JUICIO POLÍTICO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE UN ESTADO, ACTUANDO COMO JURADO DE SENTENCIA, CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA POLÍTICA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2006-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, todos en relación con el punto cuarto del Acuerdo General 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno, así como con el punto noveno del Acuerdo General 4/2002 de ocho de abril de dos mil dos, ambos del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues la formula **********, quejoso en el juicio de amparo 363/2005, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, órgano que sostiene en ese asunto, así como en el amparo directo 364/2005, la tesis denunciada como contradictoria con la sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito al resolver los juicios de amparo directo 118/99, 119/99 y 120/99.
TERCERO. Posturas contendientes.
1. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Al resolver el seis de abril de dos mil seis el amparo directo 363/2005, promovido por **********, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
El Congreso del Estado de Nuevo León instauró juicio político en contra de ********** y otro. Una vez formulada la acusación por el Congreso, éste remitió el expediente al Tribunal Superior de Justicia del mismo Estado.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León radicó el asunto, asignándole el expediente administrativo 1/2005. Mediante resolución del treinta y uno de octubre de dos mil cinco, el Pleno de ese órgano consideró demostrada la responsabilidad política del promovente con motivo del desempeño de su encargo, al violar lo establecido en la fracción VII del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. En consecuencia, decretó su destitución del cargo de comisionado propietario de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado, además de inhabilitarlo por cinco años para desempeñar cualquier función, empleo, cargo o comisión pública.
Contra esa resolución, ********** promovió juicio de amparo directo, el cual se registró con el número 363/2005 en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
Al resolver el mencionado juicio de amparo, el Tribunal Colegiado se declaró incompetente y ordenó remitir los autos al Juez de Distrito en el Estado, en turno, con base en las siguientes consideraciones:
"CONSIDERANDO:
"ÚNICO. Resulta innecesario transcribir las consideraciones de la resolución impugnada, así como los conceptos de violación que se expresan para combatirla, al advertirse que este tribunal carece de competencia legal para conocer del presente asunto.
"Esto es así, porque del contenido de la demanda de garantías, se advierte como acto reclamado la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil cinco, emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, actuando en Pleno, que concluyó con la destitución en su función como comisionado propietario de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado, a **********, e inhabilitación por cinco años para desempeñar cualquier función, empleo, cargo o comisión pública, con motivo del juicio político 1/2005, derivado del procedimiento administrativo instaurado en su contra y de otro, remitido por el Congreso del Estado de Nuevo León de la LXX Legislatura, mediante la cual se considera demostrada su responsabilidad política, con motivo de su encargo.
"Por tanto, en los términos de los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el caso motivo a estudio, no se trata de sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, dictado por un tribunal judicial, administrativo o de trabajo, respecto del cual no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, sino que se trata de una resolución dictada en un juicio político, que se refiere al ámbito disciplinario, en donde se determinó la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar una función, empleo, cargo o comisión por cinco años a **********, emitida por un órgano formalmente jurisdiccional, pero legal y materialmente político administrativo.
"Acto reclamado el anterior del que debe conocer un Juez de Distrito, por ser competente conforme con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que la autoridad responsable que resolvió en definitiva no desarrolló propiamente su función jurisdiccional como poder judicial, esto es, resolviendo una contienda entre partes, ya fuese en el ámbito civil, administrativo o laboral, sino que el procedimiento instaurado tuvo como fin, analizar y resolver sobre la conducta desplegada ‘responsabilidad política’ de un servidor público; entonces, su determinación materialmente no es de autoridad judicial.
"Efectivamente, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, erigido en jurado de sentencia, en la especie, no tiene carácter de tribunal para la procedencia del amparo directo, toda vez que la resolución que emitió fue en atención a una propuesta emitida por la Asamblea de la LXX Legislatura del Congreso del Estado, que derivó en un procedimiento administrativo disciplinario seguido en forma de juicio. Por ende, si bien el Tribunal Superior de Justicia del Estado, formalmente es una autoridad judicial, sin embargo, las resoluciones que se dictan en ese procedimiento, son materialmente político-administrativas, motivo por el cual, deben considerarse como emitidas por un tribunal distinto a los judiciales, administrativos o del trabajo.
"Lo anterior así se estima, porque la función jurisdiccional en sentido formal está desarrollada por el Poder Judicial, encargado de resolver situaciones jurídicas concretas de conflicto, para lo cual los Jueces o las Salas respectivas aplican las leyes relativas a las materias civiles o penales, pero cuando la autoridad formalmente judicial, lo que realiza es la resolución de un procedimiento disciplinario establecido en el artículo 18, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, fundado en el uso de la facultad de corregir a sus funcionarios, encomendando lo anterior al Pleno del propio tribunal, lo que está realizando son funciones de tipo administrativo y no jurisdiccionales, esto es, está ejecutando actos distintos de la función jurisdiccional, por no estar dirimiendo alguna controversia que se haya suscitado entre particulares, que expresamente se encuentre regulada como de su competencia por las leyes sustantivas o adjetivas, penales o civiles, pues su actuar se circunscribe a tramitar y resolver un procedimiento, que aun cuando se sigue en forma de juicio, tiene como única finalidad la de analizar y resolver sobre la conducta desplegada por un funcionario público; y, por tanto, la decisión que se encuentra plasmada en la sentencia que resuelve ese tipo de procedimientos debe considerarse materialmente emitida por una autoridad distinta a la judicial.
"Cierto, la lectura del acto que se reclama permite advertir que fue emitida con fundamento en los artículos 18, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con los diversos 96, fracción IX, y 111 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, 23, 24 y 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores del Estado y Municipios de Nuevo León, mismos que disponen:
"‘Artículo 18. Corresponde al Pleno:
"‘I. Ejercer las atribuciones que establece el artículo 96 de la Constitución Política del Estado, con excepción de las atribuidas a las Salas; ...’
"‘Artículo 96. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia:
"‘I. ...
"‘IX. Conocer en Tribunal Pleno, erigido en jurado de sentencia, de la responsabilidad de los servidores públicos a que alude el título VII de esta Constitución.’
"‘Artículo 111. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados declarará por no menos de dos terceras partes de los miembros que la forman y previa audiencia del acusado, si ha lugar a procedimiento ulterior, en el afirmativo, el acusado queda por ese solo hecho separado de su cargo y será puesto a disposición del Tribunal Superior de Justicia. Éste, en Tribunal Pleno y erigido en jurado de sentencia, procederá a aplicar a mayoría absoluta de votos la sanción que en el caso a discusión proceda, una vez desahogadas las diligencias correspondientes.
"‘Las declaraciones y resoluciones tanto de la Cámara de Diputados como del Tribunal Superior de Justicia son inatacables.
"‘Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su caso la inhabilitación temporal para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.’
"‘Artículo 23. En caso de que el Congreso del Estado declare que ha lugar a procedimiento ulterior, el acusado será puesto a disposición inmediata del Tribunal Superior de Justicia, al que deberá remitirse el expediente que contenga la acusación y todas las constancias del procedimiento. La comisión jurisdiccional instructora continuará el procedimiento correspondiente ante el propio tribunal.
"‘Lo señalado en el presente artículo será aplicable si la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace la declaratoria correspondiente, en los términos del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los servidores públicos y por las causas a que se refiere el artículo 12 de esta ley.’
"‘Artículo 24. El Tribunal Superior de Justicia, una vez recibido el expediente y dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, dictará el auto de radicación correspondiente y lo notificará personalmente o por oficio a la comisión jurisdiccional y al acusado, para que en el término de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga.’
"‘Artículo 25. Transcurrido el término señalado en el artículo anterior y dentro de los diez días hábiles siguientes, el Tribunal Superior de Justicia en Pleno erigido en jurado de sentencia, dictará por mayoría absoluta de votos resolución absolutoria o condenatoria y, en su caso, la sanción correspondiente.
"‘Si la resolución del tribunal es absolutoria se denegará la declaración de inhabilitación y/o destitución.’
"Por tanto, en el caso, la función del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado consistió en sancionar la falta cometida por el funcionario público, acorde con las disposiciones invocadas.
"En esas condiciones y dado que sus resoluciones son definitivas, porque contra ellas no procede recurso ordinario alguno, al disponerse que son inatacables, es evidente que la competencia para conocer en vía de amparo de las resoluciones como la que hoy se reclama, corresponde a un Juez de Distrito, al encuadrar en la hipótesis establecida por la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, pues se trata de actos que sin provenir de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio y en esa medida, debe tramitarse el juicio de amparo por la vía indirecta ante un Juez de Distrito en el Estado.
"En consecuencia, al advertirse que este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo directo promovido por **********, se ordena remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Estado que por razón de turno le corresponda.
"Es aplicable la jurisprudencia 6/2003, derivada de la contradicción de tesis 15/2002-PL, entre las sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veintitrés de junio de dos mil tres, visible en la página 10, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.’ ..."
Este mismo Tribunal Colegiado sostuvo un criterio similar al resolver el seis de abril de dos mil seis el juicio de amparo directo 364/2005, promovido por **********, por lo que su transcripción resulta innecesaria.
2. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito emitió la tesis con el siguiente rubro y texto:
"JURADO DE SENTENCIA, FUNCIÓN EMINENTEMENTE JURISDICCIONAL DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO). Si conforme a lo que prevé el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, los derechos políticos se refieren esencialmente al derecho de votar y ser votado para cargos de elección popular, al derecho de asociación con fines políticos y al derecho de petición; la tesis de rubro: ‘gran jurado’, emitida por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es aplicable, porque de su texto se desprende que cuando un Congreso erigido en Gran Juicio, decreta que ha lugar a formación de causa contra alguien, tal declaración y las consecuencias de ellas son actos de carácter político, contra los cuales no cabe el juicio de garantías; y los quejosos no demandan la protección federal contra actos de esa naturaleza, sino por violación a garantías individuales; de modo que la responsable, al erigirse en jurado de sentencia, no actúa como órgano netamente de carácter político, porque en términos del artículo 97 de la Constitución Estatal, en relación con los numerales 19, 20 y 21 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de juicio político, corresponde a la Legislatura del Estado erigirse en órgano de acusación y resolver si procede acusar al servidor público; en tanto que la imposición de las sanciones a que haya lugar, es facultad del Tribunal Superior de Justicia, quien para tal efecto debe erigirse en jurado de sentencia. De ahí que la responsable, al sancionar a individuos que ostentan el cargo de consejeros electorales, pero no con motivo del sufragio emitido a su favor, funciona eminentemente como autoridad jurisdiccional, pues su actuación consiste en juzgar y sancionar a los servidores públicos por los actos que previamente sean materia de acusación por parte de la legislatura."(4)
Dicho criterio fue sostenido al resolver los juicios de amparo directo con números 118/99, 119/99 y 120/99, promovidos por ********** y coagraviados, ********** y **********, respectivamente, los tres aprobados en sesión de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve por derivar del mismo asunto. Los antecedentes de estos juicios son los siguientes:
El veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y siete, ********** formuló ante el Congreso del Estado de Querétaro denuncia de juicio político en contra de los consejeros electorales del Instituto Electoral de la propia entidad **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********. En la misma fecha se tuvo por presentada la denuncia, se ordenó la formación del expediente y se solicitó la ratificación de aquélla.
El veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, el Congreso del Estado ordenó turnar el expediente a la sección instructora, a efecto de que determinara su procedencia y si ameritaba la incoación del procedimiento. El veintidós de octubre siguiente el expediente fue returnado a la Comisión Instructora de la Quincuagésima Segunda Legislatura.
Una vez que fueron presentadas las pruebas ofrecidas, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho la Legislatura del Estado se erigió en órgano de acusación y ordenó remitir el expediente al órgano de sentencia.
En sesión plenaria extraordinaria, realizada el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro se declaró erigido en jurado de sentencia. En dicha ocasión ordenó reponer el procedimiento, a efecto de que la sección instructora del Pleno de la Quincuagésima Segunda Legislatura practicara de nueva cuenta determinadas diligencias por violaciones cometidas en la causa.
Una vez repuestas las mencionadas diligencias, los integrantes de la sección instructora de la Legislatura remitieron a la sección de enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en vía de acusación, el expediente 5/97, así como el pliego de acusaciones emitidas y aprobadas por el Pleno de la legislatura el uno de octubre de mil novecientos noventa y ocho. El dieciséis de noviembre del mismo año, la sección de enjuiciamiento formuló conclusiones y propuso la sanción de los enjuiciados.
El documento que contenía las conclusiones y la propuesta de sanción fue aprobado por el jurado de sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro en sesión de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, lo que tuvo como consecuencia la imposición de la sanción de destitución del cargo de consejero electoral a **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, así como la inhabilitación para ejercer empleos, cargos o comisiones en el servicio público por nueve años a ********** y **********; ocho años a **********; seis años a **********; cuatro años a ********** y **********; y cuatro años con seis meses a **********.
En contra de esa determinación, **********, ********** y ********** promovieron juicios de amparo directo, los cuales fueron radicados en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, donde se les asignó los números 118/99, 119/99 y 120/99, respectivamente. El señalado tribunal sostuvo su competencia en los siguientes términos:
"CONSIDERANDO:
"PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito es competente para conocer del presente asunto, con base en lo establecido en el artículo 107, fracción V, inciso b) de la Constitución General de la República, en concordancia con los artículos 44, 158 y 161 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que se reclama una sentencia dictada en un juicio administrativo que puso fin al mismo y no admite recurso, por el jurado de sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro; autoridad que pertenece a este circuito."
En el informe justificado presentado por la autoridad responsable, ésta hizo valer la improcedencia del amparo aduciendo que la materia versaba sobre derechos políticos, en particular, sobre la integración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y que por derechos políticos se entiende todo acto amparado por las leyes constitucionales o de derecho público, que sirva de fundamento para el modo como se afirme el órgano público o se desarrolle en sus funciones. Señalando en apoyo de su argumento las tesis de rubros: "DERECHOS POLÍTICOS.", "DERECHOS POLÍTICOS. IMPROCEDENCIA.", "DERECHOS POLÍTICOS. AMPARO IMPROCEDENTE POR VIOLACIÓN A.", "DERECHOS POLÍTICOS, AMPARO IMPROCEDENTE AUNQUE SE ALEGUEN VIOLACIONES FORMALES." y "GRAN JURADO."
Sin embargo, el Tribunal Colegiado desestimó esa causa de improcedencia, en los siguientes términos:
"SÉPTIMO. En el caso, no se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio de garantías que invoca la responsable, en el sentido de que la materia de este asunto versa sobre derechos políticos, en específico la integración del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, y que el Tribunal Superior de Justicia del Estado, al erigirse en jurado de sentencia, actuó como órgano esencialmente de carácter político.
"Aun cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia referente a que la violación de tales derechos no dan lugar al juicio de amparo, porque no se trata de garantías individuales, como la que señala la responsable, consultable en la página 149 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, de rubro: ‘DERECHOS POLÍTICOS. IMPROCEDENCIA.’, lo cierto es que en la especie, los quejosos no acudieron al juicio de garantías en defensa de ese tipo de derechos, sino para salvaguardar garantías individuales que estiman infringidos en su perjuicio.
"Los derechos políticos son inherentes y exclusivos de los mexicanos que tienen la calidad de ciudadanos y que se hacen consistir básicamente en las prerrogativas que tienen de votar y ser votados para los cargos de elección popular, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país y ejercer el derecho de petición. Los derechos políticos se traducen en las prerrogativas que la Constitución otorga a los ciudadanos. De tal suerte que en el Estado de Querétaro, donde los quejosos fueron designados como consejeros electorales y a la postre destituidos de ese cargo, así como inhabilitados para ejercer empleos, cargos o comisiones en el servicio público, son los consignados en el artículo 21 de la Constitución del Estado: ‘I. Votar para todos los cargos de elección popular en el Estado; II. Ser votado para cargos de elección popular en el Estado en los términos que establece esta Constitución; III. Asociarse libre y pacíficamente con fines políticos; IV. Ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado; y V. Las demás que establezcan las leyes.’ De donde puede observarse que entre las prerrogativas o derechos políticos de los ciudadanos de Querétaro, no se encuentra el desempeñar algún cargo dentro del Instituto Electoral del Estado, sino se refieren esencialmente al derecho de votar y ser votado para cargos de elección popular, al derecho de asociación con fines políticos, y al derecho de petición; mientras que en el evento a estudio, los consejeros electorales no desempeñan tal función a virtud de haber sido electos popularmente a través del sufragio, pues fueron designados por la Legislatura del Estado en términos del artículo 66, fracciones I y II, de la Ley Electoral del Estado; de suerte que, si ese cargo no es de elección popular, no puede estimarse que corresponda a un derecho político; por ende, el reclamo efectuado por los quejosos no constituye una defensa a un derecho político, dado que lo que pretenden es salvaguardar las garantías individuales que con tal acto consideran transgredidas en su perjuicio.
"Por consiguiente, si los derechos políticos consisten básicamente en las prerrogativas de votar y poder ser votado para los cargos de elección popular y asociarse individual y libremente para tomar parte pacíficamente en los asuntos políticos del país; es indudable que la designación y posterior destitución e inhabilitación para ejercer empleos, cargos o comisiones en el servicio público de un consejero electoral, no atañe a derechos políticos, porque los solicitantes de amparo no accedieron a ejercer esa función mediante el sufragio ciudadano, al no ser un cargo de elección popular.
"En esos términos, inaplicables resultan las tesis que transcribe la autoridad emisora del acto reclamado, respecto a la improcedencia del amparo cuando pretenden defenderse derechos políticos, ya que los quejosos no demandan la protección federal contra actos de esa naturaleza, sino por violación a garantías individuales; de donde deviene que, en oposición a lo que considera la responsable, la determinación impugnada puede ser atacada mediante el juicio de amparo.
"Lo anterior es así, porque en relación con el criterio de rubro: ‘DERECHOS POLÍTICOS.’, no es la organización, conservación o funcionamiento de un poder público lo que se dirimió en el expediente del que deriva el acto reclamado, sino la responsabilidad individual de los consejeros electorales, en las conductas que se tuvieron por comprobadas, aun cuando tales consejeros formen parte de un organismo estatal como es el Instituto Electoral; esto es, se sancionó la actuación de cada individuo en lo particular, no su actuación en un acto oficial en cuanto representantes del instituto.
"Ahora bien, el cargo de consejero electoral, contrario a lo que sostiene la responsable, sí es asequible al individuo en general siempre y cuando éste satisfaga los requisitos que establece el artículo 65 de la Ley Electoral en relación con el 15 de la Constitución, ambas legislaciones locales; de suerte que cualquier persona que cumpla con tales requisitos, puede desempeñarlo.
"De ello se sigue que el acto reclamado no es de naturaleza esencialmente política, porque si cualquier individuo que satisfaga las exigencias que prevé el numeral 65 de la citada Ley Electoral puede ser consejero electoral, es obvio que ese derecho es inherente a la calidad de persona que cumpla con las mismas; y aceptar el punto de vista de la responsable, conlleva que un individuo que ocupe un cargo en la administración pública, que no sea de o con motivo de elección popular, no se encontrará protegido por las garantías individuales que consagra la Carta Magna y por tanto, tuviere vedado el juicio de amparo por un acto de autoridad que le viole cualquier garantía con motivo del desempeño de sus funciones públicas. Baste para ello recordar que en el amparo en revisión número 2639/96, relativo al juicio de amparo promovido por **********, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció del acto de autoridad consistente en la privación de su cargo como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; individuo que para ocupar ese cargo previamente debía satisfacer los requisitos que la legislación local prevé; y que por consecuencia era integrante o formaba parte de uno de los poderes del Estado, y su función a su vez, de la administración pública.
"Los tres restantes criterios en que apoya la causa de improcedencia la autoridad responsable, intitulados: ‘DERECHOS POLÍTICOS. AMPARO IMPROCEDENTE POR VIOLACIÓN A.’, ‘DERECHOS POLÍTICOS. AMPARO IMPROCEDENTE AUNQUE SE ALEGUEN VIOLACIONES FORMALES.’ y ‘GRAN JURADO.’, como se precisó, no resultan aplicables en la especie, habida cuenta que el acto reclamado no importa violación de derechos políticos ni se reclaman violaciones formales en un juicio eminentemente político, porque lo que se establecen son sanciones contra individuos que ostentan el cargo de consejeros electorales pero no con motivo del sufragio emitido en su favor, siendo inexacto de igual forma que la responsable al erigirse en jurado de sentencia haya actuado como órgano esencialmente de carácter político, ya que funcionó netamente como autoridad jurisdiccional al haberse reducido su actuación a analizar las conclusiones de la comisión de enjuiciamiento, frente a las conclusiones de acusación, verificando si la hipótesis legal se ajustaba al caso concreto y de esta forma aprobar las primeras, imponiendo la sanción correspondiente a los servidores públicos denunciados.
"En cuanto a que el artículo 102 de la Constitución Política del Estado de Querétaro de Arteaga prevea la inatacabilidad de las declaraciones y resoluciones de la legislatura o del Tribunal Superior de Justicia en materia de responsabilidad de los servidores públicos, entre otras, por el manejo indebido de fondos y recursos del Estado o Municipios; no tiene el alcance que pretende la responsable, porque la definitividad de esas resoluciones lo es para cualquier órgano de la entidad federativa, pues obvio es que la Constitución Local no puede establecer causas de improcedencia a los Tribunales Federales, diversas a las expresamente marcadas en el artículo 73 de la Ley de Amparo.
"Por lo mismo, inaplicable es el precedente de rubro: ‘Gran Jurado’, dado que de su texto se advierte que cuando el Congreso se erige en Gran Juicio, sus resoluciones no pueden ser atacadas en el juicio de garantías y en el caso que nos ocupa, la Legislatura Local no se erigió como tal, sino que, acorde con los artículos 19, 20 y 21 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, un poder diverso como es el Judicial del Estado, se constituyó en jurado de sentencia para poder juzgar los actos que a su conocimiento fueron sometidos, para lo cual previamente la legislatura erigida en órgano de acusación, resolvió sobre las conclusiones propuestas por la sección o comisión instructora de la misma, remitiendo la acusación al Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuya sección de enjuiciamiento formuló conclusiones en vista de las consideraciones hechas en la acusación y en los alegatos, proponiendo la sanción que debía imponerse a los servidores públicos enjuiciados."
Al dictar sentencia, el Tribunal Colegiado concedió el amparo única y exclusivamente para el efecto de que el jurado de sentencia deje insubsistente el acto reclamado y emita otra resolución, ajustándose a los lineamientos señalados en esa ejecutoria, los cuales incidían en el plazo de inhabilitación de los quejosos. Debiendo reiterar el órgano responsable las demás consideraciones, en lo relativo a las conductas que se les imputan a los a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22237-2db4de21/juicio-politico-la-resolucion-dictada-por-el-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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