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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO. LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN NO MOTIVA QUE EL JUZGADOR PREVENGA AL QUEJOSO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2003-PL. · Registro digital (IUS): 18482
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, , Pág. 6.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2003-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 2487/2003, consideró, en la parte que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Los argumentos que en vía de agravio exponen las recurrentes son fundados al tenor de los siguientes razonamientos: En ellos se considera, en esencia, que es ilegal la determinación de la juzgadora de desechar la demanda de amparo en razón de que el artículo 146 de la Ley de Amparo es claro y preciso al consignar que ante la existencia de una irregularidad en el escrito de demanda debe requerirse al quejoso para que la subsane, sin que al efecto se distinga entre aspectos formales y sustanciales, por lo que en esa virtud estima que aun cuando no señaló en su escrito de demanda quiénes son las autoridades responsables ni formuló conceptos de violación, ésta resulta irregular y, por tanto, es susceptible de corregirse mediante el requerimiento que al efecto le hiciera la juzgadora, por lo que al no hacerlo así las dejó en estado de indefensión y, por ende, transgrede lo dispuesto por el artículo 14 constitucional. Para dar mayor claridad a los razonamientos que a continuación se expondrán, es necesario transcribir, en lo conducente, el texto de los artículos 116 y 146 de la Ley de Amparo, los que textualmente disponen: ‘Artículo 116. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre; II. El nombre y domicilio del tercero perjudicado; III. La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes; IV. La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación; V. Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de esta ley; VI. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o. de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados que haya sido inválida por la autoridad federal, y si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida.’. ‘Artículo 146. Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo.’. De los preceptos legales anteriormente transcritos se advierte que cuando la demanda de amparo no reúne los requisitos que establece el artículo 116 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de prevenir al promovente a efecto de que cumpla con los requisitos omitidos, sin que se establezca diferencia alguna entre éstos en cuanto a si algunos deben estimarse formales y otros esenciales para considerar que existe demanda de amparo, motivo por el cual no es dable desechar la demanda por la insatisfacción de alguno o más de ellos, sino que debe requerirse al impetrante de garantías a efecto de que complete a satisfacción los extremos exigidos por el multicitado artículo 116. Debido a lo anterior, si, como aconteció en la especie, las promoventes de la demanda de amparo no señalaron si existía o no tercero perjudicado, la autoridad o autoridades a quienes se les atribuye el carácter de responsables, la ley o el acto que de cada una de ellas reclama, los preceptos constitucionales que contienen las garantías individuales que estima se violan en su perjuicio, la formulación, bajo protesta de decir verdad, de los hechos o antecedentes del acto reclamado, ni formularon conceptos de violación, es incorrecto que el Juez de Distrito deseche la demanda de garantías por notoriamente improcedente ya que, como quedó establecido con antelación, debió requerir a las promoventes a efecto de que se llenaran los requisitos omitidos y una vez satisfecho lo anterior acordar lo conducente. En las relatadas circunstancias, al resultar fundado el agravio aducido por las recurrentes procede revocar el auto combatido y ordenar la reposición del procedimiento para los efectos precisados en el párrafo anterior."

TERCERO. Por su parte, la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 228/90, establece en la parte que interesa lo siguiente (siendo importante destacar que en ésta se transcribe parte de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dentro de la improcedencia 561/74, referida en la denuncia de "contradicción de tesis"):

"TERCERO. Resulta innecesario entrar al estudio de los agravios en virtud de que se actualiza una causa de improcedencia diversa de la que consideró el Juez Federal, cuyo estudio es prioritario por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías, según lo ha establecido la jurisprudencia 940, visible a foja 1538, Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor: ‘IMPROCEDENCIA.’ (la transcribe). De las constancias del juicio de amparo se advierte que la demanda de garantías fue presentada por el quejoso, hoy recurrente, con fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, y que omite expresar en absoluto conceptos de violación en dicha demanda, pues ni en capítulo destacado, ni en otro alguno, formula razonamientos que tiendan a demostrar que los actos reclamados lesionan sus garantías individuales por contrariar, de alguna manera, el contenido de los preceptos constitucionales que se invocan como violados. Es aplicable la tesis relacionada en segundo término con la jurisprudencia 448, visible a foja 786, Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’ (la transcribe). No obsta para considerar que la demanda carece de expresión de conceptos de violación, la circunstancia de que el quejoso, hoy recurrente, pretendió ampliar su demanda, expresando los conceptos de violación correspondientes, así como las garantías violadas, mediante ocurso presentado el trece de diciembre del año en cita, pues dicho agraviado, en forma expresa, manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el día catorce de noviembre del mismo año, por lo que la ampliación del libelo es extemporánea. Lo anterior revela que la inicial demanda resultaba vacía en lo sustancial por no contener conceptos de violación ya que la falta de cita de los preceptos constitucionales cuya transgresión se reclamó, podría haber sido suplida por el juzgador federal, de no ser sino esa la omisión, pero en cambio, siendo la expresión de conceptos de agravio la esencia misma de la demanda de amparo, su falta no debe ser motivo de aclaración pedida por el tribunal que conoce de ella, porque no existe demanda que aclarar. Y si bien es cierto que la omisión de conceptos de agravio, o cualquier otra podía haber sido subsanada, también lo es que en ningún caso el cumplimiento de tal requisito pudo hacerse fuera del término a que se refieren los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, por lo que en el caso a estudio, al presentar el quejoso la referida ampliación el día trece de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, resulta claro que debe sobreseerse en este juicio, por carecer la demanda de conceptos de violación, ya que la pretendida ampliación no pudo surtir efectos en razón de que el término para la interposición de la demanda empezó a correr a partir del quince de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, y concluyó el seis de diciembre del mismo año, de donde resulta evidente la extemporaneidad de esa ampliación; se actualizan con ello las causas de improcedencia previstas por el artículo 73, fracciones XII y XVIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con el artículo 116, fracción V, del mismo ordenamiento. Tienen aplicación analógica al caso la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro de la improcedencia RA. 5661/74, que aunque proviene de tribunal de distinto circuito, este tribunal hace suya por las razones que la informan, y que es del siguiente tenor: ‘EL JUEZ NO DEBE PEDIR QUE SE ACLARE UNA DEMANDA A LA QUE FALTAN POR COMPLETO TODOS LOS ELEMENTOS ESENCIALES.’ (la transcribe). Así como la tesis de jurisprudencia 176, visible a foja 311, Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor: ‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. LITIS CONTESTATIO EN EL AMPARO.’ (la transcribe). En consecuencia, al actualizarse las mencionadas causales de improcedencia, lo conducente es confirmar el sobreseimiento en el juicio de garantías con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, aun cuando sea por razones diferentes a las estimadas por el juzgador federal para ello."

De dicha sentencia derivó la tesis siguiente:

"Octava Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990

"Página: 131

"DEMANDA DE AMPARO, LA FALTA ABSOLUTA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN NO DA LUGAR A QUE EL JUEZ PIDA SU ACLARACIÓN. La expresión de conceptos de violación constituye la esencia misma de la demanda de amparo, por lo que su omisión no debe ser motivo de aclaración por parte del juzgador federal que conoce de ella, porque no existe demanda que aclarar.

"Amparo en revisión 228/90. José de Jesús Miranda Aguirre. 22 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Enrique Gómez Mendoza."

CUARTO. Por razón de método, en primer lugar debe determinarse si efectivamente existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer.

Para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, pero hayan llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia transcrita a continuación:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 26/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno."

Del análisis de las ejecutorias transcritas con anterioridad se advierte que existe contradicción entre las determinaciones adoptadas por los tribunales contendientes. En efecto, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo, en esencia, lo siguiente:

• Cuando la demanda de amparo no reúne alguno de los requisitos que establece el artículo 116 de la Ley de Amparo el Juez de Distrito, de conformidad con el artículo 146 del ordenamiento legal referido, se encuentra obligado en todos los casos a prevenir al promovente a efecto de que cumpla con los requisitos omitidos, puesto que el legislador no estableció diferencia alguna entre requisitos formales y esenciales para la existencia de la demanda de amparo.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito determinaron, en lo medular, lo siguiente:

• El Juez de Distrito únicamente se encuentra obligado a realizar la prevención referida ante la falta de cumplimiento de requisitos formales o secundarios, puesto que si se omitiera un requisito sustancial o esencial para la existencia jurídica de una demanda (como la expresión de conceptos de violación) no habría demanda que aclarar.

De lo anterior se desprende que la materia de la presente "contradicción de tesis" consiste en determinar si la obligación que tiene el Juez de Distrito de prevenir al promovente, para satisfacer los requisitos que de acuerdo con la ley de la materia debe contener la demanda de amparo, únicamente aplica en relación con requisitos formales, por considerar que cuando se omite un requisito esencial no existe demanda que aclarar; o bien, si dicha obligación aplica en todos los casos ante la omisión de cualquiera de los requisitos referidos en el artículo 116 de la Ley de Amparo.

QUINTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis sustentada por este Tribunal Pleno. Para dilucidar la problemática jurídica planteada conviene referirse a los artículos 116 y 146 de la Ley de Amparo.

"Artículo 116. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:

"I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre;

"II. El nombre y domicilio del tercero perjudicado;

"III. La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes;

"IV. La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación;

"V. Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de esta ley;

"VI. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o. de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados que haya sido invadida por la autoridad federal, y si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida."

"Artículo 146. Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo.

"Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las aclaraciones conducentes o no presentare las copias dentro del término señalado, el Juez de Distrito tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso.

"Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, el Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según fuere procedente."

El artículo 146 de la Ley de Amparo establece que cuando el Juez encuentre alguna irregularidad en la demanda, que se han omitido alguno de los requisitos señalados en el artículo 116 -entre ellos la formulación de conceptos de violación-, o que en ésta no se ha señalado con precisión el acto reclamado, o no se han adjuntado las copias requeridas por el artículo 120, deberá ordenar que se cumplan los requisitos omitidos o hacer las aclaraciones correspondientes.

La finalidad de la disposición anterior consiste en esclarecer o aclarar demandas que adolecen de irregularidades de carácter formal. Por medio de ella, el legislador busca que el Juez pueda conocer con certeza la pretensión del quejoso y, así, que esté en posibilidad de resolver lo que en derecho proceda acerca de la misma. En esa tesitura, debe considerarse que dicha disposición sólo resulta aplicable cuando la demanda presentada satisface los requisitos mínimos necesarios para ser considerada como una demanda básicamente viable, de manera que sólo requiera la aclaración de oscuridades u omisiones formales o de naturaleza secundaria o relativas a omisiones que en alguna forma resulten excusables.

Por tanto, cuando una pretendida demanda es absolutamente vacía en aspectos que resultan indispensables para conocer la pretensión del quejoso -como cuando no contiene en absoluto mención de acto reclamado, ni autoridades responsables o la expresión de conceptos de violación, en lo absoluto- no puede decirse que se esté en presencia de una demanda obscura o irregular y, por ende, en tales casos tampoco se puede hablar de aclaración de la misma. Para que una supuesta demanda de esas características resulte viable requeriría de una verdadera ampliación o, más aún, reformulación básica de la pretendida demanda inicial. Lo cual, de conformidad con las normas referidas, no debe ser ordenado por el Juez, ni puede ser realizado por la parte quejosa fuera del término a que se refieren los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo.

En efecto, si la demanda debe ser formulada con sus elementos básicos o sustanciales dentro de un plazo determinado, resulta legalmente imposible admitir que dentro del plazo se limite la parte afectada a anunciar su voluntad escueta de promover un juicio de amparo para obligar al Juez a pedir una aclaración de la demanda y, en tal pretendida aclaración, venir a ampliar o formular la demanda, reservándose la parte quejosa todo ese tiempo para, por ejemplo, formular sus conceptos de violación. Como se mencionó, el artículo 146 se refiere a verdaderas aclaraciones -y no a ampliaciones-; por ende, aplica exclusivamente en casos en que en el escrito inicial ya existe un principio de señalamiento de autoridades y de actos y un esbozo sustancial de los conceptos de violación. Puntos que no pueden ser ampliados o mejorados en su parte medular mediante escritos posteriores los que, por ser aclaraciones y no ampliaciones de la demanda, ya sólo podrán precisar cuestiones obscuras y referirse a actos, autoridades y conceptos de violación relacionados en alguna forma con los expresados básicamente en el escrito inicial a menos, claro está, que se esté en presencia de un caso en que proceda la suplencia de la queja.

Consecuentemente, la ausencia total de conceptos de violación no motiva que el juzgador prevenga al quejoso para el efecto de que subsane dicha omisión.

En vista de lo considerado, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que sustenta este Tribunal Pleno, redactado con el rubro y texto siguientes:

-El artículo 146 de la Ley de Amparo establece que cuando el Juez advierta que la demanda no cumple alguno de los requisitos señalados en el artículo 116 de la propia Ley o que no se ha señalado con precisión el acto reclamado, o no se han exhibido las copias exigidas por la ley, deberá ordenar que se cumplan los requisitos omitidos o se hagan las aclaraciones correspondientes. Sin embargo, tomando en consideración que la finalidad del precepto primeramente citado consiste en aclarar demandas que adolecen de irregularidades de carácter formal, es indudable que se aplica exclusivamente cuando en la demanda ya existe un principio de señalamiento o esbozo de los conceptos de violación, pero no cuando se omiten totalmente, ya que resultan indispensables para conocer la pretensión del quejoso; admitir lo contrario implicaría que éste, por el solo hecho de haber presentado un escrito con datos meramente identificatorios, pudiera plantear su pretensión constitucional fuera del plazo previsto para tal efecto en los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se concluye que la ausencia total de conceptos de violación en el escrito inicial de demanda no motiva que el juzgador prevenga al quejoso.

PRIMERO.-Existe la contradicción de tesis denunciada.

SEGUNDO.-Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis sustentada por este Tribunal Pleno.

TERCERO.-Dése publicidad a esta resolución en los términos del artículo 195 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión del día siete de septiembre de dos mil cuatro, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros: Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Sánchez Cordero, Silva Meza y presidente Azuela Güitrón.

El señor Ministro presidente declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18482-3b37a976/demanda-de-amparo-la-ausencia-total-de-conceptos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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