-En primer término, es pertinente dejar precisado que las disposiciones del artículo 139 de la Ley de Amparo, relativas a la vigencia de la suspensión a pesar de que no se exhiba la garantía para la reparación de daños y perjuicios, tienen aplicación para el otorgamiento de la suspensión definitiva, porque al establecer el precepto que tal medida ‘... surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión ...’, no se puede referir a la suspensión provisional, porque contra ésta no procede el recurso de revisión, sino el de queja, además, si la eficacia de la suspensión puede llegar hasta los cinco días sin necesidad de la exhibición de la mencionada caución, evidentemente que no puede aplicarse al caso de la provisional, ya que la resolución incidental debe llevarse a cabo en las setenta y dos horas siguientes a la decisión tomada respecto de la medida primigenia. Pese a esa imprecisión, por cuanto ve al precepto que se estima infringido, es evidente que lo toral en los agravios radica en la apreciación acerca de que es incorrecto que se condicione la efectividad de la suspensión concedida a la previa exhibición de la garantía relativa, apreciación que resulta ajustada a derecho.-En efecto, el artículo 125 de la Ley de Amparo, establece que en los casos en que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si el quejoso no obtiene sentencia favorable; sin embargo, tal dispositivo no puede interpretarse conforme a un método meramente gramatical y estimar que tal exigencia constituye un requisito previo para determinar el inicio de vigencia de la suspensión del acto reclamado. Conforme a una interpretación lógica, sistemática y teleológica del precepto en consulta, debe entenderse que la obligación de asegurar la reparación de daños y perjuicios es un requisito para que la providencia cautelar pueda continuar surtiendo sus efectos, y que el acuerdo en que se concede tiene la trascendencia de paralizar de inmediato el acto reclamado contra el cual se otorga.-Si bien el artículo 125 dispone que la suspensión procede si se exhibe la garantía, debe atenderse a que la exhibición de la garantía no es un requisito de procedencia de la medida cautelar, porque tales requisitos están establecidos en el numeral 124 de la ley en consulta y además, porque la falta de exhibición de la caución no trae por consecuencia la negativa de la medida, pues pensar lo contrario sería tanto como determinar a priori que el quejoso no exhibirá la garantía; tan es correcta esta conclusión que la caución puede exhibirse hasta antes de que se resuelva sobre la suspensión definitiva siempre y cuando el acto no se hubiese ejecutado, a lo que cabe agregar, por último, que el propio precepto 125 distingue la procedencia de la suspensión a su ámbito de efectividad cuando prescribe en su primer párrafo que ‘En los casos en que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si ...’, redacción que clarifica el aserto inicial acerca de que la exhibición de la garantía no es requisito de procedencia de la providencia suspensional.-Luego, si la garantía no incide para determinar la procedencia de la suspensión provisional sólo resta dilucidar si la expresión contenida en el artículo 125 de conceder la suspensión, si se cubre la garantía de reparación de daños o perjuicios, permite condicionar la efectividad de la suspensión a la previa exhibición de esa garantía o esa entrega es necesaria para la continuación de la vigencia temporal de la medida hasta en tanto se resuelva lo concerniente a la medida definitiva.-Se considera que la exhibición de la garantía en un plazo determinado, perentorio y breve, es un requisito para que continúe la vigencia de la providencia cautelar, porque si bien el espíritu del artículo 125 es el de proteger, por cuanto ve a su aspecto económico, el interés del tercero perjudicado que tiene a su favor la presunción de legalidad del acto reclamado a la autoridad responsable; sin embargo, no es posible conciliar exactamente ese interés al no menos legítimo del demandante de amparo para que sea suspendido un acto que en su concepto resulta lesivo a algún concreto derecho sustantivo tutelado frente a las autoridades mediante las garantías individuales y se estima que no es posible esa conciliación, porque si bien la exigencia de la previa exhibición de la caución protege al tercero, al propio tiempo genera la posibilidad de la producción de los mismos daños y perjuicios para el quejoso en el caso de que se ejecute el acto reclamado durante el tiempo en que transcurra a partir del acuerdo en que se fije la garantía y hasta que se esté en posibilidad de exhibirla y de notificar lo conducente a las autoridades.-Además, como anteriormente se precisó, por razones de orden teleológico y sistemático, este Tribunal Colegiado considera que la suspensión provisional surte efectos desde luego y que en respeto al interés del tercero y de la disposición del artículo 125, sólo deja de tenerlos si el quejoso no exhibe dentro del plazo que para tal efecto se le conceda la garantía bastante para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con la medida de que se trata.-Ante todo, es pertinente puntualizar que la circunstancia relativa a que en el plazo durante el cual surta efectos la suspensión no esté asegurado el tercero perjudicado respecto de los daños o perjuicios que se le puedan causar con motivo de la suspensión no es motivo bastante para interpretar la ley en el apuntado sentido gramatical, porque la misma situación se presenta para el caso en que se conceda la suspensión definitiva, pues en esta segunda etapa, conforme al artículo 139, la suspensión puede surtir efectos hasta por cinco días sin que previamente se hubiese aportado garantía de reparabilidad alguna.-Además, para la correcta interpretación del artículo 125, debe tenerse en cuenta el principio general de derecho que dispone que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición y si milita determinada causa o motivo jurídico para que en tratándose de la suspensión definitiva, de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 139, esta medida surta efectos desde luego, sin necesidad de previa exhibición de la referida garantía, no existe impedimento jurídico alguno para que esa disposición no pueda regir el ámbito temporal de vigencia de la providencia provisional y, por tanto, considerar que por ese motivo la medida cautelar también surte efectos desde luego y sólo dejará de producirlos en el caso de que en el plazo otorgado no se cubra la garantía exigida en el auto respectivo.-Es preciso destacar que no sería apropiado establecer que el término para la exhibición de la referida caución en tratándose de la suspensión provisional sea de cinco días, por el margen temporal tan reducido que prevé el artículo 131 de la Ley de Amparo, para la fijación de la audiencia incidental; sin embargo, lo que debe recogerse de aquella disposición es que en todo caso corresponderá al Juez fijar de manera prudente y atendiendo a las circunstancias de cada caso un lapso razonable dentro del cual pueda el demandante de amparo y solicitante de la medida cumplir con tal requisitante, so pena de hacer cesar la medida precautoria por incumplimiento del quejoso en ese sentido, con mayor razón si tenemos en cuenta que la figura jurídica de la suspensión se erige como un mecanismo legal que procura evitar el perjuicio de difícil reparación que le produciría al quejoso la ejecución del acto reclamado, con la causación de daños y perjuicios de contenido económico.-Además, este Tribunal Colegiado considera que la interpretación del mencionado numeral 125 no puede hacerse en forma aislada, en virtud de que junto con el 139 pertenecen a un mismo sistema jurídico, en específico el encargado de regular el incidente de suspensión en el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito; luego, todos y cada uno de los preceptos que lo integran tienen un fin específico y descansan sobre bases o principios necesariamente comunes, tales como el acto de autoridad contra el que es procedente el juicio de garantías, de resultar fundados los conceptos de violación, importaría una violación a los derechos sustantivos del gobernado y que nuestra Carta Magna consagra como garantías individuales, de ahí la posibilidad de suspenderlos; así, conforme a la anterior premisa, no puede perderse de vista que la figura principal en el juicio o el titular de la acción constitucional, es el quejoso, no el tercero perjudicado y, por tanto, para la solución del problema sobre el ámbito temporal de vigencia de la suspensión, debe atenderse a lo que dispone el comentado artículo 139 en los términos descritos, lo que a su vez tiene congruencia con lo que sobre el tema dispone el diverso 130 de la misma legislación, el cual establece que en los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, bastará la sola presentación de la demanda, para que el Juez del conocimiento ordene que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, por tanto, como ya se dijo, la efectividad de la medida suspensional no puede ser condicionada a la exhibición de la garantía.-Conforme al método sistemático de interpretación que se ha venido utilizando se considera que el propio dispositivo 139 del ordenamiento invocado, permite confirmar que el momento en que comienza la efectividad jurídica del auto suspensivo, es precisamente desde que la medida cautelar es decretada, si para ello tenemos en cuenta que la parte final de ese normativo, establece que cuando el Tribunal Colegiado revocare la determinación del a quo en que negó la suspensión del acto reclamado, los efectos se retrotraerán al momento en que se notificó a la responsable la suspensión provisional o a cuando se decretó la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo permita; bajo ese contexto, es factible establecer que el momento en que se otorga la garantía no marca el inicio de los efectos de la medida suspensional, sino aquel en que es decretada, y lo relativo al cumplimiento de las requisitantes exigidas sólo asegura la subsistencia de los efectos de dicha medida, sin alterar su nacimiento.-Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que este órgano de control constitucional comparte, visible en la página 666, Tomo XIV-Agosto, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SU OTORGAMIENTO NO PUEDE SUJETARSE A NINGUNA CONDICIÓN PREVIA.-Cuando se promueve un amparo ante un Juez de Distrito, éste no debe condicionar los efectos de la suspensión provisional de los actos reclamados, a la exhibición previa de un garantía, toda vez que la efectividad de tal medida no debe estar sujeta al otorgamiento de aquélla dada su inmediatez. Porque, en efecto, como de la lectura del artículo 130 de la Ley de Amparo se desprende que los efectos de dicha clase de suspensión consisten en que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la responsable sobre la definitiva, y si a ello se agrega que el numeral 139 de la misma ley establece en lo conducente que: «El auto en que un Juez de Distrito conceda la suspensión, surtirá efectos desde luego ...», todo ello conduce a concluir que la exhibición de la aludida garantía únicamente tiene como finalidad que continúe vigente la medida, mas no para que empiece a surtir efectos la citada suspensión, ya que, se reitera, la misma tiene vigencia desde que se concede, es decir, desde luego, y no hasta la presentación de la garantía o hasta que se notifique el auto que la decreta, habida cuenta que la fianza sólo es para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren a terceros si la inconforme no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, de acuerdo con el artículo 125 del citado cuerpo normativo. Por ende, la Juez de Distrito debió decretar la suspensión de mérito sin exigir que la quejosa otorgara previamente la precitada garantía.’.-Ahora bien, en el caso particular de la redacción del acuerdo recurrido, se advierte con claridad que el Juez de Distrito, estableció primeramente su decisión de conceder al quejoso la suspensión de los actos reclamados, precisando los efectos y alcances que a su juicio regirían tal concesión y con ese motivo determinó que la providencia concedida tiene el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y el quejoso no sea molestado en la posesión del inmueble que afirma es de su propiedad; sin embargo, al proceder a determinar el ámbito temporal de esa medida y de fijar las condiciones de eficacia de ella, puntualizó el resolutor de amparo: ‘La anterior medida suspensional surtirá sus efectos hasta en tanto la parte quejosa exhiba una garantía a satisfacci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7115-1319b2aa/suspension-provisional-surte-sus-efectos-desde-luego-sin · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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