PREDIAL. EL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, AL INCLUIR EL FACTOR 10.00 EN EL CÁLCULO DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO RELATIVO, RESPECTO DE INMUEBLES QUE SE OTORGAN EN USO O GOCE TEMPORAL, INCLUSIVE PARA LA INSTALACIÓN O FIJACIÓN DE ANUNCIOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE PUBLICIDAD, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS. PREDIAL. EL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, QUE ESTABLECE DIVERSAS FORMAS PARA DETERMINAR EL VALOR DEL INMUEBLE CUANDO SE OTORGUE SU USO O GOCE TEMPORAL, INCLUSO PARA LA INSTALACIÓN O FIJACIÓN DE ANUNCIOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE PUBLICIDAD, NO TRANSGREDE EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL INCISO C) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PREDIAL. LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL INCISO C) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS EN TORNO A DICHO GRAVAMEN, TAMBIÉN SON APLICABLES A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2003-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. En primer lugar, debe examinarse si existe la contradicción denunciada.
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 3047/2002, interpuesto por Juan Manuel Flores Hernández y coagraviados, en contra de la sentencia pronunciada el once de junio de dos mil dos, terminada de engrosar el veintinueve de agosto del mismo año por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en los autos del juicio de amparo 502/2002-III, señaló lo siguiente:
"SEXTO. En el caso, resultan infundados unos e inoperantes otros, los conceptos de agravio que se hacen valer, en atención a lo siguiente. Sostienen medularmente los recurrentes la violación a los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, ya que no se tomaron en cuenta los planteamientos expuestos por los quejosos, no se analizó correctamente el acto reclamado, ni fueron valoradas en forma adecuada las pruebas ofrecidas, ya que al multiplicar por el factor 10.0 las rentas obtenidas por el uso o goce temporal del inmueble de su propiedad, se obtiene una base gravable que no corresponde a los haberes de los contribuyentes, por lo que sí es inconstitucional la reforma al artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, reclamada. Por un lado, son inoperantes estos agravios, en virtud de que la recurrente no precisa cuál es la controversia que dejó de resolver el Juez a quo, ya que de la lectura de los conceptos de violación expresados en su demanda de garantías se observa que fueron varios los planteamientos que controvirtieron la constitucionalidad del referido artículo reclamado, y en la sentencia recurrida sí se dio respuesta a cada uno de ellos. En efecto, se advierte del inicio del considerando sexto de la sentencia recurrida que se definió el motivo de la controversia planteada por los quejosos, en que el precepto legal reclamado establecía un procedimiento de determinación de la base gravable del impuesto predial para los contribuyentes que otorgaran el uso o goce temporal de sus inmuebles que arrojaba un valor de tributación sin reflejar el valor del bien, es decir, era ficticio, y no reflejaba la capacidad de prestación del sujeto obligado, por lo que carecía de proporcionalidad y resultaba exorbitante. Tal controversia fue resuelta en la sentencia recurrida explicando, en un primer término, cuál es el procedimiento previsto en el código de la materia para el cálculo del impuesto predial tratándose de contribuyentes que otorgan el uso o goce temporal de sus inmuebles, conforme a las siguientes consideraciones: ‘... En el precepto combatido se establece que la base del impuesto predial lo será el valor catastral, el cual se determina conforme al procedimiento previsto en el propio dispositivo, siendo el elemento nuevo que introdujo la reforma al precepto combatido publicada en la Gaceta Oficial el treinta y uno de enero del dos mil dos, precisamente la inclusión del factor 10.0. En relación con lo anterior, el artículo 152, fracción I, del Código Financiero para el Distrito Federal, establece las tarifas que deben aplicarse al valor catastral. Así, para determinar el impuesto predial de un inmueble que se otorga para su uso o goce temporal, debe seguirse el procedimiento que a continuación se detalla: 1. Se determina el valor catastral más alto que resulte entre el obtenido conforme a la fracción I del artículo 149 del ordenamiento en cita (avalúo directo o valores unitarios) y el que se determine de acuerdo al total de las contraprestaciones (rentas) obtenidas por otorgar el uso o goce del inmueble. 2. Para obtener el valor catastral, conforme a las contraprestaciones (rentas), se multiplica el total de las contraprestaciones obtenidas en dos meses por el factor 38.47 y la cantidad que resulte se multiplica por el factor 10.0; conviene señalar, en este punto que el citado factor (10.0) si bien recae sobre el valor catastral, no significa que forme parte de aquél (el valor catastral), pues se trata de una actualización del impuesto predial para el presente año. 3. A la cantidad obtenida del procedimiento anterior se le aplica la tarifa del artículo 152, fracción I, y la cifra resultante se multiplica por el factor 0.42849 cuando el uso del inmueble sea distinto al habitacional, el resultado que se obtiene corresponde al monto que debe enterarse por concepto del impuesto predial. Con el objeto de precisar aún más el mecanismo del impuesto predial, es conveniente señalar como ejemplo el caso mismo del inmueble cuya propiedad ostentan los quejosos ...’. Los recurrentes en sus agravios insisten en que la fórmula de capitalización con la que se determina la base gravable del inmueble da como resultado una base para el pago ficticio, lo que estiman erróneo e injusto. Así también, se duelen de por qué el Juez de la causa trata la reforma al artículo reclamado como una actualización, conclusión con la que no están de acuerdo, pues sostienen que la interpretación que realiza de este precepto legal es forzada y además se está desconociendo el concepto de base gravable con el de valor catastral. Son infundados estos conceptos de agravio, pues en la sentencia recurrida sí se expresaron las razones por las que el procedimiento combatido, relativo al cálculo del valor catastral, no implicaba una alteración sustancial a los principios básicos sobre los que se constituyó el impuesto predial, ya que al respecto el Juez de Distrito expresó que de los artículos 31, fracción IV; 115, fracción IV; 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprendía que: ‘... la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está facultada para imponer contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria con apego a los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria ...’. Resulta aplicable al caso, en forma analógica, la tesis de jurisprudencia P./J. 74/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 572, que dice así: ‘CATASTRO. EL ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY CORRESPONDIENTE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (ADICIONADO POR DECRETO NÚMERO 150, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA ENTIDAD, EL TREINTA DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO), NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Para cumplir con el principio de legalidad contenido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no sólo se requiere que la carga tributaria esté establecida en una ley, sino también que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria estén consignados expresamente en aquélla, de tal modo que no quede margen a la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular. En congruencia con tales criterios, debe decirse que el artículo vigésimo primero transitorio de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo León que prevé un límite preciso susceptible de ser controlado, dentro del cual la autoridad administrativa podrá ejercitar la facultad que le otorga la ley de incrementar las Bases Generales de Valores y los valores catastrales de los predios del Estado, durante el año de mil novecientos noventa y nueve, al establecer que tal incremento será de hasta un 17% respecto de los terrenos y construcciones, sin que los referidos valores puedan rebasar el valor actual real de los inmuebles, no transgrede el referido principio constitucional. Ello es así, en virtud de que de la interpretación sistemática de los artículos 21 bis-7 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, 2o., 7o. a 9o., 13 a 21, 30 y vigésimo primero transitorio de la Ley del Catastro de ese Estado, así como de los numerales 11 a 27 de su reglamento, que establecen los lineamientos para la determinación de la base del impuesto predial, es decir, de las Bases Generales de Valores por Unidades Tipo y el procedimiento que deberá seguirse para la valuación de los predios se advierte que si bien la autoridad administrativa está facultada para actualizar las referidas bases y el valor catastral, tal actualización no puede hacerla a su libre arbitrio, sino que tendrá que hacerlo dentro de los límites que le marca el mencionado precepto transitorio, ya que el incremento no podrá ser superior al 17%, ni podrá rebasar el valor actual real de los inmuebles, por lo que aun cuando corresponde a dicha autoridad administrativa establecer el aumento porcentual de los factores que determinan la base del impuesto, lo cierto es que, no queda a su arbitrio y discreción, sino que deberá sujetarse a lo establecido en la ley, atendiendo, desde luego, a las características que determinen el aumento del valor catastral de los predios, esto es, señalando un margen dentro del cual dicho órgano deberá ejercer su arbitrio para incrementar las bases y valores catastrales mencionados, debiendo razonar adecuadamente su decisión.’. En cuanto a las razones que se tomaron en cuenta para determinar que el factor controvertido era una actualización del impuesto predial para este año, los quejosos las combaten por lo siguiente: a) porque el concepto de base gravable no está definido por el Código Financiero del Distrito Federal, sino que para definirlo debe estarse a lo que dice el diccionario jurídico, la doctrina y la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal, entendiendo éste como: ‘... la cuantía o cantidad a la que se aplica una tasa o tarifa para determinar el impuesto ...’; b) porque es incongruente y contradictoria, pues se reconoce que la cantidad de $1'023,955,990.00 que resulta de la aplicación del factor 10.0, es un valor ficticio que sólo sirve para actualizar la aplicación de la tarifa, no obstante, se les niega el amparo solicitado; c) porque no se atendió la letra de la ley, que identifica el concepto de base gravable con el de valor catastral. Este tribunal considera que son infundados los conceptos de agravio anteriores, en virtud de que en la sentencia recurrida se determinó que fue la Asamblea Legislativa quien actualizó el monto a enterar por concepto de impuesto predial, con base en el factor que al efecto estableció en multiplicar por 10.0 el monto total de las contraprestaciones correspondientes a un bimestre ya multiplicadas por el factor 38.47, resultado al cual se le debe aplicar la tarifa del artículo 152, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal. En efecto, es infundado que se alegue en el caso que en la reforma al artículo 149, fracción II, segundo párrafo, del Código Financiero, reclamado, no se aplica realmente el factor 10.00 a la base gravable, que sea un valor ficticio y que no corresponda al valor catastral, toda vez que de la lectura íntegra del precepto legal en cita se corrobora que existen dos formas de determinar el valor catastral de un inmueble, a saber: ‘Artículo 149. La base del impuesto predial será el valor catastral determinado por los contribuyentes conforme a lo siguiente: I. A través de la determinación del valor de mercado del inmueble, incluyendo las construcciones a él adheridas, elementos accesorios, obras complementarias o instalaciones especiales, aun cuando un tercero tenga derecho sobre ellas, mediante la práctica de avalúo directo que comprenda las características e instalaciones particulares del inmueble, realizado por persona autorizada. La base del impuesto predial determinada mediante el avalúo directo a que se refiere el párrafo anterior, será válida para el año en que se realice el avalúo y para los dos siguientes, siempre que en cada uno de esos años subsiguientes el avalúo se actualice aplicándole un incremento porcentual igual a aquel en que se incrementen para ese mismo año los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 de este código. Sin embargo, los contribuyentes podrán optar por determinar y declarar el valor catastral de sus inmuebles aplicando a los mismos los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 de este código. Para determinar el valor catastral de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, se considerarán para cada local, departamento, casa o despacho del condominio, las especificaciones relativas a las áreas privativas como jaulas de tendido, cajones de estacionamiento, cuartos de servicio, bodegas y cualquier otro accesorio de carácter privativo; también se considerará la parte proporcional de las áreas comunes que les corresponde, como corredores, escaleras, patios, jardines, estacionamientos y demás instalaciones de carácter común, conforme al indiviso determinado en la escritura constitutiva del condominio o en la escritura individual de cada unidad condominal. Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, a que se refiere el párrafo tercero de esta fracción, la autoridad les proporcionará en el formato oficial una propuesta de determinación del valor catastral y pago del impuesto correspondiente. En caso de que los contribuyentes acepten tales propuestas y que los datos contenidos en las mismas concuerden con la realidad, declararán como valor catastral del inmueble y como monto del impuesto a su cargo los determinados en el formato oficial, presentándolo en las oficinas autorizadas y, en caso contrario, podrán optar por realizar por su cuenta la aplicación de los valores unitarios indicados o la realización del avalúo a que se refiere el párrafo primero de esta fracción. La falta de recepción por parte de los contribuyentes de las propuestas señaladas, no relevará a los contribuyentes de la obligación de declarar y pagar el impuesto correspondiente, y en todo caso deberán acudir a las oficinas de la autoridad fiscal a presentar las declaraciones y pagos indicados, pudiendo solicitar que se les entregue la propuesta correspondiente; II. Cuando los contribuyentes otorguen el uso o goce temporal de un inmueble, inclusive para la instalación o fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad, deberán calcular el impuesto con base en el valor catastral más alto que resulte entre el determinado conforme a la fracción anterior y el que se determine de acuerdo al total de las contraprestaciones por dicho uso o goce temporal. Si las contraprestaciones fueron fijadas en moneda diferente a la nacional, dicho valor se determinará considerando el tipo de cambio promedio de la moneda extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en los días que corresponda al bimestre de que se trate. Al efecto, multiplicarán el total de las contraprestaciones que correspondan a un bimestre por el factor 38.47 y aplicarán al resultado la tarifa del artículo 152, fracción I de este código. La cantidad que resulte conforme al párrafo anterior se multiplicará por el factor 0.42849 cuando el uso del inmueble sea distinto al habitacional, y por el factor 0.25454 cuando el uso sea habitacional y el resultado será el impuesto a pagar. En el caso de inmuebles con usos habitacionales y no habitacionales, se aplicará a la cantidad resultante conforme al párrafo anterior, el factor que corresponda a cada uso, considerando para ello la parte proporcional determinada en base a las contraprestaciones fijadas para cada uno de ellos, las cantidades respectivas se sumarán y el resultado así obtenido será el impuesto a pagar. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en ningún caso se pagará por concepto de impuesto predial, una cantidad inferior a la que como cuota fija establezca en el rango «A» de la tarifa prevista en el artículo 152 de este código. Para los efectos de esta fracción los contribuyentes deberán presentar junto con su declaración de valor los contratos vigentes a la fecha de presentación de la misma. Cada vez que éstos sean modificados o se celebren nuevos, deberán presentarse junto con la declaración de valor a que se refiere este artículo, dentro del bimestre siguiente a la fecha en que ello ocurra; asimismo, dentro de igual plazo, deberá presentar aviso de terminación de contratos de arrendamiento. En el supuesto de que el valor catastral del inmueble no pueda determinarse en un bimestre porque no sea posible cuantificar el total de las contraprestaciones a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, el contribuyente deberá dar a conocer esta situación a las autoridades fiscales en la declaración que con tal motivo presente, debiendo pagar el impuesto predial con base en el valor catastral que declaró o debió declarar durante el bimestre inmediato anterior. El contribuyente deberá declarar y pagar las diferencias que en su caso resulten procedentes, con recargos calculados con la tasa que corresponda al pago en parcialidades, dentro de los quince días siguientes, a aquel en que en los términos de los contratos respectivos se cuantifique el total de las contraprestaciones. Cuando se conceda el uso o goce temporal de una parte del inmueble, el impuesto predial deberá calcularse con base en el valor catastral que resulte más alto entre el que se determine sobre la totalidad del inmueble conforme a la fracción anterior y el que se determine de acuerdo al total de las contraprestaciones por el uso o goce temporal de la parte del inmueble de que se trate, en los términos de esta fracción. Cuando las contraprestaciones correspondan a fracción de mes, el importe de las mismas se deberá dividir entre el número de días que corresponda y multiplicar por el número de días del bimestre.’. En el caso, los quejosos acreditaron ser propietarios y otorgan el uso o goce temporal del inmueble ubicado en el número 400 de la calle Ingeniero Guillermo González Camarena, colonia Centro, Ciudad Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, en esta ciudad, de acuerdo con el contrato de arrendamiento firmado el ocho de enero de dos mil uno, exhibido en los autos del juicio natural, en el que se pactó una renta mensual de $1'330,850.00 (un millón trescientos treinta mil ochocientos cincuenta pesos), en cuya cláusula primera se pactó lo siguiente: ‘... Primera. Las partes convienen en que a partir del año de 2002, las revisiones anuales de la renta a que se refiere el segundo párrafo de la cláusula primera del contrato se efectuarán durante los meses de abril de cada año, mes en que empezará a estar vigente la nueva renta para el siguiente periodo y que por única vez la renta mensual que se pacte para el año de dos mil uno continuará en vigor hasta el día 31 de marzo de 2002 ...’. Por tal razón, es exacta la interpretación del artículo reclamado que se realiza en la sentencia recurrida, pues los quejosos no demostraron encontrarse en el supuesto que previene la fracción I del transcrito artículo 149 del Código Financiero, es decir, no acreditaron que el valor catastral más alto lo fuera el que previene esta disposición legal, sino que se manifestaron conformes en realizar el cálculo del impuesto predial relativo a este inmueble, calculándolo con base en el valor del total de las contraprestaciones obtenidas por dicho uso o goce temporal, caso en el cual, es precisamente aplicable la disposición legal reclamada. Además, son infundados los conceptos de agravio expresados por los recurrentes en el sentido de que la disposición legal reclamada resulta violatoria de las garantías de proporcionalidad y equidad previstas en el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna, pues este tribunal corrobora que es exacto lo resuelto por el a quo, en cuanto a que el factor 10 previsto en el precepto legal reclamado representa un incremento en comparación con el año próximo pasado correspondiente al 5.39%, que corresponde a la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor del mes de noviembre de dos mil, correspondiente a 332.991 puntos (publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil), y al del mes de noviembre de dos mil uno, correspondiente a 350.932 puntos (publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de noviembre de dos mil uno); y los recurrentes no desvirtúan el razonamiento que llevó a la conclusión respecto a que el impuesto predial, si bien se incrementó su base con motivo del factor 10.0; sin embargo, el conjunto de las operaciones y tarifas aplicadas dio como resultado que el incremento en relación con el año próximo pasado sea sólo del 5.39%, lo que significaba que sí se atendió a su capacidad contributiva. En el caso, la litis planteada en el juicio de garantías versó sobre el cuestionamiento de que la reforma al precepto legal reclamado afectaba su capacidad contributiva, lo cual estimó violatorio de la garantía de proporcionalidad tributaria, por tanto, es irrelevante que mencionen que conforme a los valores unitarios para el cálculo del impuesto predial a que se refiere el párrafo primero del artículo 149 del Código Financiero para el Distrito Federal, es excesiva la aplicación del factor 10.0, ya que en el caso el impuesto predial se está generando por el otorgamiento del uso y goce del predio referido y a partir de la cuantía de las rentas generadas se realiza el cálculo de este impuesto. Así también, los recurrentes insisten en que no se determinó la litis conforme a las constancias de autos, ya que en su demanda de amparo expresaron que al multiplicar por diez el valor real de la propiedad o posesión se obtenía un valor 1600% mayor, lo cual distorsiona su auténtica capacidad económica como contribuyentes, por lo que consideran que debió tomarse en consideración el valor intrínseco de la propiedad, por ser el que refleja la capacidad contributiva de los sujetos. Es infundado este concepto de agravio, ya que la litis sí se fijó conforme a las constancias que obraban en autos, además de que se resolvió congruentemente lo argumentado en los conceptos de violación, por lo que no existe la violación que se menciona a los preceptos legales de la Ley de Amparo, toda vez que dicho factor actualiza el impuesto de acuerdo con los índices inflacionarios determinados a partir del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el que constituye un indicador de los cambios inflacionarios, lo cual no significa que forme parte del valor de mercado del inmueble del que son propietarios, conforme a la fracción I del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal, sino que constituye un factor de actualización para realizar el cálculo del valor catastral por concepto de las rentas obtenidas por el arrendamiento del inmueble de su propiedad, de ahí que no exista incertidumbre respecto del monto de la base del tributo, ya que este factor sólo es un elemento dentro del procedimiento del cálculo de este impuesto y, por sí mismo, no constituye la base gravable de este tributo. Por otro lado, es infundado lo argumentado por los recurrentes en el sentido de que es errónea la conclusión de la sentencia recurrida respecto a que el factor 10 aplicado al valor de capitalización de rentas no eleva en un 1000% el valor base de cotización, toda vez que argumentan que es inconstitucional el impuesto porque no se determina en función a su capacidad contributiva, ni se toman en cuenta las pruebas aportadas para comprobar el valor del inmueble de su propiedad, sino que se le da un valor muy superior y ficticio. Como se ve, este agravio redunda sobre los argumentos que ya han sido resueltos, por lo que sobre este tema sólo es conveniente precisar qué se entiende por capacidad contributiva y de ahí concluir que no existe la violación constitucional que alegan los quejosos. En efecto, para definir este concepto, basta citar la jurisprudencia número P./J. 109/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 22 del Tomo X, noviembre de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: ‘CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto.’. Dicho lo anterior y tomando en cuenta que para calcular la base del impuesto predial a que se refiere el segundo párrafo de la fracción II del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal vigente, en el supuesto de que el contribuyente otorgue el uso o goce temporal de un inmueble (arrendamiento), debe atenderse al monto del producto, sin que ello signifique que no se atienda a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. Al efecto, y como fue expuesto en la sentencia recurrida, se multiplica el total de las contraprestaciones que correspondan a un bimestre por el factor 38.47 y el resultado se multiplica por el factor 10.0, aplicando al resultado la tarifa del artículo 152, fracción I, de este código. Ahora bien, de la anterior transcripción se desprende que no se incide sobre el valor comercial del inmueble, ya que el factor 10.0 sólo se aplica al monto total de las contraprestaciones (producto de la renta), pero no al valor comercial del inmueble, por tanto, no se viola el principio de proporcionalidad tributaria, ya que al gravarse únicamente la contraprestación se está atendiendo precisamente a la capacidad contributiva de los quejosos, pues no se modificó la base gravable para el cálculo del impuesto predial tratándose de inmuebles dados en arrendamiento; aunado a que en el propio ordenamiento legal se hicieron ajustes a los límites a que se refiere el artículo 31 y al porcentaje que se aplica a dicho límite inferior, tal como se desprende del contenido del aludido precepto. En consecuencia, es correcto el análisis gráfico y matemático que se realizó en la sentencia recurrida ya transcrita, de donde se coligió que el valor catastral del inmueble determinado a través del procedimiento base rentas, continúa siendo el mismo que el año próximo pasado, con la diferencia de que actualmente se le aplica el factor 10.0, siendo además acertada la conclusión respecto a que comparando el impuesto enterado el año pasado y el del presente año existe una diferencia porcentual entre ambas cantidades del 5.39%, lo cual no es exorbitante ni distorsiona el valor catastral en un mil seiscientos por ciento el monto de ese impuesto predial. Así entonces, este tribunal concluye que el porcentaje que la recurrente pagó de más para el presente año no es sustancialmente mayor al que pagó el año anterior, por lo que se concluye que no es desproporcional y sí toma en cuenta la capacidad contributiva del obligado. No es óbice para llegar a la anterior conclusión el que los quejosos hubiesen anunciado en el juicio de amparo el ofrecimiento de una prueba pericial para acreditar que el valor catastral determinado, conforme a la disposición legal reclamada, no revela el valor real y objetivo del inmueble del que son propietarios, y que en este recurso se alegue que es incongruente la sentencia recurrida, en virtud de que este tribunal considera que del ofrecimiento de esta pericial no fue concluido que el precepto legal controvertido fuera o no constitucional. Por el contrario, tal como lo reconocen los recurrentes, esta prueba pericial no fue admitida en el juicio natural, toda vez que por auto de dieciocho de abril de dos mil dos fueron expresadas las razones por las que se desechaba esa probanza, proveído que fue notificado mediante lista de diecinueve de abril de dos mil dos y que no fue recurrido mediante ningún medio de defensa legal. En consecuencia, es claro que no existe la incongruencia argüida en el caso, toda vez que la conclusión relativa a que la prueba pericial resultaba innecesaria para acreditar la inconstitucionalidad del precepto legal reclamado no es revisable en esta instancia, por no haber sido pronunciada dentro de la audiencia constitucional sino con anterioridad a ésta, además de que el Juez a quo sí resolvió la litis relativa a la desproporcionalidad alegada del impuesto reclamado para la determinación del valor catastral conforme a las rentas percibidas por el uso o goce temporal del inmueble en cuestión. Por tanto, si en el caso la reforma actual del controvertido artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, se apoya en un procedimiento que no afecta las garantías constitucionales invocadas, entonces no se transgreden los principios tributarios que rigen la materia, previstos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, pues el valor catastral para el año fiscal de dos mil dos se determina a través del procedimiento base rentas, lo cual implica que se incrementa éste en razón del monto de esas contraprestaciones y que paga más por concepto de impuesto predial aquel que perciba mayores ingresos por concepto de rentas, que aquel que percibe una menor cantidad. En las
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18027-ca01d511/predial-el-articulo-149-fraccion-ii-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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