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Modo: Corpus Pro

ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. SON IMPUGNABLES, POR REGLA GENERAL, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, HASTA QUE SE PRODUZCA LA RESOLUCIÓN FINAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA FISCAL. ES IMPUGNABLE EN AMPARO AUTÓNOMAMENTE, POR NO FORMAR PARTE DEL PROCEDIMIENTO EN FORMA DE JUICIO EN QUE SE DESENVUELVE LA VISITA. PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA FISCAL. ES IMPUGNABLE EN AMPARO AUTÓNOMAMENTE, POR NO FORMAR PARTE DEL PROCEDIMIENTO EN FORMA DE JUICIO EN QUE SE DESENVUELVE LA VISITA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2000-PL. · Registro digital (IUS): 17555
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, , Pág. 148.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2000-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, de los que se advierte que la reclamación de la visita domiciliaria no involucra amparo contra leyes, y que a continuación se transcriben:

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión número 155/99 consideró, en lo conducente, lo siguiente:

Resolución de nueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, dictada en el amparo en revisión 155/99, promovido por Constructora Herza, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Administración Local de Auditoría Fiscal Número 40 de Veracruz, que dice:

"TERCERO. Resulta innecesario transcribir los agravios esgrimidos por la recurrente, así como estudiar las consideraciones que sustentan la resolución recurrida, en razón de que este Tribunal Colegiado considera que se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados no son definitivos para efectos de la procedencia del juicio de amparo.

"La sociedad quejosa reclamó del administrador local de Auditoría Fiscal Número Cuarenta de Veracruz, con residencia en la ciudad del mismo nombre, la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio número 324-SAT-R5-L40-19918, de ocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, y el acta parcial de inicio de diez del propio mes de septiembre, con número de folio 25491800198001, según se advierte de la lectura integral de la demanda de garantías en cuestión.

"El administrador local de Auditoría Fiscal Número Cuarenta de Veracruz, en oficio número 324-SAT-R5-L40-19918 de ocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, ordenó practicar una visita domiciliaria, en cuyo rubro aparece ‘Constructora Herza, S.A. de C.V.’, con domicilio en Yáñez, lote dos, Los Reyes, en Veracruz, Veracruz, la cual, en la parte que interesa, dice: ‘Esta Administración Local de Auditoría Fiscal Número 40 de Veracruz del Servicio de Administración Tributaria, mediante oficio número 324-SAT-R5-L40-9459 del 4 de septiembre de 1997, notificado el 18 de septiembre de 1997, le solicitó documentos e informes relacionados con sus obligaciones fiscales del ejercicio comprendido del 1o. de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1996. En virtud de que la información y documentación solicitada en el párrafo que antecede no ha sido proporcionada por usted (es), para tener un conocimiento pleno de su situación fiscal. Por lo que esta administración, en el ejercicio de sus facultades, expide la presente orden de visita domiciliaria con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta (o) como sujeto directo y como responsable solidario en materia de las siguientes contribuciones federales: «impuesto al valor agregado e impuesto al activo». De acuerdo a lo anterior, y a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, se expide la presente orden de visita domiciliaria con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7o., fracciones VII y XIII, y tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 2o., último párrafo, 41, primero y segundo párrafos, apartado B, fracción IV, último párrafo y apartado F, número 40, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 1997, reformado por decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 1998, y artículo quinto transitorio del citado fundamento; artículo primero, fracción VI, inciso 8), del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de diciembre de 1996; así como en el artículo 33, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, autorizando para que la lleven a cabo los CC. Rodolfo Rafael Pérez Arenas, Silvia Magaña Campuzano, Rosa María Silva Pasquel, Víctor Arturo Rosete Trujillo, Martín Benito Castillo Castañeda, Jorge Ramón Hernández, José Manuel Moreno Utrera, Lizbeth Castro Armida, María Magdalena Jarquín Lara, Ena Esther Minaya Cantun, visitadores adscritos a esta administración, quienes podrán actuar en el desarrollo de la diligencia en forma conjunta o separadamente. Se deberán mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden todos los elementos que integran la contabilidad, como son, entre otros: los libros principales y auxiliares, los registros y cuentas especiales, papeles, discos y cintas, así como otros medios procesales de almacenamiento de datos, los libros y registros sociales, la documentación comprobatoria de las operaciones de la empresa; y proporcionarles los datos e informes que el mencionado personal requiera durante la diligencia y que tengan relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales objeto de la revisión. Asimismo, se deberá permitir el acceso al establecimiento, oficinas, locales, instalaciones, talleres, fábricas, bodegas y cajas de valores. La revisión abarcará el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1996, señalado al principio de este oficio ...’.

"En cumplimiento de dicha orden de visita, se llevó a cabo acta de visita parcial de inicio contenida en el folio número 25491800198001 (fojas 90 a la 92 del expediente de amparo número 924/98).

"El artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone:

"‘114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"‘...

"‘II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

"‘En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia.’

"Del artículo precedente se advierte que contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y que dicho acto emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento.

"El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en su primer párrafo establece:

"‘Artículo 42. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de comprobar que los contribuyentes o responsables solidarios han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estará facultada para:

"‘...

"‘III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. ...’

"Por su parte, el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación fija las reglas conforme a las cuales los visitadores deben practicar las visitas domiciliarias.

"El procedimiento administrativo de fiscalización se inicia de acuerdo con los artículos 42 y 46 del Código Fiscal de la Federación, a partir de la notificación de la orden de visita que se emite con el fin de determinar y recaudar los créditos fiscales y concluye con la resolución que dicte la autoridad fiscal competente, por lo que el acta que los visitadores autorizados elaboran con motivo de una orden de visita domiciliaria sólo constituye parte del procedimiento de fiscalización, en la que se plasman las consecuencias de los hechos y omisiones que observan los visitadores durante la referida visita, las cuales podrán motivar, en todo caso, la resolución fiscal definitiva en la que se determine un crédito fiscal.

"Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento setenta, Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘VISITA DOMICILIARIA, EL ACTA FINAL O EL DOCUMENTO EN EL QUE LOS VISITADORES DETERMINAN LAS PROBABLES CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS HECHOS U OMISIONES QUE HUBIEREN CONOCIDO DURANTE EL TRANSCURSO DE AQUÉLLA, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN FISCAL DEFINITIVA Y EN SU CONTRA NO PROCEDE JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Si bien es cierto que a partir de las reformas al artículo 46 del Código Fiscal de la Federación que entraron en vigor el día primero de enero de mil novecientos noventa, mediante las cuales se modificaron sus fracciones I y IV, y se adicionó una fracción VII, los visitadores se encuentran facultados para determinar en el acta final de visita o en documento por separado, las consecuencias legales de los hechos u omisiones que hubieren conocido durante el transcurso de la visita; tal determinación es una probabilidad y no un acto definitivo para efectos del juicio de nulidad, en tanto que los asientos de los visitadores forman parte de una etapa del procedimiento administrativo de fiscalización y sólo pueden servir de motivación a la resolución que, en definitiva, emita la autoridad competente expresamente facultada para ello por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual no está obligada a realizar la determinación correspondiente en los mismos términos en que lo hicieron los visitadores.’.

"En esa tesitura, debe estimarse que la orden de visita domiciliaria reclamada, contenida en el oficio número 324-SAT-R5-L40-19918, de ocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal Número Cuarenta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el acta parcial de inicio descrita en líneas precedentes, no son actos definitivos para la procedencia del juicio de amparo, sino que sólo constituyen actos que forman parte de las etapas del procedimiento de fiscalización, por lo que al no constituir la resolución definitiva del mismo, el presente juicio de amparo es improcedente.

"En consecuencia, como los actos reclamados no son definitivos, se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo y, por ende, procede revocar la sentencia que se revisa y sobreseer en el juicio de garantías de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal invocado.

"Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia 813, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que este Tribunal Colegiado comparte, consultable en la página seiscientos veinte, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, que dice: ‘ACTAS DE VISITA. AMPARO IMPROCEDENTE EN SU CONTRA. POR NO CONSTITUIR RESOLUCIONES FISCALES DEFINITIVAS. El acta que se levanta con motivo de una visita domiciliaria, contiene una relación de hechos respecto de determinada situación, que advierten los visitadores, quienes no son autoridades que puedan determinar, válidamente, la situación jurídica del particular, pues su función solamente consiste en cerciorarse, conforme a la facultad conferida en la orden de visita correspondiente, de la cual es consecuencia legal y directa, del cumplimiento a las obligaciones fiscales del particular, precisando en todo caso las infracciones que consideren haber encontrado en la visita practicada. De ahí que el juicio de garantías resulta improcedente, y debe sobreseerse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracciones V y XVIII, en relación con los artículos 107 de la Constitución Federal y 114, fracción II, párrafo segundo, de la citada ley, puesto que no se está en el caso de una resolución definitiva emitida por autoridad administrativa competente.’.

"Este criterio ya fue sustentado por este Tribunal Colegiado, al resolver con fecha ocho de mayo del año retropróximo, por unanimidad de votos, el amparo en revisión número 13/98, promovido por Julia González Aguilera, asociante de la asociación en participación denominada ‘Julia González Aguilera, A. en P.’."

La tesis derivada del anterior criterio se identifica con el número VII.2o.A.T.18 A, la cual es consultable en la página 1015 del Tomo XI, correspondiente a marzo del año dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA Y ACTA PARCIAL DE INICIO. AMPARO IMPROCEDENTE POR NO CONSTITUIR RESOLUCIONES FISCALES DEFINITIVAS. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 42 y 46 del Código Fiscal de la Federación, el procedimiento administrativo de fiscalización se inicia a partir de la notificación de la orden de visita que se emite con el fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar contribuciones omitidas y créditos fiscales, y concluye con la resolución que dicte la autoridad fiscal competente, por lo que la orden de visita domiciliaria y el acta parcial de inicio respectiva no son actos definitivos para la procedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, sino que sólo forman parte de las etapas de ese procedimiento de fiscalización, y podrán motivar la resolución definitiva en la que se determine un crédito fiscal, motivos por los que el juicio de amparo que se promueva en su contra es improcedente y debe sobreseerse en el mismo con fundamento en los artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II y 74, fracción III, de la propia ley."

II. Por otra parte, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se apoyó en las consideraciones de la ejecutoria que a continuación, en lo conducente, se transcribe.

Sentencia de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, dictada en la revisión fiscal 1054/94, interpuesta por el administrador de lo contencioso "2" de la Administración General Jurídica de Ingresos, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, que dice:

"CUARTO. Son infundados los agravios hechos valer por la autoridad recurrente como a continuación se pasa a demostrar. Sustancialmente los agravios se reducen a dos puntos: a) Que si el actor consideró que la visita domiciliaria A.I.20646/90 le causaba perjuicio, debió haber promovido juicio de amparo contra la misma desde el momento de su expedición, pues ésta no se refería a un acto de tracto sucesivo, ya que la misma se perfeccionó al autorizarse por la autoridad competente para emitirla, por lo que al no haberse impugnado así constituir (sic) un acto consentido y, b) Que la Sala responsable al considerar que en la orden de visita domiciliaria no se señaló el periodo a revisar debió haber decretado la nulidad de la providencia recurrida para el efecto de subsanar dicha irregularidad.

"Por su parte, la responsable declaró la nulidad lisa y llana de las resoluciones contenidas en los oficios 29751 y 29585 de fecha (sic) ambos de veintiséis de junio de mil novecientos noventa y dos, por estimar que en la orden de visita respectiva no se indicó el periodo sujeto a revisión, ya que se dejó, en la orden respectiva, en blanco la parte que correspondió a la fijación del periodo objeto de la visita.

"Ahora bien, por lo que hace a los argumentos a que se refiere el inciso a) debe decirse lo siguiente:

"La orden de visita constituye indudablemente un acto de autoridad fiscal, concretamente en el caso, ya que ella entraña una manifestación unilateral y externa de voluntad, en la que se expresa la decisión de la autoridad que la emite para introducirse a través de sus agentes al domicilio particular, social o fiscal del sujeto pasivo designado en la orden; ahora bien, la orden de visita domiciliaria es un acto jurídico permitido por la Constitución Federal cuando tenga como finalidad cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, así como exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales (párrafo segundo, primera parte, de su artículo 16); sin embargo, la constitucionalidad de la orden como de la visita misma se encuentran sujetas a reglas que establecen tanto la propia Constitución como las leyes secundarias, así la Carta Magna dispone en la parte final del párrafo citado que las visitas domiciliarias deberán acatar lo que al respecto establezcan las leyes respectivas y satisfacer las formalidades prescritas para los cateos.

"Como acto de autoridad que implica la imposición de una molestia en perjuicio de un particular debe satisfacer, además, los requisitos formales a que alude la primera parte del artículo 16 constitucional, esto es, debe ser emitida por escrito, por autoridad competente y constar el fundamento legal así como el motivo por el cual se expide.

"La naturaleza jurídica del acto de molestia implica la posibilidad de ser impugnada a través de los recursos, juicios o medios de defensa establecidos en la ley, bien que se le considere como un acto mediante el cual se inicia el procedimiento administrativo de verificación fiscal, o se estime que se trate de un acto autónomo; impugnación que debe realizarse dentro de los términos que al efecto establezcan las leyes de la materia, ya que no es factible admitir que tal acto autoritario como cualquier otro que pudiera tener como consecuencia la alteración del status jurídico del gobernado consagrado en las garantías constitucionales tuvieran que soportarse por éste, no obstante su manifiesta inconstitucionalidad. Lo anterior no implica el desconocimiento de lo que establece la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, porque éste prevé la procedencia del juicio constitucional contra actos reclamados que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo contra la resolución definitiva, momento en el cual podrán reclamarse tanto las violaciones cometidas durante el procedimiento como en la resolución misma, lo que determina la improcedencia del juicio de garantías contra actos que se den dentro del procedimiento. Se dice que no se desconoce este presupuesto legal porque en él se estatuye la improcedencia referida cuando el procedimiento se ha seguido en forma de juicio, característica que no satisface el procedimiento de verificación fiscal, ya que aquél, el que se sigue en forma de juicio, implica la sujeción a términos y a un procedimiento más rigorista, más formal, en tanto que éste, el administrativo, sólo debe satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento para dar así cumplimiento a la garantía de audiencia.

"No obstante lo antes señalado, el gobernado, por razones muy particulares, verbigracia, que le resulte conveniente el que la autoridad fiscal constate que ha cumplido cabalmente con las disposiciones legales aplicables, o que se determine la existencia de algún error u omisión en su situación fiscal, o bien, porque la orden de visita al satisfacer todos los requisitos constitucionales o legales deba llevarse a cabo, admita la realización de los actos que conlleva la visita, no puede, no debe implicar que admita la consecuencia de ella y que todos los actos autoritarios que pudieran afectar de manera grave sus derechos puedan refutarse como derivados de la visita consentida; queda, por tanto, a la opción del particular afectado impugnar de inmediato la práctica de la visita a partir de que tiene conocimiento de la orden o esperar al resultado de ella, si es contraria a su derecho, tal como dispone la tesis de jurisprudencia consultable en los Volúmenes 103-108, página 309, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘VISITAS DE INSPECCIÓN O AUDITORÍA. OPORTUNIDAD DE SU IMPUGNACIÓN.’.

"Las anteriores razones llevan a este tribunal a interrumpir el carácter obligatorio de la tesis jurisprudencial que invoca la autoridad recurrente.

"Por lo mismo, se reitera que la primera parte del agravio que se estudia debe considerarse infundado. ..."

De la ejecutoria transcrita emergió la tesis aislada que se identifica con el número I.4o.A.776 A, la cual es consultable en la página 492 del Tomo XIV, correspondiente a noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice:

"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA PUEDE SER IMPUGNADA DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS A PARTIR DE SU INICIO, POSTERIORMENTE DURANTE SU DESARROLLO O POR SUS CONSECUENCIAS CUANDO CONCLUYA LA VISITA. La orden de visita constituye sin duda alguna un acto de autoridad, ya que entraña una manifestación unilateral y externa de voluntad, emitida por un servidor público en ejercicio de funciones públicas, en ella se expresa la decisión de la autoridad para introducirse, a través de sus agentes, al domicilio particular, social o fiscal del sujeto pasivo designado en la orden de visita; ésta es un acto jurídico permitido por la Constitución Federal, cuando tenga como finalidad cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, así como exigir se exhiban los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales (párrafo segundo, primera parte del artículo 16 constitucional); sin embargo, la constitucionalidad de la orden como de la visita misma, se encuentran sujetas a reglas que establecen tanto la propia Constitución como las leyes secundarias; así, la Carta Magna dispone en la parte final del párrafo citado, que las visitas domiciliarias deberán acatar lo que al respecto establezcan las leyes respectivas y satisfacer, además, las formalidades prescritas para los cateos. Como acto de autoridad que implica imponer una molestia en perjuicio de un particular, debe cumplir con los requisitos formales a que alude la primera parte de aquel precepto constitucional; esto es, debe ser emitida por autoridad competente, por escrito, en el que conste el fundamento legal así como el motivo por el cual se expide. La naturaleza jurídica del acto de molestia implica la posibilidad de ser impugnado de inmediato a través de los recursos, juicios o medios de defensa establecidos en las leyes, bien que se le considere como un acto mediante el cual se inicia el procedimiento de verificación o se le considere como un acto autónomo; impugnación que debe realizarse dentro de los plazos que al efecto establezcan dichas leyes. No es factible admitir que ese acto autoritario, como cualquier otro que pudiera tener como consecuencia la alteración del status jurídico del gobernado, tuviera que ser soportado por éste hasta la conclusión de la visita no obstante su manifestada inconstitucionalidad. Lo anterior no implica el desconocimiento de lo que establece la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, porque este dispositivo limita la procedencia del juicio constitucional contra actos que emanen de un procedimiento que se siga en forma de juicio, para hacerlos proceder sólo contra la resolución que en definitiva se dicte, momento en el que podrán reclamarse tanto las violaciones cometidas durante el procedimiento como en la resolución misma. No se desconoce el presupuesto de esa fracción y artículo porque en ella se estatuye la improcedencia cuando el procedimiento se ha seguido en forma de juicio, característica que no satisface el procedimiento de verificación fiscal; ya que aquél, el que se sigue en forma de juicio, como sucede, verbigracia en los procedimientos que se siguen ante la Comisión Nacional Bancaria o en la de Seguros y Fianzas, ante la Procuraduría Federal del Consumidor o los que se siguen para dirimir las controversias sobre propiedad industrial, la sujeción a los términos, ofrecimiento y desahogo de pruebas es más rigurosa, más formal; en tanto que en el procedimiento administrativo se trata de una secuencia de actos con una finalidad común, en el que sólo deben satisfacerse las formalidades esenciales del procedimiento para dar así cumplimiento a la garantía de audiencia. No obstante lo señalado, por razones muy particulares el afectado puede consentir la visita porque le resulte conveniente el que la autoridad constate que ha cumplido cabalmente con las disposiciones legales aplicables, o para que se le determine la existencia de algún error u omisión en que hubiere incurrido, o porque considere que la orden de visita satisface todos los requisitos constitucionales y legales, y que por lo mismo debe llevarse a cabo. Sin embargo, tal hecho no puede, no debe implicar que admita las consecuencias de ella y que todos los actos autoritarios que pudieran darse durante su desarrollo y que afectaran de manera grave sus derechos sustantivos, se deben reputar como derivados de la visita consentida, queda por tanto a opción del particular afectado impugnar de inmediato la práctica de la visita a partir de la orden misma, o esperar al resultado de ella, si estima que es contraria a sus derechos."

TERCERO. Atendiendo a los relacionados criterios, corresponde ahora verificar, previamente, si en el caso existe o no la contradicción denunciada entre los criterios sustentados por ambos Tribunales Colegiados de Circuito.

Para ello es necesario tener presente que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas requiriéndose, asimismo, que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente idénticos.

Es aplicable la jurisprudencia número 4a./J. 22/92, de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, tomo 58, octubre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

CUARTO. A fin de facilitar la resolución del presente asunto, es conveniente sintetizar las resoluciones de los Tribunales Colegiados, destacando sólo los aspectos fundamentales que se dieron en cada caso y que pueden dar origen a la contradicción.

A) El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión número 155/99, promovido por Constructora Herza, Sociedad Anónima de Capital Variable, consideró innecesario transcribir los agravios, por lo siguiente:

Que se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados no son definitivos para la procedencia del juicio de garantías. La empresa quejosa reclamó la orden de visita domiciliaria de fecha ocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, y el acta parcial de inicio de diez de los propios mes y año. El procedimiento administrativo de fiscalización se inicia, de acuerdo con los artículos 42 y 46 del Código Fiscal de la Federación, a partir de la notificación de la orden de visita que se emite con el fin de determinar y recaudar los créditos fiscales y concluye con la resolución que dicte la autoridad fiscal competente, por lo que el acta que los visitadores autorizados elaboran con motivo de una orden de visita domiciliaria, sólo constituye parte del procedimiento de fiscalización, en la que se plasman las consecuencias de los hechos y omisiones que observan los visitadores durante la visita, las que podrán motivar, en todo caso, la resolución fiscal definitiva en la que se determine un crédito fiscal; en apoyo de lo anterior invocó la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 16/96, de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 170, Tomo III, abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "VISITA DOMICILIARIA, EL ACTA FINAL O EL DOCUMENTO EN EL QUE LOS VISITADORES DETERMIN

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17555-4ca5e005/actas-de-visita-domiciliaria-son-impugnables-por-regla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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