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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2003-PS. · Registro digital (IUS): 19245
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, , Pág. 320.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el siete de agosto de dos mil tres, el recurso de revisión RP. 277/2003, interpuesto por los terceros perjudicados, determinó, en la parte que interesa, lo siguiente:

"En otro orden de ideas, si bien es verdad que de la totalidad de las actuaciones que integran el juicio de amparo cuya resolución es materia del presente recurso de revisión, se advierte que en proveído de veintiuno de mayo de dos mil tres, el Juez natural tuvo a los terceros perjudicados, actores en el juicio natural, desistiéndose de la instancia por lo que respecta al aquí quejoso Ignacio Corona Padilla; ello es improcedente, habida cuenta de que no existe evidencia fehaciente de que haya quedado firme la resolución que decretó el desistimiento de la instancia de que se habla ya sea porque no se haya recurrido por las partes o porque, en el supuesto de que así haya sido, se hubiese confirmado, para de ahí determinar que por ese motivo cesaron los efectos del acto reclamado, como lo aduce el recurrente; de manera que la simple acreditación de la existencia del indicado auto en el que se tuvo a los actores desistiéndose de la instancia por lo que respecta al quejoso, constituye sólo un indicio de la existencia de la causa de improcedencia referida -cesación de efectos- mas no una prueba fehaciente de la misma, pues, como se dijo, no hay evidencia de que la indicada determinación hubiese adquirido firmeza y, por tanto, existe la posibilidad de que dicha determinación hubiese sido revocada o modificada. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 229, aparece publicada en la página 187 del Tomo VI, Materia Común, del más reciente Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto dicen: ‘IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.’ (se transcribe). Sin que, por otra parte, el Juez de amparo estuviese obligado a recabar oficiosamente las constancias referidas, dado que no existe precepto legal que así lo establezca expresamente, esto es, que no existe dispositivo legal alguno en la ley aplicable que determine categóricamente la obligación del juzgador de amparo de allegarse oficiosamente pruebas para acreditar la improcedencia del juicio constitucional únicamente alude a la obligación de analizarlas oficiosamente mas no de recabar las constancias que, en todo caso, las acrediten; sin que, por otro lado, sea aplicable al respecto lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece que el Juez de Distrito tiene la obligación de recabar de oficio las pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y sean necesarias para la resolución del asunto, porque es inconcuso que dicho precepto alude a aquellas constancias necesarias para realizar el estudio de fondo de la cuestión debatida, esto es, para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y no así la procedencia del juicio, de ahí que, se insiste, no existía obligación de recabar oficiosamente las constancias de las cuales se advirtiera si efectivamente había quedado firme la resolución que decretó el desistimiento de la instancia de que se habla, aun cuando las mismas fueren necesarias para probar fehacientemente la existencia de la causa de improcedencia de que se habla. De ahí que no se comparte el criterio contenido en la jurisprudencia número 515, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito y que aparece publicada en la página 454 del Tomo VI, Materia Común, del más reciente Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: ‘IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SI HAY EVIDENCIA SOBRE SU EXISTENCIA DEBE INDAGARSE Y, EN SU CASO, RECABARSE OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ACREDITARLA.’."

CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión de veintiuno de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, al resolver el amparo en revisión 20/89, interpuesto por la tercera perjudicada, determinó, en la parte que interesa, lo siguiente:

"Ahora bien, este colegiado se ve impedido para analizar la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 73 de la ley de la materia, que hace valer la inconforme, no obstante que en el juicio natural existen las siguientes constancias: a) ... b) ... c) ... Sin embargo, como se dijo, no se está en el caso de poder entrar al estudio de la precitada causal de improcedencia, pues existe insuficiencia probatoria al omitir el Juez Federal recabar de oficio los originales, o bien, copias certificadas de las constancias antes enumeradas, sobre todo de aquellas que se refieren a la ejecución de veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y cinco que se dio respecto de la sentencia que ahora se reclama, documentos de los cuales, como se ha dejado sentado, sólo hay agregados al cuaderno de pruebas copias fotostáticas simples, que no producen valor probatorio pleno para los fines consecuentes. Por otro lado, en relación a la omisión del Juez constitucional por virtud de la cual dejó de hacer relación del expediente relativo al juicio de amparo 466/86, así como tenerlo a la vista en el acto del dictado de la sentencia que se revisa, tal violación también se estima fundada. En efecto, por auto de veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, el Juez a quo admitió la instrumental de actuaciones ofrecida por la tercera perjudicada, consistente en el diverso juicio de amparo 466/86, acordando tener el expediente relativo a la vista al dictar sentencia (foja 40, id). Empero, al celebrar la audiencia constitucional no hizo mención del aludido juicio de garantías 466/86, procediendo a dictar el fallo recurrido (foja 66 id). Asimismo, del análisis del cuerpo de la resolución impugnada, no se advierte que haya apreciado el juicio de amparo 466/86, del índice del mismo juzgado de distrito. En este orden de ideas, cabe concluir que las omisiones en que incurrió el Juez de Distrito al dejar de recabar el material probatorio antes indicado en sus originales, o copias certificadas, así como hacer relación, tener a la vista y estudiar aquellas constancias que no recabó incluyendo las correspondientes al diverso juicio constitucional número 466/86, ponen en evidencia las violaciones procesales alegadas, lo que, en términos de la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, obliga a revocar la sentencia que se revisa y ordenar la reposición del procedimiento, a efecto de que el Juez a quo declare insubsistente la celebración de la audiencia de fondo, provea lo conducente para purgar los vicios procesales apuntados en esta ejecutoria, y en su oportunidad y caso resuelva este asunto como en derecho corresponda, para lo cual deberá señalar, por supuesto, nueva fecha de celebración de la audiencia de fondo, lo que comunicará oportunamente a las partes."

Dicho tribunal, al resolver la revisión 45/91, interpuesta por los terceros perjudicados, en sesión de veintitrés de abril de mil novecientos noventa y uno, señaló en la ejecutoria respectiva:

"TERCERO. Es fundado, además preponderante, el agravio en que se alega que el Juez de Distrito al dictar la sentencia recurrida, no tomó en consideración medios probatorios que fueron ofrecidos por los terceros perjudicados y admitidos por el propio a quo. En efecto, en el caso a estudio, se advierte que los terceros perjudicados ahora recurrentes Juan Manuel Guevara Carrillo y Trinidad Fabián Silva, mediante escrito de fecha veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, se apersonaron a juicio como terceros perjudicados y ofrecieron diversas pruebas consistentes en las actuaciones del juicio de amparo número 180/88 y del 200/88, conocidos por el propio juzgador, solicitándole tuviera a la vista tales procedimientos, en virtud de que en ellos, los quejosos habían reclamado el mismo acto en el juicio de amparo que ahora se revisa, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo (fojas 52 y 53 del expediente de amparo). Por acuerdo de once de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, el Juez Federal les reconoció el carácter a los citados terceros perjudicados y respecto a las pruebas que ofrecieron, las admitió y las tuvo por desahogadas en razón de su propia naturaleza en la audiencia constitucional (fojas 182 id.). Los artículos 225 y 226 de la Ley de Amparo, respectivamente, entre otras cosas disponen que (los transcribe). El Juez de Distrito al dictar la sentencia que ahora se recurre, le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Nuevo Centro del Poblado Ejidal ‘Naucalpan’, Municipio de Tomatlán, Jalisco, considerando que el oficio número 2861 de diecinueve de abril de mil novecientos ochenta y ocho, emitido por el delegado agrario en el Estado, no estaba debidamente fundado y motivado. Ahora bien, es cierto que el Juez a quo en la citada audiencia constitucional, admitió las pruebas ofrecidas por los terceros perjudicados, ahora recurrentes (expedientes relativos a los juicios de amparo números 180/88 y 200/88), pero no menos cierto es que omitió recabarlas, pues no hay constancia que evidencie que las haya solicitado al juzgado federal en que se encontraban, según lo habían señalado los oferentes, lo que hace evidente que tal actitud no es congruente, pues por una parte los admitió, sin aludir para nada a su desechamiento, pero por otra, nunca recabó los mencionados expedientes relativos a los juicios de amparo números 180/88 y 200/88, ni menos los analizó. Además de que con dichos medios de convicción, el a quo podrá determinar si efectivamente, los quejosos promovieron otros juicios de amparo, por ello debió recabarlas y tomarlas en consideración, y si no lo hizo, dejó sin defensa a los citados terceros perjudicados ahora recurrentes. En consecuencia, procede con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la citada ley, revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez de Distrito recabe los expedientes relativos a los juicios de amparo números 180/88 y 200/88, del índice del ahora Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, y así esté en condiciones de determinar fehacientemente si opera o no la citada causal de improcedencia que prevé la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hicieron valer los terceros perjudicados ahora recurrentes. ..."

El mismo Tribunal Colegiado, al resolver la revisión 108/92, interpuesta por la tercera perjudicada, en sesión de siete de julio de mil novecientos noventa y dos, determinó en la parte relativa:

"III. No es posible analizar la sentencia recurrida a la luz de los agravios expresados en su contra por la tercera perjudicada, ahora recurrente, pues, como enseguida se verá este órgano colegiado encuentra que en el caso se violaron reglas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio constitucional, lo que conduce a revocar dicha sentencia y mandar reponer el procedimiento, con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las precedentes transcripciones de aquélla y de éstos, se han incluido por la información que reportan para el mejor conocimiento del asunto. En efecto, el delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de Colima, autoridad responsable, mediante oficio 00176, de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y dos, exhibió al juicio de garantías copias fotostáticas certificadas del diverso oficio 2269, de diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y uno, del cual, aparte de desprenderse la existencia del acto desposesorio a él atribuido, también aparece la información relativa a que el quejoso Fidel Hernández Rosales, además del juicio constitucional del que deriva la sentencia aquí recurrida, ya había promovido el juicio de amparo número 918/90, que fue sobreseído por sentencia de diez de junio de mil novecientos noventa y uno, habiendo causado ejecutoria el veinticuatro de julio siguiente (fojas 69 a 73). Ahora bien, la revisión minuciosa del expediente de amparo no evidencia que el Juez a quo haya efectuado actuación alguna tendente a recabar oficiosamente las constancias relativas a aquel juicio constitucional, no obstante que debió tenerlas a la vista al resolver el asunto, dado que eventualmente podrían servir de base para determinar la improcedencia de este otro juicio. Ello es incorrecto, pues si las causas de improcedencia deben ser examinadas aun de oficio, según lo dispone el último párrafo del artículo 73 de la ley de la materia, es obvio que la indagación y, en su caso, recabación de las constancias correspondientes, también deben ser realizadas oficiosamente. Esa omisión en que incurrió el Juez de Distrito viola las reglas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de garantías. Consecuentemente, con fundamento en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar la sentencia que se revisa y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que el referido Juez declare insubsistente la celebración de la audiencia constitucional, provea lo conducente para purgar el vicio procesal apuntado ..."

En sesión de veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y uno, el Tribunal Colegiado de referencia, al resolver el amparo en revisión 183/91, interpuesto por el quejoso, determinó en la parte que interesa lo siguiente:

"Son fundados los agravios. En efecto, se considera incorrecta la apreciación del Juez de Distrito para sobreseer en el juicio de garantías a que este toca se refiere, pues como lo aduce el recurrente, en el caso, no se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia analizada por el a quo. Así es, si bien es cierto que con lo expuesto por la autoridad responsable en su informe justificado, podría surtirse en el presente asunto la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin embargo, no menos cierto es que en términos del diverso numeral 73, último párrafo, de la misma ley, es obligación del Juez Federal examinar de oficio las causales de improcedencia y resolverlas en forma previa a las cuestiones de fondo, tan luego como aparezca algún hecho que las funde; además de que, para poder decretarlas, debe quedar probado tal hecho plenamente y no apoyarse en presunciones, según la tesis jurisprudencial que invoca el inconforme, consultable con el número 942, en la página mil quinientos cuarenta y uno, de los Volúmenes correspondientes a las ‘Salas y Tesis Comunes’ del Apéndice 1917-1988, bajo el rubro: ‘IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.’. Por tanto, como en la especie la autoridad responsable omitió acompañar en su informe justificado las copias certificadas de las constancias necesarias para apoyar su dicho, tan luego como el Juez Federal lo recibió, debió requerir a la mencionada autoridad para que acompañara la resolución o copia certificada en que dejó sin efecto ‘el comunicado de la referencia No. 3034/91, de fecha 22 de julio de 1991, correspondiente al expediente de factibilidad No. ED-163/90, respecto a la construcción de 8 (ocho) departamentos ubicados en la calle de Cobre de la colonia Lomas de la Victoria del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco ...’ de la contestación que dio al escrito de la quejosa de quince de agosto de mil novecientos noventa y uno, presentado ante la responsable el diecinueve de agosto del citado año; y de la constancia de las notificaciones, respectivas a esos documentos, que se hayan hecho a la quejosa, esto, de conformidad a los dispuesto por el artículo 149, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, y en lo dispuesto en las tesis jurisprudenciales que cita el recurrente, publicadas con los números 993 y 1316, en las páginas mil seiscientos once y dos mil ciento treinta y nueve, de los Volúmenes y Apéndices citados, bajo la voz de: ‘INFORME DE AUTORIDAD RESPONSABLE.’ y ‘PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO.’. Al no haber actuado así el Juez de Distrito, procede revocar la sentencia que revisa y ordenar reponer el procedimiento en el juicio de amparo, a efecto de que éste, subsane la omisión apuntada y resuelva de nueva cuenta como en derecho corresponda. ..."

El citado Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de revisión 55/93, interpuesto por la autoridad responsable, en sesión de veintinueve de junio de mil novecientos noventa y tres, determinó:

"TERCERO. No es posible analizar la sentencia recurrida a la luz de los agravios expresados en su contra, pues, como enseguida se verá, este órgano colegiado encuentra que en el caso se violaron reglas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio constitucional, lo que conduce a revocar dicha sentencia y a mandar reponer el mencionado procedimiento, con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las precedentes transcripciones de aquélla y éstos se han concluido por la información que reportan para el mejor conocimiento del asunto. Del escrito de demanda se advierte que la quejosa reclamó ‘la cancelación o revocación de la autorización que se me concedió para establecer cafeterías con venta de alimentos en hospitales ...’. Del oficio 5002-221 en el que se revocó la concesión aludida, se advierte que el secretario de Salud y Bienestar Social invocó como causa de la revocación el hecho de que, según lo manifestó en dicho oficio, carece de facultades para efectuar actos de disposición sobre bienes inmuebles federales destinados a un servicio público, citando como fundamento diversos artículos de la Ley General de Bienes Nacionales (foja 7 del juicio de amparo). Ahora bien, el hecho de que la concesión cuya revocación se impugna tenga como objeto el uso de una superficie dentro de centros de salud, y el que la autoridad responsable aluda a la falta de facultades para disponer de inmuebles federales, son datos que hacen vislumbrar la posibilidad de que el bien o los bienes objeto de la concesión sean bienes del dominio público. Sin embargo, no existen en autos datos contundentes a este respecto, ni se ve que el Juez de Distrito hubiese indagado sobre dicha circunstancia. Tal indagación se hace necesaria porque las concesiones respecto de bienes del dominio público están sujetas a un régimen jurídico especial, entonces, para poder establecer si el acto que dio origen a la revocación impugnada generó o no consecuencias jurídicas, y, en su caso, determinar cuáles son éstas, es preciso que primeramente se establezca la calidad de aquellos bienes objeto de la concesión, pues evidentemente si se llegara a establecer que el mencionado acto no genera consecuencias jurídicas, ello evidentemente serviría de base para estimar improcedente el juicio de garantías, a la luz del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. La omisión en que incurrió el a quo es incorrecta, dado que, de conformidad con el último párrafo del artículo precitado, las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio, de donde se sigue, que la indagación y, en su caso, la recabación de las constancias necesarias para precisar la actualización de dichas causales, también deben ser realizadas oficiosamente. En consecuencia, es claro que el a quo violó las reglas fundamentales que rigen el procedimiento y, por tanto, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la invocada Ley de Amparo, procede revocar la sentencia que se revisa y ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto de que el aludido Juez declare insubsistente la celebración de la audiencia constitucional, provea lo conducente para subsanar el vicio procesal señalado y, en su oportunidad, resuelva la controversia (sic) conforme a derecho corresponda. ..."

Las anteriores resoluciones dieron origen a la jurisprudencia visible en la página 73 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 72, diciembre de 1993, Octava Época, cuyo texto señala:

"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SI HAY EVIDENCIA SOBRE SU EXISTENCIA DEBE INDAGARSE Y, EN SU CASO, RECABARSE OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ACREDITARLA. De conformidad con el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia, por lo general, deben ser examinadas de oficio. Por ende si de autos se advierte alguna evidencia sobre su existencia como la indagación y, en su caso, recabación de pruebas necesarias para acreditar dichas causales también debe hacerse de oficio y en cualquiera de las instancias en que se encuentre el procedimiento en el juicio de garantías. Desatender tal obligación transgrede las reglas fundamentales que rigen dicho procedimiento y hace necesaria su reposición en términos del artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia."

QUINTO. Por cuestión de orden, conviene determinar si en la especie existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, ya que sólo en tal supuesto es dable determinar cuál criterio es el que debe prevalecer.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia, obligatoria para esta Primera Sala, en la que determinó que para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, debe haber, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que originaron, precisamente, la tesis que sustenta uno de los órganos jurisdiccionales.

En otros términos, existe contradicción cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

El texto de la tesis de jurisprudencia de referencia, así como los datos de su localización, son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Luego, para poder arribar válidamente a la consideración de que en este asunto se actualizaron los requisitos que configuran y distinguen a una controversia de esta índole por estimar que en la especie se surtieron en su integridad los requisitos fundamentales de su existencia, es menester que en base al análisis pormenorizado de las ejecutorias antes citadas se advierta que fueron sustentadas posiciones discrepantes sobre el mismo objeto de estudio, pues sólo en base a las consideraciones e interpretaciones jurídicas vertidas por los tribunales contendientes se puede llegar a conocer si éstos difirieron o no en lo sustancial cuando se pronunciaron en los asuntos sometidos a su potestad jurisdiccional.

De la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se advierte que el quejoso promovió juicio de amparo, señalando como acto reclamado "el emplazamiento al juicio civil sumario", en el que se demandó tanto al arrendatario como al fiador (quejoso); en la sentencia correspondiente, el Juez Federal estimó ilegal el emplazamiento que se le practicó al quejoso y, como consecuencia, le concedió el amparo, para el efecto de que dejara insubsistente la diligencia de emplazamiento reclamada, únicamente respecto del quejoso, así como todo lo actuado con posterioridad.

Los terceros perjudicados interpusieron revisión ante el Tribunal Colegiado, y expresaron como agravios que, antes de que el a quo federal emitiera su sentencia, se le allegaron constancias mediante las cuales se le hacía saber que ya había un proveído de desistimiento ratificado de la instancia en el juicio natural que favorecía los intereses del quejoso, y que, por tanto, operaba el sobreseimiento del juicio de garantías, por haber un cambio de situación jurídica, constancias que el Juzgador Federal no tomó en cuenta al dictar la sentencia; que al tener conocimiento de ello, lo que debió hacer el Juez Federal era pedir información a la responsable respecto del referido desistimiento.

El Tribunal Colegiado declaró infundados los agravios bajo el argumento de que, si bien se advertía de constancia de autos la existencia de un proveído en el que el Juez natural tuvo a los terceros perjudicados (actores en el juicio natural) desistiéndose de la instancia por lo que respecta al quejoso, ello era insuficiente para determinar la improcedencia del juicio constitucional, habida cuenta que no existía evidencia fehaciente de que hubiese quedado firme la resolución que decretó el desistimiento; que ese proveído constituía sólo un indicio de la existencia de una causa de improcedencia, mas no una prueba fehaciente, siendo que las causales de improcedencia deben estar plenamente probadas y no inferirse a base de presunciones; que el Juez no estaba obligado a recabar oficiosamente las pruebas para acreditar la causal de improcedencia, ya que no existe dispositivo legal que así lo establezca, que el artículo 73 de la Ley de Amparo sólo alude a la obligación de analizarlas oficiosamente, mas no de recabar las constancias que, en todo caso, las acrediten.

Por su parte, en las cinco ejecutorias emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dieron origen a la jurisprudencia que sustenta, se establece:

1. En la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 20/89 se advierte que la tercera perjudicada ofreció durante el trámite del juicio constitucional diversas probanzas (copias fotostáticas simples), con las que pretendía acreditar la existencia de la causal de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo (actos consentidos) y, además, solicitó al Juez Federal recabar los originales de los expedientes, o bien, copias certificadas de esas documentales; el Juez admitió esas probanzas, acordando tener a la vista el expediente al dictar la sentencia. No obstante lo anterior, se omitieron recabar esas documentales y se dictó la sentencia correspondiente, en la que, sin analizarse ninguna causal de improcedencia, se concedió el amparo al quejoso.

En la revisión, el Tribunal Colegiado revocó esa determinación, bajo el argumento de que para analizar los agravios de los recurrentes (terceros perjudicados), relativa a la existencia de una causal de improcedencia, existía insuficiencia probatoria, al no haberse recabado los originales o copias certificadas de las referidas probanzas, como se había acordado, ya que sólo existían copias simples, omisión que ponía en evidencia la violación procesal alegada por la parte recurrente, motivo por el cual ordenó reponer el procedimiento, a efecto de dejar insubsistente la celebración de la audiencia constitucional, se proveyera lo conducente para purgar ese vicio y, en su oportunidad, resolviera conforme a derecho.

2. De la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 45/91 se desprende que los terceros perjudicados ofrecieron durante el trámite del juicio constitucional pruebas consistentes en actuaciones de dos diversos juicios de amparo, tramitados en el mismo juzgado, solicitándole al Juez los tuviera a la vista, ya que de ellos se advertía que se actualizaba la causal de improcedencia (la prevista en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo), pues el acto reclamado ya había sido impugnado en otros diversos juicios de amparo; el Juez las admitió y las tuvo por desahogadas por su propia naturaleza en la audiencia constitucional; sin embargo, en la sentencia respectiva, el Juez concedió el amparo al quejoso omitiendo hacer pronunciamiento respecto del sobreseimiento solicitado.

En la revisión, el Tribunal Colegiado revocó esa determinación, bajo el argumento de que si el juzgador ya había admitido las probanzas debió recabarlas y tomarlas en cuenta al emitir la sentencia y, al no hacerlo, dejó sin defensa a los terceros perjudicados, motivo por el que ordenó reponer el procedimiento por esa violación procesal, a efecto de que el Juez recabara los referidos expedientes y así estuviera en posibilidad de determinar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19245-a8d565e9/improcedencia-del-juicio-de-amparo-ante-la-existencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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