JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE FUNDAR Y MOTIVAR SUS ACTOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/2001-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver la revisión fiscal 27/98, promovida por el administrador local jurídico de Ingresos de Mérida, en sesión de 1o. de octubre de 1998, por unanimidad de votos, sostuvo la tesis número XIV.1o.8 K, que aparece publicada en la página 1061 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, que es del tenor siguiente:
"JURISPRUDENCIA. ES OBLIGATORIA PARA LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE DIMANA DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo que determinan la obligatoriedad de la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o en Salas y cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, se refieren de manera genérica a órganos jurisdiccionales sin hacer mención a las autoridades administrativas, éstas también quedan obligadas a observarla y aplicarla, lo cual se deduce del enlace armónico con que se debe entender el texto del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal y el séptimo párrafo del artículo 94 de la misma Codificación Suprema; ello porque, por un lado, la jurisprudencia no es otra cosa sino la interpretación reiterada y obligatoria de la ley, es decir, se trata de la norma misma definida en sus alcances a través de un procedimiento que desentraña su razón y finalidad; y por el otro, que de conformidad con el principio de legalidad que consagra la primera de las disposiciones constitucionales citadas, las autoridades están obligadas a fundar y motivar en mandamiento escrito todo acto de molestia, o sea que deberán expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo. Por tanto, conjugando ambos enunciados, obvio es que para cumplir cabalmente con esta obligación constitucional, toda autoridad deberá no solamente aplicar la ley al caso concreto, sino hacerlo del modo que ésta ha sido interpretada con fuerza obligatoria por los órganos constitucional y legalmente facultados para ello. En conclusión, todas las autoridades, incluyendo las administrativas, para cumplir cabalmente con el principio de legalidad emanado del artículo 16 constitucional, han de regir sus actos con base en la norma, observando necesariamente el sentido que la interpretación de la misma ha sido fijado por la jurisprudencia."
El anterior criterio deriva de las consideraciones emitidas al resolver la revisión fiscal 27/98 del índice de ese Tribunal Colegiado que, en la parte conducente, señala:
"Finalmente, y contra lo que aduce el recurrente acerca de la aplicación analógica de jurisprudencia que realiza la Sala Regional Peninsular, es conveniente hacer las siguientes precisiones.
"De conformidad con el séptimo párrafo del artículo 94 de la Constitución Federal, la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación.
"Al desarrollar esta atribución constitucional, el legislador determinó en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionado en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
"En su artículo 193 se ordena que la jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
"Ambos dispositivos describen lo que la doctrina ha reconocido como jurisprudencia por reiteración, misma que se integra siempre que lo resuelto se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas con las votaciones calificadas que en cada caso establece la norma, particularmente las disposiciones tanto de la propia Ley de Amparo, como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Por su parte, es el propio texto constitucional en su artículo 107, fracción XIII, el que establece que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Igual caso sucederá cuando las Salas de aquel Alto Tribunal sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, donde cualquiera de las Salas, el citado procurador o las partes que intervinieron en los juicios correspondientes podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte que, funcionando en Pleno, decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"Este sistema de creación de jurisprudencia por contradicción, también es recogido por el legislador ordinario en el último párrafo del ya identificado artículo 192 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
"Establecidas las consideraciones anteriores, se comparte parcialmente el concepto de agravio que expresa la recurrente en el sentido de que, también como autoridad administrativa, se encuentra obligada a acatar el contenido de la jurisprudencia; ello porque a pesar de que los ya transcritos artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo se refieren, en lo general, a tribunales y no a las autoridades que conforman la administración pública, tal como la define el artículo 90 constitucional, éstas deben quedar incluidas en ese concepto, conclusión que se alcanza a través del enlace armónico con que se debe entender el texto del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal y el ya citado séptimo párrafo del artículo 94 también constitucional; esto es así porque, por un lado, la jurisprudencia no es otra cosa sino la interpretación reiterada y obligatoria de la ley, es decir, la norma misma definida por sus alcances a través de un procedimiento que busca desentrañar su sentido y finalidad; y por el otro, de conformidad con el primero de los dispositivos inmediatamente citados, las autoridades están obligadas a fundar y motivar todo acto de molestia, esto es, que en su actuar deberán expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; en ese orden de ideas, obvio es que para cumplir cabalmente con esta obligación constitucional de fundamentación y motivación, deberán no sólo aplicar la ley, sino ésta tal cual ha sido interpretada por los órganos constitucional y legalmente facultados para ello; en otras palabras, todas las autoridades han de regir sus actos con base en la norma, observando cabalmente el sentido que la interpretación de la misma ha sido fijado obligatoriamente por los órganos constitucionalmente facultados para ello.
"No obstante lo anterior, y aun reconociendo que la autoridad administrativa debe acatar la jurisprudencia obligatoria por mandamiento constitucional, en el caso concreto es la Sala Fiscal que conoció de la acción de nulidad quien, al resolver el punto en litigio, se valió de la aplicación analógica de un criterio jurisprudencial (lo que a su vez comparte este órgano colegiado), estando obligada así la demandada a cumplir con lo resuelto jurisdiccionalmente, en la especie, a requerir del promovente del recurso la demostración fehaciente de su personalidad y en el evento de que ello no sucediera, tener por no interpuesto el recurso correspondiente.
"Así las cosas, es de ponerse de relieve que si en el artículo 123 del Código Fiscal de la Federación se consignan factores que resultan comunes a otros dispositivos de la misma codificación, tal como lo es el asunto vinculado a la inhábil acreditación de la personalidad del promovente, y sobre los cuales se ha dejado establecido un indudable precedente, deviene claro para este cuerpo colegiado que nada impide a la autoridad jurisdiccional acoger de manera analógica el resultado del examen de diverso artículo, por cuanto que al abordarse en uno y otro el mismo objeto de regulación normativa, por sus consecuencias homologables, merecen igual solución, pero además en razón de que provienen de la misma legislación. A esta consideración se llega, además, partiendo del principio de supremacía constitucional imperante en nuestro Estado de derecho, pues si toda ley deriva de la Carta Magna, por lo mismo ninguna norma secundaria puede ser contraria a ella; por tanto, si en su artículo 14 se establece la garantía de audiencia previa, cuya finalidad radica en oír para su defensa al particular, y sólo bajo este presupuesto pueda en su caso ser vencido, entonces al tener por no interpuesto aquel recurso sin concederle oportunidad al gobernado de que realice las aclaraciones necesarias, se hace nugatorio tal derecho, contraviniendo, además, el espíritu del diverso 17, que garantiza la administración de justicia pronta y expedita, pero bajo la condición de que tal expeditez no debe implicar menoscabo en perjuicio de otros derechos del gobernado.
"Como corolario de lo analizado, se estima prudente transcribir el criterio que sostuvieran los Tribunales Colegiados de Circuito, con el rubro: ‘ANALOGÍA ...’, que aparece visible en la foja 829 del Tomo XII, diciembre de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘Es infundado que las tesis o jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o sus Salas no puedan ser aplicadas por analogía o equiparación, ya que el artículo 14, constitucional, únicamente lo prohíbe en relación a juicios del orden criminal, pero cuando el juzgador para la solución de un conflicto aplica por analogía o equiparación los razonamientos jurídicos que se contienen en una tesis o jurisprudencia, es procedente si el punto jurídico es exactamente igual en el caso a resolver que en la tesis, máxime que las características de la jurisprudencia son su generalidad, abstracción e impersonalidad del criterio jurídico que contiene.’.
"En razón a las condiciones imperantes y con fundamento en lo dispuesto en los ordinales 91 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y 237 y 248 del Código Fiscal de la Federación, no obstante la procedencia del recurso de revisión interpuesto, el mismo deviene infundado, por cuanto a que se advierte que la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación interpretó correctamente el contenido, alcance y consecuencias del artículo 123 del Código Fiscal de la Federación y, por ello, debe confirmarse la sentencia de treinta de enero de mil novecientos noventa y ocho, pronunciada en autos del expediente 1087/97, misma que declaró la nulidad de la resolución administrativa contenida en el oficio 325-A-VII-6-03325 de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, que emitiera la Administración Local Jurídica de Ingresos de Mérida, en la cual se tuvo por no interpuesto el recurso de revocación 1795/95, impulsado por Juan Manuel Mex López en representación de la persona moral Construcciones y Pavimentaciones Peninsulares, Sociedad Anónima de Capital Variable."
TERCERO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al fallar el amparo directo 304/2001 en sesión de veinticinco de octubre de dos mil uno, por mayoría de votos sostuvo, en la parte conducente, lo siguiente:
"En la parte final de su tercer concepto de violación sostiene la quejosa que la jurisprudencia, en el caso concreto, la que estableció la inconstitucionalidad del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta mil novecientos noventa y nueve, sí es obligatoria para las autoridades administrativas, vinculación que dice se desprende del enlace armónico de los artículos 16, primer párrafo y 94, séptimo párrafo, de nuestra Carta Magna, porque ella es la interpretación reiterada y obligatoria de la ley, y porque las autoridades están obligadas a fundar y motivar sus actos.
"Resulta infundado dicho argumento.
"Los artículos 16, párrafo primero y 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicen a la letra:
"‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’
"‘Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. ... La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación.’
"Por su parte, los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo establecen:
"‘Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho Ministros si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros, en los casos de jurisprudencia de las Salas. También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.’
"‘Artículo 193. La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los Magistrados que integran cada Tribunal Colegiado.’
"Ahora bien, el que el segundo de los artículos transcritos establezca que ‘La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia’, no implica que se refiera a la propia ley constitucional sino a la ley ordinaria respectiva, que en el caso es la Ley de Amparo, ya que de no ser así, la expresión del Constituyente hubiera sido diferente.
"Este punto de vista encuentra sustento en lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria transcrita en el considerando séptimo de este fallo que, en lo conducente, señala:
"‘... el artículo 94 constitucional determina que la Ley de Amparo fijará los términos en que será obligatoria la jurisprudencia que establecen los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de leyes y reglamentos federales y locales, y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación.’.
"Por tanto, no puede sostenerse la obligatoriedad de las autoridades administrativas de fundar sus actos en lo establecido en la jurisprudencia con base en una interpretación armónica de lo que dicen los referidos ordenamientos constitucionales.
"La obligación que tienen todas las autoridades administrativas de fundar y motivar sus actos, consiste en citar de manera específica la ley exactamente aplicable al caso, así como en expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto y no en citar también la jurisprudencia respectiva.
"Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 97-102, Tercera Parte, página ciento cuarenta y tres, que dice:
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.’
"Con base en el citado criterio, la garantía de legalidad no llega al extremo de exigir que las autoridades administrativas al actuar deban también apoyarse en la jurisprudencia emitida por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, dado que no existe disposición legal que así lo establezca y, por el contrario, los preceptos transcritos de la Ley de Amparo, que resulta ser la específica, sí establecen con precisión a quiénes obliga la jurisprudencia, sin comprender a tales autoridades, por lo que sostener lo contrario implica ir más allá de lo establecido en la ley.
"Lo anterior es así porque, como ya lo dijo el Pleno del Alto Tribunal, en la ejecutoria de que se habla ‘La jurisprudencia no es una norma general, toda vez que en cuanto su contenido, forma de creación y aplicación se encuentra limitada por la ley, y sólo la podrán aplicar los órganos jurisdiccionales a casos concretos y de manera excepcional’.
"Además, como lo refirió también ese órgano jurisdiccional, existen las siguientes diferencias entre la jurisprudencia y la ley:
"‘a) La jurisprudencia es obra de los órganos jurisdiccionales, y la ley del órgano legislativo.
"‘b) La jurisprudencia no es una norma general, ya que sólo se aplica a los casos particulares, mediante la vía del proceso.
"‘c) La jurisprudencia sólo es obligatoria respecto de los órganos jurisdiccionales que deben aplicarla, y
"‘d) La jurisprudencia es la interpretación que los tribunales hacen de la ley.’
"De tal manera que no obstante ser interpretación de la ley, la jurisprudencia tiene notables diferencias con la misma, por lo que no puede ser equiparable a ésta; de no ser así, los actos de las autoridades administrativas serían violatorios del artículo 16 constitucional por no apoyarse en la jurisprudencia que sobre el caso exista, lo cual carece de sustento legal.
"Lo que aquí se resuelve es sin dejar de considerar que de ser obligatoria para las autoridades administrativas la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas, y la de los Tribunales Colegiados de Circuito, ello podría redundar en la reducción de las controversias ante los tribunales, pero para ello es necesario adecuar las disposiciones constitucionales y de la Ley de Amparo correspondientes.
"Por las razones expuestas, este órgano jurisdiccional difiere del criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito al resolver la revisión fiscal 27/98, interpuesta por el administrador local jurídico de Ingresos de Mérida, que puede consultarse en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, página mil sesenta y uno, que dice lo siguiente:
"‘JURISPRUDENCIA. ES OBLIGATORIA PARA LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE DIMANA DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo que determinan la obligatoriedad de la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o en Salas y cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, se refieren de manera genérica a órganos jurisdiccionales sin hacer mención a las autoridades administrativas, éstas también quedan obligadas a observarla y aplicarla, lo cual se deduce del enlace armónico con que se debe entender el texto del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal y el séptimo párrafo del artículo 94 de la misma Codificación Suprema; ello porque, por un lado, la jurisprudencia no es otra cosa sino la interpretación reiterada y obligatoria de la ley, es decir, se trata de la norma misma definida en sus alcances a través de un procedimiento que desentraña su razón y finalidad; y por el otro, que de conformidad con el principio de legalidad que consagra la primera de las disposiciones constitucionales citadas, las autoridades están obligadas a fundar y motivar en mandamiento escrito todo acto de molestia, o sea que deberán expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo. Por tanto, conjugando ambos enunciados, obvio es que para cumplir cabalmente con esta obligación constitucional, toda autoridad deberá no solamente aplicar la ley al caso concreto, sino hacerlo del modo que ésta ha sido interpretada con fuerza obligatoria por los órganos constitucional y legalmente facultados para ello. En conclusión, todas las autoridades, incluyendo las administrativas, para cumplir cabalmente con el principio de legalidad emanado del artículo 16 constitucional, han de regir sus actos con base en la norma, observando necesariamente el sentido que la interpretación de la misma ha sido fijado por la jurisprudencia.’."
CUARTO. De las tesis sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, transcritas en los considerandos precedentes de esta resolución, se debe determinar, en primer lugar, si se da la contradicción de tesis denunciada.
La existencia de tesis contradictorias se da cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Sirve de sustento a lo anterior, la tesis jurisprudencial número P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno, Novena Época, consultable en la página 76 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito en la revisión fiscal 27/98 sostuvo, esencialmente, los siguientes criterios:
a) De conformidad con el séptimo párrafo (actualmente octavo por reforma constitucional de once de junio de mil novecientos noventa y nueve) del artículo 94 de la Constitución Federal, la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia, describiéndose en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo lo que la doctrina ha reconocido como jurisprudencia por reiteración, y en el artículo 107, fracción XIII, constitucional, la jurisprudencia por contradicción.
b) La autoridad administrativa se encuentra obligada a acatar la jurisprudencia porque a pesar de que los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo se refieren en lo general a tribunales y no a las autoridades que conforman la administración pública, éstas deben quedar incluidas, conclusión que se alcanza a través del enlace armónico con que se deben entender los artículos 16, primer párrafo y 94, séptimo párrafo, de la Constitución Federal.
c) La jurisprudencia es la interpretación reiterada y obligatoria de la ley, es decir, la norma misma definida por sus alcances a través de un procedimiento que busca desentrañar su sentido y finalidad.
d) De conformidad con el artículo 16, primer párrafo, de la Carta Magna, las autoridades están obligadas a fundar y motivar todo acto de molestia y para cumplir cabalmente con esa obligación constitucional deberán aplicar la ley tal cual ha sido interpretada por los órganos facultados para ello, por tanto, la autoridad administrativa debe acatar la jurisprudencia obligatoria por mandamiento constitucional.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en el amparo directo 304/2001 sostuvo, medularmente, los siguientes criterios:
a) El párrafo octavo del artículo 94 de la Constitución Federal cuando establece: "La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia ...", se refiere a la ley ordinaria que, en el caso, es la Ley de Amparo y no la propia ley constitucional, por lo que no puede sostenerse la obligatoriedad de las autoridades administrativas de fundar sus actos en la jurisprudencia, con base en una interpretación armónica de lo que dicen los numerales 16, primer párrafo y 94, octavo párrafo, del ordenamiento constitucional.
b) La obligación que tienen las autoridades administrativas de fundar y motivar sus actos, consiste en citar de manera específica la ley exactamente aplicable al caso, así como en expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto y no en citar también la jurisprudencia respectiva.
c) La garantía de legalidad no llega al extremo de exigir que las autoridades administrativas al actuar deban también apoyarse en la jurisprudencia emitida por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, dado que no existe disposición legal que así lo establezca y, por el contrario, los preceptos 192 y 193 de la Ley de Amparo, sí establecen con precisión a quiénes obliga la jurisprudencia, sin comprender a tales autoridades, por lo que sostener lo contrario implica ir más allá de lo establecido en la ley.
d) La jurisprudencia tiene notables diferencias con la ley, no puede ser equiparable a ésta, por lo que carece de sustento legal que los actos de las autoridades administrativas sean violatorios del artículo 16 constitucional por no apoyarse en la jurisprudencia que sobre el caso exista.
De las anteriores consideraciones de los tribunales contendientes deriva que analizaron el tema relativo a la obligatoriedad de la jurisprudencia en relación con las autoridades administrativas y adoptaron criterios jurídicos discrepantes, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito estimó que la autoridad administrativa se encuentra obligada a acatar la jurisprudencia porque a pesar de que los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo se refieren en lo general a tribunales y no a las autoridades que conforman la administración pública, éstas deben quedar incluidas, conclusión que se alcanza a través del enlace armónico con que se deben entender los artículos 16, primer párrafo y 94, séptimo párrafo, de la Constitución Federal, de los que se infiere que las autoridades están obligadas a fundar y motivar todo acto de molestia y para cumplir cabalmente con esa obligación constitucional deberán aplicar la ley tal cual ha sido interpretada por los órganos facultados para ello y, por tanto, la autoridad administrativa debe acatar la jurisprudencia obligatoria por mandamiento constitucional; de manera opuesta, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito sostuvo que no puede sostenerse la obligatoriedad de las autoridades administrativas de fundar sus actos en la jurisprudencia, con base en una interpretación armónica de lo que dicen los numerales 16, primer párrafo y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17087-093ab63f/jurisprudencia-sobre-inconstitucionalidad-de-leyes-las-autoridades-administrativas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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